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Veeduría alerta sobre las irregularidades en la contratación pública en Medellín

 

Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín

Boletín de prensa. Agosto de 2015.

  • El 57,2 por ciento de la contratación del Municipio en 2014 se ejecutó por contratación directa.
  • Algunos gastos de funcionamiento se presentaron como gastos de inversión.
  • Varias instituciones públicas de educación superior vienen desarrollando funciones de intermediación laboral.
  • Persisten las dificultades para el acceso oportuno y completo a la información.

El jueves 20 de agosto, la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín presentó el Informe de Contratación Pública del Municipio, en el que puso de relieve algunos aspectos que se requiere sean revisados por la Administración Municipal para garantizar la transparencia y equidad en el proceso.

El presidente de la Escuela Nacional Sindical (ENS) y de la Veeduría, Carlos Julio Díaz Lotero, señaló que el 57.2 por ciento de lo contratado se ejecutó por contratación directa, situación que representa alto riesgo para el manejo de los recursos públicos.

Dicha modalidad, aunque avalada por la Ley, denota que “no hay una apertura a la oferta pública para que existan posibilidades mucho más amplias de acceder a un contexto más efectivo en la contratación de la municipalidad”, por lo tanto, es preocupante la discrecionalidad a la que queda expuesto el presupuesto de inversión del municipio.

La Veeduría halló que algunos gastos de funcionamiento del Municipio, entendidos como labores misionales de la administración (recuperación de cartera, operarios de sistema Metro, supervisión de contratos, entre otros), se han presentado como gastos de inversión para lograr una mayor calificación de desempeño y satisfacer los mandatos de la Ley 617 de 2000; lo cual resulta siendo además de irregular, innecesario toda vez que los gastos de funcionamiento que reporta el Municipio desde el 2010 permanecen en niveles inferiores al 40 por ciento.

Adicionalmente, se develó que algunas instituciones de educación superior como la Institución Universitaria Pascual Bravo, Universidad de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Colegio Mayor de Antioquia, entre otras, vienen desarrollando funciones de intermediación laboral con el Municipio, práctica que según el presidente de la Veeduría “es ilegal”, a la luz del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

Señaló además la Veeduría que el Alcalde Aníbal Gaviria se comprometió al inicio de su mandato con formalizar 8 mil contratistas y que en el Plan de Desarrollo 2012-2016 se anunció la generación de 100 mil empleos decentes, pero que hasta la fecha se tiene conocimiento de una ampliación de planta que ha permitido vincular sólo 456 contratistas.

Por último, se insistió en que por mandato legal se debe garantizar el acceso ciudadano a la información necesaria para la revisión y análisis de los temas de su interés. El municipio de Medellín aún no logra establecer un mecanismo de información clara y actualizada sobre el estado de la contratación, que permita ejercer labores de control social.

 

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