Comunicado de Prensa 001
Medellín, 5 de febrero de 2020
El “campo” es un bien protegido por la Constitución Nacional y un asunto de Medellín
El pasado 16 de diciembre de 2019, el ex alcalde Federico Gutiérrez firmó la Resolución 201950118486 por la cual se adoptó el instrumento de planificación complementaria de segundo nivel, Distrito Rural Campesino para el Municipio de Medellín (DRC). Según el numeral 4 del artículo 485 del Plan de Ordenamiento Territorio (acuerdo 048 de 2014): “los Distritos rurales campesinos se adoptarán por resolución y tendrán fuerza vinculante para la inversión pública, el programa de planeación y gestión participativa, así como de soporte para la revisión y ajuste de mediano plazo del POT y la realización de proyectos e infraestructuras públicas”.
Con este instrumento de Planeación y gestión del territorio, mujeres y hombres campesinos tienen la oportunidad de permanecer en sus territorios en condiciones dignas y brindando soberanía alimentaria,
economía y vida para Medellín, así como lo contempla nuestra Constitución Política de 1991 en los artículos 58, 64, 65 y 66 en los que asigna a la propiedad una función social y ecológica, consagra como DEBER del ESTADO la protección y promoción del Desarrollo Rural, ordena mejorar la calidad de vida de la POBLACIÓN CAMPESINA, proteger la producción de alimentos y facilitar el acceso a la tierra (…).
Así mismo, asignó a los Municipios, como entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado, la función de prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ORDENAR EL DESARROLLO DE SU TERRITORIO, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, entre otras funciones dictadas por la ley. Por esta razón, más de 600 mujeres y hombres de 43 veredas de los 5 corregimientos fueron convocadas en el proceso participativo para la segunda fase de formulación del Distrito Rural Campesino (DRC), quienes dejaron más de 200 propuestas que quedaron consignadas y en espera a ser implementadas por el Plan de Desarrollo de la actual administración.
Es importante que los habitantes de Medellín conozcan la resolución que acoge el DRC y sepan que en el artículo 485 del acuerdo 48 de 2014 que “ (…) este instrumento de planificación de segundo orden debe garantizar un abordaje conjunto e integrado del territorio, identificando aquellas zonas que por sus características, diferencias y su modelo, desarrollen, precisen y den énfasis con programas y proyectos, con miras a consolidar el modelo de desarrollo rural del POT”, para su realización se definieron 5 fases: Diagnóstico, formulación, socialización, reglamentación y una última, de implementación y seguimiento. Las comunidades esperan la tercera fase de socialización para conocer los contenidos, la zonificación final y los proyectos que fueron adoptados finalmente en el proceso de participación.
Más información: 314 656 51 95
Pronunciamiento Público
Durante el segundo semestre de 2017, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín inició mediante contrato con Planeación Municipal, la primera fase de la implementación del Distrito Rural Campesino denominada diagnóstico participativo, delegando su ejecución en la Escuela Urbano Regional de la Facultad de Arquitectura, con el fin de poner en marcha lo ordenado en el POT de Medellín mediante el Acuerdo 048 de 2014.
Hemos celebrado que después de tres años de la aprobación del POT, se comenzara a desarrollar esta figura de ordenamiento y gestión del territorio rural campesino, pues la consideramos una oportunidad para la garantía plena de los derechos de hombres y mujeres campesinas de la ciudad, quienes hasta ahora no han vislumbrado en toda su historia de vida en el campo, la presencia de un gobierno municipal comprometido con el desarrollo de la economía y la vida campesina.
Como se ha hecho evidente, los diferentes conflictos sobre usos del suelo que existen en el territorio rural campesino de Medellín vulneran los derechos campesinos, y estamos convencidos que mediante la implementación del Distrito se puede dar solución a muchos de ellos, generando salidas tanto para la conservación ambiental y ecosistémica como para la permanencia en los territorios de las poblaciones campesinas con su especial modo de vida.
Queremos expresarnos sobre el proceso de participación en la fase de diagnóstico que adelanta la Escuela Urbano Regional con el fin de generar la discusión sobre la vinculación de la comunidad campesina, sus propuestas y necesidades en la implementación del Distrito Rural Campesino; además, frente al desconocimiento de la obligación constitucional para generar espacios amplios de participación en el desarrollo de todas las acciones que ejecuten las autoridades públicas, y más cuando se trata de transformaciones territoriales que afectan los derechos fundamentales.
Por lo tanto, expresamos nuestra insatisfacción con el proceso de participación que viene realizando la Escuela Urbano Regional, pues lo consideramos de muy baja cobertura, mal informado y sin el suficiente proceso para recoger información de la comunidad y devolver los resultados de la consulta. Hasta ahora se ha realizado únicamente un taller corregimental con escasa presencia de la comunidad. El corto tiempo de ejecución impidió que se generara un proceso participativo amplio e incluyente, con encuentros veredales por corregimiento y que permitiera hacer un necesario ejercicio de actualización, retroalimentación y validación de la información con la comunidad.
Manifestamos que la exigencia a todas las autoridades públicas de promover en sus acciones mecanismos y procesos de participación y organización están consignadas en diferentes normas constitucionales, legislativas y municipales, tales como el artículo 1, 2 y 3 y el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia donde se reconoce que las actuaciones del Estado se encaminan reconociendo la soberanía del pueblo y la necesaria participación en el destino y planeación del territorio. A su vez, la Corte Constitucional en Sentencia C-150-15 entiende que la participación es un derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento constitucional actual y expresa que esto implica para el Estado “el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados.”
De la misma manera, el POT de Medellín en su artículo 5 contiene dentro de los principios rectores del Plan, la participación ciudadana y democrática, donde se priorice en todo momento el diálogo y la concertación. Añadido a esto, en el mismo POT en su artículo 483 sobre los objetivos del Distrito Rural Campesino, expresa en el numeral 3:
Impulsar la conformación y consolidación de organizaciones campesinas que integre al gobierno municipal y los corregimientos con las comunidades y sus organizaciones, para construir de manera conjunta y participativa políticas públicas que impulsen el progreso y el bienestar de los pobladores rurales del municipio, así como el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental del campo.
En dicho sentido, observamos que en todas las fases del Distrito, el gobierno municipal o quien las ejecute, debe no solamente proteger el principio y el derecho a la participación sino también promoverla como un deber constitucional y como una forma de potenciar la organización campesina en la ciudad para un mejor desarrollo de estos espacios de derechos campesinos.
Invitamos a todas las organizaciones sociales y comunitarias de los corregimientos para que se manifiesten y acompañen todo este proceso de transformación del campo en nuestra ciudad, exigiendo suficiente tiempo y recursos que garanticen la calidad y cobertura del proceso de participación para la implementación de las 6 fases del Distrito Rural Campesino de Medellín.
Medellín, 20 de noviembre de 2017.
CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y CULTURAL PENCA DE SÁBILA
Pronunciamiento para exigir nuestros derechos y la especial protección del territorio rural campesino ante el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan Agropecuario Municipal de Medellín
Los/as campesinas de Medellín somos más de 80 mil hombres y mujeres, viviendo en 52 veredas del municipio. Mantenemos una vocación eminentemente agrícola, trabajando y cultivando una gran proporción del suelo rural municipal que equivale a más de 27.010 hectáreas de suelo rural, correspondiente al 71,8% del porcentaje total del territorio municipal, donde producimos alimentos y servicios ambientales para la ciudad y la humanidad.
No obstante vemos como de manera creciente se vulneran nuestros derechos como comunidad campesina en la falta de títulos que aseguren la propiedad sobre las tierras por parte de los/as pequeñas campesinas. Por otro lado los incrementos desmesurados en el impuesto predial unificado, la expansión urbana y la expansión de las zonas de protección ambiental para la siembra principalmente de pinos y eucaliptos, sumado a la falta de garantías en el apoyo con insumos, asesoría técnica, canales de comercialización directa y justa, el aseguramiento de las cosechas y la falta de infraestructura en sistemas de riego entre otros; son factores que fomentan el desplazamiento y empobrecimiento de la población campesina de los/as campesinas de Medellín.
Hoy alzamos nuestras voces en el marco del día internacional de las luchas campesinas conmemorado el 17 de abril en memoria y homenaje a las campesinas y los campesinos que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria, en la defensa y cuidado de la naturaleza, de las semilla, del agua y de sus derechos.
Los/las campesinas queremos hacer visible el reconocernos como sujetos de derechos en el acceso a la tierra, a la vida digna, a la salud, a la educación, a la vivienda, al crédito, a la participación, a planificar autónomamente nuestro territorio, al trabajo digno con seguridad social, a medios directos de comercialización y al poder organizarnos con otros/as que comparten nuestras mismas necesidades y objetivos.
En el marco de la reglamentación del Distrito Rural Campesino aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial en diciembre del año 2014, la definición del Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2016 – 2019 y el Plan Agropecuario Municipal de Medellín, queremos reiterar la exigencia e inclusión de nuestras propuestas en estos planes a manera de programas y proyectos con presupuestos definidos, amparados en los artículos 64 y 65 de la constitución nacional de Colombia y en la resolución (A/HRC/21/L23) aprobada por 23 estados miembros de la ONU en septiembre 27 de 2012 donde se reconocen los derechos de los campesinos y campesinas y otras personas trabajadoras en las zonas rurales.
Nuestras propuestas y exigencias son:
Medellín, 17 de abril de 2016.
asociacionacab@yahoo.es
Entrada libre.
¿Para qué un Distrito Rural Campesino en Medellín?
La población campesina y la comunidad de los corregimientos del municipio de Medellín exigieron la especial protección de los territorios, la economía y la vida campesina durante el proceso participativo que convocó la administración municipal en los años 2013 y 2014 con el fin de formular el Plan de Ordenamiento Territorial – POT – para el municipio de Medellín. Durante todo el proceso la comunidad campesina evidenció que en Medellín viven alrededor de 50.000 campesinos y campesinas (12.500 familias aproximadamente) en aproximadamente 16.000 predios y en un área promedio de 1,51 Ha por unidad productiva familiar y producen 29.000 toneladas por año de alimentos que se consumen en la Ciudad.
En el ordenamiento territorial de Colombia la ruralidad empieza a concretarse como espacio al servicio de las bio – diversidades culturales y naturales, de la conservación, la productividad y en otros casos del mercado y la especulación inmobiliaria. Para esto se han definido figuras de Orden técnico y jurídico como la Estructura Ecológica Principal, las Unidades de Planificación Rural, los suelos de expansión urbana o suburbana y las Unidades de Producción Agroindustrial, entre otras. Pero como ha sido tradicional en esta Colombia excluyente, ninguna de estas figuras jurídicas o estructuras de planeación hace referencia específica al “campo”: el espacio natural donde habitan campesinos y campesinas, quizás, entre otras razones, porque el interés en la privatización, la productividad y lo agrario se establecieron sobre el abandono del campesinado.
Como respuesta a la movilización de la comunidad campesina de los cinco corregimientos la administración y el Concejo Municipal de Medellín integraron al POT la figura de Distrito Rural Campesino:
“Como parte de los mecanismos que permiten proteger, conservar y mejorar las zonas de producción agropecuaria, se estableció en el capítulo II subsistema de planificación complementaria (Artículo 454), la figura del Distrito Rural Campesino (Artículos 481 a 485) como el instrumento mediante el cual, se encaminan acciones físico espaciales, económicas, culturales y sociales, que permiten articular y orientar programas y proyectos, en pro del mejoramiento, permanencia, promoción, planificación y gestión del territorio rural campesino. El cual requiere ser planificado, reglamentado y puesta en ejecución con la participación activa de las comunidades campesinas y sus organizaciones sociales y productivas”. (Juan Manuel Patiño, Subdirección de Ordenamiento territorial y estratégica de ciudad. Febrero 10 de 2015).
Esta nueva dimensión de lo Rural Campesino que hemos propuesto hace referencia a un espacio más allá de la ciudad en el que hombres y mujeres campesinas tejen, entre finca y finca, un hábitat donde se produce identidad, sociedad, conocimiento y soberanía alimentaria.
Pero esto es solo una intención, falta que en la reglamentación e implementación del POT se definan los instrumentos que lo concretarán. Por esta razón los y las invitamos a conversar sobre algunos interrogantes que inquietan a la hora de definir los alcances de esta propuesta de Distrito Rural Campesino:
¿Es posible qué estas figuras aporten a la solución de uno de los factores determinantes de la violencia en Colombia como es el abandono histórico del campo y el campesinado? Es posible que en Medellín y el Valle de Aburrá se pueda mediante esta figura proteger especialmente al territorio, la economía y la vida campesina, para lo cual se necesita, entre otros:
• Formalizar la propiedad individual o colectivamente.
• Conservar la vocación campesina y agropecuaria por encima de la especulación inmobiliaria.
• Rentabilizar el hábitat y la finca campesina sin expropiar el patrimonio y con fines para la economía campesina.
• Vincular la tradición y el conocimiento campesino a la conservación de la biodiversidad.
Documento entregado a la Alcaldía de Medellín en el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-. Octubre de 2014.
Las UPRCampesinas para el Municipio de Medellín
La propuesta es la creación de Unidades de Planeación Rural Campesinas (UPRCampesinas) para los 5 corregimientos del municipio de Medellín, que desarrollen el Área de Producción Agrícola, APA (Item 2 del Artículo 4° del Decreto 3600 de 2007), donde se reúnen las zonas que expresan para Medellín y la región realidades geográficas, regionales, humanas, de hábitats y económicas, construidas social e históricamente por la comunidad campesina a partir de su relación singular con la tierra y la implementación de sus actividades agroalimentarias.
Son unidades de planeación para dar especial protección a su patrimonio, los derechos y la actividad económica según lo disponen los artículos 60, 64 y 66 de la Constitución Nacional, y se constituyen en unidades especiales para señalar con claridad “las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria” tal como lo dispone el ítem 2 del artículo 14 de la Ley 388 de 1997 y que permiten dirimir los conflictos de uso del suelo por la sobreposición en su territorio de la estructura ecológica principal y el DMI, sin detrimento de la economía campesina y de estos mandatos nacionales. Las UPRCampesinas legitiman “el campo” del municipio de Medellín como un bien jurídico especialmente protegido en el ordenamiento territorial y son integradas a la región rural – campesina del Valle de Aburrá.
Por: Programa de Gestión Social y Ambiental del Territorio. Corporación Penca de Sábila.
En las horas de la noche del 27 de octubre de 2014 el Concejo de Medellín aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con una vigencia de 12 a 14 años. Esta aprobación dio lugar a las protestas y movilizaciones de la ciudadanía por el inconformismo con este POT, debido a que hay varios temas cruciales que no se han resuelto de manera satisfactoria.
Entre estos temas están la ordenación del suelo rural y la inclusión de la población campesina de manera transversal y estructural en el POT.
Gracias a las múltiples movilizaciones, pronunciamientos e intervenciones que hizo la comunidad campesina para exigir su reconocimiento y una especial protección de sus territorios, veredas y fincas campesinas, se logró incidir en el proyecto de acuerdo del POT.
La exigencia de la comunidad por una especial protección de la ruralidad campesina se expresó con claridad en los diferentes espacios de participación como en las sesiones del Consejo Territorial de Planeación, las sesiones territoriales del Concejo Municipal, el Cabildo abierto y la audiencia pública. La comunidad propuso diferentes figuras para proteger la economía y la permanencia de los y las campesinas en los corregimientos. En San Cristóbal, una reserva de la sociedad civil y un distrito rural agrario; en San Antonio de Prado la figura de suelo de reserva comunitaria para producción agrícola y pecuaria; en Altavista, una zona de reserva campesina; y en San Sebastián de Palmitas, la protección y el fortalecimiento de la economía y producción campesina del corregimiento.
En general la comunidad planteó que fueran incluidos sus derechos, sus identidades, sus necesidades y sus propuestas agroalimentarias:
“Somos campesinos y campesinas y nuestro territorio es un derecho fundamental para quienes lo habitamos pues tenemos la misión de producir los alimentos para el abastecimiento de esta sociedad, de la humanidad y los encargados de la conservación de nuestras aguas, bosques y especies nativas” (Pronunciamiento público campesino, 13 de junio 2014).
“Son 12 años cumplidos del actual POT y no queremos que la historia se repita: Que nos expropien las tierras y nuestras fincas campesinas con la supuesta intención del interés general y la protección ambiental”
“Nos hemos convertido en paisaje y nos han tratado como vendedores y vendedoras ambulantes de empanadas y artesanías, somos espectadores ante la horda de turistas que pasan por nuestros lados sin dejar un céntimo de beneficio a nuestra economía, solo las empresas privadas se lucran de lo que tienen nuestras tierras” (Pronunciamiento público campesino, 30 de noviembre 2013).
Estas exigencias no podían ser ignoradas y el Departamento de Planeación incorporó en la última versión del POT los Distritos Rurales Campesinos para los corregimientos de Medellín. Los Distritos Rurales Campesinos corresponden a las “áreas de producción, planificación y gestión del suelo rural, que permite encaminar y orientar acciones para garantizar la permanencia de las actividades productivas, socioeconómicas y culturales de los campesinos el cual podrá ser formulado por iniciativa comunitaria o de la administración municipal”1. Según el POT estos tienen como objetivo planificar, gestionar y promover las economías campesinas y sociales, a escala veredal y corregimental, con una visión regional, que permitan el reconocimiento y el fortalecimiento de la producción agroalimentaria.
La incorporación de los Distritos rurales campesinos es un avance en el reconocimiento de la vida y economía campesina en el municipio de Medellín, pero quedan dudas sobre el proceso de reglamentación que se define en los próximos 6 a 12 meses y por supuesto sobre la fase de implementación. En este proceso se debe garantizar la plena participación de la comunidad campesina con mecanismos de participación amplios y bien informados. Se requiere un proceso de participación que vaya más allá de la socialización y la información a una participación con incidencia, de consulta previa y espacios para la afirmación de propuestas por parte de la comunidad.
Por ahora Planeación y el Concejo de la Ciudad reconocen que lo campesino es parte de la ruralidad y que comparte un espacio de alta significación con lo suburbano y la Estructura Ecológica Principal. Pero todavía falta dirimir tensiones y conflictos, por ejemplo la tensión entre la conservación sin gente y la exigencia que ha hecho la comunidad campesina de ser integrada en los programas de conservación y de protección de las fuentes de agua.
La comunidad desconoce cómo han sido incluidas sus propuestas, es más desconfía de si en el proceso de negociación de la ciudad quedaron recursos suficientes para darle forma y fortaleza a los Distritos Rurales Campesinos. La mayoría de los recursos, de la riqueza que produce el suelo urbano y rural, se destinaron para el Río Centro, Río Sur, el Parque del Río, el Cinturón verde y la transformación del Centro, y la comunidad se pregunta si algo quedará para el manejo integral de barrios y la tierra campesina.
Esta preocupación se justifica porque el proceso participativo del POT fue deficiente en las fases de consulta, revisión y formulación. Este proceso mostró deficiencias en el acceso a la información, debido a que no fue de pleno conocimiento de la población la versión final para su aprobación. La versión final del POT, la que se erradicó ante el Concejo municipal no fue socializada a la comunidad y el CTP (Consejo Territorial de Planeación) emitió su concepto sobre la versión 4 que no es la versión final (Concepto CTP, 2014, p.4). De esta manera, con información incompleta, se ha restringido la participación de la comunidad y su efectiva inclusión en el POT. Además la comunidad en general desconoce el documento final del proyecto de acuerdo lo que pone en duda su legitimidad.
Una cantidad de temas sensibles como el estudio de los riesgos, las densidades habitacionales en suelo rural, el cobro de plusvalías, los operadores urbanos, quedaron pendientes de una reglamentación posterior a la aprobación del 27 de octubre. La democracia está en los detalles y parte de estos son las normas, las reglamentaciones, ellas fijarán las condiciones para la implementación. En este sentido quedan muchas inquietudes sobre la reglamentación e implementación del POT que es ahí donde realmente se define la capacidad de lograr un equilibrio territorial y una mayor equidad y justicia social. En estos momentos no hay claridad sobre los mecanismos que se adoptarán en el POT para garantizar que se involucre a la ciudadanía: a la comunidad campesina, a mujeres y hombres, a la juventud, a la población en situación de discapacidad, al barrio etc., en la reglamentación y en su posterior implementación, y cómo se garantizará que esta ciudadanía implicada ejerza el seguimiento, el control y participe tanto como en las decisiones como en su implementación.
Este nuevo POT muestra avances en la regulación del suelo rural y establece figuras de planificación como las Unidades de Planificación Rural y el Distrito Rural Campesino, que brindan la posibilidad de una mayor y mejor articulación de dinámicas y deficiencias en el desarrollo rural, pero sin una ruta clara para la participación de la comunidad campesina y un reconocimiento del territorio históricamente construido, quedan muchas dudas sobre la capacidad y voluntad de la actual administración municipal para reglamentar junto con la comunidad los Distritos Rurales Campesinos enunciados en este nuevo POT.
[1] Acuerdo 268 (2014), Pliego de modificaciones, cuarta parte, p.1539.Participación Cabildo Abierto Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín
Agosto 24 de 2014.
Los mts2 del Municipio de Medellín, de nuestra ciudad, son para toda la vida; toda la vida de ahora y toda la vida futura, y esa vida es y será con dignidad y bienestar. Son para el buen vivir de mujeres y hombres, de la comunidad campesina, de niñas y niños, todas las poblaciones y todas las edades. Para toda la naturaleza y fortalecer las relaciones ecológicas de la humanidad con la totalidad del planeta tierra. Estos Mts2 construidos son para hacer sociedad, más humanidad.
Por esta razón el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) no puede ordenar esos Mts2 en función del mercado, la renta, la especulación financiera y la especulación del valor del suelo urbano y rural, el POT no puede discapacitar a ninguna persona que habita el espacio construido, no puede olvidar en su proyección de 12 años el hábitat que ha sido construido socialmente por las comunidades populares de 180 barrios y por las comunidades de 52 veredas campesinas. El POT no puede excluir…el POT es para las bio-diversidades de Medellín, el Valle de Aburrá y la región.
Dejar este hábitat de Medellín en manos del sistema financiero, de la especulación, del narcotráfico y los actores armados es perder la ciudad y el municipio de Medellín para siempre. Y no lo pierden solo los pobres, es toda la población, todos y todas las habitantes, toda la ciudadanía. El desastre urbanístico de El Poblado, la edificación en altura de cajones alcancía que impulsa CAMACOL, la violación de todas las normas urbanísticas en las zonas de expansión y el precio de la vivienda, así lo demuestran. Más de 800 familias de todos los estratos sociales han perdido su vivienda y su patrimonio por el interés especulativo de CDO y Villegas Moreno, ahora estas familias están a la deriva buscando quien les responda ante semejante atraco a su propiedad privada, a la libertad y a sus esperanzas de vida.
Si esta ciudad, mi ciudad, nuestra ciudad se planifica en el POT como si toda ella fuera un centro comercial, la perdemos como espacio vital, para habitar, la buena vida y hacer sociedad.
Por esta razón en el actual POT deben participar y estar bien informadas todas las comunidades, cada persona de la ciudad, todas las organizaciones sociales y comunitarias, cada gremio económico, los sindicatos, las ONG, las Universidades, en fin todas las poblaciones. El POT es un pacto de ciudad y nada, absolutamente nada, debe quedar en la oscuridad. Las generalidades y los detalles, quiero decir la imagen de ciudad y las reglamentaciones, deben ser claras y expuestas con transparencia antes de aprobar el POT. Como enseña el feminismo la democracia está en los detalles, y como lo han expresado las mujeres, las comunidades campesinas y las organizaciones populares “de este POT no se entiende ni qué es, ni para que será, todo es general y la reglamentación será para un año o 2 años más tarde”.
La clasificación de zonas de alto riesgo, las densidades urbanas y rurales, la tierra con vocación agropecuaria y el hábitat campesino, los instrumentos de gestión del POT, el fondo de cesiones urbanísticas, la reforma de planeación municipal que se requiere, los instrumentos para el seguimiento y control del POT, la reglamentación para el cobro de las plusvalías, todo se dejará para después, y estos pequeños detallitos son los que ordenan el territorio, estructuran la ciudad, la ruralidad y el municipio.
No conocemos el proyecto de ciudad, la información que ha sido entregada por planeación y el gobierno municipal no ha sido clara ni transparente, no sabemos en qué consiste la ciudad compacta y la redensificación hacia el centro, no sabemos cómo esta redensificación evita la pérdida de espacio público, de Mts2 de área verde y como congestionará la ciudad, ¿cómo quedarán los índices que miden las calidades urbanísticas una vez se redensifique la ciudad?, ¿Por qué comprometernos con el “mago proyecto” del jardín circunvalar, el embeleco de este Alcalde por el Cinturón Verde, si mucho más de lo que se propone en el megaproyecto se puede conseguir con Desarrollo Integral de Barrios y Desarrollo Rural Campesino?, ¿si la comunidad campesina desde hace más de 100 años tejen con sus manos un jardín de vida, alimentos y paisaje campesino en los cinco corregimientos?
¿Para quién será el Río Medellín, el proyecto del río?, nunca se nos ha precisado en qué consiste la intervención, la maqueta se nos ha mostrado pero el proyecto integral no se ha entregado, ¿cuánto cuesta este proyecto?, ¿cuánto renta para la ciudad?, ¿con qué dineros participa el municipio de Medellín?, ¿en beneficio de qué sectores sociales se desarrollará el proyecto?, ¿con dineros públicos se desarrollará espacio público, áreas verdes y se dispondrá las vías para el flujo vehicular y la inmobiliaria cobrará la renta que producen los cajones en alturas para vivienda?, ¿otra vez la carga será para los dineros públicos y el beneficio para el interés privado y particular?
¿Con semejante confusión e imprecisión por qué espera el gobierno de turno que aprobemos el nuevo POT, si la última versión, de las 16 hasta ahora entregadas, nadie las conoce?, ¿si el CTP (Consejo Territorial de Planeación) conceptuó sobre una versión que no es la que se discute en el Concejo Municipal?, ¿para qué es este Cabildo Abierto?, ¿qué se consulta?, ¿sobre qué nos manifestamos?
Hector Manuel Lugo.
Corporación Penca de Sábila.
Campesinas y campesinos exigen especial protección del territorio, la economía y vida campesina en el Valle de Aburrá
El pasado 26 de junio de 2014 en la Universidad San Buenaventura, en la III Asamblea Campesina del Valle de Aburrá, se reunieron cerca de doscientas campesinas y campesinos para dialogar y concretar acciones en defensa del territorio “rural campesino” del Valle de Aburrá.
Las dinámicas y problemáticas que afronta hoy el suelo rural y la comunidad campesina, son razones suficientes para repensar los parámetros sobre los cuales se planea y se proyecta la ciudad.
“Es urgente que en cada municipio del Valle de Aburrá se fortalezca la construcción social y la ejecución de políticas públicas que promuevan el desarrollo agropecuario y el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina”.
En una jornada de diez horas, campesinas y campesinos de los cinco corregimientos de Medellín y de otros municipios como: Caldas, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Ebéjico, se congregaron en la III Asamblea Campesina del Valle de Aburrá para compartir los conflictos sociales, ambientales y territoriales que están presentes en sus territorios; concretar acciones orientadas a la visibilización, exigencia y defensa del territorio “rural campesino” del Valle de Aburrá; y fortalecer el Comité de la Asamblea Campesina como espacio de articulación, movilización y participación ciudadana.
El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 km2; siendo el área rural un 70.4% (812 km2) y el área urbana un 29.6% (340 km2). Toda esta región representa menos del 2% de la extensión del territorio antioqueño y en ella viven más de 3 millones de personas (cerca del 58% de toda la población del departamento de Antioquia) quienes carecen de espacios públicos adecuados para el esparcimiento y día a día se alimentan de productos que vienen de manos campesinas.
Según la población campesina los conflictos sociales, ambientales y territoriales más comunes son:
SOCIALES
El desmesurado impuesto predial conlleva a lotear y vender áreas de la finca, o en casos puntuales vender toda la finca para poder pagar. Así lo viven familias en el municipio de Bello, Caldas y los corregimientos de Medellín; cuyo impuesto se incrementó en muchos de los casos en más del 100%.
Los grupos armado ilegales están usurpando la función de los gobiernos en las veredas de los corregimientos y algunos municipios del Valle de Aburrá, fungen de “autoridad” armada y poseen el control de distintos territorios a través del expendio de sustancias psicoactivas, el cobro de vacunas y fijación del precio de comercialización de los productos de la zona. Ello genera un abandono de los procesos productivos, intimidación y desplazamiento de la comunidad.
Por su lado la desarticulación comunitaria agudiza la vulneración de derechos, así como la manipulación y apropiación de espacios de representación comunitaria por parte de líderes que buscan más los beneficios personales que los de la comunidad. Algunas JAC y JAL están apartadas de la función de representar, gestionar para comunidad y mediar los conflictos.
La falta de gobernabilidad para el campo agudiza aún más las problemáticas sociales, generando pérdida de credibilidad en las diferentes instituciones del Estado como autoridades ambientales, alcaldías y concejos municipales; quienes, además, en ocasiones imponen a través de supuestas socializaciones proyectos que afectan negativamente los territorios y a la comunidad campesina.
Falta de oportunidades académicas y laborales para las y los jóvenes, lo que implica el abandono del campo, las tradiciones y gran dificultad para el cambio generacional. La falta de educación ambiental se asocia a la disposición inadecuada de los residuos y al uso irracional de los bienes comunes.
AMBIENTALES
La falta de políticas públicas para el desarrollo rural campesino y la inoperancia del Estado, tiene en vilo muchos territorios rurales: insuficiencia, y muchas de las veces inexistencia, de sistemas para la potabilización del agua, de alcantarillados o sistema para el tratamiento de aguas residuales; cuerpos de aguas contaminados por factores asociados al uso de agrotóxicos; se realizan inadecuados manejos a los residuos sólidos; las actividades agroforestales en zonas de protección y conservación donde privados hacen usufructo de los servicios ambientales; y la minería para la explotación de materiales para la construcción, generando desplazamiento, cambios del paisaje y contaminación.
TERRITORIALES
La falta de legalización de predios es uno de los problemas más comunes en el territorio “rural campesino”. Ausencia de títulos de propiedad generan todo tipo de impedimentos para acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda, acceso a créditos o instalación de servicios públicos. La falta de titulación favorece la especulación sobre el valor del suelo y en beneficio de acaparadores de tierras y de proyectos con destinación diferente a la agropecuaria. Los cambios en los usos del suelo, la expansión urbana, sumado a los desplazamientos por grupos armados ilegales o proyectos de interés particular, ponen en riesgo la permanencia de la vocación agropecuaria en los corregimientos y municipios. El abandono de fincas campesinas por falta de mercados justos para los productos, tienen en peligro la soberanía alimentaria y economía comunitaria.
Ante estas problemáticas, la comunidad campesina, la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila y algunas ONG, han venido planteando diversos debates y discusiones con el fin de establecer una exigencia por el respeto y reconocimiento de los derechos de la población campesina y la especial protección del territorio “rural campesino” en Medellín y el Valle de Aburrá. En desarrollo de esta campaña la comunidad propuso en el año 2012 la conformación de la Asamblea Campesina y su comité con el fin de fortalecer los procesos de articulación, las dinámicas organizativas y la ejecución de las acciones propuestas.
La Asamblea Campesina del Valle de Aburrá se sigue fortaleciendo y reafirmando como espacio de deliberación y accionar para la defensa del territorio, la economía y la vida campesina. Las siguientes son algunas de las propuestas acordadas en la III Asamblea Campesina:
1. Consolidación y fortalecimiento del Comité de Asamblea Campesina como espacio de articulación, movilización y participación ciudadana. Donde asisten diferentes actores (organizaciones, personas naturales campesinas y no campesinas) que tiene relación o interés en la protección y/o promoción de la soberanía alimentaria, la defensa del territorio rural campesino, visibilización del campesinado, entre otros.
2. Promover la agroecología en los municipios a través de los planes y esquemas de ordenamiento territorial.
3. Tomas culturales y de intercambio de semillas criollas por territorios.
4. Generar articulación social y promover redes comunitarias para el consumo de productos campesinos agroecológicos dentro de la economía solidaria.
5. Talleres y jornadas de estudio para el análisis de programas y planes municipales que tengan relación con el desarrollo rural.
6. Legalización de predios.
7. Claridad y destinación, en las áreas rurales, de zonas especiales para la producción de alimentos por parte de campesinas y campesinos, con garantías a través de: seguros, subsidios, reducción de impuestos y servicios públicos.
8. Impulsar la protección y conservación de áreas con especies nativas, producción agroecológica y personas.
9. Utilización de los mecanismos de participación ciudadana para exigir la especial protección del territorio “rural campesino” en los acuerdos sobre POT.
10. Educación superior gratuita para el campo, a través de ubicación de universidades en las áreas rurales.
11. Promover actividades de educación ambiental con niñas, niños y jóvenes de las veredas.
12. Utilizar para las actividades agropecuarias, de manera concertada con él o la titular, los predios baldíos en las veredas.
13. Exigencia y construcción colectiva y social de políticas públicas para el desarrollo rural campesino.
14. Mejorar vías de acceso, instalación y/o mejoramiento de servicios públicos.
15. Movilizaciones y plantones para el reconocimiento y reivindicación de derechos de campesinas y campesinos, aprobados por el Consejo de Derechos de la ONU a través de la resolución A/HRC/21/L23 en el 2012.
La sustentabilidad ambiental y la soberanía alimentaria del Valle de Aburrá y el país, solo son posibles con la permanencia de la vida campesina y la conservación del agua, los bosques y la biodiversidad.
Mayor información: 284 68 68 / corpenca@une.net.co
Programa de gestión social y ambiental del territorio. Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Medellín, 07 de junio de 2014
El plan de ordenamiento territorial como instrumento de planeación, supone desde su intención de estructurar y moldear el territorio, la mejoría del entorno y con ello la calidad de vida de sus habitantes, hombres y mujeres. Sin embargo, para esta coyuntura de revisión del Plan, las mujeres nos pronunciamos expresando que no nos sentimos incluidas y acogidas en las propuestas de ajuste, al considerar que este no incorpora nuestras voces, intereses y necesidades de cara a las particularidades como mujeres campesinas.
Partiendo del reconocimiento de que existe una manera diferenciada para hombres y mujeres de vivir y habitar el territorio, y con ello el espacio de lo público y lo privado, hacemos énfasis en la necesidad de incorporar en el actual Plan de Ordenamiento Territorial una visión de género que reconozca y de respuesta a las carencias identificadas en términos de equipamientos, seguridad pública y autonomía económica para las mujeres de los corregimientos. Actualmente no contamos con espacios y equipamientos que estén al servicio de la formación, la capacitación, la recreación y el deporte para las mujeres, dado que los existentes están condicionados para el uso y disfrute directo de otros pobladores y representan por sus condiciones de infraestructura y uso, inseguridad y desconfianza para nosotras.
Requerimos de centros de atención en salud centralizados en los corregimientos, con capacidad instalada, profesionales capacitados y atención integral y diferencial para las mujeres en todos sus servicios médicos. Asimismo, consideramos la pertinencia de contar con lugares para la formación profesional y política para las mujeres, con procesos que tengan continuidad y durabilidad en el tiempo, que no estén enmarcados en los roles y estereotipos tradicionales y que permitan realmente potenciarnos y capacitarnos para estar en otros escenarios de participación y toma de decisiones.
Denunciamos los altos índices de feminicidios en la ciudad y en los corregimientos, las múltiples manifestaciones de violencia y la no garantía de seguridad para las mujeres: la falta de alumbrado público, las malas condiciones en la que permanecen los caminos veredales, la apropiación de los escenarios deportivos como espacios masculinos de dominio de los grupos armados y el expendio de drogas; y la utilización de nuestros cuerpos como botín de guerra y territorio de múltiples violencias que hacen que experimentemos miedos e intimidación permanentes en los escenarios públicos.
Por otra parte, rechazamos la privatización de los bienes comunes, los megaproyectos y los cambios de suelo rural que ponen en riesgo nuestros territorios, economía y permanencia de la vida campesina, denunciamos el riesgo eminente en el que el actual Plan de ordenamiento territorial ubica a nuestros territorios campesinos con sus políticas de expansión urbana, los cambios de vocación del suelo y en definitiva el desplazamiento de los campesinos y campesinas. Hacemos cuestionamientos tales como ¿Donde viviremos los/as campesinos/as de Medellin?, ¿Cuál será nuestro medio de subsistencia?, ¿Qué sucederá con el territorio, la economía y la vida campesina?
Frente a este panorama, la Red Intercorregimental de Mujeres de San Cristóbal, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas nos movilizamos y hacemos las siguientes propuestas:
Finalmente, exigimos un plan de ordenamiento territorial que incorpore el enfoque de género y sea capaz de encontrar un equilibrio entre lo urbano y lo rural que garantice la permanencia de la vida campesina, que propenda por un modelo de ciudad incluyente y equitativa que reconozca claramente las diversidades y desde allí se oriente a generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, un plan que propicie condiciones de seguridad para las mujeres, equipamientos y medidas afirmativas que aporten a nuestro bienestar integral y buen vivir.
Carrera 50 #59-27
Medellín, Colombia
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