Las organizaciones, pueblos indígenas, movimientos sociales y defensoras y defensores del agua abajo firmantes, se dirigen a las Naciones, ante la Conferencia del Agua de la ONU 2023, para hacerle llegar la voz de los que no suelen ser escuchados, pidiendo que los siguientes temas fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional:
Como sujetos y titulares de derechos humanos y defensores y defensoras del agua, a menudo criminalizados y perseguidos por defender los derechos humanos, exigimos que la ONU priorice el diálogo y la colaboración con las comunidades más vulnerables en la implementación del ODS 6, incluidos los Pueblos Indígenas, las comunidades campesinas, los que viven en asentamientos informales, las poblaciones discriminadas por motivos de género, ascendencia y clase, y todos aquellos que aún no tienen garantizado el acceso al agua potable y al saneamiento.
https://thepeopleswaterforum.org/
Dakar, Senegal. 2022
EL AGUA, UN PATRIMONIO COMÚN Y UN DERECHO UNIVERSAL
Nosotras, representantes de movimientos campesinos, mujeres, jóvenes, ONGs, trabajadores y sindicatos, comunidades religiosas y de fe, y Pueblos Indígenas de todos los continentes, que trabajamos colectivamente para defender nuestro derecho al agua y al saneamiento, nos reunimos en Dakar del 21 al 26 de marzo de 2022 para el Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME). El FAME reunió a cientos de participantes de todos los continentes, en torno a paneles, conferencias, talleres, exposiciones, visitas, proyecciones de documentales, etc. Tuvo lugar en un contexto de estrés hídrico a escala planetaria, la creciente crisis climática, la pandemia de la Covid, y la globalización económica neoliberal, perjudicial para las comunidades de todo el mundo. El tema del FAME fue “el acceso al agua y al saneamiento es una cuestión de salud pública y un barómetro de democracia”.
Las siguientes realidades han propiciado ricos intercambios durante el foro:
Ante la gravedad de esta situación, proclamamos:
El Foro Mundial Alternativo del Agua (FAME) reclama:
En Dakar, 25 de marzo de 2022.
Este 22 de marzo, las Naciones Unidas celebran el Día Mundial del Agua en torno a una temática oficial sobre el «valor del agua». La elección de esta temática debe servirnos de alerta puesto que ¡entre la noción de valor y la de precio hay solo un paso! Sin embargo, asignar un valor económico a la naturaleza es un fenómeno cada vez más extendido y que acaba de alcanzar su punto culminante con la entrada en bolsa del elemento más esencial, tanto para la humanidad como para la vida en general: el agua.
El 7 de diciembre de 2020, la mayor empresa mundial de intercambio de derivados financieros, el CME Group, lanzaba el primer mercado de futuro relativo al agua. Los inversores y especuladores ahora pueden apostar sobre cuál será la evolución del precio del agua en California.
En la teoría, los contratos de futuros deberían permitir la lucha contra la volatilidad de precios y garantizar una cierta seguridad para los agricultores. En la práctica, se ha demostrado con creces lo contrario.
El impacto de los «mercados del agua», instaurados en varios países, es catastrófico. En Chile, los ríos son subastados y adquiridos por millonarios que utilizan el agua para irrigar de forma masiva los cultivos intensivos de aguacates o para alimentar las minas. Mientras tanto, millones de personas intentan sobrevivir al acaparamiento del agua, fenómeno que provoca fuertes sequías. En Australia, el mercado del agua, que se supone debería ser un apoyo para la economía y evitar el despilfarro de agua, termina al contrario incitando a inversores y empresarios agrícolas a la especulación en función de las previsiones en términos de escasez y de los precios futuros del agua, en detrimento del acceso de los campesinos al agua.
Contaminación, sobreexplotación, mercantilización, acaparamiento, alteración de los ciclos… Los ecosistemas acuáticos ya sufren una gran presión debida a nuestros sistemas de desarrollo. En un contexto de crisis global del agua, el agua de calidad es cada vez más difícil de encontrar y codiciada. El agua se está convirtiendo en un producto financiero ideal para los inversores, dado que todos necesitamos el agua para vivir y no existe sustituto de ésta.
Miles de millones de personas siguen sin poder gozar de su derecho humano al agua y millones de campesinos se enfrentan a grandes problemas a la hora de acceder al agua. La financiarización del agua abre la puerta a la especulación masiva y al aumento del precio del agua, lo cual supone una ventaja para los actores económicos más poderosos. El riesgo es ver los monocultivos o las zonas de sacrificio mediante crímenes ambientales multiplicarse, todo esto causado por la agroindustria y por el extractivismo, cuyos intereses económicos y financieros son mucho más interesantes para los especuladores. Dentro de este mercado tan lucrativo, las necesidades de los seres humanos y de los ecosistemas no son prioritarios.
Puesto que el agua es la fuente de la vida, ésta no puede considerarse como una mercancía, como un producto financiero o como un objeto de especulación. Las amenazas que suponen la pandemia y la crisis climática a nivel mundial deben hacernos tomar consciencia de ello de forma urgente. Dejar que las leyes de mercado sean las que decidan la repartición y la gestión del agua es inaceptable teniendo en cuenta los derechos humanos, y una irresponsabilidad al ver la situación ecológica y sanitaria en el planeta.
A pesar de que la ONU reconoció hace más de 10 años el acceso al agua como un derecho humano, es necesario un despertar. Para que el derecho al agua sea una realidad para todos, debemos rechazar esta visión puramente económica y utilitaria del agua. En muchos lugares, se está experimentando políticas alternativas del agua que ponen al centro el respeto de los ecosistemas de los cuales dependemos. En todo el mundo, hay personas que se organizan para que se reconozca su derecho al agua y exigen su plena participación en las políticas en lo que respecta a las cuencas hidrográficas. Muchos colectivos denuncian el control de los intereses privados sobre el agua y se oponen a los proyectos que ponen en peligro el agua dentro de su medio de vida. Otras personas ejercen presión para otorgar derechos a ríos, glaciares o lagos. Esta responsabilidad colectiva de las comunidades humanas con el agua, bien común de todos los seres vivos, no es una opción.
Por ello, en este Día Mundial del Agua, asociaciones y colectivos de todos los países, desde nuestra diversidad, nos unimos para recordar que el agua es un derecho humano y un bien común. Seguiremos diciéndolo, en todos los idiomas si es necesario… ¡El agua es vida!
Reafirmamos el hecho de que un derecho humano no está sujeto a la condición de poder pagarlo. Reafirmamos el hecho de que un bien común no debe ser gestionado ni controlado por las leyes de los mercados financieros.
Pedimos a las autoridades públicas que asuman su responsabilidad, que se opongan a la financiarización de la vida y que tomen todas las medidas necesarias para ilegalizar la cotización del agua en bolsa.
Pedimos también a cada ser humano que reivindique su derecho al agua, que rechace el control de este elemento vital por parte de los actores económicos, que se reapropie este bien común de todos los seres vivos y que contribuya a su protección para las generaciones presentes y futuras.
Tengamos la audacia de repensar nuestra relación con el agua, ¡la vida en la Tierra depende de ello!
La siguiente declaración ha sido suscrita por más de 500 organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo
Fondation Danielle Mitterrand (Francia), Coalition Eau (Francia), End Water Poverty (Reino Unido), Blue Planet Project (Canada), Food and Water Watch (Estados Unidos), End Ecocide on earth, Indigenous Peoples Rights International, MODATIMA (Movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medioambiente) (Chile), Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M (Chile), Consejo ecológico de molina (Chile), Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT zonal centro (Chile), Red Patagonia sin + mineras (Chile), Unión de Agua Potable Rural – cuenca río Petorca (Chile), Green Cross Argentina, Rede de Cooperação Amazônica (Brasil), Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila (Colombia), Ecologistas en acción (España), Freshwater Action Network (México), CooperAcción (Perú), Continental Network of Indigenous Women of the Americas
La lista completa se encuentra disponible aquí
En el marco del décimo aniversario del reconocimiento del agua y el saneamiento básico como derecho humano por la Organización de Naciones Unidas, estuvimos participando en el segundo conversatorio del ciclo de encuentros organizados por la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC). El 4 de agosto de 2020 tuvimos la posibilidad de encontrarnos vía Facebook live para reafirmar que seguimos en la unión hacia un mismo propósito: defender el territorio y la autogestión comunitaria del agua.
A través de la participación de representantes de El Salvador, Chile y Colombia que compartieron desde sus experiencias e historias de vida, dimos respuesta a la pregunta orientadora, ¿dónde estamos 10 años después del reconocimiento del derecho?
Kelis Elizabeth Pérez, lideresa comunitaria del El Salvador, destacó que “desde el año 2006 se han presentado diferentes propuestas para implementar una Ley General de Aguas, pues al día de hoy seguimos sin contar con una ley que pueda garantizar a los sistemas de agua comunitario el derecho humano al agua” y, por extensión, a todas las familias de El Salvador. Sin embargo, en el presente todavía existen muchas comunidades que no cuentan con el líquido vital, por dicha razón los sistemas de agua comunitario siguen luchando para que esa garantía y ese cumplimiento del derecho se haga efectivo.
En el caso de Chile, se ha categorizado el derecho humano al agua como un tema de rentabilidad social por medio del Código General de Aguas de ese país, se discriminan los sistemas que pueden o no participar de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Dicho código ha dejado por fuera a un sinnúmero de familias campesinas, dando prioridad a la agroindustria donde un aguacate recibe 160 litros de agua al día y una persona, si acaso, 50 litros que corresponde al mínimo para poder sobrevivir.
Según Álvaro Escobar, presidente de la Unión de Agua Potable Rural en la Cuenca del Río Petorca, “en este escenario, nuestra Unión de Agua Potable Rural ha decidido humanizar, solidarizar y construir una campaña para emprender acciones reales en defensa del agua, avanzando desde la Minga Solidaria del Agua que tiene como fin construir un sistema que entregue agua a las familias que hoy dependen de un aljibe”.
Colombia, por su parte, se caracteriza por haber logrado una fuerte organización nacional preocupada por la defensa de la autogestión comunitaria del agua en contra de la privatización que actualmente se vive en el territorio. Luego Referendo por el Agua de 2006 que pretendía consagrar el derecho humano al agua, el logro se volcó a la creación de una Red Nacional de Acueductos Comunitarios. A partir de este fortalecimiento organizativo, la Red Nacional emprende un largo camino que desembocó en la llamada Ley Propia.
Aleida Ortiz, defensora de los páramos y de la gestión comunitaria del agua en el departamento Boyacá, relató: “El Estado no nos acompaña, sino que, por el contrario, nos persigue desde todas las exigencias y normativas que pone a nuestra labor con el único fin de privatizar. Un ejemplo de ello es la Ley 142 que tiene muchas exigencias que para nosotros como campesinos son difíciles de implementar, ya que no tenemos cómo responder a ellas. Las exigencias no solo se dan desde los documentos, sino, también, desde la calidad del agua, cosa que es absurda considerando que nuestra agua viene directamente de los frailejones del páramo”.
Entendemos la gestión comunitaria del agua como el pilar fundamental del derecho. Desde iniciativas propias podemos empoderar a hombres y mujeres de cada territorio, uniendo esfuerzos y buscando la autonomía y la apropiación de las herramientas que ayudan a la comunidad a erigirse como garantes de su propio derecho de forma integral.
Encuentre aquí la transmisión del conversatorio: ‘Autogestión comunitaria y derecho humano al agua’
El 26 de junio de 2020 a las 3 de la tarde tuvo lugar el segundo encuentro del ciclo de conversatorios virtuales “Conversando con el agua desde la ruralidad” organizado por la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia y la Universidad del Cauca (ver primer encuentro: Agua, ruralidad y gestión comunitaria en tiempos de pandemia). En esta ocasión la conversación se hizo en torno al agua y al ordenamiento ambiental territorial desde una visión rural. El objetivo principal fue hacer visible el rol que tienen las organizaciones sociales y campesinas en la autogestión del agua desde el quehacer cotidiano y cómo estas acciones son las que construyen territorio, más allá de los planes de ordenamiento territorial y el desarrollo municipal.
Así pues, las preguntas orientadoras del evento giraron en torno al concepto de la tierra como bien común donde el agua se presenta, histórica y culturalmente, como un ser vivo que tiene derecho al territorio y que se dinamiza a través de la gestión comunitaria.
Fueron panelistas: Gabriel Urbano de la Corporación de Desarrollo Solidario, con experiencia en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la Mesa del Agua en Montes de María; Susana Correa y Marcela Bermúdez pertenecientes a la Corporación Penca de Sábila, con la experiencia del Distrito Rural Campesino de Medellín como figura de protección de la ruralidad en el Ordenamiento Territorial; Óscar Gregorio Rodríguez y Hugo Quiroga Tapia de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, hablando de la incidencia en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) del departamento de Santander. Finalmente, como moderadores, Alexandra Gutiérrez quien es Asesora de la Red de Acueductos Comunitarios de Boyacá y Juan Pablo Paz Concha, profesor de la Universidad del Cauca.
Encuentre aquí la transmisión del evento que se realizó en vivo por el canal de Youtube de la Universidad del Cauca: ‘Conversatorio Agua y ordenamiento ambiental territorial’
Comunicado. Abril de 2020.
El pasado 27 de marzo recibimos una carta de Empresas Públicas de Medellín[1]. Está dirigida a clientes, usuarios y comunidad en general. La manera como nos nombra nos anuncia el lugar desde el cual calcula los problemas y diseña las soluciones. Comienza afirmando que se deben a la gente, que su “conciencia de servicio a la comunidad adquiere una importancia mayor en un momento como este” y que son “conocedores de la importancia del agua potable (…) para proteger la vida, la salud y el bienestar de nuestras familias”.
Luego anuncian las medidas que la Empresa está dispuesta a tomar para garantizar que la venta del servicio de acceso y suministro de agua potable siga siendo posible aún en tiempos de emergencia y que además abarque a la totalidad de sus clientes, incluso a los hogares morosos.
En la carta, EPM nos explica que por Ley está obligada a seguir contabilizando los consumos durante este periodo. Por esta razón dispuso “que los clientes y usuarios puedan refinanciarlos bajo condiciones especiales”. Además, bajo su criterio de solidaridad, decidió renunciar, durante el periodo que duren las medidas de aislamiento, al cobro de intereses por mora en los que incurramos por el pago inoportuno de la factura. Asimismo, suspenderá el abono automático del 10% a la deuda pendiente de las personas en las recargas prepago de agua potable. Finalmente, se compromete a reconectar y reinstalar el servicio a petición de cada una de las personas que estaban siendo privadas del mismo.
Estas acciones dejan ver algo que no es nuevo. Desde la gestión empresarial del agua somos clientes, no ciudadanas y ciudadanos con derechos políticos, económicos, sociales y ambientales, y la garantía de nuestros derechos se supedita a la capacidad de pago de una factura. Dichas acciones igualmente reflejan la constante tendencia de la empresa de mercantilizar un bien común y un derecho humano esencial para nuestra existencia: el agua.
A pesar de ser un derecho humano existe una paradoja en cuanto a su protección se refiere, puesto que la Constitución Política de 1991 que pretendió garantizarlo, al mismo tiempo hizo que se privatizara a través de la apertura y consolidación del modelo neoliberal. En el caso de los servicios públicos autorizó a particulares a prestarlos, expidió la ley 142 de 1994 con enfoque empresarial y permitió la transformación de nuestras empresas públicas en empresas comerciales e industriales del Estado.
Sin duda, lo que nos desconcierta es que, aun en tiempos de crisis, se insista en afirmar que el agua como mercancía es compatible con el agua como derecho humano fundamental. Esta lógica empresarial, en medio de la mayor amenaza de salud pública del siglo, no puede inspirar más que otra innovación comercial: ¡Agua a crédito!
Nos preocupa pensar en la realidad que viven más de un millón de personas desconectadas, por sólo mencionar el caso de EPM en todo el territorio donde opera. Antes de que se declarara la emergencia, ¿acaso no era urgente para el Estado garantizarles el acceso al agua? ¿Se puede vivir, más que sobrevivir, sin agua, con o sin pandemia? Es claro que la lógica del mercado no está garantizando derechos fundamentales.
Las preocupaciones de EPM están orientadas sobre todo a garantizar su sostenibilidad económica. Más allá de la sostenibilidad de las empresas para sí mismas o para ampliar su portafolio de negocios, deberíamos pensar en una sostenibilidad destinada a representar el aumento de capacidades para la priorización de la vida, la dignidad y la equidad de las personas.
En este contexto, ¿qué es entonces lo público de Empresas Públicas de Medellín? Al ser estatal, el Municipio de Medellín está llamado a velar a que sus utilidades sean reinvertidas en la garantía de derechos de su propietaria final, la ciudadanía. Ofrecer agua a crédito hoy, es asegurar sed y deudas para mañana.
Tenemos la seguridad de que nuestro ordenamiento jurídico permite tomar medidas contundentes, aunque en muchas disposiciones respalde la lógica voraz de la acumulación y el lucro. Nos preguntamos entonces, ¿ni siquiera en estos tiempos de emergencia es posible pensar desde la institucionalidad otros modos, realmente creativos, de responder a los problemas y necesidades colectivas? ¿Qué tal pensar en posibilidades de gestión desde los recursos públicos en lugar de hacer malabares con el dinero que no tenemos los y las ciudadanas?
El gobierno nacional tiene que tomar las medidas necesarias para suministrar agua potable subsidiada para las personas que estén en condición de vulnerabilidad por su incapacidad de pago presente. La expedición de los decretos 512 y 513 del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público van en esa dirección al facultar a alcaldes y gobernadores para realizar operaciones presupuestales que permitan atender la emergencia y al permitir el empleo de recursos del Sistema General de Regalías en proyectos de alimentación y suministro de agua. Exigimos al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia que se ahorren los espejismos de prosperidad futura que soportan los créditos y que traduzca en acciones su responsabilidad como principales garantes de derechos fundamentales.
El Municipio de Medellín, en particular, debe garantizar en medio de la emergencia -y aún sin ella- la reinversión de las utilidades de la Empresa en la materialización al acceso y suministro de agua para su población, reconociendo que a quienes llama clientes se les debe tratar como ciudadanía, es decir, garantizarles el derecho humano fundamental al agua, en especial, a aquella población que ha sido vulnerada por nuestra enorme inequidad.
Además, ambos entes territoriales deben pensar también en su ruralidad y en los bordes urbano-rurales de sus territorios, en su mayoría beneficiados por la gestión histórica de los acueductos comunitarios. Exigimos el respaldo a estas organizaciones desde la coordinación interadministrativa y la celebración de acuerdos público-comunitarios que posibiliten el fortalecimiento de sus sistemas de agua, garanticen el acceso a los suministros y mecanismos requeridos para poder continuar su tarea, que valga recordar, realizan sin ánimo de lucro. Además, con mayor razón frente a la gestión comunitaria del agua, deberán pensarse alternativas de apoyo desde la gestión de recursos públicos a la población beneficiaria que se vea en la imposibilidad de contribuir con la cuota familiar mensual.
En últimas, instamos al Estado a proteger a los cientos de familias que actualmente están desconectadas por la gestión empresarial del agua y que a futuro se verán seriamente afectadas por las lógicas implementadas por EPM, y lo instamos también a reconocer y respaldar la labor realizada por los acueductos comunitarios. Esta crisis no puede configurarse como un escenario que propicie mayores vulneraciones a los derechos fundamentales. Resulta urgente que tanto EPM como el gobierno departamental y municipal garanticen a la ciudadanía el acceso al agua, puesto que de no ser así, se estaría atentando contra el derecho humano a la vida. La supervivencia de nuestra especie depende del agua y el suministro del agua en este contexto de pandemia mundial no puede pender de una economía rapaz y deshumanizante.
Sucriben,
Corporación Amiga Joven
Corporación Con-Vivamos
Corporación Educativa Combos
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Primavera
Corporación Vamos Mujer
Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Fundación Confiar
Instituto Popular de Capacitación
Mesa Interbarrial de Desconectad@s
Mesa de Vivienda y Servicios Públicos Domiciliarios Comuna 8
Red de Mujeres Populares
Ríos Vivos
Grupo de Estudio en Ecología Política y Justicia Hídrica, Universidad Pontificia Bolivariana
Semillero Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas, Universidad de Antioquia
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
[1] Disponible en: https://masivapp.com/ViewInBrowser/Index?idPackage=17764296&tag=MASIVBE622D5538137FC&idSend=2&utm_campaign=website&utm_source=Masiv&utm_medium=Email&idPackage=17764296&tag=MASIVBE622D5538137FC&idSend=2&utm_campaign=website&utm_source=Masiv&utm_medium=Email
Las comunidades organizadas han realizado durante años, acciones de restauración ecológica, protegiendo, cuidando y conservando las microcuencas de los ecosistemas a través de los cuales se autogarantizan su derecho al agua. Son importantes las acciones comunitarias para el bien común, pero más aun, las garantías dignas para que las comunidades campesinas permanezcan en sus territorios.
El planeta tierra está inmerso en una crisis ecológica, climática y de civilización que exige plantear alternativas y formas distintas de relacionarnos con la naturaleza. En Colombia nos enfrentamos al mismo modelo neoliberal, que además se profundiza con la producción extractivista. En este contexto, han surgido diversas propuestas y formas de organización para la defensa del agua, la vida y los territorios.
La Corporación Penca de Sábila y la Red ambiental y cultural juvenil intercorregimental (Redajic) se suman a la Alianza Colombia libre de fracking. La Alianza está conformada por organizaciones ambientalistas y sindicales, sectores académicos y procesos sociales de defensa del territorio, las cuales, desde diversas acciones jurídicas, investigativas y de movilización social se han articulado para la prohibición del fracking en Colombia.
En compañía de la Alianza se han desarrollado procesos de formación en diversos escenarios de la ciudad de Medellín que buscan propiciar el análisis de esta problemática, al igual que la participación en movilizaciones sociales que pretenden su visibilización. Así mismo, se participó en el IV taller de la Alianza desarrollado en San Martín-Cesar el cual tuvo como objetivo presentar algunos resultados de investigación frente a las emisiones de gases en extracción petrolera convencional, que pone en vilo el derecho al aire, tanto en yacimientos convencionales como no convencionales. En el taller, también se discutieron posibles acciones en búsqueda de la prohibición de estas formas de extracción de energía extrema.
En este sentido, nos unimos, nos pronunciamos y solicitamos que se continúe la moratoria a la técnica de fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, más conocida como fracking, en perspectiva de su prohibición, así como la suspensión de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que actualmente utilizan para esta técnica y los proyectos pilotos que se vienen desarrollando. Lo anterior, teniendo en cuenta el riesgo ambiental, social y de salud pública que implica su implementación en el país.
DECLARATORIA DE PETORCA, CHILE
En la provincia de Petorca, nos reunimos mujeres y hombres de diversas organizaciones, redes y movimientos sociales de nuestra América, articulados en la Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua (Red VIDA), para compartir nuestras experiencias de lucha, analizar colectivamente la realidad de nuestro continente y construir estrategias comunes para hacer frente al sistema capitalista que se sustenta en un modelo extractivista que cosifica y despoja a los pueblos y a la naturaleza misma de las condiciones fundamentales de la trama de la vida.
Esta reunión se da en un momento trascendental para el pueblo chileno que espontáneamente se levanta en lucha contra el neoliberalismo, mostrando al mundo que tras la falaz imagen de un país ejemplo de “desarrollo” se esconde una realidad de profunda injusticia y desigualdad, que niega a la ciudadanía las condiciones mínimas de reproducción de la vida. Hoy Chile se levanta y exige una Asamblea Constituyente que abra paso a la construcción de un país justo y equitativo. El pueblo chileno se mira a los ojos, habla, delibera y se abraza en los cabildos que se convocan para soñar el nuevo país.
Ante la opinión pública nacional e internacional exponemos:
Nos hemos reunido en la Provincia de Petorca con la convicción plena de que la crítica situación de sequía en este territorio es la expresión fehaciente de la injusticia hídrica y la inequidad del modelo neoliberal que pone al centro el interés de ganancia de las corporaciones. La escasez de agua no se explica por la sequía, es la expresión concreta de la aplicación del modelo de privatización y despojo del agua instaurado durante la dictadura cívico-militar que legalizó el saqueo sistemático del agua por parte de corporaciones nacionales y transnacionales. Acogemos y nos hacemos eco de ese grito que retumba en los valles y las calles: NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO.
Nuestra América enfrenta una creciente apropiación de los bienes comunes que se convierten en el botín del capitalismo global mediante diversos mecanismos de despojo expresados en cientos de megaproyectos hidroeléctricos, agroindustriales, mineros y fracking, así como la sistemática implementación de estrategias de privatización y mercantilización del agua y de la gestión pública y comunitaria del agua.
Junto al despojo del agua y de nuestros territorios, los capitales nacionales, las corporaciones transnacionales, las instituciones financieras internacionales y las mismas instituciones del Estado desarrollan una agresión sistemática mediante la represión, criminalización y asesinato de las defensoras y defensores ambientales, contra nuestras organizaciones y personas. La RED VIDA asume plenamente la lucha por el derecho a defender derechos, exigimos el respeto a nuestras vidas.
POR LO ANTES EXPUESTO:
Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los movimientos que defienden el agua, la vida y el territorio en Chile, que exigen una nueva Constitución, la derogación del código de aguas vigente diseñado bajo la dictadura militar, así como la recuperación de los bienes comunes.
Exigimos a los Estados de Nuestra América revertir acuerdos internacionales, leyes y políticas públicas que entregan el agua y los bienes comunes a las corporaciones y así poder avanzar hacia la construcción de políticas públicas que pongan en el centro la defensa de la vida. Además de garantizar nuestro derecho a defender derechos.
Ratificamos el compromiso de la Red VIDA en redoblar esfuerzos en la articulación de la lucha en la defensa del agua, la vida y los territorios como derechos humanos fundamentales.
Porque el agua es fuente de vida.
Dado en La Ligua, Provincia de Petorca a los 10 días del mes de noviembre del 2019.
DECLARATORIA
26 y 27 de septiembre de 2016 / Medellín, Colombia
En Medellín, Colombia, durante los días 26 y 27 de septiembre de 2016, realizamos la V Asamblea Continental de la Red VIDA. En un momento crucial que coincide con la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC – EP, que pone fin a más de 60 años de un conflicto armado, cuya complejidad reviste un escenario en el que quien más sufre las consecuencias es el pueblo alegre de Colombia.
Reconocemos que el conflicto armado y las violencias en Colombia son la consecuencia de una crisis económica, social, política y ambiental, cuyas causas estructurales se expresan en la distribución inequitativa de la tierra, la sistemática pobreza y exclusión de la mayoría de su población y la falta de garantías para la participación política y el ejercicio pleno de derechos.
Con emoción presenciamos esta firma por el fin del conflicto armado y pudimos abrazar con alegría y esperanza a nuestros hermanos y hermanas de Colombia que optimistas ven que este puede generar condiciones necesarias para la construcción de la paz, que sólo es posible en los territorios y en la reconciliación con la naturaleza que nos entorna y protege. Por ello, con interés acompañaremos este proceso.
En medio de esta alegría nos preocupa la profundización del modelo de desarrollo extractivo en Colombia y en el continente que sigue generando despojo, desplazamiento, pobreza y destrucción de la naturaleza. Precisamente, el uso de la naturaleza en la guerra representó un doble aspecto, por un lado como botín y, por otro, como causa directa de conflictos armados por la desigualdad y la injusticia que provoca, ante la voracidad del sistema colonialista, capitalista, patriarcal y neoliberal. Bajo esta doble condición, la naturaleza como sujeto de derechos también ha sido víctima de la guerra.
Resaltamos la presencia de ASSEMAE, representada en su presidente Aparecido Hojaij. ASSEMAE es la única entidad brasileña que representa a los servicios de saneamiento municipal, en el actual contexto de saneamiento en Brasil, reafirma la lucha de la organización para la inclusión social y la salud de la población ambas garantizadas por la gestión pública de los servicios de agua y saneamiento.
Conscientes de que lo que pase en Brasil con su política pública de saneamiento, afectará a toda América Latina, pues se inició una ola de privatización que gana cada vez más fuerza en el país, ASSEMAE se compromete en la lucha por mantener en manos públicas municipales la prestación del servicio de saneamiento municipal. Y para ello a movilizar el mayor número de instituciones nacionales e internacionales para mostrar que el sector público se presenta como la mejor alternativa en la implementación de políticas de agua y saneamiento básico. La Red VIDA apoya la lucha de los municipios del Brasil asociados en ASSEMAE en la defensa de la gestión municipal del servicio de agua y saneamiento con el convencimiento pleno de que el sector público concebido así y como lo ha demostrado en su histórica experiencia ASSEMAE, es la mejor alternativa para garantizar el acceso y suministro de agua como derecho humano fundamental.
Trece años han pasado desde la fundación de la Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y el Derecho al Agua -RED VIDA- cuando en 2003, 54 organizaciones de 16 países de todo el continente americano nos reunimos en San Salvador y nos comprometimos con el lanzamiento de una Campaña Interamericana contra la privatización del agua y en su defensa como bien común, y en lo que a su acceso, distribución y calidad se refiere como derecho humano fundamental. Nacimos reivindicando un modelo de gestión pública con participación social de mujeres y hombres, defendiendo la gestión comunitaria y sustentable del agua como una forma de garantizar el acceso universal de forma equitativa y justa.
Hoy mujeres y hombres de todos los rincones de nuestra América persistimos y reafirmamos la lucha, reconociéndonos como iguales en derechos y fecundamente diferentes en la diversidad cultural.
Hemos renovado el compromiso de seguir trabajando de manera especial con nuestros jóvenes, niños y niñas a la defensa de los bienes comunes y los territorios, y del derecho humano al agua y al saneamiento desde una perspectiva integral.
La defensa de los territorios del agua da contexto a la lucha por el derecho humano al agua vinculada a la custodia de los bienes comunes. En este sentido nos preocupa profundamente el hábitat del agua, los derechos del agua, la contaminación de ríos, lagos, arroyos, la pérdida de humedales y acuíferos, la contaminación creciente de las fuentes y la amenaza de nuestras fuentes por las diversas caras de la privatización.
En la RED VIDA siempre hemos rechazado la estrategia impulsada por los organismos financieros internacionales, los organismos multilaterales de comercio y los gobiernos nacionales dirigidos a la privatización de los sistemas públicos y comunitarios. Así como actores provocan el desmantelamiento del tejido social mediante el financiamiento de organizaciones como AVINA, FEMSA y otras.
Vemos avanzar normas, leyes y tratados que hacen del agua una mercancía por eso hoy hemos decidido vincularnos e impulsar campañas contra los TLC, los Acuerdos Público Privados y el TISA que impulsan y profundizan la privatización de los servicios públicos y el despojo de la naturaleza y la cultura de los pueblos de América Latina.
Abrazamos las luchas del sindicalismo social por sus derechos laborales como un elemento estratégico para la defensa de la gestión pública y comunitaria del agua.
Continuamos nuestras Con la inspiración y la enseñanza de la guerra del agua de Cochabamba, del plebiscito uruguayo, de la resistencia peruana, del referéndum colombiano, la recuperación de empresas para la gestión pública en Argentina, de las luchas y triunfos mexicanos.
Reconocemos los logros en las constituciones y en los marcos normativos que deben hacerse realidad en la vida cotidiana para las mujeres y los hombres de nuestro continente y en todo el mundo. Abrazamos las iniciativas ciudadanas por construir leyes que garanticen el agua como un derecho y su gestión comunitaria y pública de hermanas y hermanos de Colombia, México, El Salvador y Costa Rica.
Respaldamos las luchas en Centroamérica y en todo el continente contra las represas, el uso intensivo de agrotóxicos y el fracking. Por ello hoy persistimos en la construcción y fortalecimiento de alternativas sustentables de gestión pública y comunitaria del agua.
Estaremos atentas y atentos a la lucha que vienen desarrollando las hermanas y hermanos del TIPNIS, en Bolivia, en defensa de su territorio.
Como Red VIDA, reafirmamos y nos comprometemos a:
• Luchar contra el modelo extractivista de despojo y cualquier modalidad de privatización, mercantilización y financiarización del agua.
• Construir y fortalecer participativamente alternativas sustentables de gestión pública y comunitaria del agua con enfoque de género y diálogo intergeneracional para la defensa de los bienes comunes los territorios desde una perspectiva integral.
• Promover los intercambios de experiencias con enfoque de género, étnico y cultural sobre los procesos que permitan aprender y aportar en el análisis de alternativas.
• Afinar los mecanismos de coordinación y colaboración para la reapropiación y defensa del agua, desde el cumplimiento en la ejecución, seguimiento y evaluación de nuestro plan de acción.
Finalmente, repudiamos la criminalización de la protesta social en todas sus formas, las amenazas contra defensoras y defensores del agua y la vida. Continuamos exigiendo el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres Flores, así como juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales del mismo; para ello es imperativo que el Estado de Honduras, solicite a la CIDH una comisión investigadora tal como lo solicita el movimiento de resistencia popular.
Sin duda hoy nos también nos toca ser felices como un acto revolucionario
¡Que la alegría siempre nos acompañe en nuestras luchas!
27 de septiembre de 2016
Medellín, Colombia
RED VIDA
Coordinadora del agua. Argentina
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Uruguay
Federación de Funcionarios de OSE- FFOSE-, Uruguay
Federación Ecologista (FECON), Costa Rica
Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), Costa Rica
Internacional de Servicios Públicos – ISP-, Costa Rica
Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura –ACUA-, El Salvador
Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)/Foro del Agua, El Salvador
Food and Water Watch
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua –COMDA-, México
Agua para Todos, Agua para la vida, México
Sistema de Agua Potable de Tecámac , México
Fundación Abril, Bolivia
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, -ASSEMAE-, Brasil
Blue Planet Project, Canadá
Bloque Popular, Honduras
SINTRACUAVALLE, Colombia
SINTRAMBIENTE, Colombia
Federación de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca, FECOSER.
CENSAT Agua Viva, Colombia
Corporación ECOFONDO, Colombia
Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, ADACA Colombia
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Colombia
Invitados fraternales
Obras Sanitarias del Estado, Uruguay
Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia
Unión de Sindicatos de EMCALI –USE-, Colombia
SUR – VIVIENDO, Colombia
Carrera 50 #59-27
Medellín, Colombia
contacto@corpenca.org