En el marco del décimo aniversario del reconocimiento del agua y el saneamiento básico como derecho humano por la Organización de Naciones Unidas, estuvimos participando en el segundo conversatorio del ciclo de encuentros organizados por la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC). El 4 de agosto de 2020 tuvimos la posibilidad de encontrarnos vía Facebook live para reafirmar que seguimos en la unión hacia un mismo propósito: defender el territorio y la autogestión comunitaria del agua.
A través de la participación de representantes de El Salvador, Chile y Colombia que compartieron desde sus experiencias e historias de vida, dimos respuesta a la pregunta orientadora, ¿dónde estamos 10 años después del reconocimiento del derecho?
Kelis Elizabeth Pérez, lideresa comunitaria del El Salvador, destacó que “desde el año 2006 se han presentado diferentes propuestas para implementar una Ley General de Aguas, pues al día de hoy seguimos sin contar con una ley que pueda garantizar a los sistemas de agua comunitario el derecho humano al agua” y, por extensión, a todas las familias de El Salvador. Sin embargo, en el presente todavía existen muchas comunidades que no cuentan con el líquido vital, por dicha razón los sistemas de agua comunitario siguen luchando para que esa garantía y ese cumplimiento del derecho se haga efectivo.
En el caso de Chile, se ha categorizado el derecho humano al agua como un tema de rentabilidad social por medio del Código General de Aguas de ese país, se discriminan los sistemas que pueden o no participar de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Dicho código ha dejado por fuera a un sinnúmero de familias campesinas, dando prioridad a la agroindustria donde un aguacate recibe 160 litros de agua al día y una persona, si acaso, 50 litros que corresponde al mínimo para poder sobrevivir.
Según Álvaro Escobar, presidente de la Unión de Agua Potable Rural en la Cuenca del Río Petorca, “en este escenario, nuestra Unión de Agua Potable Rural ha decidido humanizar, solidarizar y construir una campaña para emprender acciones reales en defensa del agua, avanzando desde la Minga Solidaria del Agua que tiene como fin construir un sistema que entregue agua a las familias que hoy dependen de un aljibe”.
Colombia, por su parte, se caracteriza por haber logrado una fuerte organización nacional preocupada por la defensa de la autogestión comunitaria del agua en contra de la privatización que actualmente se vive en el territorio. Luego Referendo por el Agua de 2006 que pretendía consagrar el derecho humano al agua, el logro se volcó a la creación de una Red Nacional de Acueductos Comunitarios. A partir de este fortalecimiento organizativo, la Red Nacional emprende un largo camino que desembocó en la llamada Ley Propia.
Aleida Ortiz, defensora de los páramos y de la gestión comunitaria del agua en el departamento Boyacá, relató: “El Estado no nos acompaña, sino que, por el contrario, nos persigue desde todas las exigencias y normativas que pone a nuestra labor con el único fin de privatizar. Un ejemplo de ello es la Ley 142 que tiene muchas exigencias que para nosotros como campesinos son difíciles de implementar, ya que no tenemos cómo responder a ellas. Las exigencias no solo se dan desde los documentos, sino, también, desde la calidad del agua, cosa que es absurda considerando que nuestra agua viene directamente de los frailejones del páramo”.
Entendemos la gestión comunitaria del agua como el pilar fundamental del derecho. Desde iniciativas propias podemos empoderar a hombres y mujeres de cada territorio, uniendo esfuerzos y buscando la autonomía y la apropiación de las herramientas que ayudan a la comunidad a erigirse como garantes de su propio derecho de forma integral.
Encuentre aquí la transmisión del conversatorio: ‘Autogestión comunitaria y derecho humano al agua’
