La manera en la que la academia se está acercando al campo ha demostrado la importancia de interconectar los diferentes sectores de la sociedad, generando beneficios para todos y todas, en este caso a comunidades campesinas y a estudiantes; por dicha razón, el 30 de septiembre de 2020 se realizó el conversatorio titulado De la universidad al campo en Medellín: intercambio de Saberes y de experiencias en el marco de la Alianza por el territorio y la vida campesina del Valle de aburrá.
El evento ahondó en las experiencias académicas que han tenido algunos estudiantes de la Universidad San Buena Aventura, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia con la ruralidad campesina del Valle de Aburrá, enfatizando en cómo esas experiencias pasan por lo práctico y en muchas ocasiones se convierten en una posibilidad tanto para las comunidades campesinas como para estudiantes.
Con vistas a lo que actualmente ocurre en Colombia, se hace necesario que la academia no dé la espalda a las comunidades campesinas, sino que, por el contrario, se vincule a los diferentes procesos socio territoriales para fortalecer el tejido social desde el intercambio de saberes y la creación de redes donde se dé una construcción desde la justicia, la democracia y la sostenibilidad.
Se reiteró la importancia de seguir trabajando en el Distrito Rural Campesino como una propuesta que trasciende los usos del suelo y que garantiza la visibilidad de las comunidades, anotando que la academia también debe ser partícipe de dicho proceso que procura fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de quienes viven en el campo.
Puede encontrar la transmisión del evento aquí:
‘De la universidad al campo en Medellín: intercambio de Saberes y de experiencias’.
“Yo siento una responsabilidad inmensa por conservar, promover y reconocer los saberes ancestrales y campesinos, por empoderarme de mi territorio cuya memoria se viene ignorando desde el poblamiento masivo, desde la migración de los campesinos a la ciudad, desde las propias comunidades nativas. Siento una apretura con mis raíces y considero la tierra como hogar y organismo vivo”. Testimonio recogido en el Diplomado Participación y Apropiación Territorial con la Juventud Rural Campesina.Por otra parte, la participación de los y las jóvenes tanto en territorios urbanos como rurales es el motor para que se impulsen propuestas en pro de la vida y la defensa de los territorios donde las identidades diversas, múltiples e interconectadas, son las que procuran la permanencia, el arraigo y la necesidad de fortalecer el tejido social por medio del arte, la ecología, el feminismo, el patrimonio y la soberanía alimentaria. La educación popular también aparece como una herramienta frecuente, capaz de que los y las jóvenes entablen relaciones de horizontalidad que propician la construcción de conocimientos conjuntos más allá de la ruralidad, pues las motivaciones que los jóvenes encuentran para participar tienen que ver con el tiempo libre, la creación de vínculos y redes, la necesidad constante de aprender y saber sobre el mundo y, sobre todo, la necesidad de apropiarse desde su propia construcción de identidad. Por eso, la posibilidad de narrarse a sí mismos, propiciar el diálogo de saberes, apostar por la agroecología y la búsqueda de una educación contextualizada son algunos de los elementos que hoy ocupan a los y las jóvenes de la ruralidad campesina para poder promover su permanencia en los territorios con los que se identifican. Encuentra aquí la transmisión del evento: ‘Juventudes Rurales: participación, construcción y defensa de los territorios’.
Pronunciamiento
El Plan de Desarrollo de Medellín no reconoce los derechos de campesinos y campesinas. En el reto 6.6 del Plan denominado Medellín reconoce la importancia de su territorio rural, sus programas y proyectos están destinados al gasto del recurso de una manera no articulada ni transversal, se sigue desconociendo a los campesinos y campesinas como un grupo poblacional sujetos de derechos y no se evidencia una apuesta política del gobierno municipal por reducir y terminar las brechas de desigualdad social, ni acercar a la población a mejores niveles reales de calidad de vida.
El presupuesto que se destinó a la ruralidad en el Reto 6.6, destina el 0,7% ($ 120.895.448.706) del total de recurso cuatrienal del Municipio que asciende a los 16 billones de pesos. De ese porcentaje el 6,05% ($ 7.326.000.000) estará destinado al programa Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales; el segundo programa Desarrollo integral de los territorios rurales, tiene un presupuesto de 75.489.095.564 (62,4% del reto); el tercer programa Desarrollo empresarial rural 38.080.353.142 (31,4% del total del Reto). Muchos de los proyectos que allí se formulan no tienen indicadores claros que permitan hacerle control y evaluación en su ejecución; además, algunos proyectos proponen indicadores que no garantizan la protección de la vida y territorio campesino, por ejemplo, el proyecto (6.6.1.2.) que busca reconocer y promover las prácticas campesinas se medirá con el indicador de “campañas publicitarias instaladas”.
Este presupuesto no tiene una inversión que refleje la integralidad de las propuestas entregadas a las diferentes instancias que elaboraron el Plan de Desarrollo. ¿Cuál es la finalidad de estos espacios sino la construcción de ciudad con sus comunidades? ¿Qué garantías reales ofrece el gobierno municipal para que ciudadanos y organizaciones sigan participando en los espacios que convocan?
La inutilidad de la participación
Ha dicho el alcalde y sus delegados que este plan se construyó con la gente. Si bien en todas las etapas de construcción y formulación se han organizado encuentros de diferente índole, son encuentros de formato, donde reina la retórica de socialización, pero en lo sustancial, el plan no condensa las propuestas realizadas por diferentes colectividades, personas y organizaciones que durante muchos años han instaurado propuestas de vida en la ciudad, y en particular, desde lo rural campesino y el reconocimiento de derechos.
Dos procesos de consulta y participación donde acudimos con la garantía que las propuestas serían recogidas fueron al debate del Plan Agrícola Municipal –que se realizó previo a las discusiones del Plan de Desarrollo- y al proceso de consulta convocado por el Consejo Territorial de Planeación CTP. En primer lugar, las personas acudieron con propuestas de transformación al modelo de ciudad y en busca del reconocimiento de derechos, propuestas que no fueron tenidas en cuenta ni se ven reflejadas en el plan que se aprobó. En segundo lugar, en el caso de las consultas del CTP, vemos con preocupación que en ellas no se discutió sobre el texto definitivo sino que luego de ser discutido en esta importante instancia de participación haya sufrido sustanciales cambios que o evidencian las propuestas realizadas por las comunidades rurales campesinas de la ciudad.
La ciudadanía de campesinas y campesinos que habitan en Medellín tienen unas prácticas, saberes y economía distinta a lo que el plan se propone en materia de confianza ciudadana, donde opera una lógica de homogeneidad social, con la cual el plan de desarrollo pretende la normalización de los ciudadanos por medio de un conducto ya preestablecido, negando la diversidad en la ciudad y los procesos de movilización que ha realizado la comunidad en Medellín. Por esto exigimos que en el periodo de gobierno durante estos cuatro años se destine un presupuesto real y efectivo para el reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos de derechos, garantizando el derecho al territorio en la ciudad donde se materializa la vida y economía campesina.
También consideramos que el alcalde no incluyó en el plan algunas de sus propuestas inscritas como candidato ante la Registraduría. En su plan de gobierno presentado como candidato expresaba una preocupación: “(…) la expansión urbana no controlada ha propiciado el olvido del campo y su población rural o campesina, sumándose a esto las inadecuadas políticas rurales y las deficiencias en el reconocimiento de sus derechos.”. El plan de desarrollo que presenta no plantea los controles a dicha expansión y tampoco se lee una verdadera intencionalidad política por transformar las condiciones rurales campesinas. Además este vacío en el plan es contrario al voto programático que mayoritariamente hizo la ciudad por él.
En este contexto exigimos que las acciones encaminadas hacia la población rural campesina estén enmarcadas en la consolidación del Distrito Rural Campesino como un espacio de derechos; la reglamentación e implementación del Distrito pasa por reconocer la vida y el territorio campesino, las prácticas culturales ancestrales y el fomento de la producción agroecológica. Exigimos que en la destinación del presupuesto del Plan de Desarrollo haya claridad de cuánto dinero se invertirá estos cuatro años en la reglamentación y puesta en marcha del Distrito Rural Campesino y del Plan Agropecuario Municipal.
Hacemos un llamado para que sean retomadas las propuestas que se han venido haciendo desde la Asamblea Campesina para la ruralidad de Medellín. Son propuestas campesinas que requieren de alternativas creativas de innovación que consoliden el campo como unidad territorial, la finca campesina como unidad socioeconómica y a los ciclos de producción, distribución, comercialización y consumo de sus productos como unidad para el desarrollo integral de su sistema agroalimentario. Al tiempo que se exige el establecimiento de figuras jurídicas y de planeación que permitan activar alternativas especiales para la protección de su patrimonio, el derecho al trabajo y el libre oficio, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a la tenencia de la tierra, a la salud, la vivienda, el transporte público, al esparcimiento y al disfrute de los espacios públicos. Y de manera especial y particular potencie el acceso de las mujeres campesinas a la propiedad, el patrimonio, al bienestar integral, a los bienes y servicios, y a los derechos sexuales y reproductivos.
Medellín, 2 de junio de 2016.
Asociación Campesina Agroecológica Campo Vivo.
Asociación Campesina Agroecológica de la Región del Boquerón, ACAB.
Corporación Campesina San Antonio de Prado.
Comité de la Asamblea Campesina Valle de Aburrá.
Red Intercorregimental de Mujeres San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas y de San Cristóbal, Medellín.
Red Ambiental y Cultural Juvenil Intercorregimental de Medellín, REDAJIC.
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
Comunidad campesina en el Plantón ciudadano “Medellín el plan no cuenta con vos”
Por: Programa de Gestión Social y Ambiental del Territorio. Corporación Penca de Sábila.
En las horas de la noche del 27 de octubre de 2014 el Concejo de Medellín aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con una vigencia de 12 a 14 años. Esta aprobación dio lugar a las protestas y movilizaciones de la ciudadanía por el inconformismo con este POT, debido a que hay varios temas cruciales que no se han resuelto de manera satisfactoria.
Entre estos temas están la ordenación del suelo rural y la inclusión de la población campesina de manera transversal y estructural en el POT.
Gracias a las múltiples movilizaciones, pronunciamientos e intervenciones que hizo la comunidad campesina para exigir su reconocimiento y una especial protección de sus territorios, veredas y fincas campesinas, se logró incidir en el proyecto de acuerdo del POT.
La exigencia de la comunidad por una especial protección de la ruralidad campesina se expresó con claridad en los diferentes espacios de participación como en las sesiones del Consejo Territorial de Planeación, las sesiones territoriales del Concejo Municipal, el Cabildo abierto y la audiencia pública. La comunidad propuso diferentes figuras para proteger la economía y la permanencia de los y las campesinas en los corregimientos. En San Cristóbal, una reserva de la sociedad civil y un distrito rural agrario; en San Antonio de Prado la figura de suelo de reserva comunitaria para producción agrícola y pecuaria; en Altavista, una zona de reserva campesina; y en San Sebastián de Palmitas, la protección y el fortalecimiento de la economía y producción campesina del corregimiento.
En general la comunidad planteó que fueran incluidos sus derechos, sus identidades, sus necesidades y sus propuestas agroalimentarias:
“Somos campesinos y campesinas y nuestro territorio es un derecho fundamental para quienes lo habitamos pues tenemos la misión de producir los alimentos para el abastecimiento de esta sociedad, de la humanidad y los encargados de la conservación de nuestras aguas, bosques y especies nativas” (Pronunciamiento público campesino, 13 de junio 2014).
“Son 12 años cumplidos del actual POT y no queremos que la historia se repita: Que nos expropien las tierras y nuestras fincas campesinas con la supuesta intención del interés general y la protección ambiental”
“Nos hemos convertido en paisaje y nos han tratado como vendedores y vendedoras ambulantes de empanadas y artesanías, somos espectadores ante la horda de turistas que pasan por nuestros lados sin dejar un céntimo de beneficio a nuestra economía, solo las empresas privadas se lucran de lo que tienen nuestras tierras” (Pronunciamiento público campesino, 30 de noviembre 2013).
Estas exigencias no podían ser ignoradas y el Departamento de Planeación incorporó en la última versión del POT los Distritos Rurales Campesinos para los corregimientos de Medellín. Los Distritos Rurales Campesinos corresponden a las “áreas de producción, planificación y gestión del suelo rural, que permite encaminar y orientar acciones para garantizar la permanencia de las actividades productivas, socioeconómicas y culturales de los campesinos el cual podrá ser formulado por iniciativa comunitaria o de la administración municipal”1. Según el POT estos tienen como objetivo planificar, gestionar y promover las economías campesinas y sociales, a escala veredal y corregimental, con una visión regional, que permitan el reconocimiento y el fortalecimiento de la producción agroalimentaria.
La incorporación de los Distritos rurales campesinos es un avance en el reconocimiento de la vida y economía campesina en el municipio de Medellín, pero quedan dudas sobre el proceso de reglamentación que se define en los próximos 6 a 12 meses y por supuesto sobre la fase de implementación. En este proceso se debe garantizar la plena participación de la comunidad campesina con mecanismos de participación amplios y bien informados. Se requiere un proceso de participación que vaya más allá de la socialización y la información a una participación con incidencia, de consulta previa y espacios para la afirmación de propuestas por parte de la comunidad.
Por ahora Planeación y el Concejo de la Ciudad reconocen que lo campesino es parte de la ruralidad y que comparte un espacio de alta significación con lo suburbano y la Estructura Ecológica Principal. Pero todavía falta dirimir tensiones y conflictos, por ejemplo la tensión entre la conservación sin gente y la exigencia que ha hecho la comunidad campesina de ser integrada en los programas de conservación y de protección de las fuentes de agua.
La comunidad desconoce cómo han sido incluidas sus propuestas, es más desconfía de si en el proceso de negociación de la ciudad quedaron recursos suficientes para darle forma y fortaleza a los Distritos Rurales Campesinos. La mayoría de los recursos, de la riqueza que produce el suelo urbano y rural, se destinaron para el Río Centro, Río Sur, el Parque del Río, el Cinturón verde y la transformación del Centro, y la comunidad se pregunta si algo quedará para el manejo integral de barrios y la tierra campesina.
Esta preocupación se justifica porque el proceso participativo del POT fue deficiente en las fases de consulta, revisión y formulación. Este proceso mostró deficiencias en el acceso a la información, debido a que no fue de pleno conocimiento de la población la versión final para su aprobación. La versión final del POT, la que se erradicó ante el Concejo municipal no fue socializada a la comunidad y el CTP (Consejo Territorial de Planeación) emitió su concepto sobre la versión 4 que no es la versión final (Concepto CTP, 2014, p.4). De esta manera, con información incompleta, se ha restringido la participación de la comunidad y su efectiva inclusión en el POT. Además la comunidad en general desconoce el documento final del proyecto de acuerdo lo que pone en duda su legitimidad.
Una cantidad de temas sensibles como el estudio de los riesgos, las densidades habitacionales en suelo rural, el cobro de plusvalías, los operadores urbanos, quedaron pendientes de una reglamentación posterior a la aprobación del 27 de octubre. La democracia está en los detalles y parte de estos son las normas, las reglamentaciones, ellas fijarán las condiciones para la implementación. En este sentido quedan muchas inquietudes sobre la reglamentación e implementación del POT que es ahí donde realmente se define la capacidad de lograr un equilibrio territorial y una mayor equidad y justicia social. En estos momentos no hay claridad sobre los mecanismos que se adoptarán en el POT para garantizar que se involucre a la ciudadanía: a la comunidad campesina, a mujeres y hombres, a la juventud, a la población en situación de discapacidad, al barrio etc., en la reglamentación y en su posterior implementación, y cómo se garantizará que esta ciudadanía implicada ejerza el seguimiento, el control y participe tanto como en las decisiones como en su implementación.
Este nuevo POT muestra avances en la regulación del suelo rural y establece figuras de planificación como las Unidades de Planificación Rural y el Distrito Rural Campesino, que brindan la posibilidad de una mayor y mejor articulación de dinámicas y deficiencias en el desarrollo rural, pero sin una ruta clara para la participación de la comunidad campesina y un reconocimiento del territorio históricamente construido, quedan muchas dudas sobre la capacidad y voluntad de la actual administración municipal para reglamentar junto con la comunidad los Distritos Rurales Campesinos enunciados en este nuevo POT.
[1] Acuerdo 268 (2014), Pliego de modificaciones, cuarta parte, p.1539.Publicado por La Vía Campesina el 14 Octubre 2014
Llamado Internacional La Vía Campesina
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a producir y a comer alimentos sanos. La alimentación no puede reducirse a una mercancía de las corporaciones transnacionales.
El movimiento Campesino Internacional La Vía Campesina hace un llamado a sus organizaciones en todo el mundo, al pueblo organizado, aliados y consumidores conscientes a la Jornada de Acción Global por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos en contra de las transnacionales, este 16 de Octubre de 2014.
La Vía Campesina realiza esta jornada de solidaridad, resistencia y movilización cada año con el fin de dar a conocer a la sociedad civil el riesgo al que se enfrenta hoy la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, por lo cual consideramos importante e imprescindible fortalecer la alianza con la clase trabajadora del campo y de ciudad, pues el derecho humano a la alimentación no solo debe cuidar del acceso, sino que debe garantizar una alimentación saludable, sana y culturalmente apropiada para los pueblos.
En 1996 en Roma La Vía Campesina planteó la Soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos de diseñar sus propias políticas agroalimentarias que favorecen la producción y distribución campesina a nivel local y que permiten abastecer las demandas de la población.
Hoy las empresas transnacionales del agronegocio mediante una triple alianza entre estados, bancos y medios de comunicación publicitan ampliamente el modelo de la agricultura extensiva argumentando que es altamente productiva y que puede acabar con la crisis alimentaria. Pero la realidad muestra que en este momento más de mil millones de personas en el mundo sufren hambre y desnutrición mientras que las corporaciones transnacionales siguen especulando con la alimentación pues su único objetivo es lucrar.
El agronegocio expulsa millones de campesinas y campesinos de sus territorios, generando un campo sin agricultores y concentrando los bienes naturales como el agua, la tierra y destruyendo la biodiversidad.
Asimismo, empresas como Monsanto, Cargill, Bunge, Dupont,AMD, entre otras monopolizan y acaparan el comercio de granos y semillas, criminalizando esta práctica ancestral de conservar, cuidar e intercambiar semillas. El agronegocio incentiva al uso indiscriminado de agrotóxicos, degradando los suelos, atentando contra la vida de las y los campesinos, y de los consumidores de las ciudades.
Las campesinas y campesinos de La Vía Campesina en esta Jornada de Acción Global del próximo 16 de Octubre ratificamos la urgencia de la Reforma Agraria Integral como un mecanismo para conquistar la Soberanía Alimentaria y afirmamos la producción agroecológica como práctica alternativa y coherente con nuestro proyecto campesino, que además mitiga los efectos del cambio climático y enfría el planeta.
Por lo tanto, en este 16 de Octubre – Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria contra las Corporaciones Transnacionales – nos movilizamos, tomaremos tierras, haremos foros, realizaremos ferias agroecológicas, ocuparemos las calles de los pueblos y las ciudades y alzaremos nuestra voz en resistencia contra el acaparamiento de la tierra, contra del uso de agrotóxicos y semillas transgénicas, por una Reforma Agraria Integral y por la Soberanía Alimentaria como una transformación radical hacia un sistema alimentario socialmente justo y digno para los pueblos del mundo.
Soberanía Alimentaria YA!
Campesinas y campesinos proponen incentivar la producción agropecuaria y bienestar a sus familias
La comunidad campesina de Medellín se pronuncia ante la propuesta de nuevo POT – Plan De Ordenamiento Territorial en la mesa poblacional del CTP – Concejo Territorial de Planeación
La expansión urbana, especulación inmobiliaria, megaproyectos privados y públicos, grupos armados ilegales y desmesurado impuesto predial. Son solo algunas de las problemáticas a las que se enfrentan a diario, aproximadamente 50.000 campesinas y campesinos de los cinco corregimientos de Medellín. Ante esta y otras situaciones el pasado 13 de junio, en Foro especial para la población campesina de Medellín organizado por el CTP – Concejo Territorial de Planeación, se le exigió mediante un pronunciamiento público al nuevo POT, que, entre otros, se proteja y amplíen los territorios donde vive, habita y produce la comunidad campesina. El POT que deberá entrar en debate en el Concejo de Medellín a mediados del segundo semestre del presente año, es quien tiene la responsabilidad de estudiar y acoger las exigencias de la comunidad y la ciudadanía del municipio o continuar de espaldas al campesinado, su abandono institucional y al desplazamiento de una población que tradicionalmente ha sido marginada y ha perdido su patrimonio por la voracidad de la especulación del suelo y de la inmobiliaria urbana, quedando en su mayoría en precarias y denigrantes condiciones de vida. Lo que históricamente ha conducido a engrosar los cinturones de miseria del municipio en asentamientos subnormales.
“No queremos ser poblaciones y territorios en vía de extinción. Donde la Alcaldía de Medellín nos tiene en total abandono”
Con la firma del pronunciamiento púbico, dirigido al Concejo Territorial de Planeación, al Concejo Municipal, al Departamento Administrativo de Planeación, al señor alcalde Aníbal Gaviria Correa y a la opinión pública se exige “La especial protección de nuestro territorio rural campesino” en el nuevo POT del municipio de Medellín.
En lo siguiente se cita de manera directa el pronunciamiento público entregado por la población campesina:
“El POT de Medellín, que se encuentra actualmente en un proceso de revisión y ajuste, es una importante herramienta para modelar y estructurar el desarrollo territorial. Siendo tres cuartas partes del territorio suelo rural, Medellín es un municipio rural. Es por esto que la comunidad campesina debe incidir en la toma de decisiones sobre el proyecto de futuro de Medellín.
Como lo expresa la Ley 388 de 1997 “el ordenamiento del territorio se debe hacer de manera concertada, por los municipios o distritos y las áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete en su jurisdicción y para regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo económico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.
La concertación que exige esta ley se debe entender como una inclusión de los intereses, manifestaciones culturales y tradiciones campesinas en las políticas públicas, en la asignación de beneficios económicos y sociales a hombres y mujeres campesinas, en el fortalecimiento de la economía y en la especial protección de las fincas y territorios campesinos. Son más de 50 mil hombres y mujeres campesinas, viviendo en 52 veredas del municipio con una vocación eminentemente agrícola, trabajando y cultivando una gran proporción del suelo rural municipal (aproximadamente el 70% del porcentaje total del territorio municipal), donde se producen alimentos y servicios ambientales para la ciudad y la humanidad. Los campesinos y las campesinas en sus territorios rural campesinos aportan a la soberanía alimentaria que se entiende como “el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura” (La Vía Campesina).
El territorio rural campesino actual es más grande de lo que quiere reconocer el propuesto Proyecto de Tomo V del POT. Según el Plan de Desarrollo rural sostenible, elaborado por la Universidad Nacional y contratado por la Alcaldía de Medellín; la extensión total de los corregimientos es de 26.273,32 ha, de estas el 40.90% son de bosque natural fragmentado (6.322,09 ha) y plantación forestal (4.427,77 ha) y el 49.80% (13.107 ha) son de producción agropecuaria. Esto muestra que casi el 50 % de los corregimientos es de dedicación agropecuaria. Según el nuevo POT, en el artículo 59 áreas para el aprovisionamiento de alimentos y en el artículo 23 áreas de protección para la producción, el área de producción agrícola se reduce a 11.455 hectáreas (43.6%), es decir, se reduce por 1652 ha el suelo para la producción de alimentos. Esto significa la pérdida de su territorio rural campesino para aproximadamente 1000 familias campesinas si tuviesen predios de 1.5 ha en promedio.
Es notoria la debilidad del POT en resolver los problemas presentes en el territorio rural del municipio. La debilidad institucional se expresa en una falta de seguimiento y evaluación y el desconocimiento de las necesidades y demandas de la población rural campesina para garantizar las condiciones para una vida digna. Si se compara las necesidades y las propuestas hechas por la comunidad en la revisión del POT en el año 2006 con las necesidades y propuestas presentadas actualmente, se puede detectar que son más o menos las mismas; muestra de que poco ha cambiado para la población rural campesina en los últimos 8 años de vigencia del POT. En las encuestas de calidad de vida que realiza la ciudad de Medellín se muestra una gran brecha entre el suelo rural y el suelo urbano del municipio, siendo el índice en los corregimientos 10 puntos porcentuales por debajo del promedio de las comunas urbanas. Otros indicadores como las condiciones de hábitat, salud, educación y soberanía alimentaria son muy críticos (DAP, 2011).
Los múltiples conflictos en el territorio, la débil inclusión y participación de la comunidad campesina en las políticas públicas y las inadecuadas políticas de desarrollo rural ponen en riesgo la permanencia del territorio, la economía y la vida campesina en el municipio. La expansión urbana incontrolada en el suelo rural, que no atiende el POT, el desconocimiento institucional y la política de conservación sin gente dejan cada vez menos suelo para la producción agropecuaria campesina.
Así vemos en aumento la expropiación de las tierras y fincas campesinas con la supuesta intención del interés general y la protección ambiental. Las tierras se han convertido en grandes extensiones reforestadas con pinos y eucaliptos para la producción de maderas y celulosa para papel que solo producen beneficios para el interés particular y privado que no aporta a la biodiversidad, ni a la comunidad campesina. Así el territorio campesino es convertido en paisaje, con proyectos turísticos que prohíben a los campesinos su actividad agropecuaria y se ven obligados de buscar su sustento en otras actividades económicas como el de vendedores ambulantes de empanadas y artesanías, perdiendo así la cultura y economía campesina.
Como lo expresa la resolución de los derechos campesinos de la ONU, los campesinos tienen derechos a la tierra y al territorio: “… a poseer tierras colectiva e individualmente, para la vivienda y para nuestros cultivos; a labrar nuestra propia tierra, obtener productos agrícolas, criar ganado… recolectar y pescar en nuestros territorios; derecho a trabajar y a disponer de las tierras no productivas de las que dependemos para nuestra subsistencia; derecho a gestionar, conservar y aprovechar los bosques y las áreas de pesca; derecho a la seguridad de la tenencia y a no ser desalojados forzosamente de las tierra y los territorios. Ninguna relocalización puede tener lugar sin el consentimiento libre, previo e informado de los campesinos afectados y el posterior acuerdo de una compensación justa y transparente, y, donde sea posible, con la opción de retornar; derecho a beneficiarnos con la reforma agraria. No se deben permitir los latifundios. La tierra debe cumplir con su función social. Se deben aplicar límites en la propiedad de la tierra cuando éstos sean necesarios con el fin de asegurar un acceso equitativo a las tierras.”
Las campesinas y los campesinos, de los 5 corregimientos, no quieren que en los próximos 12 años se pierda el territorio rural campesino. Se exige una especial protección del territorio rural campesino y su actividad agropecuaria a través de una figura jurídica de protección, según las particularidades y las necesidades de cada territorio, cómo las que están contempladas en la Constitución Política de Colombia.
Los campesinos y las campesinas de los corregimientos somos también ciudadanos y ciudadanas de Medellín por lo tanto tenemos iguales derechos que los habitantes de las zonas urbanas: agua potable, saneamiento básico rural, zonas de deporte y recreación, vías de penetración a las veredas de acuerdo a su territorio, sin que lo anterior signifique el cambio del uso del suelo y el cobro injustificado de altos impuestos.
En este sentido exigimos no solamente áreas para producción agrícola sino también una figura jurídica que le de especial protección a nuestras tierras, porque sólo así se puede garantizar la permanencia de la vida y la economía campesina en el municipio de Medellín.
Reiteramos así la exigencia de la especial protección al territorio campesino para:
1. No ser poblaciones y territorios en vía de extinción.
2. No seguir siendo desconocidos, invisibilizados ante la construcción colectiva de territorio y ciudad.
3. Defender nuestras fuentes de ingresos que dependen de la economía y producción agropecuaria.
4. Proteger nuestra cultura campesina.
5. Seguir siendo proveedores de bienes y servicios, y que se nos reconozca las cargas y beneficios ambientales.
6. Preservar la sociedad campesina.
7. Disminuir los cordones de miseria ya que muchos campesinos venden su finca, en muchas ocasiones bajo presión, y se van a vivir a las periferias de la ciudad.
8. Evitar la venta de la tierra y disminuir el cambio en la vocación y otros usos de los suelos en los territorios.
9. Conservar los bancos de semillas y seguir siendo custodios y custodias de las mismas, para promover la autonomía, la soberanía alimentaria y proteger la biodiversidad, la fauna y flora nativa.
10. Que se nos respeten nuestros derechos como población campesina.
11. Como organizaciones campesinas, poder seguir apostándole a formas de producciones agroecológicas con autonomía para producir con acceso a créditos blandos, a subsidios a producciones campesinas, seguros por pérdidas de cosechas y acceso a la comercialización directa y estar dispuestas a compartir experiencias y saberes.
12. Evitar que la gente de la zona urbana se siga ubicando en las zonas rurales y no seguir siendo territorio para la expansión urbana.
13. Visibilizar la situación de la población campesina ante los altos costos de los impuestos prediales, ya que muchos campesinos y campesinas tienen que vender su tierra para pagar deudas de predial.
14. Exigir el reconocimiento de los beneficios tributarios para los predios con producción agropecuarios.
15. Que no se siga afectando la economía campesina por la falta de garantías en los mercados.
16. Que no se expropien nuestros territorios y que el municipio de Medellín apoya la legalización y titularización gratuita de predios de familias campesinas productoras.
17. Acceso a proyectos de vivienda nueva rural campesina y a subsidios que tiene el municipio de Medellín para la reubicación, reasentamiento y dotación de aquella comunidad campesina que carece de ella.
18. No seguir siendo desconocidos y desinformados ante la formulación de proyectos que se quieran implementar en los corregimientos.
19. Que no se nos impongan a la fuerza todo tipo de megaproyectos sin habernos hecho consulta previa, libre e informada.
20. En los territorios declarados como reservas naturales y de conservación permitir la permanencia de los campesinos, con producción agrícola y territorios patrimoniales.
Somos campesinos y campesinas y nuestro territorio es un derecho fundamental para quienes lo habitamos, pues tenemos la misión de producir los alimentos para el abastecimiento de esta sociedad, de la humanidad y los encargados de la conservación de nuestras aguas, bosques y especies nativas.
Que permanezcan las tierras y territorios, la economía y la vida campesina”
Mayor información:
284 68 68, 311 770 82 18
corpenca@une.net.co
Programa de gestión social y ambiental del territorio
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establece con visión de futuro, la forma de intervenir física y espacialmente una ciudad. El POT de Medellín, que se encuentra actualmente en el proceso de revisión y ajuste, es una importante herramienta para modelar y estructurar el desarrollo territorial.
Es por esto que las comunidades y la ciudadanía en general deben incidir en la toma de decisiones sobre el proyecto de futuro de Medellín. Siendo tres cuartas partes del territorio suelo rural, Medellín es un municipio rural. No obstante en las políticas y planes se muestra un olvido del campo y su población campesina desconociendo así su vital importancia para la ciudad. Actualmente se pueden observar cambios significativos en el suelo rural y urbano que han conllevado impactos sociales y ambientales fuertes, que han evidenciado una debilidad institucional en la planeación y el control del territorio municipal.
En los corregimientos y espacios cercanos a la ciudad, se muestran múltiples conflictos territoriales en los cuales los campesinos y campesinas, por su situación de vulnerabilidad e histórica falla de reconocimiento, sufren en mayor grado. La débil inclusión y participación de la comunidad campesina en las políticas públicas y las inadecuadas políticas de desarrollo rural ponen en riesgo la permanencia del territorio, la economía y la vida campesina en el municipio. La expansión urbana incontrolada en el suelo rural, que no atiende el POT, el desconocimiento institucional y la política de conservación sin gente, dejan cada vez menos suelo para la producción agropecuaria campesina.
Ante la situación de olvido, discriminación y vulneración de los derechos, las comunidades campesinas vienen manifestando su inconformidad, exigiendo que se reconozca su derecho a intervenir activamente todas las decisiones que sobre sus territorios se tomen. El POT causa una profunda transformación en términos físicos espaciales, culturales, económicos, políticos y sociales, que afectarán de manera negativa la calidad de vida, el hábitat y el patrimonio de las familias campesinas, tal cual esta planteada esta propuesta. Por esto se debe garantizar a la ciudadanía una plena participación y las comunidades exigirla. Una participación informada en la que se tenga la posibilidad de deliberar, decidir y trasformar los territorios buscando el interés colectivo y el bienestar integral. Espacios de participación no solo para que sus propuestas sean escuchadas, sino incluidas en el desarrollo territorial.
Hoy, se deben fortalecer los planes de ordenamiento que logren el equilibrio entre lo urbano y lo rural y garanticen la permanencia de la comunidad campesina en el municipio y en todos los municipios del área metropolitana. La administración municipal debe brindar la atención necesaria a este espacio de interrelaciones con políticas y normas adecuadas para contener los conflictos y atender las necesidades por igual, respetando y garantizando los derechos a la participación, la organización y los derechos de las familias campesinas, su aporte al desarrollo y consecuentemente establecer políticas y normas que recompensen y beneficien a la población campesina y garanticen una especial protección, una figura jurídica que proteja el territorio, la economía, la cultura y la vida campesina. Urge el reconocimiento y respeto al territorio rural campesino como condición básica de una Medellín sustentable y justa.
Derechos de los Campesinos y las Campesinas
Este video fue realizado por campesinos y campesinas de los 5 corregimientos del municipio de Medellín, quienes ante la falta de gobernanza por parte de la administración municipal, ante la invisibilización a la que históricamente han sido sometidos, ante el desconocimiento como sujetos de derecho y ante la expropiación de sus territorios, hoy se pronuncian exigiendo el respeto por sus derechos como seres humanos y como población campesina.
El video retoma la Resolución emitida por la Organización de Naciones Unidas (A/HRC/21 /L23), la cual es un instrumento internacional para promover y proteger los derechos de campesinos y campesinas y otras personas trabajadoras en los sectores rurales. Esta resolución se hace fundamental en momentos donde la autonomía territorial y la soberanía alimentaria está siendo acaparada por Estados y multinacionales y donde las condiciones de vida de los campesinos cada vez son más precarias y con menos garantías para su supervivencia.
El video recoge los 13 artículos de la Resolución y hace un llamado a la ciudadanía en general para darle valor y apoyar al sector agrícola y a las comunidades campesinas, de quienes depende la alimentación de gran parte de la humanidad.
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