Aprobación del POT, lo que falta para la efectiva inclusión de la población campesina

Por: Programa de Gestión Social y Ambiental del Territorio. Corporación Penca de Sábila.

En las horas de la noche del 27 de octubre de 2014 el Concejo de Medellín aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con una vigencia de 12 a 14 años. Esta aprobación dio lugar a las protestas y movilizaciones de la ciudadanía por el inconformismo con este POT, debido a que hay varios temas cruciales que no se han resuelto de manera satisfactoria.
Entre estos temas están la ordenación del suelo rural y la inclusión de la población campesina de manera transversal y estructural en el POT.

Gracias a las múltiples movilizaciones, pronunciamientos e intervenciones que hizo la comunidad campesina para exigir su reconocimiento y una especial protección de sus territorios, veredas y fincas campesinas, se logró incidir en el proyecto de acuerdo del POT.

La exigencia de la comunidad por una especial protección de la ruralidad campesina se expresó con claridad en los diferentes espacios de participación como en las sesiones del Consejo Territorial de Planeación, las sesiones territoriales del Concejo Municipal, el Cabildo abierto y la audiencia pública. La comunidad propuso diferentes figuras para proteger la economía y la permanencia de los y las campesinas en los corregimientos. En San Cristóbal, una reserva de la sociedad civil y un distrito rural agrario; en San Antonio de Prado la figura de suelo de reserva comunitaria para producción agrícola y pecuaria; en Altavista, una zona de reserva campesina; y en San Sebastián de Palmitas, la protección y el fortalecimiento de la economía y producción campesina del corregimiento.

En general la comunidad planteó que fueran incluidos sus derechos, sus identidades, sus necesidades y sus propuestas agroalimentarias:

“Somos campesinos y campesinas y nuestro territorio es un derecho fundamental para quienes lo habitamos pues tenemos la misión de producir los alimentos para el abastecimiento de esta sociedad, de la humanidad y los encargados de la conservación de nuestras aguas, bosques y especies nativas” (Pronunciamiento público campesino, 13 de junio 2014).

“Son 12 años cumplidos del actual POT y no queremos que la historia se repita: Que nos expropien las tierras y nuestras fincas campesinas con la supuesta intención del interés general y la protección ambiental”

“Nos hemos convertido en paisaje y nos han tratado como vendedores y vendedoras ambulantes de empanadas y artesanías, somos espectadores ante la horda de turistas que pasan por nuestros lados sin dejar un céntimo de beneficio a nuestra economía, solo las empresas privadas se lucran de lo que tienen nuestras tierras” (Pronunciamiento público campesino, 30 de noviembre 2013).

Estas exigencias no podían ser ignoradas y el Departamento de Planeación incorporó en la última versión del POT los Distritos Rurales Campesinos para los corregimientos de Medellín. Los Distritos Rurales Campesinos corresponden a las “áreas de producción, planificación y gestión del suelo rural, que permite encaminar y orientar acciones para garantizar la permanencia de las actividades productivas, socioeconómicas y culturales de los campesinos el cual podrá ser formulado por iniciativa comunitaria o de la administración municipal”1. Según el POT estos tienen como objetivo planificar, gestionar y promover las economías campesinas y sociales, a escala veredal y corregimental, con una visión regional, que permitan el reconocimiento y el fortalecimiento de la producción agroalimentaria.

La incorporación de los Distritos rurales campesinos es un avance en el reconocimiento de la vida y economía campesina en el municipio de Medellín, pero quedan dudas sobre el proceso de reglamentación que se define en los próximos 6 a 12 meses y por supuesto sobre la fase de implementación. En este proceso se debe garantizar la plena participación de la comunidad campesina con mecanismos de participación amplios y bien informados. Se requiere un proceso de participación que vaya más allá de la socialización y la información a una participación con incidencia, de consulta previa y espacios para la afirmación de propuestas por parte de la comunidad.

Por ahora Planeación y el Concejo de la Ciudad reconocen que lo campesino es parte de la ruralidad y que comparte un espacio de alta significación con lo suburbano y la Estructura Ecológica Principal. Pero todavía falta dirimir tensiones y conflictos, por ejemplo la tensión entre la conservación sin gente y la exigencia que ha hecho la comunidad campesina de ser integrada en los programas de conservación y de protección de las fuentes de agua.

La comunidad desconoce cómo han sido incluidas sus propuestas, es más desconfía de si en el proceso de negociación de la ciudad quedaron recursos suficientes para darle forma y fortaleza a los Distritos Rurales Campesinos. La mayoría de los recursos, de la riqueza que produce el suelo urbano y rural, se destinaron para el Río Centro, Río Sur, el Parque del Río, el Cinturón verde y la transformación del Centro, y la comunidad se pregunta si algo quedará para el manejo integral de barrios y la tierra campesina.

Esta preocupación se justifica porque el proceso participativo del POT fue deficiente en las fases de consulta, revisión y formulación. Este proceso mostró deficiencias en el acceso a la información, debido a que no fue de pleno conocimiento de la población la versión final para su aprobación. La versión final del POT, la que se erradicó ante el Concejo municipal no fue socializada a la comunidad y el CTP (Consejo Territorial de Planeación) emitió su concepto sobre la versión 4 que no es la versión final (Concepto CTP, 2014, p.4). De esta manera, con información incompleta, se ha restringido la participación de la comunidad y su efectiva inclusión en el POT. Además la comunidad en general desconoce el documento final del proyecto de acuerdo lo que pone en duda su legitimidad.

Una cantidad de temas sensibles como el estudio de los riesgos, las densidades habitacionales en suelo rural, el cobro de plusvalías, los operadores urbanos, quedaron pendientes de una reglamentación posterior a la aprobación del 27 de octubre. La democracia está en los detalles y parte de estos son las normas, las reglamentaciones, ellas fijarán las condiciones para la implementación. En este sentido quedan muchas inquietudes sobre la reglamentación e implementación del POT que es ahí donde realmente se define la capacidad de lograr un equilibrio territorial y una mayor equidad y justicia social. En estos momentos no hay claridad sobre los mecanismos que se adoptarán en el POT para garantizar que se involucre a la ciudadanía: a la comunidad campesina, a mujeres y hombres, a la juventud, a la población en situación de discapacidad, al barrio etc., en la reglamentación y en su posterior implementación, y cómo se garantizará que esta ciudadanía implicada ejerza el seguimiento, el control y participe tanto como en las decisiones como en su implementación.

Este nuevo POT muestra avances en la regulación del suelo rural y establece figuras de planificación como las Unidades de Planificación Rural y el Distrito Rural Campesino, que brindan la posibilidad de una mayor y mejor articulación de dinámicas y deficiencias en el desarrollo rural, pero sin una ruta clara para la participación de la comunidad campesina y un reconocimiento del territorio históricamente construido, quedan muchas dudas sobre la capacidad y voluntad de la actual administración municipal para reglamentar junto con la comunidad los Distritos Rurales Campesinos enunciados en este nuevo POT.