El 19 de junio de 2021 tuvo lugar la Novena Asamblea Campesina de Medellín en el corregimiento San Sebastián de Palmitas. Al evento asistieron campesinos, campesinas, líderes, lideresas y jóvenes de los cinco corregimientos de Medellín, con el fin de discutir y reflexionar acerca de los territorios rurales campesinos de Medellín.
La jornada estuvo mediada por una metodología participativa que permitió escuchar diversas voces, exponiendo las preocupaciones y necesidades que hoy se plantean las campesinas y campesinos de los corregimientos para garantizar su permanencia en los territorios. De esa manera, se reiteró la importancia de la implementación del Distrito Rural Campesino para que no solo se piense la ruralidad, sino también se gestione, garantizando la vida digna y la permanencia de las campesinas y los campesinos en Medellín. Por su parte, la Red Intercorregimental de Mujeres realizó una presentación artística y compartió su pronunciamiento.
Desde los diferentes corregimientos se realizó la construcción del pronunciamiento que recoge todas esas exigencias y reivindicaciones que seguirán siendo la ruta para proteger la vida y la economía campesina. A continuación compartimos las palabras de la comunidad campesina de Medellín:
PRONUNCIAMIENTO NOVENA ASAMBLEA CAMPESINA DE MEDELLÍN
Campesinas y campesinos de los cinco corregimientos del municipio de Medellín, nos hemos vuelto a encontrar en la 9na Asamblea Campesina de Medellín “Por la defensa del territorio, la economía y la vida campesina”. En este espacio de reflexión, discusión y toma de decisiones, nos pronunciamos públicamente para exigir el cumplimiento de nuestros derechos como campesinos y campesinas, fortalecer la organización comunitaria en nuestros territorios y encaminar acciones de defensa y permanencia en el territorio rural campesino con justicia social y equidad de género.
Después de varios meses viviendo el aislamiento provocado por la pandemia a causa del covid-19, nos volvemos a encontrar en Asamblea para reafirmarnos en la defensa por el territorio, la economía y la vida campesina desde el poder colectivo que produce la unión de las organizaciones de mujeres, jóvenes y campesinas/os de los cinco corregimientos de Medellín quienes, a través de la producción agropecuaria, la defensa de los derechos, el resguardo de semillas y de los bienes comunes, aportamos Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentaria en los territorios rurales y los centros urbanos de este municipio. Es importante resaltar que los efectos de la pandemia expresados en cifras del DANE, demuestran que en el año 2020 la pobreza monetaria ascendió a 42,5%, lo que significa que 21 millones de personas en el país viven en esta condición. Frente a este panorama de injusticia social y de inequidad en el acceso a los alimentos, es la pequeña economía campesina quien ha aportado una salida solidaria y cercana a las demandas alimentarias y ambientales que ejercen los grandes centros poblados hacia los territorios rurales.
Esta 9na Asamblea Campesina de Medellín, se desarrolla en medio de un estallido social que reclama justicia social, económica y ambiental, y pone en el escenario la participación de las mujeres, las juventudes, las y los trabajadores y la comunidad campesina, afectada especialmente por las políticas neoliberales, y profundizadas en el actual gobierno del presidente Iván Duque, del partido Centro Democrático. En medio de esta coyuntura se han presentado graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública, según la Corporación Jurídica Libertad, en Antioquia desde el 28 de abril al 10 de junio de 2021 se han registrado: 710 privaciones de la libertad, 2 asesinatos, 73 desapariciones, 57 judicializaciones, 42 lesiones personales, 141 torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, 19 comparendos, 10 amenazas y un sin número de violencias de género contra mujeres y diversidades sexuales, se han presentado graves casos de violencia sexual.
Pese a este panorama de paro nacional y condiciones desfavorables que ha dejado el aislamiento social, las comunidades organizadas y en movimiento, hemos levantado nuestros mandatos, propuestas y alternativas, para decir NO a la política de muerte y pobreza, NO a la política extractivista en los territorios, NO a la militarización de la vida de las juventudes, NO a la muerte de líderes y lideresas sociales, NO a la falta de salud y educación de las niñas y los niños, NO a la violencia de género contra las mujeres y diversidades sexuales y NO a la criminalización, la invisibilización y abandono de las comunidades campesinas.
Consideramos que la alcaldía municipal de Medellín en cabeza del alcalde Daniel Quintero, debe adelantar acciones de carácter urgente para proteger la vida y economía campesina, el agua, la soberanía alimentaria y los Derechos Humanos de las mujeres rurales y urbanas, e incluir directamente en su Programa de Gobierno las propuestas derivadas de la Agenda Ciudadana que se viene construyendo durante varios años con las comunidades campesinas, juventudes y mujeres de los corregimientos: San Cristóbal, Santa Elena, San Sebastián de Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado. Una propuesta de “EcoCiudad”, debe integrar con especial atención a las comunidades campesinas y a los territorios rurales, no sólo como un lugar objeto de conservación ambiental, sino como un espacio donde se están tejiendo alternativas y propuestas de vida fundamentales para enfrentar la crisis climática que atravesamos.
Manifestamos con bastante preocupación, la desatención por parte de la alcaldía municipal a quienes habitamos los territorios rurales. El abandono y la negligencia en el control a la creciente parcelación en suelo rural ha venido afectando el modo de vida campesino, ha encarecido el valor de las tierras y con ello se ha dado el aumento desproporcionado de los impuestos, además de la afectación de las fuentes hídricas por vertimientos y las altas demandas en el uso del agua para otras actividades que compiten con la producción de alimentos.
Desde la mesa de cada corregimiento reunidas en esta Asamblea, manifestamos la situación y demanda actual de nuestros territorios:
Solicitamos de manera urgente, la implementación del Distrito Rural Campesino, figura de ordenamiento y gestión del territorio rural, instrumento incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial actual. Según su agenda, exigimos que se lleve a cabo la Fase 3 de socialización y las fases siguientes. Es necesario que se destinen recursos propios y específicos para su implementación, así mismo que se brinde información clara y oportuna sobre el desarrollo del DRC a la veeduría y a la comunidad campesina en general. Necesitamos que la producción y economía campesina del municipio, sea incentivada a través de subsidios, acompañamiento técnico, mejoramiento de vías, exoneración de peajes (ubicados en la jurisdicción del municipio de Medellín), que se implementen subsidios en el cobro de impuestos y políticas especiales para pensión, salud y educación, así mismo que se establezcan consideraciones especiales en la clasificación del SISBEN. Es muy importante para nosotros y nosotras la promoción de mercados campesinos; es a través de la comercialización directa, la soberanía alimentaria y las redes de economía solidaria, como se asegura la permanencia de nuestras comunidades en el territorio y la alimentación sana de todas y todos. Frente a esto exigimos que se cumpla e implemente lo establecido en la ley 2046 del 6 de agosto de 2020, la cual establece mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios.
Es necesario que en Medellín se formule una nueva política pública para la ruralidad; con la implementación de nuevos planes y proyectos con enfoque de género y la implementación del Distrito Rural Campesino con recursos propios, aseguramos alimentación y sostenibilidad tanto para las zonas rurales, como para las urbanas, en constante crecimiento y densificación. La Asamblea Campesina propone la definición de espacios amplios y renovados de participación, nos interesa la consolidación de las Mesas Campesinas y Agropecuarias como estrategia de concertación colectiva; las voces de las mujeres rurales, las juventudes, las niñas y los niños y los pequeños productores de alimentos, deberán ser la hoja de ruta de programas y proyectos que pongan en un lugar protagónico una política de protección al campesinado, a las mujeres rurales y campesinas, la protección a la vida en todas sus dimensiones y el goce de todos los derechos.
Finalmente, estamos comprometidas y comprometidos, para que el Municipio de Medellín y el Valle de Aburrá, se asuma y se construya como un escenario de paz territorial para el país. Es protegiendo la vida campesina, el agua, el territorio y haciendo efectivos los derechos campesinos y derechos humanos de las mujeres, como se hace paz, no hay paz en Colombia sin dignificación de campesinas y campesinos.
¡Juventudes, hombres y mujeres campesinas del municipio de Medellín, construímos propuestas para defender la vida y el territorio, y proponemos acciones para su defensa!
Campesinas y campesinos exigen especial protección del territorio, la economía y vida campesina en el Valle de Aburrá
El pasado 26 de junio de 2014 en la Universidad San Buenaventura, en la III Asamblea Campesina del Valle de Aburrá, se reunieron cerca de doscientas campesinas y campesinos para dialogar y concretar acciones en defensa del territorio “rural campesino” del Valle de Aburrá.
Las dinámicas y problemáticas que afronta hoy el suelo rural y la comunidad campesina, son razones suficientes para repensar los parámetros sobre los cuales se planea y se proyecta la ciudad.
“Es urgente que en cada municipio del Valle de Aburrá se fortalezca la construcción social y la ejecución de políticas públicas que promuevan el desarrollo agropecuario y el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina”.
En una jornada de diez horas, campesinas y campesinos de los cinco corregimientos de Medellín y de otros municipios como: Caldas, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Ebéjico, se congregaron en la III Asamblea Campesina del Valle de Aburrá para compartir los conflictos sociales, ambientales y territoriales que están presentes en sus territorios; concretar acciones orientadas a la visibilización, exigencia y defensa del territorio “rural campesino” del Valle de Aburrá; y fortalecer el Comité de la Asamblea Campesina como espacio de articulación, movilización y participación ciudadana.
El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 km2; siendo el área rural un 70.4% (812 km2) y el área urbana un 29.6% (340 km2). Toda esta región representa menos del 2% de la extensión del territorio antioqueño y en ella viven más de 3 millones de personas (cerca del 58% de toda la población del departamento de Antioquia) quienes carecen de espacios públicos adecuados para el esparcimiento y día a día se alimentan de productos que vienen de manos campesinas.
Según la población campesina los conflictos sociales, ambientales y territoriales más comunes son:
SOCIALES
El desmesurado impuesto predial conlleva a lotear y vender áreas de la finca, o en casos puntuales vender toda la finca para poder pagar. Así lo viven familias en el municipio de Bello, Caldas y los corregimientos de Medellín; cuyo impuesto se incrementó en muchos de los casos en más del 100%.
Los grupos armado ilegales están usurpando la función de los gobiernos en las veredas de los corregimientos y algunos municipios del Valle de Aburrá, fungen de “autoridad” armada y poseen el control de distintos territorios a través del expendio de sustancias psicoactivas, el cobro de vacunas y fijación del precio de comercialización de los productos de la zona. Ello genera un abandono de los procesos productivos, intimidación y desplazamiento de la comunidad.
Por su lado la desarticulación comunitaria agudiza la vulneración de derechos, así como la manipulación y apropiación de espacios de representación comunitaria por parte de líderes que buscan más los beneficios personales que los de la comunidad. Algunas JAC y JAL están apartadas de la función de representar, gestionar para comunidad y mediar los conflictos.
La falta de gobernabilidad para el campo agudiza aún más las problemáticas sociales, generando pérdida de credibilidad en las diferentes instituciones del Estado como autoridades ambientales, alcaldías y concejos municipales; quienes, además, en ocasiones imponen a través de supuestas socializaciones proyectos que afectan negativamente los territorios y a la comunidad campesina.
Falta de oportunidades académicas y laborales para las y los jóvenes, lo que implica el abandono del campo, las tradiciones y gran dificultad para el cambio generacional. La falta de educación ambiental se asocia a la disposición inadecuada de los residuos y al uso irracional de los bienes comunes.
AMBIENTALES
La falta de políticas públicas para el desarrollo rural campesino y la inoperancia del Estado, tiene en vilo muchos territorios rurales: insuficiencia, y muchas de las veces inexistencia, de sistemas para la potabilización del agua, de alcantarillados o sistema para el tratamiento de aguas residuales; cuerpos de aguas contaminados por factores asociados al uso de agrotóxicos; se realizan inadecuados manejos a los residuos sólidos; las actividades agroforestales en zonas de protección y conservación donde privados hacen usufructo de los servicios ambientales; y la minería para la explotación de materiales para la construcción, generando desplazamiento, cambios del paisaje y contaminación.
TERRITORIALES
La falta de legalización de predios es uno de los problemas más comunes en el territorio “rural campesino”. Ausencia de títulos de propiedad generan todo tipo de impedimentos para acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda, acceso a créditos o instalación de servicios públicos. La falta de titulación favorece la especulación sobre el valor del suelo y en beneficio de acaparadores de tierras y de proyectos con destinación diferente a la agropecuaria. Los cambios en los usos del suelo, la expansión urbana, sumado a los desplazamientos por grupos armados ilegales o proyectos de interés particular, ponen en riesgo la permanencia de la vocación agropecuaria en los corregimientos y municipios. El abandono de fincas campesinas por falta de mercados justos para los productos, tienen en peligro la soberanía alimentaria y economía comunitaria.
Ante estas problemáticas, la comunidad campesina, la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila y algunas ONG, han venido planteando diversos debates y discusiones con el fin de establecer una exigencia por el respeto y reconocimiento de los derechos de la población campesina y la especial protección del territorio “rural campesino” en Medellín y el Valle de Aburrá. En desarrollo de esta campaña la comunidad propuso en el año 2012 la conformación de la Asamblea Campesina y su comité con el fin de fortalecer los procesos de articulación, las dinámicas organizativas y la ejecución de las acciones propuestas.
La Asamblea Campesina del Valle de Aburrá se sigue fortaleciendo y reafirmando como espacio de deliberación y accionar para la defensa del territorio, la economía y la vida campesina. Las siguientes son algunas de las propuestas acordadas en la III Asamblea Campesina:
1. Consolidación y fortalecimiento del Comité de Asamblea Campesina como espacio de articulación, movilización y participación ciudadana. Donde asisten diferentes actores (organizaciones, personas naturales campesinas y no campesinas) que tiene relación o interés en la protección y/o promoción de la soberanía alimentaria, la defensa del territorio rural campesino, visibilización del campesinado, entre otros.
2. Promover la agroecología en los municipios a través de los planes y esquemas de ordenamiento territorial.
3. Tomas culturales y de intercambio de semillas criollas por territorios.
4. Generar articulación social y promover redes comunitarias para el consumo de productos campesinos agroecológicos dentro de la economía solidaria.
5. Talleres y jornadas de estudio para el análisis de programas y planes municipales que tengan relación con el desarrollo rural.
6. Legalización de predios.
7. Claridad y destinación, en las áreas rurales, de zonas especiales para la producción de alimentos por parte de campesinas y campesinos, con garantías a través de: seguros, subsidios, reducción de impuestos y servicios públicos.
8. Impulsar la protección y conservación de áreas con especies nativas, producción agroecológica y personas.
9. Utilización de los mecanismos de participación ciudadana para exigir la especial protección del territorio “rural campesino” en los acuerdos sobre POT.
10. Educación superior gratuita para el campo, a través de ubicación de universidades en las áreas rurales.
11. Promover actividades de educación ambiental con niñas, niños y jóvenes de las veredas.
12. Utilizar para las actividades agropecuarias, de manera concertada con él o la titular, los predios baldíos en las veredas.
13. Exigencia y construcción colectiva y social de políticas públicas para el desarrollo rural campesino.
14. Mejorar vías de acceso, instalación y/o mejoramiento de servicios públicos.
15. Movilizaciones y plantones para el reconocimiento y reivindicación de derechos de campesinas y campesinos, aprobados por el Consejo de Derechos de la ONU a través de la resolución A/HRC/21/L23 en el 2012.
La sustentabilidad ambiental y la soberanía alimentaria del Valle de Aburrá y el país, solo son posibles con la permanencia de la vida campesina y la conservación del agua, los bosques y la biodiversidad.
Mayor información: 284 68 68 / corpenca@une.net.co
Programa de gestión social y ambiental del territorio. Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
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