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Declaración de Sugamuxi: VII Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios

VII Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios. Iza, Boyacá

Declaración de Sugamuxi

En el Municipio de Iza, provincia de Sugamuxi, “el nido verde de Boyacá”, territorio Muisca, durante los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2018 realizamos el VII Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, en la tierra que entreteje el algodón según la enseñanza de la gente antigua, tejimos más finamente nuestra palabra, como la ruana que nos arropa y nos cobija.

Reconocemos el proceso de articulación de las comunidades organizadas de acueductos comunitarios del departamento de Boyacá y su larga historia de años de luchas de resistencia contra la minería a gran escala y en defensa de los páramos, de las aguas, de la economía y la cultura campesina, como valiosos aportes a la movilización creativa de nuestros pueblos en resistencia al extractivismo y en defensa del agua, la vida y el territorio.

Con la realización de nuestro encuentro en Boyacá también rendimos homenaje a la Asociación de Acueductos Comunitarios del Municipio de Tasco, ASOATASCO, el primer municipio que mediante la participación política de las comunidades, logra revocar a un alcalde que incumplió el programa acordado con su pueblo centrado en la defensa del territorio y de la gestión comunitaria del agua.

Así como las aguas de Boyacá que a pesar de la minería y la agricultura contaminante se resisten, así resistimos al desconocimiento de nuestras organizaciones y al despojo de los bienes comunes que nos permiten el acceso colectivo al agua mediante el convite y la minga, la ayuda mutua y la solidaridad.

Continúa la política de privatización del agua

La privatización sigue su camino con el nuevo gobierno, en tanto que continúa el mismo modelo económico. Denunciamos la transformación de las empresas públicas municipales en empresas privadas y mixtas por acciones, y la persistencia de hacerlo con nuestros acueductos comunitarios; la pérdida de la autonomía municipal y territorial de los gobiernos locales en el manejo de sus recursos para agua y saneamiento y el arrasamiento de las comunidades organizadas como entramados construidos solidariamente por las gentes. Nos unimos a las voces que claman por la renuncia del Ministro Carrasquilla y que responda por ese asalto a las finanzas públicas que hizo víctimas a 117 municipios de Colombia.

En los últimos años ha avanzado aceleradamente la política pública de privatización, y de manera especial el desarrollo que ha tenido el CONPES 3810 de 2014, los lineamientos para las políticas de agua en la ruralidad. Se han expedido y nos aplican normas por las diversas instituciones gubernamentales para fomentar el proceso de privatización, entre ellas el decreto 1898 de 2016 sobre esquemas diferenciales en zonas rurales, el cual no reconoce nuestros procesos organizativos y nos identifica como simples soluciones alternativas, administradores de un abasto de agua, y sobre todo, de carácter temporal. De igual manera, las resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA): la 717 de 2015 que nos reduce a “pequeños prestadores” y como una actividad económica de tipo empresarial, desconociendo nuestro carácter comunitario, solidario y sin ánimo de lucro; la resolución 750 de 2016 que modifica los consumos básicos sin ningún enfoque para garantizar el derecho humano al agua y sin consideración a la economía campesina familiar; y las resoluciones 825 de 2017 y 844 de 2018, que obligan a las comunidades organizadas a aplicar una metodología tarifaria cada vez más compleja, desconociendo la autonomía histórica que hemos tenido las organizaciones al definir la cuota familiar en asamblea, según nuestras apuestas y capacidades locales. Así mismo, la resolución 0844 de noviembre de 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el cual establece los requisitos técnicos para proyectos de agua y saneamiento en las zonas rurales ignora en su articulado nuestra existencia como organizaciones.

Rechazamos toda esta normativa que nos desconoce y la identificamos como violencia institucional, pues genera acciones de daño en contra las comunidades organizadas, así como lo demostramos en la socialización de denuncias hechas por las regiones presentes en el Encuentro: Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Guaviare, Meta, Caquetá y Casanare.

Nos están matando

En los dos últimos años del gobierno de Santos y lo corrido del gobierno de Duque aumentaron los asesinatos a líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales. Más de 295 personas han sido asesinadas*. Rendimos homenaje a todas ellas y reafirmamos nuestro compromiso como defensores y defensoras ambientales, denunciando la violación de los derechos de las personas, las comunidades y las organizaciones defensoras del agua, la vida y el territorio.

Nos comprometemos con las siguientes acciones:

  • Reafirmamos nuestro compromiso de continuar con la apropiación y difusión de los contenidos del proyecto de ley “Por el derecho a la autogestión comunitaria del agua, su uso individual y colectivo” que recuerda los argumentos jurídicos, políticos, históricos, culturales y ambientales, que nos han permitido recuperar nuestra identidad en la Gestión Comunitaria del Agua y es nuestra plataforma para demandar el respeto a esta construcción social de las comunidades. Es además, nuestro marco para la construcción de propuestas de políticas públicas en los distintos ámbitos territoriales.
  • Frente a las amenazas y violaciones de nuestros derechos nos vinculamos a nivel nacional e internacional a la denuncia y exigencia del respeto a nuestras vidas y las de todas las personas, organizaciones y comunidades que defendemos el agua, la vida y el territorio y nos comprometemos con nuestra propia protección y con la construcción colectiva de un protocolo de protección de defensores y defensoras del agua.
  • De cara a las futuras acciones de incidencia, hemos decidido presentar al Congreso de la República el proyecto de ley propia y reunir todas las capacidades y recursos para desarrollar una acción contundente de cabildeo comenzando por la configuración de un grupo significativo de representantes a la cámara, senadores y senadoras, de la diversidad más amplia de partidos, que comprometidos con nuestra iniciativa popular legislativa garanticen el trámite del proyecto. Sabemos de la complejidad del proceso y que sin una amplia y creativa movilización social no lo lograremos.
  • Desarrollar la acción internacional a través de la presentación de un informe sobre el derecho a la autogestión comunitaria del agua y su vulneración. Cada organización y proceso territorial se compromete con identificar casos de vulneración y documentar detalladamente su situación. Sobre la visita a Colombia del relator especial del derecho humano al agua de las Naciones Unidas, Leo Héller, trabajaremos para que la Red Nacional haga parte de su agenda.
  • Nos comprometemos con la defensa de las consultas populares y las decisiones autónomas de los municipios con la participación política ciudadana y comunitaria contra las actividades extractivas que afectan la vida, la economía, las culturas y biodiversidad de nuestros territorios.

 

IZA, Boyacá, tierra de la libertad
17 de noviembre de 2018.

RED NACIONAL DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA

• Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca –RETACO-
• Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca –FECOSER-
• Red de Acueductos Comunitarios de la Región Caribe
• Comité Regional de Acueductos Comunitarios de Nariño
• Comité de impulso de acueductos articulados del Meta, Guaviare y Casanare
• Red de Acueductos comunitarios “Agua para la vida”, Santander
• Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia –ADACA-
• Asociación de Acueductos Comunitarios de Boyacá
• Corporación para la protección y conservación de las cuencas –CORPROCUENCAS-, Cauca
• Enda América Latina
• Corporación Ecológica y Cultural Penca Sábila
• Instituto Mayor Campesino –IMCA-
• Corporación de Desarrollo Solidario – CDS-
• CENSAT Agua Viva
• Asociación para el Desarrollo Campesino –ADC-
• ARECO -Asamblea Regional Centro Oriente de ECOFONDO-
• ECOFONDO Nacional
• Secretariado Diocesano de Pastoral Social de San Gil –SEPAS-
• Pastoral Social del Sur de Nariño

* Fuente: Programa Somos Defensores.

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