El pasado 5 de abril hicimos parte de la Primera Convención Nacional Feminista, un hecho histórico que propició el encuentro y el tejido político entre mujeres de diversos lugares del país, tan diversos como las mujeres que con su voz participaron y aportaron lo que será la agenda política feminista para Colombia. A continuación compartimos el Manifiesto:
Sin las mujeres la democracia está incompleta, sin el feminismo la historia colombiana difícilmente dejará de mirarse en el espejo roto de sus fracasos y ausencias. Como feministas estamos llamadas por la historia a dar el salto hacia la afirmación de nuestra valentía como colombianas con capacidad de construir un país justo, amoroso con su diversidad y gobernado democráticamente. Es nuestro tiempo, asumimos nuestro compromiso con el futuro del país.
En el 2022 el país tiene una nueva oportunidad de tejer otras relaciones de poder que conduzcan a la radicalización de la democracia, a la representación de las mayorías sociales y al aliento de un ejercicio político que no cesará hasta que todas las personas puedan caminar y habitar el país sin miedo, con plena garantía de derechos y disfrutando una economía justa, cuidadora de la vida y la diversidad.
Por eso las mujeres de Colombia afirmamos y adherimos que:
Asumimos nuestro compromiso con el país en este momento decisivo. Vamos juntas, diversas y plurales a construir la historia que vendrá, somos la potencia feminista que emerge como alternativa de poder democrático, justo y digno al servicio de las mayorías sociales que trabajan y luchan.
Una vez más, nos encontramos como comunidades y organizaciones campesinas en la VIII Asamblea Campesina del Valle de Aburrá para reafirmar y construir la ruta a seguir durante este 2019 en la exigencia de la garantía de nuestros derechos con el objetivo de una vida digna. Desde el año 2013, este espacio de participación ha generado intercambios de experiencias y saberes alrededor de la vida campesina en los corregimientos de Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá. Las organizaciones campesinas, asociaciones productivas, redes de mujeres, mesas ambientales, redes juveniles, prensa alternativa y comunitaria, entre otras, nos reunimos en la movilización de los territorios rurales campesinos.
Unimos la voz en la urgencia de reconocimiento de la Declaración de derechos campesinos, aprobada por la ONU el pasado 17 de diciembre de 2018. Este instrumento jurídico internacional fue adoptado con el apoyo de 121 países, 8 votos en contra y 54 abstenciones. Colombia se abstuvo de votar, lo que representa el desconocimiento histórico del contexto rural campesino. Se ignora el papel fundamental que campesinas y campesinos aportamos a la sociedad desde la producción de alimentos, la protección y defensa de los territorios y bienes comunes; lo que aumenta la desigualdad y se profundizan las brechas urbano-rurales, las violencias y los procesos de desarraigo y despojo de tierras.
Mientras en la Declaración, compuesta por 28 artículos, se incluyen el derecho a la tierra, al agua, a las semillas, a las formas de producción agro-ecológicas, a un medio ambiente intacto y el derecho de definir sus propios objetivos económicos y alimentarios, en Colombia y en el Valle de Aburrá, continuan las vulneraciones y denegaciones constantes de nuestros derechos. En esta ocasión rechazamos el aumento en el impuesto predial, las exigencias tributarias del Estado y la falta de políticas claras sobre el uso y la distribución de la tierra en los territorios rurales campesinos del Valle de Aburrá. En estos vídeos, las campesinas y campesinos narramos la situación.
Durante esta semana, compartiremos más vídeos relacionando esta problemática en los territorios rurales campesinos del Valle de Aburrá.
Ante estas situaciones, seguimos en la construcción del Distrito Rural Campesino para Medellín, la figura de gestión social y ordenamiento del territorio incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, que busca proteger y garantizar la permanencia de la vida campesina. En su segunda fase “formulación participativa”, se han generado espacios para que las comunidades campesinas participen con sus propuestas y que permitirán conservar y mejorar la calidad de vida de todas y todos. Entre éstas, la garantía plena de derechos que permitan permanecer en el campo, el acceso a la tierra, la titulación compartida de la tierra y la protección y conservación del territorio con gente.
Finalizamos la VIII Asamblea Campesina del Valle de Aburrá con una movilización que buscaba la exigencia de legitimidad de los procesos adelantados por las organizaciones que integran la Asamblea y la autonomía en nuestros territorios rurales, así como la reparación por el incumplimiento de nuestros derechos. La movilización que salió desde la Universidad de Antioquia, terminó con un plantón en el Parque Berrío en el que se rechazó el aumento del impuesto predial a través de una quema simbólica del documento.
Encuentre aquí el Pronunciamiento de la VIII Asamblea Campesina del Valle de Aburrá.
Durante los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2016 en la ciudad de Medellín, Colombia logramos reunirnos como acueductos comunitarios y organizaciones acompañantes para reflexionar, discutir y construir nuestros lineamientos políticos y estratégicos, intercambiar experiencias de las acciones locales por la defensa de los acueductos comunitarios, presentar denuncias ante la política nacional de privatización de la gestión pública y comunitaria del agua, y discutir nuestra ley propia, mediante la cual exigimos consagrar el derecho a la autogestión comunitaria y el derecho colectivo al agua.
En los auditorios Camilo Torres de la Universidad de Antioquia y Gerardo Molina de la Universidad Nacional nos encontramos para discutir y encontrar alternativas para la defensa y protección de la gestión comunitaria del agua.
Durante el VI Encuentro logramos consolidar y validar el proyecto de ley propia, definiendo mecanismos y estrategias de participación e incidencia política con propuestas viables y consensuadas, que permitirán concertar y exigir en todos los ámbitos el respeto a la gestión comunitaria del agua, teniendo en cuenta un eventual acuerdo con las guerrillas y sus implicaciones políticas y sociales para la construcción de la paz en nuestros territorios.
El tercer día del Encuentro, domingo, fue destinado para la realización de tres recorridos territoriales a acueductos comunitarios de Antioquia. Las delegaciones regionales se dividieron en grupos de 40-50 personas para visitar a estas organizaciones. Estos recorridos buscan el intercambio de experiencias entre los gestores comunitarios del agua, no solo para identificar propuestas y dificultades alrededor de las tecnologías implementadas sino también para dialogar sobre conflictos de los usos del suelo y fortalezas a nivel organizativo. Visitamos el Acueducto Multiveredal Rodrigo Arenas Betancur del Municipio de Fredonia, el Acueducto Juan-Cojo las cuchillas y el Acueducto La Meseta del Municipio de Girardota; y el Acueducto El Chuscalito del Municipio de La Unión.
Compartimos la Declaración de Medellín, VI Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios
Fuente: http://redacueductoscomunitarios.co/declaracionviencuentronacional/
Mujeres y hombres procedentes de veredas, corregimientos, municipios y barrios, del llano y la montaña, de la costa y la sabana, de los páramos y el altiplano, de las selvas y de las ciudades de Colombia, deliberamos con optimismo durante los días 23, 24 y 25 de septiembre acerca de la construcción de nuestra ley propia, y con esperanza seguimos acordando estrategias para el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua.
Mas de trescientos representantes de las comunidades organizadas de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Meta, Guaviare, Casanare, Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Guajira, Magdalena, Antioquia y Bogotá, nos reunimos nuevamente en asamblea con el objetivo fundamental de deliberar y acordar las acciones políticas para defender nuestro derecho a la gestión colectiva del agua y para confluir en un mismo caudal.
En un país donde se profundiza una política que impone la extracción ilimitada de los bienes comunes que sustentan nuestra vida en los territorios, se aplican y crean leyes que nos desconocen como comunidades organizadas, y se entregan servicios esenciales para la población al mercado; levantamos nuestras voces y propuestas, conocedoras de que la única manera de proteger nuestros territorios y el agua, es a través de la cooperación, la construcción de alternativas, la ayuda mutua, la resistencia y la movilización permanente y colectiva.
Vivimos un momento histórico en Colombia. El ruido del conflicto armado amaina con los acuerdos de paz logrados entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Consideramos que esta situación puede brindar un escenario favorable, para movilizarnos en un aguacero democrático por la defensa del agua y su gestión comunitaria.
Nuestra propuesta es una ley para acueductos comunitarios, una ley propia construida durante años de trabajo, acordada en el III Encuentro Nacional en la ciudad de Cartagena. Este tiempo nos ha permitido dialogar, tejer confianzas, crear y nutrir una propuesta que recoge nuestras diversidades.
Durante estos días consolidamos la ley propia, con el compromiso de emprender una gran campaña nacional e internacional en defensa de la gestión comunitaria del agua basada en la promoción y la recuperación de la democracia participativa. Nos comprometemos a lo que esta campaña exige: todo un proceso de formación, comunicación, movilización política y el trabajo permanente en nuestras comunidades. A partir del acumulado que tenemos de cinco encuentros nacionales y dos audiencias públicas en el Congreso de la República, abriremos un gran debate nacional y emprenderemos la acción y movilización amplia y pública.
Contaremos con el apoyo de países y movimientos por la justicia hídrica que también buscan la transformación de un modelo social y económico inequitativo, bajo los principios de la sustentabilidad y la equidad, como la RED VIDA y la Plataforma de Acuerdos Público-Comunitarios de las Américas. Consolidaremos alianzas nacionales con movimientos, organizaciones y diversos sectores sobre la base del respeto a la autonomía y la iniciativa comunitarias.
Nos comprometemos a continuar promoviendo en nuestros territorios estrategias y acciones de fortalecimiento para cada acueducto comunitario, con el impulso de acuerdos municipales, ordenanzas departamentales, alianzas entre comunidades organizadas y organizaciones de apoyo, entre otras.
Hemos elegido un escenario de acción para nuestra defensa que podemos significar como un campo de derechos. Vamos a exigir nuestros derechos fundamentales y derechos colectivos, así como los derechos del agua y la naturaleza, donde compartimos y nos relacionamos todos los seres vivos.
Para finalizar, los participantes de este encuentro nos solidarizamos con la valiente y heróica lucha de nuestra compañera Máxima Acuña de Perú, y le enviamos un fraternal saludo para que continúe su resistencia contra el capital trasnacional.
RED NACIONAL DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA
25 de septiembre de 2016
5 de Junio de 2016 Día Nacional del Campesino y la Campesina y Día Mundial del Medioambiente, tiempo de la Gran Minga Nacional y con la emoción de haber sido partícipes de la 8ª Marcha Carnaval por el Agua.
ESTA ES NUESTRA PAZ
“Tengo un país atravesado en la garganta
Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad”
Martha Gómez
Venimos de la Asamblea de Movimientos Sociales por la Justicia Climática del 2015 en Bogotá y nos hicimos presentes en Ibagué el 3 de junio de 2016, comprometidos con la histórica Octava Marcha Carnaval por el Agua y en contra de la Minería, liderada por el Comité Ambiental. A Ibagué hemos traído nuestros cantos, nuestras consignas y nuestras luchas, para tejer con la diversidad del ambientalismo y del movimiento social esa gran fuerza, que con cada lucha apasionadamente edifica otros mundos posibles.
Reconocemos que la lucha contra de la minería, por la defensa del agua y la vida, que hoy protagoniza Ibagué y el Tolima contra la trasnacional minera Anglo Gold Ashanti manifiesta el rechazo de los colombianos ante las políticas extractivistas y la entrega de nuestra soberanía. Esta movilización se inserta en los propósitos de la Gran Minga Nacional a la que respaldamos incondicionalmente.
Este 4 de junio de 2016, en la Universidad del Tolima, y el 5 de junio en el Sindicato de Maestros del Tolima, SIMATOL, llegamos expresiones organizativas de muchos rincones de Colombia: de Antioquia, Caldas, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá y Tolima. Acá estamos los defensores de los páramos, los custodios de las semillas, los protectores de las selvas, los que luchamos contra la minería depredadora y los megaproyectos petroleros y de fracking, hidroeléctricos, forestales y agroindustriales que homogeneizan los paisajes y empobrecen nuestras sociedades; somos también los que construimos con nuestras comunidades otras economías solidarias ajenas al lucro, subvirtiendo el individualismo que instala el capital y el consumismo. Se han unido también otros que no pudieron estar, pero que están listos para acometer las tareas desde la Costa Atlántica y Pacífica, el Nororiente, la Orinoquia y la Amazonia. Caminamos la palabra, valoramos nuestras experiencias colectivas, reflexionamos sobre nuestros retos de articulación y los peligros de afrontar las luchas solitariamente.
El encuentro nos permitió constatar los daños profundos del sistema capitalista, extractivista y voraz que, apoyado por el armamentismo y aún maquillado “verde”, generaliza la hambruna, degrada los suelos, sedimenta los ríos y destruye los territorios hídricos, contamina el aire, enloquece el clima con su adicción al petróleo y la ganadería extensiva, erosiona la riqueza genética de la biodiversidad, y empobrece poblaciones y culturas. Ese capitalismo está destruyendo las reservas ambientales y los territorios campesinos de los bordes urbanos para aglomerar en condiciones indignas e inicuas a grandes cantidades de hermanos y hermanas. Nuestro examen de las condiciones de la ciudad nos indican la necesidad de fortalecer la agenda ambiental urbana de los movimientos sociales en defensa de los bienes comunes, que también se representan en empresas estatales, municipales y departamentales de servicios públicos.
Vemos a la institucionalidad ambiental, como a todo el Estado, impregnada de corrupción y negligencia criminal, entregando al capital y a las élites económicas decisiones sobre el patrimonio ambiental, convirtiendo a la naturaleza en mercancía y a las gentes en objetos inermes y en clientelas electorales.
Hemos decidido ser Agenda Ambiental en Movimiento: un proceso mancomunado y solidario para cocrear y para actuar colectivamente por una sociedad en paz, justa y sustentable y de cara a procesos de articulación global – local. Nos sumamos al momento de esperanza y certeza que significan los acuerdos de paz con las insurgencias, y los entendemos como escenarios propicios para impulsar una agenda ambiental que reconozca la autonomía y diversidad territorial de los pueblos en defensa de la vida.
Hemos consensuado una agenda así:
1. Impulsar consultas populares en varios municipios de Colombia contra la minería contaminante y la explotación petrolera y el fracking con el acompañamiento del Comité ambiental del Tolima.
2. Acogemos la iniciativa de impulsar una moratoria nacional minera articulada a estas consultas populares.
3. Realizar el 5 de junio de 2017 una jornada nacional contra el extractivismo antecedida de ferias, marchas y carnavales en nuestros territorios veredales, corregimentales, barriales, municipales y regionales.
4. Respaldar a la red nacional de acueductos comunitarios de Colombia en su iniciativa de construir desde abajo su ley propia para la Gestión Comunitaria del Agua.
5. Trabajar con y desde las comunidades locales por la recuperación y conservación de los territorios hídricos para garantizar la soberanía y la justicia hídrica en nuestro país.
6. Incidir en las agendas de país en todos los ámbitos, alternativas de sustentabilidad y paz que históricamente y en el presente ya construyen comunidades y organizaciones como aportes a una sociedad, sustentable, justa, democrática y en paz. Es nuestra manera comprometida y crítica de participar y entender los escenario de los postacuerdos.
La Agenda Ambiental en Movimiento es el compromiso ambientalista desde el movimiento social con la vida, un compromiso para volver la mirada hacia las batallas que vendrán y alegrarnos porque estaremos acompañados y porque sabemos que con la poesía, la semilla y el canto, en un gran abrazo nacional y solidario estaremos en las grandes movilizaciones que se avecinan, de pie y felices clamando justicia, deponiendo los individualismos porque así lo hemos aprendido de nuestras gentes; así nos lo enseñan los ríos que también son nubes, y entre el día y la noche son las aguas que corren, las olas que agitan y las venas de la madre tierra. Estamos acá unidos y unidas en ser para los otros, para ser comunalidad, para hacer en convivencialidad, para construir los mundos sustentables que le legaremos a nuestros renacientes.
Firmas:
● Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Tolima
● Red de Comités Ambientales del Tolima.
● Comité Páramo Cruz Verde.
● Colectivo Ambiental William Barrios Villavicencio/Meta.
● Movimiento en cuidado y defensa del Territorio Kumanday.
● Grupo de Estudios Jurídicos y Sociojurídicos de la Universidad de Caldas.
● Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero Villavicencio/Meta.
● Río Blanco Aula Ambiental, Guayabetal Cundinamarca.
● Asociación Ambiente y Sociedad Colombia.
● Coordinación Nacional de Pueblos, Organizaciones, Lideresas y Líderes Indígenas CONPI Colombia.
● Autoridades Indígenas Tradicionales de Colombia. Gobierno Mayor. (15 Comunidades Indígenas del Putumayo)
● Corporación Aguachica Modelos de Paz.
● Asoverde Energías Limpias.
● Casa de Colores La Calera.
● Fundación Alma.
● No a los Proyectos UPNE.
● Fuerza Común.
● Fundación Trenza.
● Plataforma Social Engativa.
● Mesa Ambiental de Engativá.
● Mesa de Cerros.
● Mesa Ambiental de Occidente (Bogotá)
● Veeduría de La Calera a la Perimetral de OrientePOB
● Veedurías medio ambientales de la CaleraCundinamarca.
● Veeduría de Ubaque.
● Comité Dinamizador del Tolima.
● Colectivo SocioAmbiental Anibal Patiño.
● Red Universitaria por la PazRed Unipaz Nodo Centro.
● ECOFONDO Nacional.
● Asamblea regional centro oriental de Ecofondo. ARECO.
● Corporación Penca de Sábila.
● ENDA Colombia.
● Corporación SOS Ambiental.
● Campaña al Aire Libre en el Valle de Aburrá Antioquia.
● Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, ADACA.
● Mesa de Educación, Instituto de Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.
● Comité Departamental en defensa del Agua y la Vida de Antioquia.
● Colectivo Agrario Abya Yala
● Comité Apoyo técnico ASTRACAVA
● Comité Municipal en Defensa del Agua y la Vida Palmira Valle
● Ecoaldea Atlántida
● Red Intercultural Territorios de Vida del Centro Cauca
● Corporación ECORECUPERAR
● Red Nacional del Agua.
● Mesa Ecuménica por la Paz
● Coalición de movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia Comosoc
● Asamblea Mandato Popular del Centro de Bogotá
● Mesa de Consejos Locales del Consejo Consultivo de Ambiente de Bogotá
● Consejo de Planeación Local de Santa Fe, Localidad 3. de Bogotá
● Asociación de Juntas Comunales de la Localidad de Santa Fé. Bogotá.
● Mesa Ambiental de Cerros Orientales de Bogotá
● Colectivo de Investigación en Problemas SocioAmbientales.
● Grupo Ecológico Inem Grei. Villavicencio.
● Red de Mujeres Ambientalistas del Meta.
● Caminata Sagrada.
● Humitos Sagrados de Colombia
● Freskiemos el ambiente (freskiemoselambiente@gmail.com)
La Asamblea Campesina del Valle de Aburrá reivindica los derechos de campesinas y campesinos, a la soberanía alimentaria y a la generación de figuras jurídicas y de ordenamiento territorial que brinden especial protección al Territorio Rural Campesino
El pasado 21 de noviembre del año en curso en la Universidad San Buenaventura, cerca de doscientas personas se congregaron en la IV Asamblea Campesina del Valle de Aburrá, con el fin de dialogar y concretar acciones de incidencia y movilización por la defensa del territorio, la economía y la vida campesina.
En las voces de 200 hombres y mujeres que participaron en esta IV Asamblea se exigieron condiciones dignas para las más de 300.000 personas campesinas que habitan el Territorio Rural Campesino del Valle de Aburrá.
Con una jornada cercana a las ocho horas en medio del diálogo, la Cuarta Asamblea Campesina del Valle de Aburrá se enfocó en la socialización de las problemáticas y en concretar acciones que visibilicen la presencia del territorio y la comunidad campesina, que se exija la garantía de derechos a mujeres y hombres, y se promuevan alternativas de producción agropecuaria con enfoque agroecológico y comercio justo. El encuentro que se ha realizado de manera ininterrumpida en los últimos 4 años congregó cerca de doscientas campesinas, campesinos y personas con interés en apoyar sus luchas en los cinco corregimientos de Medellín y otros municipios como Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Sabaneta, Caldas, Itagüí, Ebéjico y Marinilla.
El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 km2, su ruralidad corresponde al 70.4% (812 km2) y el área urbana al 29.6% (340 km2). Toda la región representa menos del 2% de la extensión del territorio antioqueño y en ella viven más de 3 millones de personas, cerca del 58% de toda la población del departamento de Antioquia. Esta población día a día se alimentan de productos que vienen de las manos campesinas que habitan la ruralidad del Valle de Aburrá, alimentos “cero kilómetros” ecológicamente hablando por la cercanía a las zonas urbanas.
Para la comunidad campesina los mayores conflictos se siguen centrando en la falta de títulos compartidos de las propiedades (compartidos para él y ella), lo que les impide acceder a créditos. Los altos costos en el transporte; desatención y privatización de los acueductos comunitarios; así mismo en los incrementos desmesurados en el impuesto predial unificado, en muchas ocasiones conllevan a lotear y vender áreas de la finca para poder pagar. La falta de canales de comercialización directa y a precios justos de los productos golpea fuertemente la economía de la familia campesina, sus ingresos no son suficientes para llevar una vida digna. A estas condiciones se suma la falta de condiciones para una salud adecuada y oportuna, de educación contextualizada, de acceso a la educación media y universitaria y a vivienda campesina.
Según lo manifestaron mujeres y hombres que participaron de la IV Asamblea Campesina, la presión inmobiliaria y especulación en el uso del suelo, la violencia generalizada y en específico la violencia que se ejerce contra las mujeres y por supuesto, la falta de políticas públicas contextualizadas para el desarrollo rural campesino integral, desplazan a la comunidad campesina de sus espacios vitales. La falta de oportunidades laborales, para la formación técnica y universitaria y el crecimiento cultural y personal de la juventud conducen al abandono del campo, de las tradiciones y ponen en crisis el cambio generacional.
Las diferentes mesas de trabajo (5 mesas de los corregimientos de Medellín y la mesa de los municipios del Valle de Aburrá), coincidieron en resaltar la falta de garantías en materia de seguridad social para la población campesina, ya que muchas personas no disponen de una pensión para la vejez, “¿cuándo se pensiona una mujer campesina?”, preguntan.
La Asamblea celebró que, como respuesta a la movilización de la comunidad campesina de los cinco corregimientos de Medellín durante el 2014, el Concejo Municipal integrara al Plan de Ordenamiento Territorial -POT_ (Acuerdo 48 de 2014) la figura de Distrito Rural Campesino:
“Como parte de los mecanismos que permiten proteger, conservar y mejorar las zonas de producción agropecuaria, se estableció en el capítulo II subsistema de planificación complementaria (Artículo 454), la figura del Distrito Rural Campesino (Artículos 481 a 485) como el instrumento mediante el cual, se encaminan acciones físico espaciales, económicas, culturales y sociales, que permiten articular y orientar programas y proyectos, en pro del mejoramiento, permanencia, promoción, planificación y gestión del territorio rural campesino. El cual requiere ser planificado, reglamentado y puesta en ejecución con la participación activa de las comunidades campesinas y sus organizaciones sociales y productivas”. Juan Manuel Patiño, Subdirección de Ordenamiento territorial y estratégica de ciudad. Febrero 10 de 2015.
Quedan grandes retos para los próximos años, y en especial el 2016, ya que se debe incidir y exigir que las nuevas administraciones municipales incluyan programas y presupuestos para sus comunidades campesinas a través de los Planes de Desarrollo. Asimismo, que en Medellín se reglamenten los Distritos Rurales Campesinos acompañado de instrumentos que lo financien a través macroproyectos; las plusvalías de los megaproyectos como Parques del Río o las mismas obligaciones urbanísticas; que se replanteen las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial Rural del Valle de Aburrá; y que para los demás municipios del Valle de Aburrá en los planes o esquemas de ordenamiento territorial se instalen figuras de especial protección al Territorio Rural Campesino.
Dentro de las grandes acciones en esta versión de la IV Asamblea Campesina del Valle de Aburrá, se acordó:
La comunidad campesina de Medellín y el Valle de Aburrá, la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila y algunas ONG a través de la 4ta Asamblea Campesina del Valle de Aburrá reivindicamos los derechos de campesinas y campesinos, a la soberanía alimentaria y a la generación de figuras jurídicas y de ordenamiento territorial que brinden especial protección al Territorio Rural Campesino.
¡Los Distritos Rurales Campesinos, espacios de derechos y soberanía alimentaria!
Comunicado #1. Medellín, 21 de noviembre de 2015
Mayor información: 284 68 68 – corpenca@une.net.co
En el Auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional nos reunimos diversas organizaciones campesinas, de mujeres, juveniles, ambientalistas y acueductos comunitarios del departamento en la IX Asamblea Departamental en Defensa del Agua y Vida de Antioquia.
Esta Asamblea se realiza en el momento en que los Estados se reúnen en la Cumbre Climática en París y se reprime la expresión de la sociedad civil que protesta contra las falsas soluciones a la crisis ambiental y climática como la conservación sin gente, la hidroelectricidad, las energías alternativas que quieren pasar como limpias y son monopolizadas e implican el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de autonomía comunitaria como la energía solar y eólica, los agrocombustibles y los bancos de oxígeno.
Reconocemos una crisis civilizatoria que sienta sus bases en el desarrollo que promueven los Estados y las industrias, la apropiación y extracción de bienes comunes a gran escala, la explotación humana y la discriminación y exclusión de las mujeres. Además se funda en la guerra y las múltiples violencias, en el destierro y en el despojo que garantizan la acumulación y el llamado desarrollo.
La crisis climática ha sido generada por el modelo hegemónico que sustenta el poder económico, político y social y no es una responsabilidad de toda la humanidad, al contrario, las comunidades campesinas, indígenas y negras han sido garantes de la conservación y uso común de la naturaleza.
Asumimos como respuesta y alternativa la lucha por la justicia ambiental y climática, entendida como la reivindicación de la defensa de los bienes comunes, los territorios y la vida contra el acaparamiento de las aguas, las tierras, los bosques y la biodiversidad.
En nuestra asamblea deliberamos e identificamos las políticas estatales y los marcos de carácter económico, social, ambiental que las soportan, y ordenan la privatización de los bienes comunes, entregándolos al capital financiero nacional y multinacional, excluyendo a las comunidades de su gestión, uso y disfrute, afectando el equilibrio ecosistémico, denegando derechos fundamentales como el acceso y suministro de agua, la autogestión comunitaria, la autonomía territorial, el derecho a la tierra y al territorio, los derechos de las mujeres y el medio ambiente sano entre otros.
De esta manera, visibilizamos y denunciamos:
• Las visiones parciales y limitadas de la institucionalidad alrededor del fenómeno del niño y su impacto en nuestro territorio y el sistema tarifario energético.
• La política nacional de privatización del servicio público del agua y el despojo de los acueductos comunitarios con sus avances en Antioquia.
• Los conflictos históricos asociados al agua que han padecido las poblaciones del oriente antioqueño.
• La imposición de una política estatal minero energética que afecta el ciclo hidrológico, como se evidencia en todo en el departamento, en especial en el norte del Valle de Aburrá y en el suroeste antioqueño.
• La constante violación del derecho al acceso y suministro de agua en la ciudad de Medellín evidenciada en las miles de familias desconectadas del servicio y las otras tantas sin la infraestructura necesaria.
• Las entidades territoriales locales no ejercen su autonomía política, someten sus decisiones sobre los usos del suelo, del agua y los bosques al desarrollo propuesto por agentes externos, vulnerando entre otros, el derecho a la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
• El seguimiento y desaparición de activistas ambientales, hechos que permanecen en la impunidad, y la utilización de la fuerza pública para proteger y defender las multinacionales y los megaproyectos con batallones de alta montaña que reprimen a las comunidades.
• La necesidad de revisar la política del mínimo vital gratuito en Medellín, pues la actual es una caricatura de lo propuesto en el referendo por el agua como mecanismo para garantizar el derecho humano al agua.
En nuestra Asamblea, decidimos y proponemos:
• Articularnos a nivel nacional a los procesos que reivindican la justicia social, climática y ambiental.
• Respaldar y acompañar a las comunidades organizadas frente a las amenazas y problemáticas que en los territorios se presentan en torno a la minería, microcentrales, represas y agroindustrias con articulaciones, participación en acciones de resistencia y movilizaciones que propendan por la defensa del territorio y el agua como bien común.
• Construir nuestra propia agenda en la coyuntura que se genera con los acuerdos de paz. Todos somos actores de paz y ella se concreta en la defensa y protección de los territorios y sus fuentes de agua. Sin agua no hay democracia, justicia y paz.
• Asumir como propia y respaldar la Agenda de las Mujeres por el derecho al agua del movimiento de mujeres de Medellín.
• Promover alternativas ambientales y comunitarias como recolección de aguas lluvias, prácticas de manejo de aguas residuales, el uso de la bicicleta, reducción del uso de plásticos y otras formas de generación de energía.
• Promover espacios de formación y asambleas veredales, barriales, regionales y la asamblea departamental de los movimientos ambientales y sociales en defensa de los territorios, el agua y la vida.
• Defender la gestión comunitaria del agua, respaldando todas sus acciones políticas, jurídicas y de movilización, convocadas por ADACA y la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia y su lucha por una ley propia.
• Participar en el 2016 en la Jornada Nacional en defensa de la gestión comunitaria del agua, acordada en el V Encuentro Nacional de acueductos comunitarios, realizado en Villavicencio.
Medellín, 4 de diciembre de 2015.
Este documento emitido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recoge las consideraciones hechas por el Comité Asesor en un informe titulado “Estudio Final del Comité Asesor de la Comisión de Derechos Humanos sobre el avance de los derechos de los campesinos y campesinas”.
Las circunstancias actuales en el país dotan de especial vigencia este texto que pretende velar por el bienestar integral de las personas trabajadoras en las zonas rurales, que en todo el mundo alcanzan la cifra de 1.200 millones de campesinos y campesinas.
Carrera 50 #59-27
Medellín, Colombia
contacto@corpenca.org