Es los solsticios de invierno y de verano muchas culturas celebran alrededor del mundo. Es tiempo del INTI RAYMI, homenaje al sol en la noche más larga del año, es tiempo del WILKA KUTI, la vuelta del sol en AIMARA y para el pueblo Mapuche el WE TRIPANTU. Invertidos los solsticios, muestran en su manera de celebrarse, los sincretismos que la globalización colonialista y la resistencia cultural a ella, que hace más de 500 años impuso a las Américas. El fuego arde en hogueras desde tiempos de los celtas y los romanos. La vuelta del sol, su cercanía, pues el siempre está allí, dándonos la energía que garantiza los ciclos de la vida en el planeta, es una celebración, una fiesta de la humanidad. La iglesia católica situó allí el nacimiento de Jesús, superponiendo esta fiesta de natividad a la del SOL INVICTUS, el sol victorioso. Tiempo de cercanía del sol y de renacimiento, tiempo de inventarios y nuevos propósitos. Un ciclo.
Un año convulso ha sido este para nuestro país. Un año marcado por el proceso que ha conducido a los acuerdos de paz. Para lograrlo fue elegido el presidente Santos, de otra manera no hubiese sido posible y hasta necesaria su reelección. El voto de opinión, el voto que decide programáticamente, el voto comprometido e informado, se fue a su reelección haciendo de tripas corazón. Y bueno es su resultado a pesar de las zancadillas y la trapisonda de quienes se oponen a una paz negociada. El nobel de paz es una especie de cierre de esta compleja etapa y lo vemos más que un premio a la individualidad del presidente, un reconocimiento al proceso vivido en Colombia, a las víctimas que se han hecho centro del proceso de acuerdo, a la fuerza guerrillera de las FARC-EP que supo mantener la calma y el compromiso con los acuerdos a pesar la agresividad de sus detractores. Qué claridad la que han expresado en el objetivo de convertir la guerrillerada en una nueva fuerza política que asume el reto de aportar a la construcción de democracia en Colombia. Democracia entendida como la comprendió Estanislao Zuleta:
Debemos tener en cuenta que la democracia es un término que se emplea con mucha soltura. Se puede decir, por ejemplo, de un país, que tiene una gran democracia, porque sus leyes permiten, no prohíben la oposición, la libre expresión, la organización política de los opositores, la libre elección de los gobernantes, etc.; pero eso es una democracia en un sentido muy restringido. Ese tipo de democracia me parece necesaria, pero es restringida; no se trata de que no sea valiosa o que deba ser abolida por un totalitarismo. Pero hay otra democracia que ya no piensa solo en los derechos sino en la a participación real de la gente en aquellas cosas que afectan su vida; una democracia no solamente política, sino más real. Este concepto de democracia no tiene solamente en cuenta lo que está permitido o prohibido, sino lo que es posible; es una democracia donde existen posibilidades reales.
El maestro Zuleta nos habla de una democracia posible, de una democracia participativa, de una democracia genuina en la que toda la nación, su pueblo, decida su presente y su futuro. Y en sus palabras siempre nos invitó, nos invita a pensar con autonomía, a educarnos en una cultura política informada, crítica, propositiva. En un diálogo con Aida Calero, publicado en Conversaciones con Estanislao Zuleta, sobre el contexto de negociación durante el gobierno de Belisario Betancurt y describiendo a este personaje suis generis de nuestra historia política que fue pionero, tal vez el pionero de este acuerdo de paz, premonitoriamente Zuleta decía también que:
No nos engañemos en cuanto a Colombia. En nuestro país hay libertad de todo; todo el mundo puede opinar lo que quiera, por ejemplo, pero preguntémonos: ¿Qué puede opinar una población que no puede entender el proceso que vive la nación? Porque para opinar se necesita un mínimo de formación. Una nueva organización democrática no puede ser, por lo tanto solamente política, un partido para votar. Claro que se vota, y dos o diez candidatos exponen sus programas, pero lo hacen a una población ignorante.
Y describe así el primer reto de esta época que estará signada por la aplicación de los acuerdos. Su despliegue, su implementación en medio de un campo minado si se puede aplicar la metáfora a lo que ya vimos en la campaña pasada para refrendar los acuerdos y en el envalentonamiento de sectores que recordaron los aciagos tiempos de Laureano Gómez, que saboteó los acuerdos en aquella con idénticos argumentos. Da tristeza ver cómo se obstaculiza un acuerdo que puede permitir una sociedad reconciliada consigo misma y su entorno. Una sociedad que pueda pasar la hoja de la horrenda violencia y poder discutir asuntos vitales como la defensa de la economía, la cultura y el territorio rural campesino que en el primer punto de los acuerdos permitirá un desarrollo en su aplicación. Ni siquiera estamos hablando de una reforma agraria integral, que no se logra con el llamado desarrollo rural integral, pero sí abre el escenario para las reivindicaciones campesinas, agrarias, que pasan por el reconocimiento de la comunidad campesina y sus derechos a la cultura, la tierra y el territorio. A la legalización de la propiedad sobre la tierra garantizando la propiedad compartida por hombres y mujeres. Es urgente aplicar figuras jurídicas de protección como las zonas de reserva campesina, el Distrito Rural Campesino de Medellín y otras figuras de conservación con la gente y de incentivos a la agricultura familiar campesina.
Que la agenda de país se vuelque a la discusión del llamado modelo de desarrollo, a los problemas que generan graves y dramáticos conflictos ambientales y sociales que desplazan gente de los territorios, que rompen las culturas indígenas, campesinas y negras y generan ciudades invivibles, insustentables.
Cuando decimos que la paz es territorial y la democracia debe ser real, estamos hablando de cómo vivir mejor y es imposible vivir mejor sin agua de calidad, ese mismo Congreso que ha refrendado el acuerdo y debe legislar en esta dirección, acaba de negar por segunda vez el derecho humano al agua, que de alguna manera está implícitamente incluido en el bloque de constitucionalidad pero que merece lugar destacado en nuestra carta constitucional. De nuevo con leguleyadas, ha sido denegado este derecho y la política de privatización de las fuentes y el servicio público de agua y saneamiento avanza erosionando la autonomía municipal y despojando a las comunidades del derecho a la autogestión del agua, histórica garantía del acceso y suministro de agua en la ruralidad colombiana y los barrios populares de nuestras ciudades.
También en estos días escuchamos las palabras ideología de género en boca de quienes lideraron la oposición a los acuerdos y su refrendación el 2 de octubre. Quieren con ella denostar la inclusión de los derechos asociados con las libertades y las diversidades sexuales. Y lograron las iglesias cristianas y la católica, sin que hubiese una relación directa y sin que estuviesen allí incorporadas medidas nuevas, “limpiar” el texto de esta ideología. Limpiar es un verbo que se usa también para justificar la acción criminal contra la gente que delinque en los barrios y veredas y lo que es más grave, contra lo distinto, lo diferente y allí la gente de orientación sexual distinta a lo heteronormativo, es víctima, es objetivo. Es decir todo lo planteado en estos acuerdos de paz está ya legislado, está incluido en nuestro ordenamiento jurídico de manera directa, por la jurisprudencia y por el bloque de constitucionalidad. Pero se dieron el lujo de hacer limpieza. Qué macabro, han caído asesinadas personas de la llamada población LGTBI, muchas mujeres y el indignante caso de la niña yanacona Yuliana que nos tiene consternados pensando en las miles de Yulianas. Por eso compartimos la preocupación de Antonio Caballero cuando en su reciente columna advierte sobre lo que llama la nueva matazón que de manera trágica repite la muerte selectiva de personas defensoras del ambiente, los territorios, los derechos y también vinculadas con movimientos sociales y políticos como la Marcha Patriótica, la UP, el Congreso de los Pueblos.
En su conferencia de abril de 2015 Brigitte Baptiste, en la cátedra Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia expresó a modo de pregunta:
¿En dónde quedan en todo este discurso, en toda esta evolución de los sistemas complejos, la mujer, el hombre, lo femenino, lo masculino? A mi manera de ver quedan exclusivamente en el terreno de la creatividad artística y en el sentido del disfrute. Ya no es necesario delimitar la condición de sexo o de género de nada ni de nadie, a menos que la usemos para gozarla. De resto se convierte en un atributo de discriminación y de abuso de poder, autoritario, y por tanto inaceptable. Por ello la verdadera liberación a la que estamos aferrados en este momento es asumir nuestras masculinidades o feminidades como construcciones deliberadas, ricas, llenas de sentidos, con las cuales nos sintamos satisfechas o satisfechos.
Y más adelante señala “No hay realmente ningún contenido moral en la definición de las sexualidades, salvo que atenten contra la voluntad y el bienestar de terceros; esa sería la regla ética”. Es una respuesta clara a las falacias de la ideología de género tan usadas para desinformar y atemorizar a la gente.
Esta mezcla de asuntos morales, religiosos y políticos es nefasta para una cultura democrática que hoy tiene sentidos estéticos, éticos renovados, pues la democracia intensa es respeto a las diversidades, reconocimiento a los derechos de la naturaleza, justicia ambiental, social y de género. Es imposible la paz en democracia sin el reencuentro con nuestra historia y nuestra memoria, con el reconocimiento de las devastadoras consecuencias de la guerra contra las personas, las familias, las comunidades, el territorio y los bienes comunes y públicos naturales y sociales. Renovamos nuestros compromisos con la construcción de un país en paz, sustentable, democrático y justo. Les deseamos un renacimiento en familia y comunidad que permita la renovación de propósitos y vínculos en la construcción de una democracia posible para nuestra sociedad. Felices fiestas y feliz año nuevo.
Nuestro compromiso feminista y ambientalista se reafirma en esta penumbra que se ha impuesto por el auge inusitado de falacias que van contra la construcción democrática de una sociedad basada en los ideales de la igualdad, la solidaridad, la diversidad, el respeto y reconocimiento a las diferencias y su trato democrático que implica y contiene la comprensión del vinculo con la naturaleza de la somos parte. El reconocimiento ético de la naturaleza hecha territorio, es decir, agua, aire, energía, bosque, vegetación, agricultura, alimentos y entonces calidad de vida.
Entre el pesimismo y la perplejidad vividas el 2 de octubre y la esperanza y alegría luego, cuando nos encontramos en estas sucesivas marchas y manifestaciones diversas convocadas como para exorcizar ese No que significó dar la espalda a las víctimas de las violencias desatadas en estos años, muchos años, más de 50 años de conflicto bélico. Movilizaciones en las que jóvenes y mujeres de manera principal han puesto el empeño de la resistencia a la mortífera violencia. Hemos marchado como nunca y nos hemos reafirmado en nuestro trabajo.
Estamos en noviembre, un mes marcado por una fecha muy importante definida así como una conquista de los movimientos de mujeres, el día del no a la violencia contra las mujeres, es también un mes definitivo en las negociaciones con las FARC – EP y el ELN. Este 25 de noviembre habrá de ser otro día de movilización creativa.
Nuestro compromiso ha sido siempre con la paz y la democracia. Nuestro sueño, y a él dedicamos todo nuestro esfuerzo colectivo está en la búsqueda de una sociedad pacífica, reconciliada con su diverso territorio, garante de la vida y los derechos de las mujeres, las juventudes, las comunidades campesinas, indígenas y negras, respetuosa de la dignidad del trabajo y las gentes trabajadoras.
La paz para Penca de Sábila tiene nombres, propósitos, claves. La concreción de derechos y políticas y por eso la paz se llama distrito rural campesino concebido como paisaje cultural y natural garante de los derechos de las familias campesinas que habitan en Medellín. Un distrito rural como el perfilado en el Plan de Ordenamiento Territorial puede ser aporte y referente en la lucha por la defensa del territorio, la vida, la cultura y la economía campesina en Colombia. La paz para nosotros se llama Ley propia como así la denominaron los acueductos comunitarios, una ley propia de iniciativa popular que garantice el derecho a la gestión colectiva del agua y el derecho humano al agua.
La paz tiene el nombre de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de sus derechos humanos, del derecho a la tenencia segura de sus tierras y bienes, a la plena participación social y política. La paz para nuestra organización tiene el nombre de los derechos juveniles. La paz para nosotras tiene los colores del arco iris, de las disidencias sexuales y la defensa de las diversidades y las libertades.
Para Penca de Sábila la paz es Bio-diversidad.
Bio diversidad es permanencia de vida. De la vida en su magnificencia, en su plenitud, en su diversidad. Cuando la sociedad colombiana debiera estar discutiendo asuntos trascendentales de su presente y su futuro como la conservación de la biodiversidad, del agua y los bienes comunes, como la concreción de los acuerdos para una paz sostenible, la discusión discurre por los senderos inhóspitos de la intolerancia, la agresividad y la violencia contra las diversidades, el derecho a la diferencia, las alteridades, las disidencias.
Una discusión contra la vida en democracia, es decir contra la convivencia, la solidaridad y el manejo adecuado de los conflictos promovida por las iglesias y aprovechada por movimientos políticos y personajes que les son afectos y ocupan importantes cargos de los que abusan convocando ilegales acciones contra los acuerdos jurídicos que hoy permiten que podamos afirmar que somos una nación, un país.
En el país de la mega diversidad, en el que la vida fluye a borbotones, paradójicamente, se pavonea la muerte por efecto de múltiples violencias, del enfrentamiento armado, del uso de las armas para despojar de tierras al campesinado y que ha llevado a ser el país del desplazamiento más grande de su población rural y claro también urbana a otra escala y en un continuum de desplazamiento permanente de gentes que ni en la ciudad encuentran el sosiego de un lugar digno para habitar.
Brigitte LG Baptiste define la biodiversidad como “todas las expresiones biológicas en el territorio, todas las expresiones de vida que existen en el territorio. Pueden ser micro organismos, flora, fauna, animales, plantas y su relación con el suelo, el agua y el espacio”. Los seres humanos somos arte parte de la biodiversidad, somos parte de la trama de la vida y no su centro y la no comprensión de esta clara relación nos ha llevado al extravío y la irresponsabilidad. A la intolerancia y la incapacidad de comprender que es la diversidad la manera de co -evolucionar y que así se ha hecho la vida.
Hoy desde una ideología dogmática que quiere hacer pasar por “natural” una sola forma de familia, la discriminación y sumisión de las mujeres y con supuestos argumentos científicos condenar al 10 por ciento de la población a una condición de anormalidad por sus perspectivas u orientaciones sexuales, de placer, gusto y erotismo. Se promueven manifestaciones agresivas, fanáticamente violentas que en rigor se convierten en acciones ilegales que desconocen nuestro ordenamiento jurídico, basta recordar la sentencia de la Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2000, del magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero:” (…) la diversidad sexual está claramente protegida por la Constitución, precisamente porque la Carta, sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico en el cual puedan coexistir las más diversas formas de vida humana”. Para no citar otras recientes.
Nosotras como organización ambientalista y feminista soñamos con una sociedad incluyente, democrática, que resuelva sus conflictos de manera BIO_LENTA y no de manera violenta. La naturaleza ha sido víctima de la guerra y la codicia que en parte la explica y la financia. La manera como nuestra población se ha situado en el territorio haciéndose vulnerable a la dinámica de los ecosistemas, se debe también al conflicto armando, al desplazamiento que les ha llevado a habitar orillas de ríos y quebradas, periferias urbanas que las hacen comunidades en riesgo. El extractivismo que se impone con los grandes monocultivos la mega minería contaminante, las grandes vías y represas, han conducido a un poblamiento del territorio que refleja esas deudas de la guerra con la naturaleza, el territorio y los bienes naturales que podrían garantizar la existencia digna si se re direcciona el rumbo de nuestra sociedad hacia una sociedad sustentable y justa.
Imaginamos y con esperanza creemos con Brigitte LG Baptiste que el “fin del conflicto armado significa el principio del conflicto hablado, la búsqueda de nuevos acuerdos para habitar y compartir uno de los territorios más biodiversos y ricos en aguas e historias del planeta, un vividero inigualable si aceptamos aplicar nuestro ingenio al disfrute colectivo y generoso que aún nos ofrece la naturaleza pese a lo mal que la hemos tratado hasta el momento. ¡Apoyemos la firma de esta paz!”
Por: Programa de Gestión Social y Ambiental del Territorio. Corporación Penca de Sábila.
En las horas de la noche del 27 de octubre de 2014 el Concejo de Medellín aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con una vigencia de 12 a 14 años. Esta aprobación dio lugar a las protestas y movilizaciones de la ciudadanía por el inconformismo con este POT, debido a que hay varios temas cruciales que no se han resuelto de manera satisfactoria.
Entre estos temas están la ordenación del suelo rural y la inclusión de la población campesina de manera transversal y estructural en el POT.
Gracias a las múltiples movilizaciones, pronunciamientos e intervenciones que hizo la comunidad campesina para exigir su reconocimiento y una especial protección de sus territorios, veredas y fincas campesinas, se logró incidir en el proyecto de acuerdo del POT.
La exigencia de la comunidad por una especial protección de la ruralidad campesina se expresó con claridad en los diferentes espacios de participación como en las sesiones del Consejo Territorial de Planeación, las sesiones territoriales del Concejo Municipal, el Cabildo abierto y la audiencia pública. La comunidad propuso diferentes figuras para proteger la economía y la permanencia de los y las campesinas en los corregimientos. En San Cristóbal, una reserva de la sociedad civil y un distrito rural agrario; en San Antonio de Prado la figura de suelo de reserva comunitaria para producción agrícola y pecuaria; en Altavista, una zona de reserva campesina; y en San Sebastián de Palmitas, la protección y el fortalecimiento de la economía y producción campesina del corregimiento.
En general la comunidad planteó que fueran incluidos sus derechos, sus identidades, sus necesidades y sus propuestas agroalimentarias:
“Somos campesinos y campesinas y nuestro territorio es un derecho fundamental para quienes lo habitamos pues tenemos la misión de producir los alimentos para el abastecimiento de esta sociedad, de la humanidad y los encargados de la conservación de nuestras aguas, bosques y especies nativas” (Pronunciamiento público campesino, 13 de junio 2014).
“Son 12 años cumplidos del actual POT y no queremos que la historia se repita: Que nos expropien las tierras y nuestras fincas campesinas con la supuesta intención del interés general y la protección ambiental”
“Nos hemos convertido en paisaje y nos han tratado como vendedores y vendedoras ambulantes de empanadas y artesanías, somos espectadores ante la horda de turistas que pasan por nuestros lados sin dejar un céntimo de beneficio a nuestra economía, solo las empresas privadas se lucran de lo que tienen nuestras tierras” (Pronunciamiento público campesino, 30 de noviembre 2013).
Estas exigencias no podían ser ignoradas y el Departamento de Planeación incorporó en la última versión del POT los Distritos Rurales Campesinos para los corregimientos de Medellín. Los Distritos Rurales Campesinos corresponden a las “áreas de producción, planificación y gestión del suelo rural, que permite encaminar y orientar acciones para garantizar la permanencia de las actividades productivas, socioeconómicas y culturales de los campesinos el cual podrá ser formulado por iniciativa comunitaria o de la administración municipal”1. Según el POT estos tienen como objetivo planificar, gestionar y promover las economías campesinas y sociales, a escala veredal y corregimental, con una visión regional, que permitan el reconocimiento y el fortalecimiento de la producción agroalimentaria.
La incorporación de los Distritos rurales campesinos es un avance en el reconocimiento de la vida y economía campesina en el municipio de Medellín, pero quedan dudas sobre el proceso de reglamentación que se define en los próximos 6 a 12 meses y por supuesto sobre la fase de implementación. En este proceso se debe garantizar la plena participación de la comunidad campesina con mecanismos de participación amplios y bien informados. Se requiere un proceso de participación que vaya más allá de la socialización y la información a una participación con incidencia, de consulta previa y espacios para la afirmación de propuestas por parte de la comunidad.
Por ahora Planeación y el Concejo de la Ciudad reconocen que lo campesino es parte de la ruralidad y que comparte un espacio de alta significación con lo suburbano y la Estructura Ecológica Principal. Pero todavía falta dirimir tensiones y conflictos, por ejemplo la tensión entre la conservación sin gente y la exigencia que ha hecho la comunidad campesina de ser integrada en los programas de conservación y de protección de las fuentes de agua.
La comunidad desconoce cómo han sido incluidas sus propuestas, es más desconfía de si en el proceso de negociación de la ciudad quedaron recursos suficientes para darle forma y fortaleza a los Distritos Rurales Campesinos. La mayoría de los recursos, de la riqueza que produce el suelo urbano y rural, se destinaron para el Río Centro, Río Sur, el Parque del Río, el Cinturón verde y la transformación del Centro, y la comunidad se pregunta si algo quedará para el manejo integral de barrios y la tierra campesina.
Esta preocupación se justifica porque el proceso participativo del POT fue deficiente en las fases de consulta, revisión y formulación. Este proceso mostró deficiencias en el acceso a la información, debido a que no fue de pleno conocimiento de la población la versión final para su aprobación. La versión final del POT, la que se erradicó ante el Concejo municipal no fue socializada a la comunidad y el CTP (Consejo Territorial de Planeación) emitió su concepto sobre la versión 4 que no es la versión final (Concepto CTP, 2014, p.4). De esta manera, con información incompleta, se ha restringido la participación de la comunidad y su efectiva inclusión en el POT. Además la comunidad en general desconoce el documento final del proyecto de acuerdo lo que pone en duda su legitimidad.
Una cantidad de temas sensibles como el estudio de los riesgos, las densidades habitacionales en suelo rural, el cobro de plusvalías, los operadores urbanos, quedaron pendientes de una reglamentación posterior a la aprobación del 27 de octubre. La democracia está en los detalles y parte de estos son las normas, las reglamentaciones, ellas fijarán las condiciones para la implementación. En este sentido quedan muchas inquietudes sobre la reglamentación e implementación del POT que es ahí donde realmente se define la capacidad de lograr un equilibrio territorial y una mayor equidad y justicia social. En estos momentos no hay claridad sobre los mecanismos que se adoptarán en el POT para garantizar que se involucre a la ciudadanía: a la comunidad campesina, a mujeres y hombres, a la juventud, a la población en situación de discapacidad, al barrio etc., en la reglamentación y en su posterior implementación, y cómo se garantizará que esta ciudadanía implicada ejerza el seguimiento, el control y participe tanto como en las decisiones como en su implementación.
Este nuevo POT muestra avances en la regulación del suelo rural y establece figuras de planificación como las Unidades de Planificación Rural y el Distrito Rural Campesino, que brindan la posibilidad de una mayor y mejor articulación de dinámicas y deficiencias en el desarrollo rural, pero sin una ruta clara para la participación de la comunidad campesina y un reconocimiento del territorio históricamente construido, quedan muchas dudas sobre la capacidad y voluntad de la actual administración municipal para reglamentar junto con la comunidad los Distritos Rurales Campesinos enunciados en este nuevo POT.
[1] Acuerdo 268 (2014), Pliego de modificaciones, cuarta parte, p.1539.Un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establece con visión de futuro, la forma de intervenir física y espacialmente una ciudad. El POT de Medellín, que se encuentra actualmente en el proceso de revisión y ajuste, es una importante herramienta para modelar y estructurar el desarrollo territorial.
Es por esto que las comunidades y la ciudadanía en general deben incidir en la toma de decisiones sobre el proyecto de futuro de Medellín. Siendo tres cuartas partes del territorio suelo rural, Medellín es un municipio rural. No obstante en las políticas y planes se muestra un olvido del campo y su población campesina desconociendo así su vital importancia para la ciudad. Actualmente se pueden observar cambios significativos en el suelo rural y urbano que han conllevado impactos sociales y ambientales fuertes, que han evidenciado una debilidad institucional en la planeación y el control del territorio municipal.
En los corregimientos y espacios cercanos a la ciudad, se muestran múltiples conflictos territoriales en los cuales los campesinos y campesinas, por su situación de vulnerabilidad e histórica falla de reconocimiento, sufren en mayor grado. La débil inclusión y participación de la comunidad campesina en las políticas públicas y las inadecuadas políticas de desarrollo rural ponen en riesgo la permanencia del territorio, la economía y la vida campesina en el municipio. La expansión urbana incontrolada en el suelo rural, que no atiende el POT, el desconocimiento institucional y la política de conservación sin gente, dejan cada vez menos suelo para la producción agropecuaria campesina.
Ante la situación de olvido, discriminación y vulneración de los derechos, las comunidades campesinas vienen manifestando su inconformidad, exigiendo que se reconozca su derecho a intervenir activamente todas las decisiones que sobre sus territorios se tomen. El POT causa una profunda transformación en términos físicos espaciales, culturales, económicos, políticos y sociales, que afectarán de manera negativa la calidad de vida, el hábitat y el patrimonio de las familias campesinas, tal cual esta planteada esta propuesta. Por esto se debe garantizar a la ciudadanía una plena participación y las comunidades exigirla. Una participación informada en la que se tenga la posibilidad de deliberar, decidir y trasformar los territorios buscando el interés colectivo y el bienestar integral. Espacios de participación no solo para que sus propuestas sean escuchadas, sino incluidas en el desarrollo territorial.
Hoy, se deben fortalecer los planes de ordenamiento que logren el equilibrio entre lo urbano y lo rural y garanticen la permanencia de la comunidad campesina en el municipio y en todos los municipios del área metropolitana. La administración municipal debe brindar la atención necesaria a este espacio de interrelaciones con políticas y normas adecuadas para contener los conflictos y atender las necesidades por igual, respetando y garantizando los derechos a la participación, la organización y los derechos de las familias campesinas, su aporte al desarrollo y consecuentemente establecer políticas y normas que recompensen y beneficien a la población campesina y garanticen una especial protección, una figura jurídica que proteja el territorio, la economía, la cultura y la vida campesina. Urge el reconocimiento y respeto al territorio rural campesino como condición básica de una Medellín sustentable y justa.
“No sirve de mucho que una mujer llegue sola a lo más alto si llega sola. Tenemos que estar enredadas, formar parte de redes feministas”
Marcela Lagarde
En marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, declarado en el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas (1910) como un acto de solidaridad internacional con las obreras textiles atropelladas violentamente cuando se movilizaron en Nueva York exigiendo salarios dignos y la disminución de la jornada laboral.
Un día para recordar a mujeres como Olimpia de Gouges y a Etta Palm cuando denunciaron que la Revolución Francesa no incluyó a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador; y a Mary Wollstonecraft filósofa y escritora británica quien escribió La vindicación de los derechos de la mujer (1792). La voz de las pioneras permanece viva en estos tiempos y es el 8 de marzo una fecha para reconocer el camino transitado por ellas, quienes con su lucha dejaron un legado y marcaron precedentes en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, lo cual hoy se constituye en avances y en retos para el feminismo, ante la no materialización de sus derechos y las amenazas y retrocesos de sus conquistas.
Reconocemos avances importantes en la normatividad internacional y nacional para superar las desigualdades de género. El país ha ratificado los principales instrumentos de protección de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que engloba todos los derechos consagrados en anteriores convenciones de la ONU, la OIT y la UNESCO, y La Convención Americana, instrumento continental acordado en Belém do Pará a partir del cual se busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, estos avances no son suficientes para la superación de las brechas de género. Las mujeres no gozan de una ciudadanía real, su participación en escenarios de toma de decisiones es incipiente, la distribución de los recursos está marcada por la inequidad, cumplen dobles y triples jornadas de trabajo (reproductivo, productivo y comunitario), encontrando obstáculos para el acceso a la educación, a la propiedad, a la salud, al trabajo digno y remunerado, y a la recreación. En tal sentido, tanto en el ámbito público como privado se sostienen situaciones de discriminación, exclusión y violencias contra las mujeres.
Un ejemplo de ello en la ciudad de Medellín, se evidencia con la Clínica de las Mujeres, una apuesta feminista, orientada a la atención integral para la salud de las mujeres, se ha encontrado con múltiples obstáculos y ha sido deformada paulatinamente por la influencia de instituciones patriarcales como la Iglesia Católica y las élites políticas conservadoras y liberales, y que ahora deviene en un proyecto de atención ambulatoria con un enfoque familista, distorsionando completamente el enfoque inicial con la que fue concebida.
De igual forma en Medellín no se garantizan condiciones de seguridad pública para las mujeres en lo urbano ni en lo rural, viven al acecho de los violentos que hacen de su vida y su cuerpo botín en el conflicto y muchas son afectadas de forma dramática por el desplazamiento intraurbano. Los altos índices de feminicidios dan cuenta del recrudecimiento de este fenómeno de violencia contra las mujeres en la ciudad.
Por ello es necesario reflexionar en torno al modelo de ciudad que se ha venido promoviendo, ciudad turística y de servicios, que dista de aportar al buen vivir de las mujeres. En el caso de las mujeres campesinas, el Plan de Ordenamiento Territorial representa una amenaza en lo concerniente a su permanencia en los territorios campesinos, lo cual conduce a la vulneración del derecho a la tierra y a la producción.
Esta situación nos insta a la movilización permanente. Por ello, el 11 de marzo de 2014, la Corporación Penca de Sábila y la Red Intercorregimental de Mujeres participaremos en la marcha para exigir al Estado y a la sociedad la garantía de todos los derechos de las mujeres y en especial la concreción de:
Comienza el 2014, su segundo mes corre veloz, como veloz avanza la privatización de lo público, de los bienes comunes, del agua y los territorios y todo a nombre del desarrollo. Como país seremos parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, haciendo alarde de un crecimiento económico que nos pone en la categoría de país de renta media, podríamos decir irónicamente que somos un país “casi desarrollado”. Se anuncia también la Alianza Pacifico y se muestra como integración económica, cultural, científica. Se esconde falazmente que es una especie de tratado de libre comercio que afectará la producción agraria nacional y en general la economía propia de nuestras regiones y localidades.
Y además 2014 es un año electoral, se elegirá congreso y presidente. Esta contienda electoral está atravesada por las negociaciones de paz. Aparecen algunas importantes personas adscritas a diferentes grupos o partidos que pueden llegar, o continuar, al Senado y a la Cámara y encarar las grandes discusiones y reformas que se requieren para aclimatar el pacto con las guerrillas y restituir los derechos perdidos, el derecho a la educación, a la salud, a la justicia.
Hombres y mujeres que pueden formar una minoría critica y creativa en un desprestigiado congreso preso de la corrupción y las mafias. Esta posible nueva conformación del congreso sería de todas maneras un avance democrático en un país que prácticamente no tiene formaciones políticas modernas que representen los intereses de la sociedad colombiana, de manera democrática.
2014 también es el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) que en palabras de la FAO tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su importante papel en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales.
Gobiernos y privados aprovechan este año para la demagogia, pues sus políticas se centran en promover los monocultivos que sirvan de “comoditys”, como por ejemplo café, cacao, aguacate, cadenas productivas para la producción de agrocombustibles que demandan grandes extensiones de tierra y paquetes de agrotóxicos que proporcionan las multinacionales, y todo pensando en la exportación desconociendo la lógica y la cultura de la agricultura familiar.
Con más ahínco seguiremos acompañando a las Asociaciones Campesinas de familias que a lo sumo poseen 5 hectáreas que son las que sostienen el 70 % del alimento que se consume a nivel mundial, según la misma FAO. Reivindicaremos en 2014 como manera de estar en el año de Agricultura Familiar, la economía y la cultura campesina, desde la agroecología hecha bienestar integral, produciendo para el autoconsumo y la comercialización directa y justa de los productos, en la tienda COLYFLOR y con redes de cercanía, con consumidores y consumidoras responsables y solidarios, haciendo frente y resistencia a los paquetes tecnológicos impulsados desde la revolución verde reivindicando el derecho a la tierra y al territorio.
Sera un año de divulgación con cada familia campesina de la carta de derechos de los campesinos y campesinas contenida en la resolución de la ONU aprobada el 27 de septiembre de 2012 y que está en proceso de convertirse en declaración. Por eso tanto en el Foro Urbano Mundial convocado en nuestra ciudad Medellín por ONU Hábitat, como en la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, estaremos poniendo en debate e incidiendo para que se respete el territorio rural campesino y los derechos de campesinas y campesinos. No es posible en Colombia hablar del año de la agricultura familiar sin denunciar el despojo de tierras y la ausencia de políticas de protección y conservación de la agricultura familiar campesina y de los derechos de campesinas y campesinos y de las personas que trabajan en la ruralidad.
Colombia, uno de los países más vulnerables del mundo a los cambios extremos del clima, es un país que no se prepara y no cuenta con una institucionalidad y una sociedad organizada capaz de enfrentar esta situación como lo demostró la llamada ola invernal. Una sociedad marcada por la iniquidad, la desterritorialización de comunidades enteras, el acaparamiento de tierras, la entrega de su soberanía jurídica, política y territorial, se hace aun más vulnerable. La gente habitando las goteras de las ciudades, las orillas de los ríos y las carreteras, verdadero desastre social que nombran como natural. Queda en simple enunciado lo propuesto en el plan de desarrollo como estrategias de adaptación a los cambios extremos del clima. Una sociedad signada por el conflicto y una gama de violencias, en esta sociedad se da la actuación de innumerables organizaciones ambientalistas, en esta sociedad se desenvuelve nuestra acción.
2013 fue otro año de intenso trabajo en defensa de los bienes comunes, en defensa de nuestras culturas y territorios. Colombia mostró su rebeldía de ricas y variadas maneras. Indignación campesina contra los tratados de libre comercio, en defensa de las economías que dependen del café, la papa, el arroz, la cebolla, la ganadería y la lechería de familias de pequeños y medianos productores. El grito de no a la mina y la defensa de páramos y montañas, de humedales y bosques, del espacio público en las ciudades en las que avanza la construcción sin límites ambientales y sociales, tuvo significativas movilizaciones. Otro año en el que las organizaciones ambientalistas mantuvimos y recreamos nuestras propuestas de sustentabilidad, nuestras propuestas de resistencia a un modelo que hace caso omiso a los límites naturales. Siempre hemos presentado al país desde cada territorio y proceso, propuestas de sustentabilidad y paz.
2013 tuvo como telón de fondo la negociación con las guerrillas, espacio en el que se discuten asuntos nodales de la vida nacional y con seguridad llegará a pactos y acuerdos que serán refrendados por el pueblo. Temas como el agrario, los cultivos de uso ilícito, la participación política, son muy importantes para el cambio de la situación y el final de la tragedia que implica el conflicto armado. Pero más grave aún es la implantación violenta de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo que da seguridad jurídica a las trasnacionales por encima de nuestros los intereses y derechos colectivos. La resistencia en cada territorio y la creatividad de nuestras propuestas es la alternativa, está bien que cesen los disparos, pero es con la democracia intensa y directa, con nuestra participación política, con nuestras resistencias organizadas que conquistaremos una nación democrática, justa, sustentable y en paz.
El agua como bien común y derecho humano fundamental
En este año el Comité en Defensa del Agua y de la Vida de Antioquia se mantiene como espacio de articulación de las resistencias a la privatización de las fuentes de agua, de la gestión comunitaria y pública de este servicio vital del que depende el acceso y suministro de agua y saneamiento básico, que afortunadamente fue declarado derecho humano fundamental por la ONU, expresión de un triunfo parcial de los movimientos. En el marco de la actuación del Comité nace la Veeduría a la Gestión del Agua, mecanismo de control ciudadano que ha logrado interrogar la política pública departamental de agua que parecería buscar entregar al mercado un servicio que es un derecho.
Actor social y significativo en la defensa del agua como bien común son las comunidades organizadas de acueductos comunitarios que logran avanzar significativamente en la articulación a través de asociaciones municipales y la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, ADACA. Se avanza en la construcción de estrategias creativas de resistencia y propuestas, y construcción participativa de una política pública del agua para el fortalecimiento de los acueductos en el Municipio de Támesis que se suma a las existentes en los municipios de Girardota, La Unión e Itagüí. Estos acuerdos público-comunitarios promueven la defensa de la autonomía territorial, la gestión pública y comunitaria del agua y la construcción de espacios de concertación para un gobierno democrático e incluyente de nuestros territorios.
Medellín: campesinos y campesinas exigen inclusión
La ciudad pierde acumulados, esta Alcaldía reformuló las políticas de participación y planeación local desconociendo las estructuras, lineamientos y dinámica de participación local conquistadas. En este escenario promovimos la exigibilidad de los derechos de las comunidades campesinas, la movilización y denuncia para defender la planeación local participativa, la reorientación de recursos y políticas del Plan de Desarrollo Municipal con el fin de asegurar una inversión equitativa y exigir explicaciones y transparencia a la administración.
Participamos de los debates públicos en torno a uno de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal denominado ‘’Cinturón Verde’’, el cual se define como una propuesta de espacio público, ambiental y de articulación entre lo urbano y lo rural, esta obra es de especial interés ya que significa el 4,5% del presupuesto para inversión social (alrededor de 570.000 millones de pesos) según lo ha presentado la EDU (Entidad de Desarrollo Urbano). A nuestro modo de ver esta mega-obra no atiende las necesidades ecológicas, ambientales y sociales de la ruralidad y de las comunidades que habitan las laderas de la ciudad.
Se instala la Asamblea Campesina Metropolitana, la campaña de exigencia de una política pública acordes con la carta de derechos campesinos, las voces de los y las campesinos de los corregimientos sobre los derechos campesinos, se hicieron sentir en la campaña por la exigibilidad de los derechos y la permanencia del territorio, la economía y la vida campesina basada en el pronunciamiento que Naciones Unidas elaboró en respuesta al llamado que Vía Campesina hizo ante ese organismo, en representación de más de 200 millones de campesinos/as, para que adoptara una Convención Internacional sobre los derechos de los campesinos y campesinas y otras personas que viven del campo.
Mujeres y jóvenes reclaman sus derechos
La participación de las mujeres se vio fortalecida en escenarios como presupuesto participativo, la Mesa Trabajo Mujer de Medellín, la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, se nutrió la política pública de mujeres rurales y urbanas; y el movimiento social de mujeres que participó de manera permanente en la construcción de propuestas para el Plan de Desarrollo Municipal. Esta movilización realizada en torno a la inclusión de acciones afirmativas para las mujeres en el Plan de Desarrollo logró de manera significativa la permanencia de la Secretaría de las Mujeres, aunque consideramos que ha perdido enfoque y horizonte feminista.
La articulación en Redes Juveniles de las diferentes iniciativas organizativas de los y las jóvenes de los corregimientos de Medellín a pesar de este contexto de conflicto armado, es muy significativa y ha permitido que muchos jóvenes tengan otros referentes distintos a la participación en estos grupos que de modo permanente les presionan y tratan de reclutarles, y opten por alternativas de vida pacíficas con su entorno y sus pares y tengan argumentos para decirle no a la violencia. Para las y los jóvenes, la Red Ambiental y Cultural Juvenil Intercorregimental, REDAJIC, ha posibilitado la reflexión de su contexto de una manera crítica y ha generado espacios alternativos de encuentro donde se tejen amistades, confianzas y se fomenta la convivencia, la cooperación y la solidaridad.
Educación ambiental: maestros y maestras recrean sus prácticas educativas
Persistimos en el trabajo con las instituciones educativas que incorporan cada vez más la dimensión ambiental como alternativa pedagógica para incidir en las transformaciones culturales, en las relaciones entre hombres y mujeres y con la naturaleza. Los talleres pedagógicos han logrado establecer un proceso de validación de propuestas pedagógicas en perspectiva ambiental, aportan al reconocimiento de la realidad desde una lectura ambiental del entorno, y han contribuido a la transformación de actitudes individuales y colectivas que incentivan el potencial propositivo, la capacidad democrática y participativa.
En alianza con las organizaciones amigas, con las mujeres y hombres, y las comunidades seguiremos actuando en las campañas “la defensa de los derechos de las mujeres y la denuncia de las violencias que se ejercen contra ellas”; “La defensa del agua como derecho humano fundamental”; “La defensa de la autonomía y soberanía alimentarias”; y por “La permanencia de los territorios, la economía y la vida campesinas”.
2014 será otro año de trabajo consagrado a la construcción de una sociedad sustentable, justa y en paz.
La frase aquella, repetida ene mil veces del olvido del campo colombiano, tiene relación con la problemática central de Colombia, con esa imposibilidad de ser un pueblo, una nación, un país, una república, inclusive podríamos hasta poner aquí la palabra patria, ser una patria. Un territorio gobernado incluyendo a toda su población, con un estado garante de los derechos, un estado que fuese realmente facilitador de la convivencia, la equidad, la paz, la democracia, las libertades. Pero no es así, el olvido del campo es la expresión más clara de un proyecto de país que no cuaja, de una sociedad que no pacta, de una perpetua confrontación que tiene de fondo histórico la acumulación violenta de tierras.
Desde el choque violento que significó el mal llamado descubrimiento de América, pasando por la colonia, la guerra de independencia tuvo este telón de fondo, el control de la tierra, de las riquezas naturales. No se consolida una república moderna, así fuese un momento propicio para materializar las ideas de la revolución francesa: la libertad, la igualdad, la fraternidad, inspiradoras para los revolucionarios independentistas. Pudo más el choque de intereses, que no se tramita democráticamente entre latifundistas conservadores y artesanos y comerciantes progresistas.
Siempre hemos vivido esa paradoja entre el discurso y la praxis, paradoja siempre presente en la vida política y social de Colombia. Tampoco cuajó la república liberal y poco eco tuvo el populismo, que fue una caricatura y menos una alternativa socialista y nunca, prácticamente nunca hemos vivido una democracia real, destellos democráticos. Siempre de fondo el control de las tierras, el destierro de aborígenes y comunidades campesinas, el arrasador despojo. Nunca una independencia real, siempre hemos vivido en un marco de dependencia, del imperio español, de Inglaterra, de Estados Unidos, y hoy de las corporaciones privadas transnacionales que han capturado la independencia de las instituciones del gobierno mundial, la ONU misma, y los estados de cada país. Hoy los TLC son la manera de controlar nuestro desarrollo propio, la autonomía económica, la soberanía sobre nuestro territorio y sus riquezas.
La dependencia, el despojo de los territorios, el narcotráfico como negocio que financia la guerra, enriquece locamente y corrompe la vida social y las instituciones, son el trasfondo de una negociación con las guerrillas que parece que llegará a acuerdos, que de lograrse permitirá expresar y concertar en un ambiente más democrático las propuestas.
Y hoy con énfasis especial, cuando se discute la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, decimos que es posible vivir distinto, que es urgente y necesario respetar nuestras comunidades y sus culturas, preservar la base natural, respetar el agua como bien común y derecho humano, y garantizar nuestra soberanía alimentaria. En todos los municipios debemos hacer respetar el territorio campesino, la vida y la economía campesina y reivindicar sus derechos.
Respaldamos por esta razón los paros agrarios y sus propuestas, todas relacionadas con el respeto a la ruralidad, a la agricultura familiar, a la minería ancestral y al respeto por sus economías tejidas alrededor del café, la papa, el arroz, la caña, la panela, la cebolla, el maíz y la leche. Paros que rechazan las leyes y normas que privatizan bienes comunes como las semillas y especies propias, el agua y los territorios e ilegalizan las actividades productivas sustento de estas comunidades.
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Agosto, 2013.
Carrera 50 #59-27
Medellín, Colombia
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