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Por una Colombia libre de fracking

El planeta tierra está inmerso en una crisis ecológica, climática y de civilización que exige plantear alternativas y formas distintas de relacionarnos con la naturaleza. En Colombia nos enfrentamos al mismo modelo neoliberal, que además se profundiza con la producción extractivista. En este contexto, han surgido diversas propuestas y formas de organización para la defensa del agua, la vida y los territorios.

La Corporación Penca de Sábila y la Red ambiental y cultural juvenil intercorregimental (Redajic) se suman a la Alianza Colombia libre de fracking. La Alianza está conformada por organizaciones ambientalistas y sindicales, sectores académicos y procesos sociales de defensa del territorio, las cuales, desde diversas acciones jurídicas, investigativas y de movilización social se han articulado para la prohibición del fracking en Colombia.

En compañía de la Alianza se han desarrollado procesos de formación en diversos escenarios de la ciudad de Medellín que buscan propiciar el análisis de esta problemática, al igual que la participación en movilizaciones sociales que pretenden su visibilización. Así mismo, se participó en el IV taller de la Alianza desarrollado en San Martín-Cesar el cual tuvo como objetivo presentar algunos resultados de investigación frente a las emisiones de gases en extracción petrolera convencional, que pone en vilo el derecho al aire, tanto en yacimientos convencionales como no convencionales. En el taller, también se discutieron posibles acciones en búsqueda de la prohibición de estas formas de extracción de energía extrema.

En este sentido, nos unimos, nos pronunciamos y solicitamos que se continúe la moratoria a la técnica de fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, más conocida como fracking, en perspectiva de su prohibición, así como la suspensión de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que actualmente utilizan para esta técnica y los proyectos pilotos que se vienen desarrollando. Lo anterior, teniendo en cuenta el riesgo ambiental, social y de salud pública que implica su implementación en el país.

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