Pronunciamiento del Comité de la Asamblea Campesina del Valle de Aburrá

Nos reunimos en el Corregimiento de Santa Elena de Medellín para continuar pensándonos como hacedores y hacedoras de la transformación de nuestros territorios campesinos. Somos conscientes de las amenazas y riesgos que año a año se evidencian en la vida campesina del Valle de Aburrá al igual de la falta de acciones de los gobiernos municipales por preservar la estructura campesina existente y presente en todo el Valle.

Reconocemos que el Distrito Rural Campesino –DRC- incluido en el POT de Medellín fue un logro de las comunidades campesinas al incidir ante el ordenamiento de la ciudad, que durante muchos años ha desconocido los procesos de muchas personas que en barrios y corregimientos han construido sus territorios, permaneciendo y resistiendo y construyendo territorialidades colectivas que en muchas ocasiones son violentadas por las acciones estatales. Por eso creemos que el Distrito es útil para la comunidad campesina en tanto reconozca la presencia de mujeres y hombres campesinos y sea una solución en garantía de derechos y una alternativa para que la población permanezca y conserve ambiental y culturalmente sus territorios sin ser desplazados de sus lugares.

Estamos dispuestas y dispuestos a rodear todos los escenarios de participación que surjan a partir de la puesta en marcha de la primera fase de diagnóstico del Distrito, que ejecutará la Escuela Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Nuestra participación tendrá sentido en tanto la Universidad genere un proceso que vincule la visión, propuestas y acciones sobre el campo de Medellín que tienen las campesinas y campesinos y que se han venido construyendo durante más de 5 años en diferentes escenarios. Con esto queremos decir que los espacios de “socialización” sean verdaderos momentos para que las comunidades se expresen y se genere una relación horizontal con el grupo profesional, en tanto reconozcan saberes, apuestas y propuestas allí manifestadas.

Consideramos también que los procesos de participación en la ciudad se han visto afectados por las modificaciones que la Alcaldía de Medellín ha adelantado este año frente al sistema de participación y planeación y que pretende ahora con el proyecto de acuerdo 092 de 2017, modificar la conformación y participación en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural –CMDR- quedando a total discrecionalidad del Alcalde las personas que allí puedan participar y desconociendo un proceso que ya venía adelantando el CMDR actual. Manifestamos el rechazo a este proyecto de acuerdo y buscaremos generar acciones conjuntas con otros actores en la ciudad para generar un debate frente a la configuración de ciudadanía campesina en Medellín.

Finalmente, invitamos calurosamente a la población campesina de Santa Elena y de los demás territorios en el Valle a la VI Asamblea Campesina a realizarse el 2 de septiembre de 2017 en la Universidad Nacional; y a otros grupos, actores y organizaciones del movimiento social de la ciudad y el Valle de Aburrá, a vincularse de manera activa y reflexiva ante las transformaciones que necesitamos para nuestros territorios campesinos.

Corregimiento de Santa Elena, Medellín, 24 de agosto de 2017.

Reunidos en el Auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional más de 250 mujeres campesinas y hombres campesinos y personas comprometidas con la defensa del territorio, la vida y la economía campesina nos hemos encontrado en la V Asamblea Campesina del Valle de Aburrá para la construcción colectiva de agendas territoriales en la defensa de la economía y la vida campesina. En ella participamos los municipios de Barbosa, Caldas, Girardota, Copacabana, Bello y Medellín, quienes reconocemos que cada año hemos ido constituyendo una fuerza social que nos visibiliza como actores importantes para la protección de nuestros territorios, el custodio de las semillas, el cuidado del agua y de todos los bienes comunes que configuran el ecosistema campesino y valoramos que este espacio fortalezca la organización campesina en los territorios para exigirle al Estado el cumplimiento de la garantía de todos los derechos humanos de las comunidades campesinas.

Consideramos que la terminación del largo conflicto armado en el país en búsqueda de una sociedad en paz es condición necesaria para que los gobiernos locales atiendan de manera más decidida las problemáticas territoriales y puedan generar mejores políticas sociales que sean garantes de la protección de la vida campesina.

Observamos que, como habitantes de un territorio metropolitano, compartimos muchas de las problemáticas que enfrenta la vida campesina en nuestros municipios, tales como: la expansión urbana acelerada, la ampliación de vías y construcción de túneles que desplazan a miles de familias campesinas, el uso de los suelos para finalidades distintas a la agropecuaria como la minería, las escombreras, las parcelaciones de recreo, la ganadería, entre otras.

Vemos necesario generar espacios, mecanismos e instrumentos de participación propios, los cuales fomenten la organización social y comunitaria, la discusión sobre las dificultades comunes y la generación de propuestas que permitan incidir tanto en las mismas organizaciones y grupos locales como en los escenarios de ciudad y región en forma de exigibilidad de los derechos ante las administraciones municipales, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y la construcción democrática, deliberativa amplia y vinculante de los Planes Agropecuarios Municipales, los presupuestos participativos y otras entidades donde podamos presentar nuestras propuestas y acciones.

Consideramos que los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) son y deben ser espacios amplios de participación y decisión campesina, que identifiquen al campo como un bien jurídico de especial protección y que en sus acciones reconozcan que deben estar encaminadas a la protección del territorio campesino. Exigimos que en todos los municipios se evalúe la conformación de las personas, entidades, organizaciones y asociaciones que participan allí como una forma de ampliar democráticamente la representación de quienes confluyen en el espacio garantizando una pluralidad de visiones y una buena participación campesina en el espacio.

Gracias a la movilización campesina que hubo en Medellín se logró que desde el año 2014 se creara en el POT el Distrito Rural Campesino como una figura jurídica y de planeación para la protección del territorio y la economía campesina. Celebramos que el POT haya incluido esta figura y exigimos que para el 2017 se destine presupuesto directo a Planeación Municipal para que comience su diagnóstico, implementación y demás fases, en las cuales se debe incluir directamente las propuestas de las comunidades campesinas de acuerdo a sus territorios. Les proponemos y exigimos también a las administraciones de los demás municipios del norte y del sur del Valle de Aburrá que incluyan en sus planes de ordenamiento territorial una figura que proteja a las comunidades campesinas para que sigan siendo protagonistas en el aseguramiento de la soberanía alimentaria de todo el Valle de Aburrá.

También reiteramos la exigencia de la inclusión del enfoque de género en el accionar de las administraciones municipales con las comunidades campesinas, haciendo visible el rol de la mujer en la vida y la economía campesina y promoviendo su protagonismo en las decisiones que les compete. Además, que se reconozca la titulación compartida de los predios y las fincas como una forma de equidad e igualdad entre hombres y mujeres campesinas.

Es por esto que desde hoy nos hemos trazado agendas locales y agendas comunes, tanto a nivel metropolitano como municipal, que nos permitan incidir como actores políticos y sociales frente a las entidades locales, municipales regionales, departamentales y nacionales, para que nuestras propuestas sean incluidas en los planes de desarrollo y presupuestos de manera directa y permanente.

Medellín, 22 de octubre de 2016

Asamblea Campesina del Valle de Aburrá