El 20 de junio de 2020 tuvo lugar el cierre del Diplomado Participación y Apropiación Territorial con la Juventud Rural Campesina. El evento se realizó de manera virtual, no sin dejar el protocolo y el ritual de cualquier ceremonia de grados, pues hubo presentaciones musicales, rememoración de lo que fue el diplomado y la participación de los y las jóvenes que hicieron parte de este proceso formativo.

El diplomado, promovido desde la Alianza por la defensa del territorio y la vida campesina del Valle de Aburrá y certificado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Tuvo la participación de 22 jóvenes (13 mujeres y 9 hombres) de los corregimientos San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, Santa Elena y del Municipio de Ebéjico; quienes tuvieron la oportunidad de repensar sus territorios a través de la desnaturalización de la propia realidad y su empoderamiento como sujetos activos capaces de transformar su entorno.

El diplomado constó de cuatro módulos, con un total de 120 horas de trabajo teórico-práctico, donde se abordaron temas como la resignificación de los vínculos con el territorio; las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la participación de las comunidades; las identidades juveniles en la ruralidad, los retos para la participación e incidencia juvenil en el ámbito rural; diversidades sexuales, de género y feminismos; entre otros.

Al respecto, Alexander Carmona, participante del diplomado y habitante del corregimiento de San Cristóbal, manifestó: “esto se trata de una revolución juvenil, porque es revolucionar el pensamiento, ser críticos, tener una mejor disposición ante lo que acontece en nuestro entorno. Hay que darnos cuenta de cómo está el sector rural y pensar en lo que estamos haciendo los jóvenes para mejorarlo, porque somos nosotros quienes debemos velar por mantener el campo y la vida campesina”.

Es por medio de la Escuela de Pensamiento y Acción Campesina que este proceso logra tomar lugar en el despliegue de las acciones de la Alianza por el territorio y la vida campesina conformada por  la Universidad de Antioquia con el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Instituto de Estudios Regionales (INER); la Universidad de San Buenaventura con la Facultad de Ingenierías y el programa de Ingeniería Ambiental; la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura y, finalmente, la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.

Dicha Escuela aboga por promover de forma integral la investigación, la acción y la educación, enfocándose en el fortalecimiento del tejido social de los territorios, para que sus habitantes se descubran como productores de su propia realidad, de su historia y de su entorno. El Diplomado Participación y Apropiación Territorial con la Juventud Rural Campesina dio continuidad al primer proceso formativo realizado, el diplomado deConstrucción Social del Territorio.

Estos procesos de formación son fundamentales para promover la participación en los procesos sociales que se llevan a cabo a lo largo y ancho del territorio, pues el reto que hoy aparece sobre la mesa es incentivar a las personas a que se involucren de forma activa en el devenir de sus comunidades y es por eso que Yeny Ríos, participante del diplomado y habitante del corregimiento de Santa Elena, enfatiza en esta necesidad: “Existen muchas tradiciones que en este momento se están perdiendo porque no están siendo visibilizadas en los procesos políticos; eso se da porque la apropiación de los jóvenes es muy baja en comparación a lo que debería ser”.

Es válido concluir que luego de esta jornada de cierre, la visibilización de las expresiones juveniles en la ruralidad, la preocupación por la renovación generacional y el empoderamiento de hombres y mujeres se expande como una posibilidad que aún debe ser explorada por muchos de los jóvenes que habitan el campo y que quieren hacer parte de la construcción de una nueva ruralidad que les garantice una vida digna en el futuro.

La comunidad campesina base de la sustentabilidad ambiental de la ciudad

La ruralidad del municipio de Medellín ocupa el 71% del área del municipio y la conforman los corregimientos de San Cristóbal, San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas, Altavista y Santa Elena. El 7,9% (184.876 habitantes) corresponde a la población corregimental de Medellín que es de 2’343.049.

La población campesina de la ciudad ha sido históricamente desconocida, poco valorada y no se ha considerado como sector de la población que debe ser consultada y apoyada por sus aportes a la conservación del gran territorio corregimental, condición natural de la calidad de vida de la ciudad. No hay políticas que desde un enfoque de derechos la incluyan como parte fundamental de nuestra vida en sociedad. Su función económica y su aporte a la diversidad cultural de la ciudad y la región no se reconocen o se les mira como relicto del pasado. Los procesos de expansión urbana se hacen a expensas de sus derechos y de su pervivencia en mejores condiciones de acceso a la tecnología, al crédito, a la ciudad y su oferta de servicios públicos.

Esta visión ha conducido a una mayor vulneración de sus derechos humanos como se puede constatar en algunas cifras estadística que muestran la inferioridad de sus condiciones de vida con respecto a la población urbana: la inseguridad alimentaria en la zona corregimental es del 78.2 % de los hogares, más alta que el promedio urbano que es del 55.6%; en San Antonio de Prado el 89.87% de la población no está afiliada al sistema de pensiones y el 46.73% no tiene ninguna afiliación al sistema de riesgos profesionales y en San Sebastián de Palmitas el analfabetismo es del 2.28%.*

La permanencia de la vida y la economía campesina se ven amenazadas por la expansión urbana incontrolada que ocupa los territorios más aptos para la producción agrícola, el uso de segunda vivienda de pobladores urbanos, la construcción de grandes proyectos como el Túnel de Occidente, el proyectado Túnel de Oriente y la cárcel de alta seguridad; la falta de un apoyo de la administración municipal para garantizar la permanencia de la vida de estas comunidades con dignidad en sus territorios, y la presión sobre el valor de la tierra que por diversos factores especulativos imprime el mercado inmobiliario.

Una ciudad sustentable

Una ciudad sustentable solo es posible conservando la ruralidad de Medellín y riqueza natural. Es necesario crear y aplicar instrumentos político administrativos como un Distrito Agrario que garanticen la permanencia y recreación de la vida, la economía y la cultura campesina y la conservación de estos ecosistemas esenciales para la calidad ambiental de la vida en la ciudad metropolitana.Una ciudad sustentable implica un cuidado especial a su ruralidad desde estas dos prioridades, la conservación de los ecosistemas base de la agricultura, el ciclo hidrológico y la calidad del aire, y la protección a la economía y vida campesina. De lo contrario la vulnerabilidad y el riesgo aumentarán sin medida y los problemas sociales asociados a los deslizamientos y movimientos de tierra, avenidas torrenciales de agua que inundan las riveras aguas abajo, causando grandes daños materiales y en ocasiones perdidas de vidas humanas, como ya ha venido ocurriendo en los últimos años con las primeras manifestaciones del Cambio Climático.

Por la permanencia de la vida y la economía campesina

Las comunidades campesinas de Medellín no tienen establecida una relación política con el Estado basada en reivindicación de sus derechos. No han tenido históricamente la posibilidad de construir una cultura política que les permita la participación directa en la toma de decisiones sus vidas y su propio territorio. El sistema político administrativo del Estado colombiano en todos los ámbitos, no promueve la participación comunitaria y ciudadana y menos en los ámbitos veredales, locales y no se fortalece la capacidad de autogestión y la autonomía de las comunidades para la definición de sus procesos de desarrollo propio.
La organización autónoma de las comunidades campesinas basada en la conciencia plena de sus derechos y deberes, de sus inmensos aportes a la conservación de la biodiversidad y a la diversidad cultural de nuestra ciudad, son condiciones para la permanencia de la vida y la economía campesina. Las comunidades mediante su movilización creativa tiene que demandar la voluntad política de la administración municipal e incidir en políticas públicas, que fundamentadas en un enfoque de derechos garanticen la conservación de la ruralidad y el bienestar de la población campesina. La ciudad ha venido construyendo una agenda pública en este sentido que se propone:

• El Municipio de Medellín debe implementar una política pública que garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad campesina de acuerdo a las particularidades del territorio, brindando los recursos económicos y tecnológicos para el aprovechamiento de sus predios. Una política rural que compense a la comunidad campesina por los servicios ambientales y agropecuarios que favorecen la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

• “Es urgente un cambio del imaginario social sobre las comunidades campesinas y los territorios rurales, por lo tanto es fundamental sensibilizar y promover en toda la población del municipio de Medellín el conocimiento y la valoración de la importancia del significado de la vida y la economía campesina y de los ecosistemas ambientales que poseen para la calidad de vida de la ciudad”.**

• Crear el Distrito Agrario en el Municipio que garantice, a mediano y largo plazo, el territorio donde las comunidades campesinas accedan a las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y obtener los beneficios económicos y sociales por los servicios ambientales estratégicos para la sustentabilidad ambiental y social de la ciudad.

• Garantizar el desarrollo de programas y proyectos que fomenten modelos sostenibles agroecológicos dirigidos a las familias campesinas, y el fomento de tecnologías para la producción y transformación de los productos agropecuarios.

• Promover la valoración y el empoderamiento de la mujer rural y construir las casas de las mujeres en los corregimientos.

• Crear los mecanismos necesarios para que el proceso de expansión urbana que se asienta en los corregimientos se pare y la que actualmente se ejecuta contenga la oferta requerida de equipamientos y espacio público, de tal manera que se convierta en un potencial de mejoramiento de las infraestructuras de servicios y oportunidades para la población existente y la recién llegada y por lo tanto aumente su calidad de vida.

• La planeación participativa corregimental y la política de Desarrollo Rural deben ser asumidas a plenitud como alternativas para construir un desarrollo centrado en la gente y sus territorios. Se debe continuar con los procesos de planeación participativa fortaleciendo la apropiación y capacidad de gestión de las comunidades de los planes de desarrollo local participativo.

* Tomado de la Encuesta de Calidad de Vida 2010.

** El foro de los corregimientos de Santa Elena, San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista  y la Ruralidad del Municipio de Medellín en el Plan de Desarrollo del municipio 2008 – 2011, Mayo de 2008.