Campaña Agua bien común y derecho humano fundamental
La Corporación busca desde esta perspectiva de contribuir a la defensa del agua como bien común y derecho humano fundamental a través del acompañamiento a la gestión social del agua realizada por los acueductos comunitarios urbanos y rurales del departamento de Antioquia y el acompañamiento a la lucha por la cantidad vital de agua para vivir con dignidad.
A partir del año 2005, el movimiento social en defensa del agua en Colombia comenzó a denunciar las políticas privatizadoras del agua y sus impactos sobre los Derechos Humanos Colectivos y del Ambiente, de manera más concreta, las vulneraciones y violaciones al Derecho Humano Fundamental al Acceso y Suministro de Agua Potable que hace parte de la legislación interna por la ratificación de diversos tratados y convenios sobre derechos humanos, en especial el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y su observación número 15.
La propuesta ciudadana fue viabilizada a través de un referendo reformatorio de la Constitución Política que buscaba consagrar expresamente el derecho agua en los siguientes términos:
“El acceso al agua potable es un derecho fundamental de todas las personas. El Estado tiene la obligación de suministrar agua suficiente y de buena calidad a la población y proveerá un mínimo vital gratuito a todos los habitantes del territorio nacional”.
Dicha propuesta fue argumentada política y jurídicamente en el derecho constitucional comparado y en las denuncias de los diferentes movimientos sociales gestados en torno a la defensa del agua a nivel mundial, se evidenciaron los avances sobre el tema en Estados como Uruguay, Bolivia, Ecuador y Sudáfrica entre otros, con relación a éste último, el movimiento estudió el impacto que tuvo sobre la población la garantía brindada por el Estado al reconocer el acceso al agua y las posteriores demandas por la carencia real del suministro, dicha situación contrastaba con la problemática de la desconexión en Colombia, generada por la falta de pago de los usuarios y usuarias del servicio público de acueducto o dicho en otras palabras, por la carencia de recursos económicos de la población, por tanto, se proyectó como solución la consagración no sólo del derecho al acceso, sino al suministro y la garantía de un mínimo vital gratuito sin exclusiones.
Las organizaciones y personas vinculadas a la propuesta de reforma constitucional insisten en la actualidad en la necesidad de consagrar expresamente el derecho al agua en la Carta Política definiéndolo como fundamental, promovemos la interposición de acciones de tutela como mecanismo de reivindicación, difusión y promoción del mismo, divulgando los diversos pronunciamientos previamente emitidos por la Corte Constitucional, que lo reconocían directa o indirectamente.
