Programas de radio realizados en 2016 para la difusión de los procesos que acompaña la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila en la defensa de los bienes comunes y el seguimiento de las luchas sociales.
Moderador: Jorge Montoya
¿Cómo nos afecta la privatización? ¿Qué es el TISA? ¿Cómo se organiza la resistencia ante la privatización?
1. Privatización y resistencias
Participación: Oscar Rodríguez y Juan Diego Gómez, Internacional de Servicios Públicos.
¿Cómo afrontar la gestión del riesgo en comunidad? ¿Qué herramientas tienen las comunidades ante el cambio climático?
2. Diálogos con el agua y el clima
Participación: Gustavo Wilches Chaux (Colombia) y Orlando Luizaga (Bolivia).
Nos reunimos hoy 12 de mayo de 2016 en la ciudad de Medellín para discutir las nuevas amenazas de privatización y despojo de los bienes comunes naturales y culturales y de instituciones populares y públicas a través de políticas gubernamentales, firma de tratados internacionales, venta de organismos estatales, en el marco de un modelo económico que profundiza el extractivismo y la destrucción de los bienes naturales, el agua, el aire, los suelos, la biodiversidad, las culturas y los paisajes y los territorios.
Hace más de dos décadas se dio la entrada oficial al neoliberalismo en el país. La constitución de 1991 y leyes posteriores, en especial la 142 y 143 de 1994 de servicios públicos y mediante la que se establece el régimen para la generación, interconexión, distribución, y comercialización de electricidad en el territorio nacional, que sumadas a la política empresarial para el manejo de los mismos, implementada mediante decretos, establecieron un cambio en la concepción de los servicios públicos y en quiénes pueden prestarlos, otorgando un papel principal a la actividad empresarial, desarrollada por privados, entidades de economía mixta o sociedades por acciones de capital en principio estatal, con la posibilidad futura de venta a cualquier interesado. Todo ello, amparado en los argumentos de eficiencia económica, eficacia y ausencia de corrupción, afirmando de otro lado, la falta de competencia, la carencia de fondos del Estado, los altos costos que implica la prestación de los servicios, la incapacidad de las comunidades organizadas, rurales y urbanas para la autogestión de servicios esenciales, su atomización y la insostenibilidad financiera. De esta manera se permitió y permite que los servicios públicos como finalidad del Estado sean entregados al sector privado, acabando con el modelo netamente estatal y con la gestión de los mismos por parte de organizaciones comunitarias con arraigo en los territorios.
La privatización de los servicios públicos implica la pérdida de soberanía y la mercantilización de los bienes comunes asociados a dichas actividades, como el agua y el gas, el detrimento del patrimonio público y la denegación de los derechos humanos que se garantizan a través de ellos, como el acceso y suministro de agua potable, energía y gas para todas las personas sin exclusión y a bajo costo, lo que vulnera el principio democrático que inspira nuestro sistema de gobierno y el derecho ciudadano a participar en la toma de decisiones sobre nuestros servicios, nuestro territorio y los bienes que lo conforman, priva a las comunidades de la gestión autónoma y del derecho a constituirse en instancias válidas de representación en los escenarios locales y departamentales.
Denunciamos la democratización de las empresas estatales como una estrategia al servicio de la privatización de lo público, cuyo propósito final es el fraccionamiento del capital estatal en acciones que se venden, intercambian, acumulan o monopolizan pocos, rechazamos también los mecanismos administrativos de toma de posesión y liquidación de organizaciones comunitarias que garantizan el agua a amplios sectores de la población y las declaramos como patrimonio público- comunitario, histórico y cultural de nuestra Nación.
La privatización tiene un impacto social negativo en relación a las tarifas, la pérdida del patrimonio público, comunitario y ambiental, pone en riesgo la permanencia de los habitantes en el territorio, crea inseguridad energética e hídrica y vulnera derechos humanos.
Aparece como nueva amenaza el acuerdo internacional sobre el comercio de servicios TISA, que Colombia está negociando en compañía de otros 49 países, estrategia del corporativismo y las multinacionales para apropiarse de los servicios que garantizan derechos y que aún son gestionados por el Estado y las comunidades. La privatización de los servicios en diversas partes del mundo ha sido un fracaso y por ello en más de 346 ciudades se han realizado procesos de remunicipalizacion de los servicios de agua y saneamiento; aun así, el mercado continúa en la búsqueda de acuerdos que garanticen la entrega del sector a los privados y la posesión sobre los servicios públicos esenciales existentes y los que puedan prestarse en el futuro.
En este contexto, identificamos las diversas formas de resistencia promovidas en las últimas décadas por las organizaciones sindicales, comunitarias, no gubernamentales y solidarias, inspiradas en principios humanistas y ambientalistas en defensa de los bienes comunes, los derechos humanos y la soberanía nacional. La organización, investigación, formación, articulación, movilización y la lucha creativa han sido esenciales para denunciar y disminuir los efectos de la privatización.
Los sindicatos, los acueductos comunitarios, las organizaciones ambientalistas y de economía solidaria nos vemos en la necesidad de defender la gestión pública y comunitaria de los servicios y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten nuestros bienes comunes, derechos humanos y patrimonio público-comunitario. Continuaremos denunciando y divulgando los efectos de la privatización, articulándonos en acuerdos público- público-, público-comunitario, comunitario-comunitario y solidarios apoyando e intercambiando nuestras resistencias creativas tanto a nivel nacional como internacional para contrarrestar los efectos de los acuerdos público-privados –APP- promovidos por las instituciones financieras internacionales y las multinacionales. Así mismo, nos comprometemos a discutir y fortalecer la campaña contra el acuerdo TISA que se desarrolla a nivel global.
Medellín, 12 de mayo de 2016.
Sindicato Nacional de Trabajadores de ISAGEN, SINTRAISAGEN.
Sindicato de Trabajadores de Acuavalle SA ESP, SINTRACUAVALLE.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental, SINTRAMBIENTE.
Sindicato Nacional De Trabajadores de ISA, SINTRAISA.
Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética, SINTRAE.
Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Complementarios y Conexos, SINPRO.
Unión de Sindicatos de EMCALI, USE.
Internacional de Servicios Públicos, ISP.
Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, ADACA.
Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de Las Américas.
Cooperativa Confiar.
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
Comité Departamental en Defensa del Agua y de la Vida de Antioquia.
Amigos del Medio Ambiente, AMA.
Fundación Darién
En el Auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional nos reunimos diversas organizaciones campesinas, de mujeres, juveniles, ambientalistas y acueductos comunitarios del departamento en la IX Asamblea Departamental en Defensa del Agua y Vida de Antioquia.
Esta Asamblea se realiza en el momento en que los Estados se reúnen en la Cumbre Climática en París y se reprime la expresión de la sociedad civil que protesta contra las falsas soluciones a la crisis ambiental y climática como la conservación sin gente, la hidroelectricidad, las energías alternativas que quieren pasar como limpias y son monopolizadas e implican el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de autonomía comunitaria como la energía solar y eólica, los agrocombustibles y los bancos de oxígeno.
Reconocemos una crisis civilizatoria que sienta sus bases en el desarrollo que promueven los Estados y las industrias, la apropiación y extracción de bienes comunes a gran escala, la explotación humana y la discriminación y exclusión de las mujeres. Además se funda en la guerra y las múltiples violencias, en el destierro y en el despojo que garantizan la acumulación y el llamado desarrollo.
La crisis climática ha sido generada por el modelo hegemónico que sustenta el poder económico, político y social y no es una responsabilidad de toda la humanidad, al contrario, las comunidades campesinas, indígenas y negras han sido garantes de la conservación y uso común de la naturaleza.
Asumimos como respuesta y alternativa la lucha por la justicia ambiental y climática, entendida como la reivindicación de la defensa de los bienes comunes, los territorios y la vida contra el acaparamiento de las aguas, las tierras, los bosques y la biodiversidad.
En nuestra asamblea deliberamos e identificamos las políticas estatales y los marcos de carácter económico, social, ambiental que las soportan, y ordenan la privatización de los bienes comunes, entregándolos al capital financiero nacional y multinacional, excluyendo a las comunidades de su gestión, uso y disfrute, afectando el equilibrio ecosistémico, denegando derechos fundamentales como el acceso y suministro de agua, la autogestión comunitaria, la autonomía territorial, el derecho a la tierra y al territorio, los derechos de las mujeres y el medio ambiente sano entre otros.
De esta manera, visibilizamos y denunciamos:
• Las visiones parciales y limitadas de la institucionalidad alrededor del fenómeno del niño y su impacto en nuestro territorio y el sistema tarifario energético.
• La política nacional de privatización del servicio público del agua y el despojo de los acueductos comunitarios con sus avances en Antioquia.
• Los conflictos históricos asociados al agua que han padecido las poblaciones del oriente antioqueño.
• La imposición de una política estatal minero energética que afecta el ciclo hidrológico, como se evidencia en todo en el departamento, en especial en el norte del Valle de Aburrá y en el suroeste antioqueño.
• La constante violación del derecho al acceso y suministro de agua en la ciudad de Medellín evidenciada en las miles de familias desconectadas del servicio y las otras tantas sin la infraestructura necesaria.
• Las entidades territoriales locales no ejercen su autonomía política, someten sus decisiones sobre los usos del suelo, del agua y los bosques al desarrollo propuesto por agentes externos, vulnerando entre otros, el derecho a la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
• El seguimiento y desaparición de activistas ambientales, hechos que permanecen en la impunidad, y la utilización de la fuerza pública para proteger y defender las multinacionales y los megaproyectos con batallones de alta montaña que reprimen a las comunidades.
• La necesidad de revisar la política del mínimo vital gratuito en Medellín, pues la actual es una caricatura de lo propuesto en el referendo por el agua como mecanismo para garantizar el derecho humano al agua.
En nuestra Asamblea, decidimos y proponemos:
• Articularnos a nivel nacional a los procesos que reivindican la justicia social, climática y ambiental.
• Respaldar y acompañar a las comunidades organizadas frente a las amenazas y problemáticas que en los territorios se presentan en torno a la minería, microcentrales, represas y agroindustrias con articulaciones, participación en acciones de resistencia y movilizaciones que propendan por la defensa del territorio y el agua como bien común.
• Construir nuestra propia agenda en la coyuntura que se genera con los acuerdos de paz. Todos somos actores de paz y ella se concreta en la defensa y protección de los territorios y sus fuentes de agua. Sin agua no hay democracia, justicia y paz.
• Asumir como propia y respaldar la Agenda de las Mujeres por el derecho al agua del movimiento de mujeres de Medellín.
• Promover alternativas ambientales y comunitarias como recolección de aguas lluvias, prácticas de manejo de aguas residuales, el uso de la bicicleta, reducción del uso de plásticos y otras formas de generación de energía.
• Promover espacios de formación y asambleas veredales, barriales, regionales y la asamblea departamental de los movimientos ambientales y sociales en defensa de los territorios, el agua y la vida.
• Defender la gestión comunitaria del agua, respaldando todas sus acciones políticas, jurídicas y de movilización, convocadas por ADACA y la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia y su lucha por una ley propia.
• Participar en el 2016 en la Jornada Nacional en defensa de la gestión comunitaria del agua, acordada en el V Encuentro Nacional de acueductos comunitarios, realizado en Villavicencio.
Medellín, 4 de diciembre de 2015.
Volante para compartir y descargar: Campaña de no al consumo de agua embotellada.
Por: Javier Márquez Valderrama.
Artículo publicado en Desde Abajo. Edición 205. Agosto 20 – Septiembre 20 de 2014.
La sed consume a la Guajira. Mientras Cerrejón Limited gasta cada día 17 millones de litros de agua en su proceso extractivo del carbón, miles de pobladores sufren por falta del precioso líquido. Esta realidad se erige como emblema del modelo extractivista acelerado impuesto en el país. El Gobierno actúa como cómplice de la tragedia, tanto por acción como por omisión, que deslegitima y privatiza cada vez más una gestión comunitaria del agua.
La Guajira se levanta por su dignidad en medio de una sequia artificial, pues sus aguas y el territorio fueron entregados a las multinacionales. Los pueblos originarios Wayuu, Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo, en su conocimiento profundo del equilibrio de su territorio, clamaron sensatez, precaución y responsabilidad. Hoy levantan de nuevo su voz denunciando la irresponsabilidad y corroborando las sabias advertencias de siempre.
Los pueblos indígenas, las comunidades negras, campesinas y urbano populares, los estudiantes, la clase trabajadora, los gobiernos locales, más de 100 organizaciones se levantan y con su movilización y claras exigencias le dan una bofetada al despropósito de la campaña de llevar agua encarcelada en botellas para calmar la sed de un pueblo que exige dignidad y soluciones plenas, mientras los empresarios del Cerrejón Limited, siguen buscando el desvío del río Ranchería. Multinacional que “se apoderó de 69.000 hectáreas del territorio explotando el carbón, el gas, consumiendo diariamente 17 millones de litros de agua, mientras que la población padece desabastecimiento, los animales se mueren, no hay cultivo de alimentos por la escasez de éste líquido vital y por la destrucción del medio ambiente”, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal).
Los datos que Sinaltrainal esgrime como prueba son contundentes: “10 millones de toneladas de desechos por cada millón de tonelada de carbón explotado, que a volúmenes del 2012, por las 34,6 millones de toneladas de carbón extraídas, el Cerrejón creó 340 millones de toneladas de tierra infértil”1.
Más de 100 municipios presentan problemas de desabastecimiento de agua, sus pobladores hacen rogativas para que llueva. Pero las causas de su situación son básicamente antrópicas, el desastre no es natural, el desastre es social y político. El país no está preparado ni para la abundancia de agua, ni para la sequía; las instituciones de gestión pública ambiental están politiqueadas, el desplazamiento por efecto del despojo de tierras y el extractivismo acelerado, son causas estructurales de la sequia. Megarepresas, microcentrales, megaminería, monocultivos extensos para agrocombustimbles, acelerada y caótica urbanización, ahí están las incapacidades acumuladas por nuestra sociedad, por lo cual la vulnerabilidad creció enormemente.
Pese a todo esto, acaba de aprobarse el nuevo documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 28312 Agua y saneamiento rural.
En el documento se reza que: “La política tiene como objetivo promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia, a través de soluciones que sean acordes con las características de dichas áreas y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural”3.
La lógica de la privatización es implacable. El fundamentalismo neoliberal es radical, es una ideología seguida fielmente por estos gobiernos débiles al servicio de las corporaciones privadas, así pretendan denominarse –como el reelecto gobierno colombiano–, de la tercera vía, esa que dice tomar lo mejor del capitalismo y del socialismo, y hace un tercer camino. Esta falaz ruta es más ilusa en un Estado que no provee los servicios a su ciudadanía. Hay una vía dogmáticamente asumida, el mercado, la entrega al mercado de los servicios públicos esenciales y en el caso que nos ocupa, del servicio de agua y saneamiento básico, consagrado ya desde el 28 de julio de 2010 como un derecho humano fundamental por las Naciones Unidas.
“El ciclo hidrológico en sí mismo explica el entramado de relaciones entre los ecosistemas y todos los lugares del planeta e implica las relaciones de la trama de la vida. Las comunidades humanas desde siempre han definido su localización espacial en relación con el agua, con las fuentes de agua. La imaginación humana adhiere al agua como la sustancia de la vida, como la fuente de la vida, el agua es vida y de allí la comprende fácilmente como bien común y reconociendo este atributo, la palabra humana es incapaz de ponerle dueños. Agua y territorio están en imbricación y sinergia y es imposible hablar del lugar, del terruño, del territorio que se construye como hábitat, sin comprender esta compleja y dinámica relación.
(…) El abasto, la fuente propia, el pozo, la pila, la bocatoma, la acequia, la guadua, el tubo, el nacimiento, la quebrada, el rio, el acuífero, la lluvia, la llave, la casa, la totuma, el balde. Sin agua no hay vida, no es posible la higiene, el alimento, la ropa limpia, el riego, el bienestar. Los sueños, los mitos de creación, las canciones, las odas populares, los refranes, todos estos plenos están de imágenes del agua como tranquilidad o turbulencia, profundidad y fluidez, limpieza, miedo y temor, alivio a la sed y cuando se contamina, fetidez y enfermedad.
El acceso al precioso líquido construye comunidad, sociedad y Estado, construye democracia y ciudadanía. Ella obliga al acuerdo, al consenso, al trabajo mancomunado (…). Y para las comunidades organizadas la historia está pasada por agua; en los recorridos territoriales es perceptible el entusiasmo y la emoción cuando se nombra cada recodo, cada montaña, cada árbol, la cuenca toda”.
Tomado de: Mondragón, Lina; Márquez, Javier. La gestión comunitaria del agua: Apropiación del bien común y la prestación del servicio público. La experiencia de los acueductos comunitarios de la Unión, Antioquia. En, Apropiación Social del conocimiento. Ecofondo, Bogotá, Colombia, 2014.
Estamos acostumbrados a documentos y discursos que enuncian todo lo contrario a lo que realmente ejecutan, aunque este documento es claro en trazar un rumbo de privatización del servicio también en la ruralidad. El documento desconoce de entrada la formas como las comunidades campesinas, la población rural, las comunidades indígenas y negras y de muchos asentamientos urbano populares de nuestro país, mediante la autogestión, accedieron a agua para consumo humano y para sustentar la economía familiar campesina, gestionado un bien de uso común de manera mancomunada, solidaria, y en sus orígenes, sin presencia estatal. Esta historia mal contada plantea que estas soluciones de acceso a agua y saneamiento en la ruralidad estuvieron a cargo de la nación hasta los años 80 cuando fue asumida por los municipios producto de los procesos de descentralización político administrativa.
Concluye de inmediato el documento Conpes que, “las acciones para asegurar la provisión de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales han quedado en cabeza de los municipios, especialmente en aquellos que presentan un baja capacidad institucional y financiera o de comunidades organizadas, que se caracterizan por no contar con instrumentos que les permitan acceder a los recursos para financiar proyectos de construcción, ampliación u optimización de los servicios”4.
Es un diagnóstico negativo, hecho para demostrar que la gestión comunitaria del agua y la gestión pública municipal no sirven, que es necesaria la transformación empresarial, pocos operadores especializados, mercados regionales, economías de escala, en fin… La ideología de la privatización empieza por el desprestigio de lo público y lo comunitario. De esta manera, lo que la gente organizada demostró históricamente como la vía expedita para acceder al agua, resulta que es hoy el obstáculo para garantizar este servicio en la ruralidad.
Pero no es sólo esto. El diagnóstico pasa por encima de la construcción comunitaria que para mediados del siglo pasado fue respaldada por la organizaciones gremiales surgidas de la propia economía de los territorios como la Federación de Cafeteros, por ejemplo, en las regiones de su cultivo, el papel dinámico del Estado nacional con una concepción de Estado del bienestar que tuvo instituciones nacionales y departamentales fortaleciendo el acumulado social y comunitario.
En contra de la experiencia y capacidad comunitaria, está en marcha una sintomática y combinada acción de control que no está acompañada de información adecuada y de un apoyo sistemático y respetuoso de la autonomía de las comunidades organizadas, y el reconocimiento a sus características culturales, de economía social y solidaria, de conocimiento de los terruños y las cuencas.
El diagnóstico y las acciones oficiales buscan, en su enunciado, fortalecer a las organizaciones autorizadas y a las comunidades organizadas para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento básico en la ruralidad. Pero, en contra de esto, hay que detallar argumentos como: “El alto número y dispersión de prestadores de servicios en el área rural, dificulta la generación de esquemas que puedan aprovechar economías de escala y alcance, generando altos costos e ineficiencia en la prestación. Adicionalmente, a mayor número de Prestadores, sé requieren esfuerzos adicionales en asistencia técnica y acciones de vigilancia y control.”5 Es el lenguaje de los Conpes anteriores que orientan la transformación empresarial del sector de agua y saneamiento básico, y que deben leerse como privatización.
Todo el dispositivo va dirigido a mejorar la capacidad de vigilancia y control, y el lenguaje que teje es de la transformación empresarial. En Antioquia tenemos un reciente caso de toma de sistemas comunitarios en el municipio de Rionegro que acaba de aprobar a pupitrazo limpio un proyecto de acuerdo6 para transformar la empresa Aguas de Rionegro S.A. EPS, con lo cual dejaría de ser una sociedad de capital público para transformarse en una sociedad de capital mixto con la participación de particulares en su conformación.
La cosa no queda allí. En el debate soslayan una situación: este municipio es a su vez socio de Aguas de Oriente, una empresa regional cuya mayor accionista son las Empresas Públicas de Medellín, y de la que son socios otros municipios, y queda ampliamente autorizado el Alcalde para decidir procesos de fusión o absorción. Nos preguntamos, ¿será que la empresa de servicios públicos del oriente, absorberá a la reestructurada sociedad aguas de Rionegro? ¿Y qué será de las comunidades organizadas de acueductos comunitarios y sus infraestructuras?
Bocado de cardenal para esta empresa regional que ejercerá el futuro monopolio del servicio en la región oriental de Antioquia y los sistemas comunitarios, construidos en años de trabajo comunitario, de mingas, de convites, todos serán parte de la historia pasada de estas comunidades, claro, sino reaccionamos a tiempo y exigimos su respeto como instituciones populares, campesinas, de la gente.
Es urgente, por esto, consolidar los proceso de articulación de los acueductos comunitarios y la promoción de políticas públicas basadas en una gobernabilidad alternativa del agua que garantice la autonomía municipal y la gestión comunitaria del agua, como gestión social y pública sin ánimo de lucro. El camino es expedito aunque no por ello sencillo: resistir a la privatización con organización, movilización y alternativas concretas construidas desde abajo.
* Antropólogo y ambientalista. Integrante de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
1 http://www.sinaltrainal.org/index.php/noticias/multinacionales/4003-sinaltrainal-comprometido-con-el-paro-por-la-dignidad-de-la-guajira
2 Documento CONPES 2831. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
3 idem
4 idem
5 Documento CONPES, 28 31 del 3 de julio de 2014. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
6 Acuerdo 012 de 2014.
Programas de radio enmarcados en el proyecto: “Sistematización, análisis y promoción de procesos de apropiación social de CTI en el marco de la investigación participativa de organizaciones sociales en tres diferentes contextos culturales y ambientales de Colombia” ejecutado por ECOFONDO, financiado por COLCIENCIAS. La Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila fue la organización a cargo de la experiencia de los acueductos comunitarios en Antioquia.
Especialmente dirigido a zonas rurales de los municipios de Antioquia o Colombia. Líderes y beneficiarios de los acueductos comunitarios.
Moderador: Javier Márquez.
Qué es el derecho humano al agua. Historia y experiencia del referendo por el agua en Colombia.
Participación: Katherine Higuita. Activista movimiento por el agua en Colombia.
El agua como centro de la organización del territorio, soberanía. Amenazas: proyectos extractivistas (minería), proyectos hidroeléctricos, monocultivos.
Participación: Jorge Pérez. Líder comunitario del Municipio de Jericó, Antioquia.
Por qué los acueductos son patrimonio social y cultural, gestión histórica del agua, proceso comunitario.
3. Acueductos comunitarios como gestión social y pública del agua
Participación: Beatriz Isaza, Acueducto La Palma, Municipio de Girardota, Antioquia. Bibiana Salazar, asesora jurídica Corporación Penca de Sábila.
Los efectos y propósitos de la política Planes Departamentales del Agua – PDA-. Privatización de la prestación comunitaria y pública del agua, pérdida de la autonomía municipal.
4. Riesgos: privatización de los acueductos comunitarios
Participación: Bibiana Salazar, asesora jurídica Corporación Penca de Sábila.
La asociatividad, la articulación entre acueductos comunitarios como una alternativa para su fortalecimiento. Experiencia de algunas asociaciones municipales de acueductos, y de la Asociación Departamental de Acueductos de Antioquia – ADACA-
5. Alternativas: Asociatividad en los acueductos comunitarios
Participación: Beatriz Isaza, asociada a GIRAGUAS, Asociación Municipal de Acueductos Comunitario del Municipio de Girardota y a ADACA. Bibiana Salazar, asesora jurídica Corporación Penca de Sábila.
Incidencia en políticas públicas: propuestas propias para el fortalecimiento de los acueductos comunitarios en los municipios. El caso del Municipio de La Unión, Antioquia.
6. Alternativas: acuerdos público-comunitarios
Participación: Mario Osorio. Líderes comunitario UNIAGUAS, Asociación de Acueductos Comunitarios del Municipio de La Unión.
Alejandra Villada. Trabajadora Social de la Corporación Penca de Sábila.
Qué es la red nacional, encuentros nacionales 2010, 2011 y 2012, cuáles son las propuestas, qué regiones que han participado.
7. Alternativas: Red Nacional de Acueductos Comunitarios
Participación: Beatriz Isaza, consejera de ADACA. Bibiana Salazar, asesora jurídica Corporación Penca de Sábila.
Por qué es necesario construir una ley propia para las comunidades organizadas prestadoras del servicio de agua en Colombia.
8. Propuesta de ley propia para los acueductos
Participación: Claudia Cadavid, líder comunitaria de GIRAGUAS. Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios de Girardota, Antioquia.
Fecha: 22 de agosto de 2013.
Lugar: Sede de Investigación Universitaria SIU. Universidad de Antioquia.
Hora: 4:00 p.m. a 7 p.m.
Ponentes
“Y, ¿quién es el dueño de la educación en este país?” es la pregunta que se le ocurre a la gente en la calle cuando se le habla acerca del derecho a la educación. Parece ser que la gente, la mayoría de la gente de este país, tiene una sospecha: que la educación es asunto privado, negocio de unos pocos, aparato de poder controlado por otro aparato de poder más grande.
En una reciente encuesta adelantada por Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos, el 91% de los encuestados está convencido de que el Estado colombiano no garantiza el derecho a la educación.
Al interrogarle a este mismo público sobre las razones de esa ausencia del Estado en la educación, se encuentran las siguientes explicaciones o respuestas: Falta de voluntad política y, de su mano, la falta de inversión, situación que se agrava con la baja calidad de la educación estatal. Dichas ausencias de voluntades, recursos y calidad, se suplen entonces, por el sector privado: la educación termina por ser otro derecho humano fundamental privatizado.
El estado actual de la Educación en Colombia debe ser llevado a debate público, analizado políticamente, desestabilizado y transformado. Esta es la discusión que propone la alianza Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos en el ENCUENTRO N° 59, desde tres temas específicos:
1. La escuela colombiana actual es un mandato del modelo neoliberal de mercado.
2. Qué se mueve en políticas públicas en escenarios como la Universidad y la Escuela.
3. El movimiento nacional por el derecho a la educación es una resistencia organizada del pueblo colombiano con la cual tenemos que movilizarnos todos.
Inscripción previa:
maestras.maestrosgestores@gmail.com
Teléfonos: 379 29 25 – 279 3311 ó 448 75 00 ext 4145
Organizan:
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Corporación Región
Corporación La Ceiba
Fundación Confiar
Fundación Educativa Soleira
Corporación Educativa Colombo Francés
Apoyan:
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