Ya en medios de comunicación aparecieron los campesinos y campesinas de Medellín, ya el municipio ha tenido que reconocer la existencia de las pequeñas parcelas y fincas campesinas del Distrito Rural Campesino que surten ventas ambulantes, las tiendas, los supermercados, la minorista, la mayorista y hasta la plaza de Urabá. Si se hacen las cuentas de los medios de comunicación: Santa Elena pasa de 320 familias campesinas, más de 600 floricultores de Santa Elena y San Cristóbal, y tan solo 200 personas de mercados campesinos, aquí mal contadas van 1.120 familias campesinas, faltan más de 6.000 personas que viven en San Sebastián de Palmitas y las más de 8.000 familias campesinas de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.
Son pequeñas parcelas de menos de 1 hectárea que producen alimentos y que no están en las cuentas municipales. Sin precedentes en América Latina hace más de 30 años que la población campesina y la de corregimientos no ha sido censada, quizá por eso el anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín tan solo consideró el 0,23 % de todo el presupuesto para corregimientos y desarrollo rural sostenible.
La pandemia está dejando al descubierto las debilidades del sistema y en medio de la crisis se evidencia la necesidad y el estado de abandono del campo, la inequidad social, territorial y de género. El 70% del territorio de Medellín es rural y se encuentra dividido en cinco corregimientos, donde habitan aproximadamente 12.000 familias campesinas, muchas de ellas desprotegidas, que producen alimentos de buena calidad, kilómetro cero, con disponibilidad inmediata y que le aportan a la sostenibilidad y al patrimonio cultural de Medellín.
Si bien la Alcaldía implementó la plataforma “Compra Local”, es desconcertante ver gente sufriendo de hambre al tiempo que en las veredas se botan alimentos. En diferentes zonas urbanas y rurales hay muchas personas que, con banderas y camisetas rojas, claman por ayudas al no tener comida, lo que evidencia que no existe una red de comercialización que les permita a campesinos y campesinas vender la producción. La falta de ingresos les genera dificultades para abastecerse de otros alimentos que complementan su canasta básica familiar, como lo dice una campesina y pequeña productora “con solo cebolla no se hace una sopa”.
Según un rastreo que hemos realizado con la comunidad campesina, a través de una red de apoyo de 150 personas de 48 veredas, se ha confirmado que en medio de esta pandemia no hay encadenamientos directos entre producción y consumo y por eso se pierde la producción de las pequeñas parcelas. La Alcaldía y los mayoristas están comprando a grandes y medianos productores y a los pequeños solo les están comprando cebolla y cilantro; hay familias en cuarentena con hambre porque la medida de pico y cédula no es apta para las personas de la ruralidad, los adultos mayores son la población más afectada en esta emergencia debido al inexistente sistema de salud en las veredas. La falta de un censo real y los errores en las bases de datos han beneficiado a personas que no necesitan las ayudas y excluyen a quienes las requieren, los estudiantes temen perder sus cursos y semestres por la limitada conexión a internet, además, la falta de acceso a la conectividad virtual y la falta de información, hace que muchas de las familias campesinas no puedan inscribirse en los subsidios que ofrece el gobierno.
Hacemos un llamado de alerta a la Administración Municipal para que reconsidere la forma de atención a la ruralidad campesina, desarrollar el “software de la montaña” para conectar la ruralidad y actuar con inteligencia de sostenibilidad; comprar a pequeñas parcelas para alimentar a quienes tienen hambre en la ciudad y así brindar doble beneficio: aliviar el hambre en la ciudad al tiempo que se brinda alimentación complementaria a fincas campesinas; es decir encadenar solidariamente los alimentos de Medellín y mitigar el impacto económico de estas poblaciones vulnerables.
21 de abril de 2020.
Comunicado 25 de marzo de 2020
La realidad que estamos viviendo hoy nos confirma este planteamiento:
“Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado, un arquitecto, pero todos los días vas a necesitar un agricultor”
En medio de la pandemia ocasionada por el nuevo Covid-19 y con las medidas de cuarentena tomadas por el gobierno departamental y el nacional, se evidencia la importancia de las actividades agropecuarias para el abastecimiento de la ciudad. En este momento de crisis son los corregimientos de San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, Santa Elena y Altavista los que están surtiendo principalmente de hortalizas y frutas a la ciudad de Medellín y a otros centros poblados. La producción campesina está abasteciendo a muchas familias de: lechuga, cebolla de rama, cebolla puerro, cebolla de huevo, col y flor, cilantro, espinaca, coles, guineo, plátanos (verdes y maduros), yuca, limón, repollo, brócoli, zanahoria, tomate de aliño, papa, bananos, fresas, naranjas y mandarinas.
Sin lugar a duda, los alimentos producidos por campesinos y campesinas de los Corregimientos de Medellín, dada la cercanía con la ciudad (alimentos 0 kilómetros), son una alternativa de soberanía alimentaria – es mejor producir alimentos en san Cristóbal y los corregimientos que traerlos de China-. En cualquier caso, la producción de cercanías, actúa como despensa para el Valle de Aburrá, siempre representan una alternativa de primer orden al riesgo de desabastecimiento, ya sea por taponamiento de vías, derrumbes o deslizamientos, problemas de clima o como en el caso actual de pandemia como la que se está presentando con el Coronavirus.
Frente al abandono estatal al cual se enfrenta la comunidad campesina, es claro que en esta situación de emergencia, los intermediarios serán los que obtengan mayores ganancias económicas debido a que pagan a muy bajo precio a quien produce las cosechas y las venden a muy alto precio en los mercados de la ciudad. Esto pasa porque el Estado, en este caso, la Alcaldía de Medellín no ha establecido políticas, canales directos de comercialización y programas de compras públicas que garanticen a la comunidad campesina el derecho a vender de forma directa la producción.
Los mercados campesinos impulsados por la Alcaldía de Medellín no favorecen a más de 200 campesinos productores, siendo que hay aproximadamente entre 10.000 a 12.000 familias campesinas en las cerca de 11.000 hectáreas que tiene el Distrito Rural Campesino del municipio. Es por lo anterior que se hace indispensable que los gobiernos locales, nacionales e internacionales volteen la mirada hacia la producción de alimentos en pequeñas parcelas y a la protección de la carta de derechos campesinos aprobada por la ONU el 18 de diciembre de 2018, hacia la implementación del Distrito Rural Campesino, la defensa de los territorios, la vida y la economía campesina como un acto político de soberanía alimentaria.
Llamamos la atención para que se generen medidas especiales de atención a los riesgos de salud generados en la actual emergencia. La comunidad campesina de las 54 veredas adolece de infraestructura, personal médico y centros de salud que canalicen el riesgo que están asumiendo al distribuir alimentos para la ciudad. Llamamos la atención sobre la situación de San Sebastián de Palmitas, las veredas más agrícolas de San Cristóbal, Santa Elena y San Antonio de Prado.
Mayor información: 314 656 51 95
El pasado 11 de mayo de 2016 diferentes organizaciones, colectivos y personas nos reunimos a conversar sobre ¿para qué un Distrito Rural Campesino? con la intención de seguir generando espacios de encuentro y reflexión que permitan continuar pensándonos la ruralidad campesina de Medellín y el Valle de Aburrá. Mujeres campesinas y hombres campesinos, estudiantes y profesores universitarios y, en general, ciudadanos y ciudadanas interesados/as y comprometidos/as con una lucha histórica por el reconocimiento de los derechos, vida y territorio campesino.
En el encuentro hubo múltiples y diversas intervenciones sobre la fundamentación y defensa del Distrito, la forma en que se ha construido esta figura de ordenamiento territorial y las opiniones de las y los asistentes, muchos de ellos campesinos y campesinas sobre la importancia de seguir apostándole a la construcción social y política de este escenario.
La figura del Distrito nació para ir en contracorriente a lo impuesto por el mercado, basado éste en la concentración de capital, el alto consumo de combustibles fósiles, el extractivismo, la sobreproducción, el consumismo y los acuerdos de libre comercio; por el contrario, el Distrito reivindica el campesino y la campesina como sujetos de derechos y además, defiende y protege el campo y la tierra para la continuidad de saberes propios, la cultura, los valores, las tradiciones del campesinado y la producción enfocada al autosostenimiento.
El Distrito como espacio de derechos es una propuesta innovadora de reconfiguración del territorio hacia un modelo de desarrollo rural sostenible, puesto que reconoce la forma particular del modo de vida campesino, la producción agroalimentaria desde la apuesta agroecológica (socialmente justa, amigable con el ambiente, económicamente viable y culturalmente aceptable), alternativa para conservación ambiental y la soberanía alimentaria, aspectos que en la actualidad no son visibles dentro de la realidad del país y la ciudad.
Durante las intervenciones se recordaron las propuestas promulgadas en la Cuarta Asamblea Campesina: titularización de predios campesinos, comercio justo, producción agroecológica, exoneración de impuestos a predios campesinos, gestión comunitaria del agua, equidad de género, entre otras. También hubo oportunidad para analizar cómo está el Distrito y la ruralidad campesina en el Plan de Desarrollo de Medellín que actualmente discute el Concejo de la ciudad.
Frente a esto varios interrogantes generan el Plan de Desarrollo que se presentó a la ciudad y al Concejo que no logran recoger de manera directa las propuestas realizadas por la comunidad; además, no presentan a los campesinos como sujetos de derechos a falta de la integralidad en los retos, programas y proyectos para este cuatrienio. ¿Cuál es la visión sociopolítica del campesinado?, ¿cuál es el papel y cómo se define la mujer en el campo?, ¿por qué hablar de lo rural sin lo campesino?, fueron algunas de las preguntas que se plantearon para seguir discutiendo y haciendo control en la etapa final de aprobación del Plan y en la futura puesta en marcha.
La conversación sobre el Distrito Rural Campesino se continuará realizando como evento de ciudad con el fin de seguir visibilizando y demostrando ante la administración municipal y la ciudadanía de Medellín que los campesinos y campesinas necesitan y pueden mejorar las condiciones de vida, además de poder lograr con la reglamentación e implementación el gran desafío de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.
Participaron
Asociación Campesina Agroecológica de la región de Boquerón (ACAB)
Asociación Campesina Agroecológica Campo Vivo
Comité de la Asamblea Campesina del Valle de Aburrá
Red Intercorregimental de Mujeres de San Antonio de Prado, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas
Red Ambiental y Cultural Juvenil Intercorregimental (REDAJIC)
Estudiantes y profesores universitarios
Corporación Penca de Sábila
Pronunciamiento para exigir nuestros derechos y la especial protección del territorio rural campesino ante el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan Agropecuario Municipal de Medellín
Los/as campesinas de Medellín somos más de 80 mil hombres y mujeres, viviendo en 52 veredas del municipio. Mantenemos una vocación eminentemente agrícola, trabajando y cultivando una gran proporción del suelo rural municipal que equivale a más de 27.010 hectáreas de suelo rural, correspondiente al 71,8% del porcentaje total del territorio municipal, donde producimos alimentos y servicios ambientales para la ciudad y la humanidad.
No obstante vemos como de manera creciente se vulneran nuestros derechos como comunidad campesina en la falta de títulos que aseguren la propiedad sobre las tierras por parte de los/as pequeñas campesinas. Por otro lado los incrementos desmesurados en el impuesto predial unificado, la expansión urbana y la expansión de las zonas de protección ambiental para la siembra principalmente de pinos y eucaliptos, sumado a la falta de garantías en el apoyo con insumos, asesoría técnica, canales de comercialización directa y justa, el aseguramiento de las cosechas y la falta de infraestructura en sistemas de riego entre otros; son factores que fomentan el desplazamiento y empobrecimiento de la población campesina de los/as campesinas de Medellín.
Hoy alzamos nuestras voces en el marco del día internacional de las luchas campesinas conmemorado el 17 de abril en memoria y homenaje a las campesinas y los campesinos que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria, en la defensa y cuidado de la naturaleza, de las semilla, del agua y de sus derechos.
Los/las campesinas queremos hacer visible el reconocernos como sujetos de derechos en el acceso a la tierra, a la vida digna, a la salud, a la educación, a la vivienda, al crédito, a la participación, a planificar autónomamente nuestro territorio, al trabajo digno con seguridad social, a medios directos de comercialización y al poder organizarnos con otros/as que comparten nuestras mismas necesidades y objetivos.
En el marco de la reglamentación del Distrito Rural Campesino aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial en diciembre del año 2014, la definición del Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2016 – 2019 y el Plan Agropecuario Municipal de Medellín, queremos reiterar la exigencia e inclusión de nuestras propuestas en estos planes a manera de programas y proyectos con presupuestos definidos, amparados en los artículos 64 y 65 de la constitución nacional de Colombia y en la resolución (A/HRC/21/L23) aprobada por 23 estados miembros de la ONU en septiembre 27 de 2012 donde se reconocen los derechos de los campesinos y campesinas y otras personas trabajadoras en las zonas rurales.
Nuestras propuestas y exigencias son:
Medellín, 17 de abril de 2016.
asociacionacab@yahoo.es
Campesinas y campesinos proponen incentivar la producción agropecuaria y bienestar a sus familias
La comunidad campesina de Medellín se pronuncia ante la propuesta de nuevo POT – Plan De Ordenamiento Territorial en la mesa poblacional del CTP – Concejo Territorial de Planeación
La expansión urbana, especulación inmobiliaria, megaproyectos privados y públicos, grupos armados ilegales y desmesurado impuesto predial. Son solo algunas de las problemáticas a las que se enfrentan a diario, aproximadamente 50.000 campesinas y campesinos de los cinco corregimientos de Medellín. Ante esta y otras situaciones el pasado 13 de junio, en Foro especial para la población campesina de Medellín organizado por el CTP – Concejo Territorial de Planeación, se le exigió mediante un pronunciamiento público al nuevo POT, que, entre otros, se proteja y amplíen los territorios donde vive, habita y produce la comunidad campesina. El POT que deberá entrar en debate en el Concejo de Medellín a mediados del segundo semestre del presente año, es quien tiene la responsabilidad de estudiar y acoger las exigencias de la comunidad y la ciudadanía del municipio o continuar de espaldas al campesinado, su abandono institucional y al desplazamiento de una población que tradicionalmente ha sido marginada y ha perdido su patrimonio por la voracidad de la especulación del suelo y de la inmobiliaria urbana, quedando en su mayoría en precarias y denigrantes condiciones de vida. Lo que históricamente ha conducido a engrosar los cinturones de miseria del municipio en asentamientos subnormales.
“No queremos ser poblaciones y territorios en vía de extinción. Donde la Alcaldía de Medellín nos tiene en total abandono”
Con la firma del pronunciamiento púbico, dirigido al Concejo Territorial de Planeación, al Concejo Municipal, al Departamento Administrativo de Planeación, al señor alcalde Aníbal Gaviria Correa y a la opinión pública se exige “La especial protección de nuestro territorio rural campesino” en el nuevo POT del municipio de Medellín.
En lo siguiente se cita de manera directa el pronunciamiento público entregado por la población campesina:
“El POT de Medellín, que se encuentra actualmente en un proceso de revisión y ajuste, es una importante herramienta para modelar y estructurar el desarrollo territorial. Siendo tres cuartas partes del territorio suelo rural, Medellín es un municipio rural. Es por esto que la comunidad campesina debe incidir en la toma de decisiones sobre el proyecto de futuro de Medellín.
Como lo expresa la Ley 388 de 1997 “el ordenamiento del territorio se debe hacer de manera concertada, por los municipios o distritos y las áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete en su jurisdicción y para regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo económico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.
La concertación que exige esta ley se debe entender como una inclusión de los intereses, manifestaciones culturales y tradiciones campesinas en las políticas públicas, en la asignación de beneficios económicos y sociales a hombres y mujeres campesinas, en el fortalecimiento de la economía y en la especial protección de las fincas y territorios campesinos. Son más de 50 mil hombres y mujeres campesinas, viviendo en 52 veredas del municipio con una vocación eminentemente agrícola, trabajando y cultivando una gran proporción del suelo rural municipal (aproximadamente el 70% del porcentaje total del territorio municipal), donde se producen alimentos y servicios ambientales para la ciudad y la humanidad. Los campesinos y las campesinas en sus territorios rural campesinos aportan a la soberanía alimentaria que se entiende como “el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura” (La Vía Campesina).
El territorio rural campesino actual es más grande de lo que quiere reconocer el propuesto Proyecto de Tomo V del POT. Según el Plan de Desarrollo rural sostenible, elaborado por la Universidad Nacional y contratado por la Alcaldía de Medellín; la extensión total de los corregimientos es de 26.273,32 ha, de estas el 40.90% son de bosque natural fragmentado (6.322,09 ha) y plantación forestal (4.427,77 ha) y el 49.80% (13.107 ha) son de producción agropecuaria. Esto muestra que casi el 50 % de los corregimientos es de dedicación agropecuaria. Según el nuevo POT, en el artículo 59 áreas para el aprovisionamiento de alimentos y en el artículo 23 áreas de protección para la producción, el área de producción agrícola se reduce a 11.455 hectáreas (43.6%), es decir, se reduce por 1652 ha el suelo para la producción de alimentos. Esto significa la pérdida de su territorio rural campesino para aproximadamente 1000 familias campesinas si tuviesen predios de 1.5 ha en promedio.
Es notoria la debilidad del POT en resolver los problemas presentes en el territorio rural del municipio. La debilidad institucional se expresa en una falta de seguimiento y evaluación y el desconocimiento de las necesidades y demandas de la población rural campesina para garantizar las condiciones para una vida digna. Si se compara las necesidades y las propuestas hechas por la comunidad en la revisión del POT en el año 2006 con las necesidades y propuestas presentadas actualmente, se puede detectar que son más o menos las mismas; muestra de que poco ha cambiado para la población rural campesina en los últimos 8 años de vigencia del POT. En las encuestas de calidad de vida que realiza la ciudad de Medellín se muestra una gran brecha entre el suelo rural y el suelo urbano del municipio, siendo el índice en los corregimientos 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de las comunas urbanas. Otros indicadores como las condiciones de hábitat, salud, educación y soberanía alimentaria son muy críticos (DAP, 2011).
Los múltiples conflictos en el territorio, la débil inclusión y participación de la comunidad campesina en las políticas públicas y las inadecuadas políticas de desarrollo rural ponen en riesgo la permanencia del territorio, la economía y la vida campesina en el municipio. La expansión urbana incontrolada en el suelo rural, que no atiende el POT, el desconocimiento institucional y la política de conservación sin gente dejan cada vez menos suelo para la producción agropecuaria campesina.
Así vemos en aumento la expropiación de las tierras y fincas campesinas con la supuesta intención del interés general y la protección ambiental. Las tierras se han convertido en grandes extensiones reforestadas con pinos y eucaliptos para la producción de maderas y celulosa para papel que solo producen beneficios para el interés particular y privado que no aporta a la biodiversidad, ni a la comunidad campesina. Así el territorio campesino es convertido en paisaje, con proyectos turísticos que prohíben a los campesinos su actividad agropecuaria y se ven obligados de buscar su sustento en otras actividades económicas como el de vendedores ambulantes de empanadas y artesanías, perdiendo así la cultura y economía campesina.
Como lo expresa la resolución de los derechos campesinos de la ONU, los campesinos tienen derechos a la tierra y al territorio: “… a poseer tierras colectiva e individualmente, para la vivienda y para nuestros cultivos; a labrar nuestra propia tierra, obtener productos agrícolas, criar ganado… recolectar y pescar en nuestros territorios; derecho a trabajar y a disponer de las tierras no productivas de las que dependemos para nuestra subsistencia; derecho a gestionar, conservar y aprovechar los bosques y las áreas de pesca; derecho a la seguridad de la tenencia y a no ser desalojados forzosamente de las tierra y los territorios. Ninguna relocalización puede tener lugar sin el consentimiento libre, previo e informado de los campesinos afectados y el posterior acuerdo de una compensación justa y transparente, y, donde sea posible, con la opción de retornar; derecho a beneficiarnos con la reforma agraria. No se deben permitir los latifundios. La tierra debe cumplir con su función social. Se deben aplicar límites en la propiedad de la tierra cuando éstos sean necesarios con el fin de asegurar un acceso equitativo a las tierras.”
Las campesinas y los campesinos, de los 5 corregimientos, no quieren que en los próximos 12 años se pierda el territorio rural campesino. Se exige una especial protección del territorio rural campesino y su actividad agropecuaria a través de una figura jurídica de protección, según las particularidades y las necesidades de cada territorio, cómo las que están contempladas en la Constitución Política de Colombia.
Los campesinos y las campesinas de los corregimientos somos también ciudadanos y ciudadanas de Medellín por lo tanto tenemos iguales derechos que los habitantes de las zonas urbanas: agua potable, saneamiento básico rural, zonas de deporte y recreación, vías de penetración a las veredas de acuerdo a su territorio, sin que lo anterior signifique el cambio del uso del suelo y el cobro injustificado de altos impuestos.
En este sentido exigimos no solamente áreas para producción agrícola sino también una figura jurídica que le de especial protección a nuestras tierras, porque sólo así se puede garantizar la permanencia de la vida y la economía campesina en el municipio de Medellín.
Reiteramos así la exigencia de la especial protección al territorio campesino para:
1. No ser poblaciones y territorios en vía de extinción.
2. No seguir siendo desconocidos, invisibilizados ante la construcción colectiva de territorio y ciudad.
3. Defender nuestras fuentes de ingresos que dependen de la economía y producción agropecuaria.
4. Proteger nuestra cultura campesina.
5. Seguir siendo proveedores de bienes y servicios, y que se nos reconozca las cargas y beneficios ambientales.
6. Preservar la sociedad campesina.
7. Disminuir los cordones de miseria ya que muchos campesinos venden su finca, en muchas ocasiones bajo presión, y se van a vivir a las periferias de la ciudad.
8. Evitar la venta de la tierra y disminuir el cambio en la vocación y otros usos de los suelos en los territorios.
9. Conservar los bancos de semillas y seguir siendo custodios y custodias de las mismas, para promover la autonomía, la soberanía alimentaria y proteger la biodiversidad, la fauna y flora nativa.
10. Que se nos respeten nuestros derechos como población campesina.
11. Como organizaciones campesinas, poder seguir apostándole a formas de producciones agroecológicas con autonomía para producir con acceso a créditos blandos, a subsidios a producciones campesinas, seguros por pérdidas de cosechas y acceso a la comercialización directa y estar dispuestas a compartir experiencias y saberes.
12. Evitar que la gente de la zona urbana se siga ubicando en las zonas rurales y no seguir siendo territorio para la expansión urbana.
13. Visibilizar la situación de la población campesina ante los altos costos de los impuestos prediales, ya que muchos campesinos y campesinas tienen que vender su tierra para pagar deudas de predial.
14. Exigir el reconocimiento de los beneficios tributarios para los predios con producción agropecuarios.
15. Que no se siga afectando la economía campesina por la falta de garantías en los mercados.
16. Que no se expropien nuestros territorios y que el municipio de Medellín apoya la legalización y titularización gratuita de predios de familias campesinas productoras.
17. Acceso a proyectos de vivienda nueva rural campesina y a subsidios que tiene el municipio de Medellín para la reubicación, reasentamiento y dotación de aquella comunidad campesina que carece de ella.
18. No seguir siendo desconocidos y desinformados ante la formulación de proyectos que se quieran implementar en los corregimientos.
19. Que no se nos impongan a la fuerza todo tipo de megaproyectos sin habernos hecho consulta previa, libre e informada.
20. En los territorios declarados como reservas naturales y de conservación permitir la permanencia de los campesinos, con producción agrícola y territorios patrimoniales.
Somos campesinos y campesinas y nuestro territorio es un derecho fundamental para quienes lo habitamos, pues tenemos la misión de producir los alimentos para el abastecimiento de esta sociedad, de la humanidad y los encargados de la conservación de nuestras aguas, bosques y especies nativas.
Que permanezcan las tierras y territorios, la economía y la vida campesina”
Mayor información:
284 68 68, 311 770 82 18
corpenca@une.net.co
Programa de gestión social y ambiental del territorio
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