Comunicado. Abril de 2020.

Descargue aquí el comunicado

El pasado 27 de marzo recibimos una carta de Empresas Públicas de Medellín[1]. Está dirigida a clientes, usuarios y comunidad en general. La manera como nos nombra nos anuncia el lugar desde el cual calcula los problemas y diseña las soluciones. Comienza afirmando que se deben a la gente, que su “conciencia de servicio a la comunidad adquiere una importancia mayor en un momento como este” y que son “conocedores de la importancia del agua potable (…) para proteger la vida, la salud y el bienestar de nuestras familias”.

Luego anuncian las medidas que la Empresa está dispuesta a tomar para garantizar que la venta del servicio de acceso y suministro de agua potable siga siendo posible aún en tiempos de emergencia y que además abarque a la totalidad de sus clientes, incluso a los hogares morosos.

En la carta, EPM nos explica que por Ley está obligada a seguir contabilizando los consumos durante este periodo. Por esta razón dispuso “que los clientes y usuarios puedan refinanciarlos bajo condiciones especiales”. Además, bajo su criterio de solidaridad, decidió renunciar, durante el periodo que duren las medidas de aislamiento, al cobro de intereses por mora en los que incurramos por el pago inoportuno de la factura. Asimismo, suspenderá el abono automático del 10% a la deuda pendiente de las personas en las recargas prepago de agua potable. Finalmente, se compromete a reconectar y reinstalar el servicio a petición de cada una de las personas que estaban siendo privadas del mismo. 

Estas acciones dejan ver algo que no es nuevo. Desde la gestión empresarial del agua somos clientes, no ciudadanas y ciudadanos con derechos políticos, económicos, sociales y ambientales, y la garantía de nuestros derechos se supedita a la capacidad de pago de una factura. Dichas acciones igualmente reflejan la constante tendencia de la empresa de mercantilizar un bien común y un derecho humano esencial para nuestra existencia: el agua.

A pesar de ser un derecho humano existe una paradoja en cuanto a su protección se refiere, puesto que la Constitución Política de 1991 que pretendió garantizarlo, al mismo tiempo hizo que se privatizara a través de la apertura y consolidación del modelo neoliberal. En el caso de los servicios públicos autorizó a particulares a prestarlos, expidió la ley 142 de 1994 con enfoque empresarial y permitió la transformación de nuestras empresas públicas en empresas comerciales e industriales del Estado. 

Sin duda, lo que nos desconcierta es que, aun en tiempos de crisis, se insista en afirmar que el agua como mercancía es compatible con el agua como derecho humano fundamental. Esta lógica empresarial, en medio de la mayor amenaza de salud pública del siglo, no puede inspirar más que otra innovación comercial: ¡Agua a crédito! 

Nos preocupa pensar en la realidad que viven más de un millón de personas desconectadas, por sólo mencionar el caso de EPM en todo el territorio donde opera. Antes de que se declarara la emergencia, ¿acaso no era urgente para el Estado garantizarles el acceso al agua? ¿Se puede vivir, más que sobrevivir, sin agua, con o sin pandemia? Es claro que la lógica del mercado no está garantizando derechos fundamentales.

Las preocupaciones de EPM están orientadas sobre todo a garantizar su sostenibilidad económica. Más allá de la sostenibilidad de las empresas para sí mismas o para ampliar su portafolio de negocios, deberíamos pensar en una sostenibilidad destinada a representar el aumento de capacidades para la priorización de la vida, la dignidad y la equidad de las personas. 

En este contexto, ¿qué es entonces lo público de Empresas Públicas de Medellín? Al ser estatal, el Municipio de Medellín está llamado a velar a que sus utilidades sean reinvertidas en la garantía de derechos de su propietaria final, la ciudadanía. Ofrecer agua a crédito hoy, es asegurar sed y deudas para mañana.

Tenemos la seguridad de que nuestro ordenamiento jurídico permite tomar medidas contundentes, aunque en muchas disposiciones respalde la lógica voraz de la acumulación y el lucro. Nos preguntamos entonces, ¿ni siquiera en estos tiempos de emergencia es posible pensar desde la institucionalidad otros modos, realmente creativos, de responder a los problemas y necesidades colectivas? ¿Qué tal pensar en posibilidades de gestión desde los recursos públicos en lugar de hacer malabares con el dinero que no tenemos los y las ciudadanas?

El gobierno nacional tiene que tomar las medidas necesarias para suministrar agua potable subsidiada para las personas que estén en condición de vulnerabilidad por su incapacidad de pago presente. La expedición de los decretos 512 y 513 del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público van en esa dirección al facultar a alcaldes y gobernadores para realizar operaciones presupuestales que permitan atender la emergencia y al permitir el empleo de recursos del Sistema General de Regalías en proyectos de alimentación y suministro de agua. Exigimos al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia que se ahorren los espejismos de prosperidad futura que soportan los créditos y que traduzca en acciones su responsabilidad como principales garantes de derechos fundamentales.

El Municipio de Medellín, en particular, debe garantizar en medio de la emergencia -y aún sin ella- la reinversión de las utilidades de la Empresa en la materialización al acceso y suministro de agua para su población, reconociendo que a quienes llama clientes se les debe tratar como ciudadanía, es decir, garantizarles el derecho humano fundamental al agua, en especial, a aquella población que ha sido vulnerada por nuestra enorme inequidad.

Además, ambos entes territoriales deben pensar también en su ruralidad y en los bordes urbano-rurales de sus territorios, en su mayoría beneficiados por la gestión histórica de los acueductos comunitarios. Exigimos el respaldo a estas organizaciones desde la coordinación interadministrativa y la celebración de acuerdos público-comunitarios que posibiliten el fortalecimiento de sus sistemas de agua, garanticen el acceso a los suministros y mecanismos requeridos para poder continuar su tarea, que valga recordar, realizan sin ánimo de lucro. Además, con mayor razón frente a la gestión comunitaria del agua, deberán pensarse alternativas de apoyo desde la gestión de recursos públicos a la población beneficiaria que se vea en la imposibilidad de contribuir con la cuota familiar mensual.

En últimas, instamos al Estado a proteger a los cientos de familias que actualmente están desconectadas por la gestión empresarial del agua y que a futuro se verán seriamente afectadas por las lógicas implementadas por EPM, y lo instamos también a reconocer y respaldar la labor realizada por los acueductos comunitarios. Esta crisis no puede configurarse como un escenario que propicie mayores vulneraciones a los derechos fundamentales. Resulta urgente que tanto EPM como el gobierno departamental y municipal garanticen a la ciudadanía el acceso al agua, puesto que de no ser así, se estaría atentando contra el derecho humano a la vida. La supervivencia de nuestra especie depende del agua y el suministro del agua en este contexto de pandemia mundial no puede pender de una economía rapaz y deshumanizante.

Sucriben,

Corporación Amiga Joven

Corporación Con-Vivamos

Corporación Educativa Combos

Corporación Jurídica Libertad

Corporación Primavera

Corporación Vamos Mujer

Corporación para la Vida Mujeres que Crean

Fundación Confiar

Instituto Popular de Capacitación

Mesa Interbarrial de Desconectad@s

Mesa de Vivienda y Servicios Públicos Domiciliarios Comuna 8

Red de Mujeres Populares

Ríos Vivos

Grupo de Estudio en Ecología Política y Justicia Hídrica, Universidad Pontificia Bolivariana

Semillero Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas, Universidad de Antioquia

Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

---

[1] Disponible en: https://masivapp.com/ViewInBrowser/Index?idPackage=17764296&tag=MASIVBE622D5538137FC&idSend=2&utm_campaign=website&utm_source=Masiv&utm_medium=Email&idPackage=17764296&tag=MASIVBE622D5538137FC&idSend=2&utm_campaign=website&utm_source=Masiv&utm_medium=Email

Programas de radio realizados en 2016 para la difusión de los procesos que acompaña la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila en la defensa de los bienes comunes y el seguimiento de las luchas sociales.

Moderador: Jorge Montoya

---

Nos reunimos hoy 12 de mayo de 2016 en la ciudad de Medellín para discutir las nuevas amenazas de privatización y despojo de los bienes comunes naturales y culturales y de instituciones populares y públicas a través de políticas gubernamentales, firma de tratados internacionales, venta de organismos estatales, en el marco de un modelo económico que profundiza el extractivismo y la destrucción de los bienes naturales, el agua, el aire, los suelos, la biodiversidad, las culturas y los paisajes y los territorios.

Hace más de dos décadas se dio la entrada oficial al neoliberalismo en el país. La constitución de 1991 y leyes posteriores, en especial la 142 y 143 de 1994 de servicios públicos y mediante la que se establece el régimen para la generación, interconexión, distribución, y comercialización de electricidad en el territorio nacional, que sumadas a la política empresarial para el manejo de los mismos, implementada mediante decretos, establecieron un cambio en la concepción de los servicios públicos y en quiénes pueden prestarlos, otorgando un papel principal a la actividad empresarial, desarrollada por privados, entidades de economía mixta o sociedades por acciones de capital en principio estatal, con la posibilidad futura de venta a cualquier interesado. Todo ello, amparado en los argumentos de eficiencia económica, eficacia y ausencia de corrupción, afirmando de otro lado, la falta de competencia, la carencia de fondos del Estado, los altos costos que implica la prestación de los servicios, la incapacidad de las comunidades organizadas, rurales y urbanas para la autogestión de servicios esenciales, su atomización y la insostenibilidad financiera. De esta manera se permitió y permite que los servicios públicos como finalidad del Estado sean entregados al sector privado, acabando con el modelo netamente estatal y con la gestión de los mismos por parte de organizaciones comunitarias con arraigo en los territorios.

La privatización de los servicios públicos implica la pérdida de soberanía y la mercantilización de los bienes comunes asociados a dichas actividades, como el agua y el gas, el detrimento del patrimonio público y la denegación de los derechos humanos que se garantizan a través de ellos, como el acceso y suministro de agua potable, energía y gas para todas las personas sin exclusión y a bajo costo, lo que vulnera el principio democrático que inspira nuestro sistema de gobierno y el derecho ciudadano a participar en la toma de decisiones sobre nuestros servicios, nuestro territorio y los bienes que lo conforman, priva a las comunidades de la gestión autónoma y del derecho a constituirse en instancias válidas de representación en los escenarios locales y departamentales.

Denunciamos la democratización de las empresas estatales como una estrategia al servicio de la privatización de lo público, cuyo propósito final es el fraccionamiento del capital estatal en acciones que se venden, intercambian, acumulan o monopolizan pocos, rechazamos también los mecanismos administrativos de toma de posesión y liquidación de organizaciones comunitarias que garantizan el agua a amplios sectores de la población y las declaramos como patrimonio público- comunitario, histórico y cultural de nuestra Nación.

La privatización tiene un impacto social negativo en relación a las tarifas, la pérdida del patrimonio público, comunitario y ambiental, pone en riesgo la permanencia de los habitantes en el territorio, crea inseguridad energética e hídrica y vulnera derechos humanos.

Aparece como nueva amenaza el acuerdo internacional sobre el comercio de servicios TISA, que Colombia está negociando en compañía de otros 49 países, estrategia del corporativismo y las multinacionales para apropiarse de los servicios que garantizan derechos y que aún son gestionados por el Estado y las comunidades. La privatización de los servicios en diversas partes del mundo ha sido un fracaso y por ello en más de 346 ciudades se han realizado procesos de remunicipalizacion de los servicios de agua y saneamiento; aun así, el mercado continúa en la búsqueda de acuerdos que garanticen la entrega del sector a los privados y la posesión sobre los servicios públicos esenciales existentes y los que puedan prestarse en el futuro.

En este contexto, identificamos las diversas formas de resistencia promovidas en las últimas décadas por las organizaciones sindicales, comunitarias, no gubernamentales y solidarias, inspiradas en principios humanistas y ambientalistas en defensa de los bienes comunes, los derechos humanos y la soberanía nacional. La organización, investigación, formación, articulación, movilización y la lucha creativa han sido esenciales para denunciar y disminuir los efectos de la privatización.

Los sindicatos, los acueductos comunitarios, las organizaciones ambientalistas y de economía solidaria nos vemos en la necesidad de defender la gestión pública y comunitaria de los servicios y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten nuestros bienes comunes, derechos humanos y patrimonio público-comunitario. Continuaremos denunciando y divulgando los efectos de la privatización, articulándonos en acuerdos público- público-, público-comunitario, comunitario-comunitario y solidarios apoyando e intercambiando nuestras resistencias creativas tanto a nivel nacional como internacional para contrarrestar los efectos de los acuerdos público-privados –APP- promovidos por las instituciones financieras internacionales y las multinacionales. Así mismo, nos comprometemos a discutir y fortalecer la campaña contra el acuerdo TISA que se desarrolla a nivel global.

Medellín, 12 de mayo de 2016.

Sindicato Nacional de Trabajadores de ISAGEN, SINTRAISAGEN.
Sindicato de Trabajadores de Acuavalle SA ESP, SINTRACUAVALLE.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental, SINTRAMBIENTE.
Sindicato Nacional De Trabajadores de ISA, SINTRAISA.
Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética, SINTRAE.
Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Complementarios y Conexos, SINPRO.
Unión de Sindicatos de EMCALI, USE.
Internacional de Servicios Públicos, ISP.
Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, ADACA.
Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de Las Américas.
Cooperativa Confiar.
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
Comité Departamental en Defensa del Agua y de la Vida de Antioquia.
Amigos del Medio Ambiente, AMA.
Fundación Darién