Comunicado: Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia

El modelo de gestión comunitaria del agua en Colombia ha sido reconocido en la política pública contenida en el decreto 0960 de 2025 firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y la Ministra de Vivienda, ciudad y territorio, Helga María Rivas Ardila.

Este reconocimiento es el resultado de un histórico proceso de participación e incidencia política que converge, en el gobierno del cambio, con la agenda ambientalista, que se centra en ordenar el territorio alrededor del agua. Los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico son reconocidos así, como sujetos de la economía popular y comunitaria y actores clave en este propósito.

En un intenso proceso de construcción colectiva se formuló esta política teniendo como centro la Mesa de la Gestión Comunitaria del Agua, espacio de concertación existente desde el 2019 entre el Viceministerio de Agua y saneamiento básico y las comunidades organizadas articuladas en plataformas nacionales: la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia y la Confederación Colombiana de organizaciones comunitarias del agua COCSASCOL. La mesa cuenta también con la presencia de las universidades comprometidas con la tarea de investigación y asesoría a los gestores comunitarios.

En reuniones de la Mesa, talleres, encuestas, mesas técnicas con la institucionalidad del sector, se logra este significativo avance en la construcción de un marco jurídico para los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, se aclaran las responsabilidades del gobierno en los diferentes ámbitos territoriales y se establece una estrategia de fomento para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua según sus singularidades, sus necesidades y sus capacidades. Podemos afirmar que esta política hace justicia al superar la falla de reconocimiento a la Gestión Comunitaria del Agua en Colombia. Nuestro reto es darle materialidad a esta política exigiendo su aplicación y trabajando en la reglamentación que implica.

Decreto 0960 de 2015 «Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 y se subroga el Título 8 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico». Encuentra aquí el decreto completo.

Presentación de la política pública para la gestión comunitaria del agua

El sábado 4 de octubre de 2025 fue presentado el Decreto 0960 de 2025 en la Universidad Pedagógica en Bogotá. Allí la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y sus organizaciones integrantes, enfatizamos el proceso de construcción, formulación y concertación participativa que estuvo decreto y la necesidad de impulsar su materialización y posteriores reglamentaciones. Este espacio contó con la presencia de Pedro Arrojo, relator del derecho humano al agua y al saneamiento básico de Naciones Unidas.

En Colombia, miles de organizaciones llevan a cabo la gestión comunitaria del agua, son organizaciones nacidas del encuentro solidario entre vecinas y vecinos que, en cooperación con el agua, se han garantizado el acceso a este bien común de la naturaleza que es condición de la vida toda y de la convivencialidad humana. Como expresamos en la exposición de motivos del proyecto de ley por medio del cual queremos que se consagre el derecho a la autogestión comunitaria del agua y su uso individual y colectivo.

A continuación presentamos el informe de país, realizado por la Red Nacional de Acueductos Comunitarios en compañía con la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, el cual contiene cuatro capítulos, cada uno de los cuales asume una problemática o dimensión de los conflictos asociados al agua que amenazan, vulneran y afectan la permanencia de su gestión comunitaria. Aunque interrelacionados e imposibles de separar de forma absoluta, cada capítulo propone un enfoque y narra los casos que pueden ser emblemáticos de cada una de las problemáticas o conflictos elegidos y cuya repetición se constata a lo largo y ancho del territorio nacional.

El viernes 2 de julio de 2021 se llevó a cabo el Encuentro Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia en Medellín. El evento fue convocado por la la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia (ADACA) y la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.

Asistieron alrededor de 40 personas, representantes de acueductos comunitarios de los municipios de Jericó, Angostura, El Retiro, Medellín, San Vicente, Ebéjico, Sopetrán, Copacabana, Santo Domingo, San Roque, Jardín, Girardota, Andes, Carmen de Viboral, La Unión, Támesis, Marinilla, Fredonia, Envigado y Donmatías.

El objetivo fue entablar un diálogo acerca de las amenazas a la gestión comunitaria del agua que se vive día a día en los territorios, además de posibilitar el intercambio de experiencias con los acueductos comunitarios de Antioquia, fortaleciendo alianzas territoriales y a ADACA como proceso organizativo de tercer nivel.

Durante el evento se presentó el Informe País, un trabajo investigativo que da cuenta de las múltiples vulneraciones al derecho a la autogestión comunitaria del agua en Colombia. Este momento posibilitó la intervención de los y las asistentes para enunciar esas vulneraciones al derecho que se viven en los territorios, pues es el trabajo de los acueductos comunitarios el que hoy aparece como alternativa para seguir garantizando el derecho humano al agua. También se socializaron los avances y retos de la estrategia de incidencia de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, especialmente relacionada con la Mesa de interlocución con el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Posterior, se realizó un panel de experiencias donde cuatro procesos organizativos socializaron el trabajo que han venido haciendo: la labor de ADACA como proceso organizativo regional, el avance en la política pública para acueductos comunitarios de Marinilla, los avances en el mejoramiento de los procesos contables de las organizaciones vinculadas a la Asociación Municipal ASAVERAN en el Municipio de Angostura y, finalmente, el proceso que ha venido haciendo la comunidad del municipio de Copacabana en la microcuenca La Chuscala.

El objetivo del evento se cumplió, pues el intercambio y la posibilidad de resignificar la fuerza de la organización en red para lograr una incidencia real tanto en lo local como en lo nacional queda como esa reflexión que alienta a continuar con el trabajo que se ha venido construyendo.

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En el marco del décimo aniversario del reconocimiento del agua y el saneamiento básico como derecho humano por la Organización de Naciones Unidas, estuvimos participando en el segundo conversatorio del ciclo de encuentros organizados por la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC). El 4 de agosto de 2020 tuvimos la posibilidad de encontrarnos vía Facebook live para reafirmar que seguimos en la unión hacia un mismo propósito: defender el territorio y la autogestión comunitaria del agua.

A través de la participación de representantes de El Salvador, Chile y Colombia que compartieron desde sus experiencias e historias de vida, dimos respuesta a la pregunta orientadora, ¿dónde estamos 10 años después del reconocimiento del derecho?

Kelis Elizabeth Pérez, lideresa comunitaria del El Salvador, destacó que “desde el año 2006 se han presentado diferentes propuestas para implementar una Ley General de Aguas, pues al día de hoy seguimos sin contar con una ley que pueda garantizar a los sistemas de agua comunitario el derecho humano al agua” y, por extensión, a todas las familias de El Salvador. Sin embargo, en el presente todavía existen muchas comunidades que no cuentan con el líquido vital, por dicha razón los sistemas de agua comunitario siguen luchando para que esa garantía y ese cumplimiento del derecho se haga efectivo.

En el caso de Chile, se ha categorizado el derecho humano al agua como un tema de rentabilidad social por medio del Código General de Aguas de ese país, se discriminan los sistemas que pueden o no participar de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Dicho código ha dejado por fuera a un sinnúmero de familias campesinas, dando prioridad a la agroindustria donde un aguacate recibe 160 litros de agua al día y una persona, si acaso, 50 litros que corresponde al mínimo para poder sobrevivir.

Según Álvaro Escobar, presidente de la Unión de Agua Potable Rural en la Cuenca del Río Petorca, “en este escenario, nuestra Unión de Agua Potable Rural ha decidido humanizar, solidarizar y construir una campaña para emprender acciones reales en defensa del agua, avanzando desde la Minga Solidaria del Agua que tiene como fin construir un sistema que entregue agua a las familias que hoy dependen de un aljibe”.

Colombia, por su parte, se caracteriza por haber logrado una fuerte organización nacional preocupada por la defensa de la autogestión comunitaria del agua en contra de la privatización que actualmente se vive en el territorio.  Luego Referendo por el Agua de 2006 que pretendía consagrar el derecho humano al agua, el logro se volcó a la creación de una Red Nacional de Acueductos Comunitarios. A partir de este fortalecimiento organizativo, la Red Nacional emprende un largo camino que desembocó en la llamada Ley Propia.

Aleida Ortiz, defensora de los páramos y de la gestión comunitaria del agua en el departamento Boyacá, relató: “El Estado no nos acompaña, sino que, por el contrario, nos persigue desde todas las exigencias y normativas que pone a nuestra labor con el único fin de privatizar. Un ejemplo de ello es la Ley 142 que tiene muchas exigencias que para nosotros como campesinos son difíciles de implementar, ya que no tenemos cómo responder a ellas. Las exigencias no solo se dan desde los documentos, sino, también, desde la calidad del agua, cosa que es absurda considerando que nuestra agua viene directamente de los frailejones del páramo”.

Entendemos la gestión comunitaria del agua como el pilar fundamental del derecho. Desde iniciativas propias podemos empoderar a hombres y mujeres de cada territorio, uniendo esfuerzos y buscando la autonomía y la apropiación de las herramientas que ayudan a la comunidad a erigirse como garantes de su propio derecho de forma integral.

Encuentre aquí la transmisión del conversatorio: ‘Autogestión comunitaria y derecho humano al agua’

COMUNICADO DE PRENSA
Viernes 2 de junio de 2017. Salón Boyacá, Capitolio Nacional, Bogotá D.C

La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia convoca la III AUDIENCIA PÚBLICA con el fin de presentar a la sociedad colombiana el proyecto de ley propia sobre el derecho a la autogestión comunitaria del agua en Colombia e instar al gobierno nacional a incorporarlo a los proyectos de ley mediante los que se desarrolla el punto uno de los acuerdos de paz para ser considerados por la vía fast track.

Denunciar la violación de derechos humanos fundamentales de las comunidades organizadas defensoras y garantes del derecho humano al agua cuando no se reconocen y se ilegaliza su autogestión y las diversas formas de autoabastecimiento según las condiciones del territorio y la cultura.

La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia expresa su profunda preocupación por el no de reconocimiento a la gestión comunitaria del agua en Colombia, o su errado reconocimiento e ilegalización por no ajustarse a los marcos legales vigentes que no contuvieron nunca sus particularidades y diferencias y de manera especial sus formas de autoabastecimiento. La gestión Comunitaria del agua es realizada en Colombia por más 12 mil organizaciones conocidas como los acueductos Comunitarios.Los acueductos comunitarios somos herencia ancestral, construcción cultural y una de las más ricas expresiones de la gestión ambiental participativa existentes en nuestro país.

Creemos que el primer punto de los acuerdos sobre el desarrollo rural integral, abre el escenario para las reivindicaciones de las comunidades campesinas y para la gran cantidad de familias, de origen campesino, indígena y afro, desplazadas por causa del conflicto que habitan en las ciudades.

Cuando decimos que la paz es territorial y la democracia debe ser real, estamos hablando de cómo vivir mejor y es imposible vivir mejor sin el acceso al agua. El derecho humano al agua, que está incluido en el bloque de constitucionalidad merece lugar destacado en nuestra carta constitucional y este derecho contiene para su garantía universal mantener en manos públicas y comunitarias su gestión .

La defensa del derecho humano al agua y del agua como bien común es la también la defensa de la Gestión Pública y Comunitaria del Agua sin ánimo de lucro, es al defensa las fuentes y sus territorios. No obstante, la política pública avanza hacia la pérdida de la autonomía municipal y la entrega de las empresas públicas municipales y sus infraestructuras al mercado, a los asocio público privados y a esquemas regionales de prestación de servicio con ánimo de lucro y ejercido por empresas privadas.

En esta Audiencia demostraremos con la denuncia el sistemático desconocimiento estatal de la gestión comunitaria del agua, la afectación sufrida en medio del conflicto armado y también la amenaza que se cierne sobre nuestras organizaciones por la política de privatización con la aplicación de normas de control y vigilancia desproporcionadas y que no comprenden las características propias de las comunidades, por las diversas instituciones gubernamentales mostrando a través de casos específicos de distintas regiones de Colombia la vulneración y desconocimiento de derechos, como el mínimo vital de organización, la autonomía, el derecho a asociarse para autoabastecerse.

Volvemos al Congreso de la República para que se conozcan nuestras resistencias y alternativas, y sobre todo, para exponer nuestra propuesta de Ley propia, un proyecto de ley por el derecho a la autogestión comunitaria del agua en Colombia, en el marco de nuestra campaña nacional e internacional para la defensa de la Gestión Comunitaria del Agua.

Reiteramos que la construcción de la paz es nuestro compromiso histórico y todas nuestras acciones se orientan a la búsqueda de la justicia expresada en la lucha cotidiana por la defensa de los bienes comunes y por el reconocimiento del agua como derecho humano fundamental bien común. Sin agua no hay paz. Para la construcción de una paz integral y duradera se requiere de la participación de sujetos políticos que históricamente han defendido la vida en todas sus manifestaciones. Los acueductos comunitarios somos constructores de paz y garantes del derecho fundamental al agua, condición básica de la dignidad de la vida humana y de la trama de la vida en el planeta.

Organizaciones que convocan:

Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, conformada por:
• Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca –RETACO-
• Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca –FECOSER-
• Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia –ADACA-
• Red de Acueductos Comunitarios de la Región Caribe
• Asociación de Acueductos Comunitarios de Boyacá
• Proceso de Acueductos Comunitarios de Nariño.
• Acueductos Comunitarios Articulados del Meta.

Organizaciones sociales y ambientalistas:
• ENDA América Latina Colombia
• Instituto Mayor Campesino –IMCA-
• Corporación Desarrollo Solidario – CDS-
• CENSAT AGUA VIVA, amigos de la tierra
• Asociación para el Desarrollo Campesino –ADC
• Asamblea Regional Centro Oriente de ECOFONDO
• Corporación ECOFONDO
• Corporación Ecológica y Cultural Penca Sábila

Fuente: http://redacueductoscomunitarios.co/3audienciapublica/ 

Durante los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2016 en la ciudad de Medellín, Colombia logramos reunirnos como acueductos comunitarios y organizaciones acompañantes para reflexionar, discutir y construir nuestros lineamientos políticos y estratégicos, intercambiar experiencias de las acciones locales por la defensa de los acueductos comunitarios, presentar denuncias ante la política nacional de privatización de la gestión pública y comunitaria del agua, y discutir nuestra ley propia, mediante la cual exigimos consagrar el derecho a la autogestión comunitaria y el derecho colectivo al agua.

En los auditorios Camilo Torres de la Universidad de Antioquia y Gerardo Molina de la Universidad Nacional nos encontramos para discutir y encontrar alternativas para la defensa y protección de la gestión comunitaria del agua.

Durante el VI Encuentro logramos  consolidar y validar el proyecto de ley propia, definiendo mecanismos y estrategias de participación e incidencia política con propuestas viables y consensuadas, que permitirán concertar y exigir en todos los ámbitos el respeto a la gestión comunitaria del agua, teniendo en cuenta un eventual acuerdo con las guerrillas y sus implicaciones políticas y sociales para la construcción de la paz en nuestros territorios.

El tercer día del Encuentro, domingo, fue destinado para la realización de tres recorridos territoriales a acueductos comunitarios de Antioquia. Las delegaciones regionales se dividieron en grupos de 40-50 personas para visitar a estas organizaciones. Estos recorridos buscan el intercambio de experiencias entre los gestores comunitarios del agua, no solo para identificar propuestas y dificultades alrededor de las tecnologías implementadas sino también para dialogar sobre conflictos de los usos del suelo y fortalezas a nivel organizativo. Visitamos el Acueducto Multiveredal Rodrigo Arenas Betancur del Municipio de Fredonia, el Acueducto Juan-Cojo las cuchillas y el Acueducto La Meseta del Municipio de Girardota; y el Acueducto El Chuscalito del Municipio de La Unión.

 

Compartimos la Declaración de Medellín, VI Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios

Fuente: http://redacueductoscomunitarios.co/declaracionviencuentronacional/

Mujeres y hombres procedentes de veredas, corregimientos, municipios y barrios, del llano y la montaña, de la costa y la sabana, de los páramos y el altiplano, de las selvas y de las ciudades de Colombia, deliberamos con optimismo durante los días 23, 24 y 25 de septiembre acerca de la construcción de nuestra ley propia, y con esperanza seguimos acordando estrategias para el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua.

Mas de trescientos representantes de las comunidades organizadas de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Meta, Guaviare, Casanare, Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, Guajira, Magdalena, Antioquia y Bogotá, nos reunimos nuevamente en asamblea con el objetivo fundamental de deliberar y acordar las acciones políticas para defender nuestro derecho a la gestión colectiva del agua y para confluir en un mismo caudal.

En un país donde se profundiza una política que impone la extracción ilimitada de los bienes comunes que sustentan nuestra vida en los territorios, se aplican y crean leyes que nos desconocen como comunidades organizadas, y se entregan servicios esenciales para la población al mercado; levantamos nuestras voces y propuestas, conocedoras de que la única manera de proteger nuestros territorios y el agua, es a través de la cooperación, la construcción de alternativas, la ayuda mutua, la resistencia y la movilización permanente y colectiva.

Vivimos un momento histórico en Colombia. El ruido del conflicto armado amaina con los acuerdos de paz logrados entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Consideramos que esta situación puede brindar un escenario favorable, para movilizarnos en un aguacero democrático por la defensa del agua y su gestión comunitaria.

Nuestra propuesta es una ley para acueductos comunitarios, una ley propia construida durante años de trabajo, acordada en el III Encuentro Nacional en la ciudad de Cartagena. Este tiempo nos ha permitido dialogar, tejer confianzas, crear y nutrir una propuesta que recoge nuestras diversidades.

Durante estos días consolidamos la ley propia, con el compromiso de emprender una gran campaña nacional e internacional en defensa de la gestión comunitaria del agua basada en la promoción y la recuperación de la democracia participativa. Nos comprometemos a lo que esta campaña exige: todo un proceso de formación, comunicación, movilización política y el trabajo permanente en nuestras comunidades. A partir del acumulado que tenemos de cinco encuentros nacionales y dos audiencias públicas en el Congreso de la República, abriremos un gran debate nacional y emprenderemos la acción y movilización amplia y pública.

Contaremos con el apoyo de países y movimientos por la justicia hídrica que también buscan la transformación de un modelo social y económico inequitativo, bajo los principios de la sustentabilidad y la equidad, como la RED VIDA y la Plataforma de Acuerdos Público-Comunitarios de las Américas. Consolidaremos alianzas nacionales con movimientos, organizaciones y diversos sectores sobre la base del respeto a la autonomía y la iniciativa comunitarias.
Nos comprometemos a continuar promoviendo en nuestros territorios estrategias y acciones de fortalecimiento para cada acueducto comunitario, con el impulso de acuerdos municipales, ordenanzas departamentales, alianzas entre comunidades organizadas y organizaciones de apoyo, entre otras.

Hemos elegido un escenario de acción para nuestra defensa que podemos significar como un campo de derechos. Vamos a exigir nuestros derechos fundamentales y derechos colectivos, así como los derechos del agua y la naturaleza, donde compartimos y nos relacionamos todos los seres vivos.

Para finalizar, los participantes de este encuentro nos solidarizamos con la valiente y heróica lucha de nuestra compañera Máxima Acuña de Perú, y le enviamos un fraternal saludo para que continúe su resistencia contra el capital trasnacional.

RED NACIONAL DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA
25 de septiembre de 2016

Por: Javier Márquez Valderrama.

Artículo publicado en Desde Abajo. Edición 205. Agosto 20 – Septiembre 20 de 2014.  

La sed consume a la Guajira. Mientras Cerrejón Limited gasta cada día 17 millones de litros de agua en su proceso extractivo del carbón, miles de pobladores sufren por falta del precioso líquido. Esta realidad se erige como emblema del modelo extractivista acelerado impuesto en el país. El Gobierno actúa como cómplice de la tragedia, tanto por acción como por omisión, que deslegitima y privatiza cada vez más una gestión comunitaria del agua.

La Guajira se levanta por su dignidad en medio de una sequia artificial, pues sus aguas y el territorio fueron entregados a las multinacionales. Los pueblos originarios Wayuu, Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo, en su conocimiento profundo del equilibrio de su territorio, clamaron sensatez, precaución y responsabilidad. Hoy levantan de nuevo su voz denunciando la irresponsabilidad y corroborando las sabias advertencias de siempre.

Los pueblos indígenas, las comunidades negras, campesinas y urbano populares, los estudiantes, la clase trabajadora, los gobiernos locales, más de 100 organizaciones se levantan y con su movilización y claras exigencias le dan una bofetada al despropósito de la campaña de llevar agua encarcelada en botellas para calmar la sed de un pueblo que exige dignidad y soluciones plenas, mientras los empresarios del Cerrejón Limited, siguen buscando el desvío del río Ranchería. Multinacional que “se apoderó de 69.000 hectáreas del territorio explotando el carbón, el gas, consumiendo diariamente 17 millones de litros de agua, mientras que la población padece desabastecimiento, los animales se mueren, no hay cultivo de alimentos por la escasez de éste líquido vital y por la destrucción del medio ambiente”, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal).

Los datos que Sinaltrainal esgrime como prueba son contundentes: “10 millones de toneladas de desechos por cada millón de tonelada de carbón explotado, que a volúmenes del 2012, por las 34,6 millones de toneladas de carbón extraídas, el Cerrejón creó 340 millones de toneladas de tierra infértil”1.

En creciente

Más de 100 municipios presentan problemas de desabastecimiento de agua, sus pobladores hacen rogativas para que llueva. Pero las causas de su situación son básicamente antrópicas, el desastre no es natural, el desastre es social y político. El país no está preparado ni para la abundancia de agua, ni para la sequía; las instituciones de gestión pública ambiental están politiqueadas, el desplazamiento por efecto del despojo de tierras y el extractivismo acelerado, son causas estructurales de la sequia. Megarepresas, microcentrales, megaminería, monocultivos extensos para agrocombustimbles, acelerada y caótica urbanización, ahí están las incapacidades acumuladas por nuestra sociedad, por lo cual la vulnerabilidad creció enormemente.

Pese a todo esto, acaba de aprobarse el nuevo documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 28312 Agua y saneamiento rural.

En el documento se reza que: “La política tiene como objetivo promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia, a través de soluciones que sean acordes con las características de dichas áreas y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural”3.

La lógica de la privatización es implacable. El fundamentalismo neoliberal es radical, es una ideología seguida fielmente por estos gobiernos débiles al servicio de las corporaciones privadas, así pretendan denominarse –como el reelecto gobierno colombiano–, de la tercera vía, esa que dice tomar lo mejor del capitalismo y del socialismo, y hace un tercer camino. Esta falaz ruta es más ilusa en un Estado que no provee los servicios a su ciudadanía. Hay una vía dogmáticamente asumida, el mercado, la entrega al mercado de los servicios públicos esenciales y en el caso que nos ocupa, del servicio de agua y saneamiento básico, consagrado ya desde el 28 de julio de 2010 como un derecho humano fundamental por las Naciones Unidas.

Agua, memoria e identidad comunitaria

“El ciclo hidrológico en sí mismo explica el entramado de relaciones entre los ecosistemas y todos los lugares del planeta e implica las relaciones de la trama de la vida. Las comunidades humanas desde siempre han definido su localización espacial en relación con el agua, con las fuentes de agua. La imaginación humana adhiere al agua como la sustancia de la vida, como la fuente de la vida, el agua es vida y de allí la comprende fácilmente como bien común y reconociendo este atributo, la palabra humana es incapaz de ponerle dueños. Agua y territorio están en imbricación y sinergia y es imposible hablar del lugar, del terruño, del territorio que se construye como hábitat, sin comprender esta compleja y dinámica relación.

(…) El abasto, la fuente propia, el pozo, la pila, la bocatoma, la acequia, la guadua, el tubo, el nacimiento, la quebrada, el rio, el acuífero, la lluvia, la llave, la casa, la totuma, el balde. Sin agua no hay vida, no es posible la higiene, el alimento, la ropa limpia, el riego, el bienestar. Los sueños, los mitos de creación, las canciones, las odas populares, los refranes, todos estos plenos están de imágenes del agua como tranquilidad o turbulencia, profundidad y fluidez, limpieza, miedo y temor, alivio a la sed y cuando se contamina, fetidez y enfermedad.

El acceso al precioso líquido construye comunidad, sociedad y Estado, construye democracia y ciudadanía. Ella obliga al acuerdo, al consenso, al trabajo mancomunado (…). Y para las comunidades organizadas la historia está pasada por agua; en los recorridos territoriales es perceptible el entusiasmo y la emoción cuando se nombra cada recodo, cada montaña, cada árbol, la cuenca toda”.

Tomado de: Mondragón, Lina; Márquez, Javier. La gestión comunitaria del agua: Apropiación del bien común y la prestación del servicio público. La experiencia de los acueductos comunitarios de la Unión, Antioquia. En, Apropiación Social del conocimiento. Ecofondo, Bogotá, Colombia, 2014.

Estamos acostumbrados a documentos y discursos que enuncian todo lo contrario a lo que realmente ejecutan, aunque este documento es claro en trazar un rumbo de privatización del servicio también en la ruralidad. El documento desconoce de entrada la formas como las comunidades campesinas, la población rural, las comunidades indígenas y negras y de muchos asentamientos urbano populares de nuestro país, mediante la autogestión, accedieron a agua para consumo humano y para sustentar la economía familiar campesina, gestionado un bien de uso común de manera mancomunada, solidaria, y en sus orígenes, sin presencia estatal. Esta historia mal contada plantea que estas soluciones de acceso a agua y saneamiento en la ruralidad estuvieron a cargo de la nación hasta los años 80 cuando fue asumida por los municipios producto de los procesos de descentralización político administrativa.

Concluye de inmediato el documento Conpes que, “las acciones para asegurar la provisión de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales han quedado en cabeza de los municipios, especialmente en aquellos que presentan un baja capacidad institucional y financiera o de comunidades organizadas, que se caracterizan por no contar con instrumentos que les permitan acceder a los recursos para financiar proyectos de construcción, ampliación u optimización de los servicios”4.

Es un diagnóstico negativo, hecho para demostrar que la gestión comunitaria del agua y la gestión pública municipal no sirven, que es necesaria la transformación empresarial, pocos operadores especializados, mercados regionales, economías de escala, en fin… La ideología de la privatización empieza por el desprestigio de lo público y lo comunitario. De esta manera, lo que la gente organizada demostró históricamente como la vía expedita para acceder al agua, resulta que es hoy el obstáculo para garantizar este servicio en la ruralidad.

Pero no es sólo esto. El diagnóstico pasa por encima de la construcción comunitaria que para mediados del siglo pasado fue respaldada por la organizaciones gremiales surgidas de la propia economía de los territorios como la Federación de Cafeteros, por ejemplo, en las regiones de su cultivo, el papel dinámico del Estado nacional con una concepción de Estado del bienestar que tuvo instituciones nacionales y departamentales fortaleciendo el acumulado social y comunitario.

En contra de la experiencia y capacidad comunitaria, está en marcha una sintomática y combinada acción de control que no está acompañada de información adecuada y de un apoyo sistemático y respetuoso de la autonomía de las comunidades organizadas, y el reconocimiento a sus características culturales, de economía social y solidaria, de conocimiento de los terruños y las cuencas.

El diagnóstico y las acciones oficiales buscan, en su enunciado, fortalecer a las organizaciones autorizadas y a las comunidades organizadas para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento básico en la ruralidad. Pero, en contra de esto, hay que detallar argumentos como: “El alto número y dispersión de prestadores de servicios en el área rural, dificulta la generación de esquemas que puedan aprovechar economías de escala y alcance, generando altos costos e ineficiencia en la prestación. Adicionalmente, a mayor número de Prestadores, sé requieren esfuerzos adicionales en asistencia técnica y acciones de vigilancia y control.”5 Es el lenguaje de los Conpes anteriores que orientan la transformación empresarial del sector de agua y saneamiento básico, y que deben leerse como privatización.

Todo el dispositivo va dirigido a mejorar la capacidad de vigilancia y control, y el lenguaje que teje es de la transformación empresarial. En Antioquia tenemos un reciente caso de toma de sistemas comunitarios en el municipio de Rionegro que acaba de aprobar a pupitrazo limpio un proyecto de acuerdo6 para transformar la empresa Aguas de Rionegro S.A. EPS, con lo cual dejaría de ser una sociedad de capital público para transformarse en una sociedad de capital mixto con la participación de particulares en su conformación.

La cosa no queda allí. En el debate soslayan una situación: este municipio es a su vez socio de Aguas de Oriente, una empresa regional cuya mayor accionista son las Empresas Públicas de Medellín, y de la que son socios otros municipios, y queda ampliamente autorizado el Alcalde para decidir procesos de fusión o absorción. Nos preguntamos, ¿será que la empresa de servicios públicos del oriente, absorberá a la reestructurada sociedad aguas de Rionegro? ¿Y qué será de las comunidades organizadas de acueductos comunitarios y sus infraestructuras?

Bocado de cardenal para esta empresa regional que ejercerá el futuro monopolio del servicio en la región oriental de Antioquia y los sistemas comunitarios, construidos en años de trabajo comunitario, de mingas, de convites, todos serán parte de la historia pasada de estas comunidades, claro, sino reaccionamos a tiempo y exigimos su respeto como instituciones populares, campesinas, de la gente.

Es urgente, por esto, consolidar los proceso de articulación de los acueductos comunitarios y la promoción de políticas públicas basadas en una gobernabilidad alternativa del agua que garantice la autonomía municipal y la gestión comunitaria del agua, como gestión social y pública sin ánimo de lucro. El camino es expedito aunque no por ello sencillo: resistir a la privatización con organización, movilización y alternativas concretas construidas desde abajo.

* Antropólogo y ambientalista. Integrante de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.

1 http://www.sinaltrainal.org/index.php/noticias/multinacionales/4003-sinaltrainal-comprometido-con-el-paro-por-la-dignidad-de-la-guajira
2 Documento CONPES 2831. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
3 idem
4 idem
5 Documento CONPES, 28 31 del 3 de julio de 2014. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
6 Acuerdo 012 de 2014.

Programas de radio enmarcados en el proyecto: “Sistematización, análisis y promoción de procesos de apropiación social de CTI en el marco de la investigación participativa de organizaciones sociales en tres diferentes contextos culturales y ambientales de Colombia” ejecutado por ECOFONDO, financiado por COLCIENCIAS. La Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila fue la organización a cargo de la experiencia de los acueductos comunitarios en Antioquia.

Especialmente dirigido a zonas rurales de los municipios de Antioquia o Colombia. Líderes y beneficiarios de los acueductos comunitarios.

Moderador: Javier Márquez.