Una vez más nos convidamos para este encuentro y celebración de un tejido colectivo que moviliza la justicia de género, la defensa de los bienes comunes, del agua y los territorios rurales y campesinos. En esta 3ra versión de Asamblea Campesina nos convocamos organizaciones sociales, comunitarias y campesinas, asociaciones productivas, red intermunicipal de mujeres, mesas ambientales, acueductos comunitarios, redes juveniles, organizaciones de mujeres, para nutrir con sentido de realidad la palabra que camina y se convierte en un llamado general para el norte del Valle de Aburrá.
Rechazamos las situaciones de violencias físicas, psicológicas, sexuales, políticas, económicas, institucionales y patrimoniales que se materializan en la vida, el cuerpo y los espacios de participación política de las mujeres y las disidencias sexuales que las ubica en una posición de desigualdad histórica. Denunciamos los feminicidios y la explotación sexual que acontecen en los municipios del norte del Valle de Aburrá.
Rechazamos el abandono institucional de la economía y vida campesina; la pérdida de mercado y capacidad productiva de alimentos; la falta de políticas claras en los usos del suelo y la distribución de la tierra; las altas cargas tributarias que el Estado impone; la corrupción en el manejo de los recursos
públicos; los proyectos que atentan contra la pérdida de la identidad y modos de vida campesina; los espacios de consulta y participación descontextualizados, poco pedagógicos y excluyentes; la falta de control sobre la presencia de actores armados y la violencia en los territorios.
La contaminación y la escasez del agua, la pérdida de los bienes comunes, la contaminación del aire, la pérdida del suelo y de la biodiversidad son consecuencias directas de la expansión urbana, la densificación rural, la irresponsabilidad de la industria, los procesos extractivos y la irregularidad en la aprobación de licencias ambientales y de construcción.
Estas situaciones asfixian y ahogan cada vez más nuestros territorios rurales y campesinos. Resaltamos la importancia de los procesos y espacios colectivos de las comunidades que ayudan al despertar de la conciencia en las nuevas generaciones. La apropiación social del territorio y el intercambio generacional deben permitir que el campo no se quede solo, sin vida campesina, sin el custodio de semillas, y sin protección al patrimonio ambiental.
Esta Asamblea tiene como propósito fortalecer el vínculo con las organizaciones y procesos comunitarios campesinos, y para esto nos proponemos:
Hoy, más de 180 personas reunidas en la 3° Asamblea Campesina del norte del Valle de Aburrá estamos llamadas a resistir, persistir y a no desfallecer ante la dictadura de los modelos económicos neoliberales e imposiciones de los gobiernos que desconocen los procesos de las comunidades; y a continuar con la
permanencia y el arraigo en nuestros territorios.
Hoy con la esperanza de una vida sabrosa, del cambio y la transformación que ofrece este nuevo gobierno, aprobamos esta declaratoria como compromiso para la construcción colectiva y el impulso a la paz territorial, el bienestar de hombres y mujeres, y la dignidad campesina.
¡Viva la Asamblea Campesina!
Sábado, 30 de julio de 2022
El 19 de junio de 2021 tuvo lugar la Novena Asamblea Campesina de Medellín en el corregimiento San Sebastián de Palmitas. Al evento asistieron campesinos, campesinas, líderes, lideresas y jóvenes de los cinco corregimientos de Medellín, con el fin de discutir y reflexionar acerca de los territorios rurales campesinos de Medellín.
La jornada estuvo mediada por una metodología participativa que permitió escuchar diversas voces, exponiendo las preocupaciones y necesidades que hoy se plantean las campesinas y campesinos de los corregimientos para garantizar su permanencia en los territorios. De esa manera, se reiteró la importancia de la implementación del Distrito Rural Campesino para que no solo se piense la ruralidad, sino también se gestione, garantizando la vida digna y la permanencia de las campesinas y los campesinos en Medellín. Por su parte, la Red Intercorregimental de Mujeres realizó una presentación artística y compartió su pronunciamiento.
Desde los diferentes corregimientos se realizó la construcción del pronunciamiento que recoge todas esas exigencias y reivindicaciones que seguirán siendo la ruta para proteger la vida y la economía campesina. A continuación compartimos las palabras de la comunidad campesina de Medellín:
PRONUNCIAMIENTO NOVENA ASAMBLEA CAMPESINA DE MEDELLÍN
Campesinas y campesinos de los cinco corregimientos del municipio de Medellín, nos hemos vuelto a encontrar en la 9na Asamblea Campesina de Medellín “Por la defensa del territorio, la economía y la vida campesina”. En este espacio de reflexión, discusión y toma de decisiones, nos pronunciamos públicamente para exigir el cumplimiento de nuestros derechos como campesinos y campesinas, fortalecer la organización comunitaria en nuestros territorios y encaminar acciones de defensa y permanencia en el territorio rural campesino con justicia social y equidad de género.
Después de varios meses viviendo el aislamiento provocado por la pandemia a causa del covid-19, nos volvemos a encontrar en Asamblea para reafirmarnos en la defensa por el territorio, la economía y la vida campesina desde el poder colectivo que produce la unión de las organizaciones de mujeres, jóvenes y campesinas/os de los cinco corregimientos de Medellín quienes, a través de la producción agropecuaria, la defensa de los derechos, el resguardo de semillas y de los bienes comunes, aportamos Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentaria en los territorios rurales y los centros urbanos de este municipio. Es importante resaltar que los efectos de la pandemia expresados en cifras del DANE, demuestran que en el año 2020 la pobreza monetaria ascendió a 42,5%, lo que significa que 21 millones de personas en el país viven en esta condición. Frente a este panorama de injusticia social y de inequidad en el acceso a los alimentos, es la pequeña economía campesina quien ha aportado una salida solidaria y cercana a las demandas alimentarias y ambientales que ejercen los grandes centros poblados hacia los territorios rurales.
Esta 9na Asamblea Campesina de Medellín, se desarrolla en medio de un estallido social que reclama justicia social, económica y ambiental, y pone en el escenario la participación de las mujeres, las juventudes, las y los trabajadores y la comunidad campesina, afectada especialmente por las políticas neoliberales, y profundizadas en el actual gobierno del presidente Iván Duque, del partido Centro Democrático. En medio de esta coyuntura se han presentado graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública, según la Corporación Jurídica Libertad, en Antioquia desde el 28 de abril al 10 de junio de 2021 se han registrado: 710 privaciones de la libertad, 2 asesinatos, 73 desapariciones, 57 judicializaciones, 42 lesiones personales, 141 torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, 19 comparendos, 10 amenazas y un sin número de violencias de género contra mujeres y diversidades sexuales, se han presentado graves casos de violencia sexual.
Pese a este panorama de paro nacional y condiciones desfavorables que ha dejado el aislamiento social, las comunidades organizadas y en movimiento, hemos levantado nuestros mandatos, propuestas y alternativas, para decir NO a la política de muerte y pobreza, NO a la política extractivista en los territorios, NO a la militarización de la vida de las juventudes, NO a la muerte de líderes y lideresas sociales, NO a la falta de salud y educación de las niñas y los niños, NO a la violencia de género contra las mujeres y diversidades sexuales y NO a la criminalización, la invisibilización y abandono de las comunidades campesinas.
Consideramos que la alcaldía municipal de Medellín en cabeza del alcalde Daniel Quintero, debe adelantar acciones de carácter urgente para proteger la vida y economía campesina, el agua, la soberanía alimentaria y los Derechos Humanos de las mujeres rurales y urbanas, e incluir directamente en su Programa de Gobierno las propuestas derivadas de la Agenda Ciudadana que se viene construyendo durante varios años con las comunidades campesinas, juventudes y mujeres de los corregimientos: San Cristóbal, Santa Elena, San Sebastián de Palmitas, Altavista y San Antonio de Prado. Una propuesta de “EcoCiudad”, debe integrar con especial atención a las comunidades campesinas y a los territorios rurales, no sólo como un lugar objeto de conservación ambiental, sino como un espacio donde se están tejiendo alternativas y propuestas de vida fundamentales para enfrentar la crisis climática que atravesamos.
Manifestamos con bastante preocupación, la desatención por parte de la alcaldía municipal a quienes habitamos los territorios rurales. El abandono y la negligencia en el control a la creciente parcelación en suelo rural ha venido afectando el modo de vida campesino, ha encarecido el valor de las tierras y con ello se ha dado el aumento desproporcionado de los impuestos, además de la afectación de las fuentes hídricas por vertimientos y las altas demandas en el uso del agua para otras actividades que compiten con la producción de alimentos.
Desde la mesa de cada corregimiento reunidas en esta Asamblea, manifestamos la situación y demanda actual de nuestros territorios:
Solicitamos de manera urgente, la implementación del Distrito Rural Campesino, figura de ordenamiento y gestión del territorio rural, instrumento incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial actual. Según su agenda, exigimos que se lleve a cabo la Fase 3 de socialización y las fases siguientes. Es necesario que se destinen recursos propios y específicos para su implementación, así mismo que se brinde información clara y oportuna sobre el desarrollo del DRC a la veeduría y a la comunidad campesina en general. Necesitamos que la producción y economía campesina del municipio, sea incentivada a través de subsidios, acompañamiento técnico, mejoramiento de vías, exoneración de peajes (ubicados en la jurisdicción del municipio de Medellín), que se implementen subsidios en el cobro de impuestos y políticas especiales para pensión, salud y educación, así mismo que se establezcan consideraciones especiales en la clasificación del SISBEN. Es muy importante para nosotros y nosotras la promoción de mercados campesinos; es a través de la comercialización directa, la soberanía alimentaria y las redes de economía solidaria, como se asegura la permanencia de nuestras comunidades en el territorio y la alimentación sana de todas y todos. Frente a esto exigimos que se cumpla e implemente lo establecido en la ley 2046 del 6 de agosto de 2020, la cual establece mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios.
Es necesario que en Medellín se formule una nueva política pública para la ruralidad; con la implementación de nuevos planes y proyectos con enfoque de género y la implementación del Distrito Rural Campesino con recursos propios, aseguramos alimentación y sostenibilidad tanto para las zonas rurales, como para las urbanas, en constante crecimiento y densificación. La Asamblea Campesina propone la definición de espacios amplios y renovados de participación, nos interesa la consolidación de las Mesas Campesinas y Agropecuarias como estrategia de concertación colectiva; las voces de las mujeres rurales, las juventudes, las niñas y los niños y los pequeños productores de alimentos, deberán ser la hoja de ruta de programas y proyectos que pongan en un lugar protagónico una política de protección al campesinado, a las mujeres rurales y campesinas, la protección a la vida en todas sus dimensiones y el goce de todos los derechos.
Finalmente, estamos comprometidas y comprometidos, para que el Municipio de Medellín y el Valle de Aburrá, se asuma y se construya como un escenario de paz territorial para el país. Es protegiendo la vida campesina, el agua, el territorio y haciendo efectivos los derechos campesinos y derechos humanos de las mujeres, como se hace paz, no hay paz en Colombia sin dignificación de campesinas y campesinos.
¡Juventudes, hombres y mujeres campesinas del municipio de Medellín, construímos propuestas para defender la vida y el territorio, y proponemos acciones para su defensa!
¡Mujeres campesinas y rurales por una vida libre de violencias! Pronunciamiento en el marco de la 9° Asamblea Campesina de Medellín. San Sebastián de Palmitas, 19 de junio de 2021.
¡Mujeres campesinas y rurales por una vida libre de violencias! Pronunciamiento en el marco de la Segunda Asamblea Campesina del Norte del Valle de Aburrá. Barbosa, 29 de mayo de 2021.
12 de mayo de 2021
En medio del Paro Nacional, que acompañamos desde el pasado 28 de abril, más de 100 organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas ambientales, defensoras y defensores de la vida y del territorio, a quienes nos une la protección del agua y la naturaleza como eje de nuestras luchas y resistencias, nos articulamos para visibilizar las apuestas y reivindicaciones del ambientalismo en el marco del paro.
Nos hemos encontrado para cambiar radicalmente el modelo de país impuesto en las últimas décadas, el cual ha dejado a la naturaleza como víctima del maldesarrollo que violenta comunidades, despoja territorios, deja pasivos ambientales y sociales, y vulnera ecosistemas naturales, la salud, la biodiversidad y la vida de quienes los habitamos, humanos y no humanos: modelos económicos extractivistas y desarrollistas que pretenden implementarse, ahora utilizando como justificación la recuperación económica post pandemia.
Con los aprendizajes de la fracasada mesa ambiental de la “Conversación Nacional” del Paro Nacional del 21N de 2019, que no tuvo otro propósito que dividirnos sin llegar a acuerdos o soluciones concretas a nuestras demandas y necesidades, le exigimos hoy al gobierno que no continúe imponiendo su visión, ahora a través de lo que ha denominado el “Gran diálogo”, con el que se mantiene oídos sordos a los cambios estructurales que millones de colombianas y colombianos estamos reclamando en las calles y en las ruralidades.
Reiteramos nuestro apoyo al Paro Nacional como un espacio legítimo de lucha y resistencia pacífica frente a un acumulado de nefastos gobiernos que han respondido con violencia al ver expuesta su política de corrupción y muerte; apoyamos la protesta social en el Valle del Cauca, en Cali y a la Minga Indígena, derecho consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política.
Consideramos que cualquier escenario de diálogo entre los sectores populares y el gobierno nacional debe ser amplio, transparente, enmarcado en el respeto por el derecho fundamental a la vida, con garantías reales al desarrollo de la protesta y, fundamentalmente, cesando la masacre promovida por la fuerza pública, la cual, hasta el 10 de mayo ha tomado la vida de 52 personas, 435 personas desaparecidas, 15 casos documentados de violencia sexual y 1365 detenciones arbitrarias todo el país, según datos de la campaña Defender La Libertad. También se debe investigar y judicializar el ataque perpetrado por civiles, policiales y militares a la guardia indigena del Cauca, el pasado 9 de mayo en Cali, donde varios ciudadanos fueron heridos.
Rechazamos también el uso de la violencia por parte de algunos manifestantes que ha dejado víctimas en la fuerza pública, compuesta en su mayoría por jóvenes humildes a quienes el país les ha negado otras oportunidades.
En un primer ejercicio de construcción colectiva y retomando aportes del pliego ambiental del paro de 2019, hemos identificado algunos temas relevantes que articulan parte de las luchas más importantes del ambientalismo en Colombia, el cual se irá nutriendo y mejorando en discusiones amplias:
Estos temas recogen y priorizan las exigencias que, como ambientalistas, realizamos ante el gobierno nacional, las cuales consideramos deben ser ajustadas a las dinámicas y conflictos
ambientales locales y los espacios de incidencia que se tengan en departamentos y municipios de acuerdo con las formas de movilización social que se den en cada territorio.
Acompañamos la marcha carnaval ambiental que se realizará en Ibagué y se replicará en otros municipios este viernes 14 de mayo, convocamos la urgente articulación de los movimientos, organizaciones, redes y plataformas ambientales de todo el país para que juntos construyamos las transformaciones ecológicas, sociales y económicas que se requieren; llamamos a mantener y posicionar las exigencias y reivindicaciones ambientales en los escenarios asamblearios y de movilización que se promuevan en las próximas semanas de Paro Nacional.
Solo una reconciliación con la Casa Grande, nuestra Madre Tierra y los territorios que habitamos, permitirá la pervivencia digna de padres, madres, hijas e hijos en constante armonía entre todas las manifestaciones de vida. Solo la paz ambiental evitará la injusticia intergeneracional.
Suscribimos:
Comunicado Mesa de Trabajo Mujer de Medellín
5 de mayo de 2021
Nosotras, organizaciones comunitarias y de mujeres rurales y urbanas de la ciudad, articuladas y hermanadas en la Mesa Trabajo Mujer de Medellín, instancia del movimiento social de mujeres por tres décadas, declaramos:
Es por ello que:
Como Mesa hacemos un llamado al cambio, en la dirección de una paz estable y duradera, con justicia social y diálogo permanente, por ello:
Nosotras, mujeres de muchas generaciones, caminantes de muchos derechos instamos al Gobierno Nacional, Departamental y Local a garantizar Una Vida Libre de Violencias como camino democrático hacia la paz.
Pronunciamiento Público
Durante el segundo semestre de 2017, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín inició mediante contrato con Planeación Municipal, la primera fase de la implementación del Distrito Rural Campesino denominada diagnóstico participativo, delegando su ejecución en la Escuela Urbano Regional de la Facultad de Arquitectura, con el fin de poner en marcha lo ordenado en el POT de Medellín mediante el Acuerdo 048 de 2014.
Hemos celebrado que después de tres años de la aprobación del POT, se comenzara a desarrollar esta figura de ordenamiento y gestión del territorio rural campesino, pues la consideramos una oportunidad para la garantía plena de los derechos de hombres y mujeres campesinas de la ciudad, quienes hasta ahora no han vislumbrado en toda su historia de vida en el campo, la presencia de un gobierno municipal comprometido con el desarrollo de la economía y la vida campesina.
Como se ha hecho evidente, los diferentes conflictos sobre usos del suelo que existen en el territorio rural campesino de Medellín vulneran los derechos campesinos, y estamos convencidos que mediante la implementación del Distrito se puede dar solución a muchos de ellos, generando salidas tanto para la conservación ambiental y ecosistémica como para la permanencia en los territorios de las poblaciones campesinas con su especial modo de vida.
Queremos expresarnos sobre el proceso de participación en la fase de diagnóstico que adelanta la Escuela Urbano Regional con el fin de generar la discusión sobre la vinculación de la comunidad campesina, sus propuestas y necesidades en la implementación del Distrito Rural Campesino; además, frente al desconocimiento de la obligación constitucional para generar espacios amplios de participación en el desarrollo de todas las acciones que ejecuten las autoridades públicas, y más cuando se trata de transformaciones territoriales que afectan los derechos fundamentales.
Por lo tanto, expresamos nuestra insatisfacción con el proceso de participación que viene realizando la Escuela Urbano Regional, pues lo consideramos de muy baja cobertura, mal informado y sin el suficiente proceso para recoger información de la comunidad y devolver los resultados de la consulta. Hasta ahora se ha realizado únicamente un taller corregimental con escasa presencia de la comunidad. El corto tiempo de ejecución impidió que se generara un proceso participativo amplio e incluyente, con encuentros veredales por corregimiento y que permitiera hacer un necesario ejercicio de actualización, retroalimentación y validación de la información con la comunidad.
Manifestamos que la exigencia a todas las autoridades públicas de promover en sus acciones mecanismos y procesos de participación y organización están consignadas en diferentes normas constitucionales, legislativas y municipales, tales como el artículo 1, 2 y 3 y el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia donde se reconoce que las actuaciones del Estado se encaminan reconociendo la soberanía del pueblo y la necesaria participación en el destino y planeación del territorio. A su vez, la Corte Constitucional en Sentencia C-150-15 entiende que la participación es un derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento constitucional actual y expresa que esto implica para el Estado “el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados.”
De la misma manera, el POT de Medellín en su artículo 5 contiene dentro de los principios rectores del Plan, la participación ciudadana y democrática, donde se priorice en todo momento el diálogo y la concertación. Añadido a esto, en el mismo POT en su artículo 483 sobre los objetivos del Distrito Rural Campesino, expresa en el numeral 3:
Impulsar la conformación y consolidación de organizaciones campesinas que integre al gobierno municipal y los corregimientos con las comunidades y sus organizaciones, para construir de manera conjunta y participativa políticas públicas que impulsen el progreso y el bienestar de los pobladores rurales del municipio, así como el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental del campo.
En dicho sentido, observamos que en todas las fases del Distrito, el gobierno municipal o quien las ejecute, debe no solamente proteger el principio y el derecho a la participación sino también promoverla como un deber constitucional y como una forma de potenciar la organización campesina en la ciudad para un mejor desarrollo de estos espacios de derechos campesinos.
Invitamos a todas las organizaciones sociales y comunitarias de los corregimientos para que se manifiesten y acompañen todo este proceso de transformación del campo en nuestra ciudad, exigiendo suficiente tiempo y recursos que garanticen la calidad y cobertura del proceso de participación para la implementación de las 6 fases del Distrito Rural Campesino de Medellín.
Medellín, 20 de noviembre de 2017.
CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y CULTURAL PENCA DE SÁBILA
Nos volvimos a encontrar en la 6a Asamblea Campesina del Valle de Aburrá “Por la defensa del territorio, la economía y la vida campesina” representantes de los cinco corregimientos de Medellín y de los municipios de Caldas, Ebéjico y Envigado, allí generamos un espacio para la discusión, la presentación de propuestas y la toma de decisiones, así como para pronunciarnos públicamente con el fin de exigir nuestros derechos como campesinos y campesinas y fortalecer la organización campesina en nuestros territorios.
Como espacio de discusión y decisión, exigimos un proceso amplio, participativo y vinculante de las propuestas que se construyan y presenten en todas las fases de implementación del Distrito Rural Campesino y que se reconozcan las propuestas que hemos venido construyendo desde hace tiempo para que el Distrito Rural Campesino sea como nosotros lo hemos pensado. Además, exigimos que en el presupuesto que se aprobará en el Concejo Municipal de Medellín para el 2018 haya destinación directa para las siguientes fases del Distrito.
Exigimos que en todo el proceso de implementación del Distrito Rural Campesino haya un reconocimiento de la presencia campesina en la ciudad, por parte de sujetos hombres y mujeres campesinas que habitan fincas campesinas y que tienen una producción de su finca que contribuye a la soberanía alimentaria de la ciudad.
Rechazamos la aprobación del acuerdo 092 de 2017 que modifica el Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) que desconoce su conformación y no se manifiesta como un proceso vinculante y participativo sino que atiende a la misma dinámica que viene teniendo el gobierno municipal de Medellín frente a la participación y la planeación de la ciudad. Así mismo denunciamos que dicha modificación excluye la participación en este escenario de la juventud rural y campesina, por tanto exigimos la participación activa de los y las jóvenes en el CMDR.
Rechazamos también el accionar de la Policía y del Gobierno Municipal frente a la comercialización de los productores campesinos y campesinas en hechos recientes ocurridos en el parque del corregimiento de San Antonio de Prado.
Reconocemos que si bien Medellín no es un municipio priorizado en la implementación del Acuerdo de Paz, el Distrito Rural Campesino es una oportunidad para interrelacionar el campo, la comunidad campesina, la garantía de derechos y la construcción de una propuesta de soberanía alimentaria y de conservación de todos los bienes comunes para la ciudad, aplicando un enfoque territorial que construya desde nuestros corregimientos la permanencia de la cultura y la economía campesina en Medellín.
Consideramos fundamental que el Distrito Rural Campesino incluya la formalización de los predios campesinos con titulación compartida de los mismos, es decir que en las escrituras públicas aparezcan la mujer y el hombre como titulares del derecho a la propiedad. Para garantizar la titulación compartida de la vivienda y de la tierra acordamos la creación de un Decreto Reglamentario que promueva las acciones afirmativas y los mecanismos necesarios a nivel gubernamental para el alcance de este propósito.
Celebramos una vez más la realización de este espacio de encuentro, decisión y articulación de procesos y de vida campesina, estamos formándonos y fortaleciendo políticamente con el fin de construir conjuntamente posturas y discursos para exigir ante los gobiernos que el campo de la ciudad y el Valle de Aburrá sea tenido en cuenta en los planes y en la construcción de paz territorial.
Medellín, 2 de septiembre de 2017.
Pronunciamiento
El Plan de Desarrollo de Medellín no reconoce los derechos de campesinos y campesinas. En el reto 6.6 del Plan denominado Medellín reconoce la importancia de su territorio rural, sus programas y proyectos están destinados al gasto del recurso de una manera no articulada ni transversal, se sigue desconociendo a los campesinos y campesinas como un grupo poblacional sujetos de derechos y no se evidencia una apuesta política del gobierno municipal por reducir y terminar las brechas de desigualdad social, ni acercar a la población a mejores niveles reales de calidad de vida.
El presupuesto que se destinó a la ruralidad en el Reto 6.6, destina el 0,7% ($ 120.895.448.706) del total de recurso cuatrienal del Municipio que asciende a los 16 billones de pesos. De ese porcentaje el 6,05% ($ 7.326.000.000) estará destinado al programa Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales; el segundo programa Desarrollo integral de los territorios rurales, tiene un presupuesto de 75.489.095.564 (62,4% del reto); el tercer programa Desarrollo empresarial rural 38.080.353.142 (31,4% del total del Reto). Muchos de los proyectos que allí se formulan no tienen indicadores claros que permitan hacerle control y evaluación en su ejecución; además, algunos proyectos proponen indicadores que no garantizan la protección de la vida y territorio campesino, por ejemplo, el proyecto (6.6.1.2.) que busca reconocer y promover las prácticas campesinas se medirá con el indicador de “campañas publicitarias instaladas”.
Este presupuesto no tiene una inversión que refleje la integralidad de las propuestas entregadas a las diferentes instancias que elaboraron el Plan de Desarrollo. ¿Cuál es la finalidad de estos espacios sino la construcción de ciudad con sus comunidades? ¿Qué garantías reales ofrece el gobierno municipal para que ciudadanos y organizaciones sigan participando en los espacios que convocan?
La inutilidad de la participación
Ha dicho el alcalde y sus delegados que este plan se construyó con la gente. Si bien en todas las etapas de construcción y formulación se han organizado encuentros de diferente índole, son encuentros de formato, donde reina la retórica de socialización, pero en lo sustancial, el plan no condensa las propuestas realizadas por diferentes colectividades, personas y organizaciones que durante muchos años han instaurado propuestas de vida en la ciudad, y en particular, desde lo rural campesino y el reconocimiento de derechos.
Dos procesos de consulta y participación donde acudimos con la garantía que las propuestas serían recogidas fueron al debate del Plan Agrícola Municipal –que se realizó previo a las discusiones del Plan de Desarrollo- y al proceso de consulta convocado por el Consejo Territorial de Planeación CTP. En primer lugar, las personas acudieron con propuestas de transformación al modelo de ciudad y en busca del reconocimiento de derechos, propuestas que no fueron tenidas en cuenta ni se ven reflejadas en el plan que se aprobó. En segundo lugar, en el caso de las consultas del CTP, vemos con preocupación que en ellas no se discutió sobre el texto definitivo sino que luego de ser discutido en esta importante instancia de participación haya sufrido sustanciales cambios que o evidencian las propuestas realizadas por las comunidades rurales campesinas de la ciudad.
La ciudadanía de campesinas y campesinos que habitan en Medellín tienen unas prácticas, saberes y economía distinta a lo que el plan se propone en materia de confianza ciudadana, donde opera una lógica de homogeneidad social, con la cual el plan de desarrollo pretende la normalización de los ciudadanos por medio de un conducto ya preestablecido, negando la diversidad en la ciudad y los procesos de movilización que ha realizado la comunidad en Medellín. Por esto exigimos que en el periodo de gobierno durante estos cuatro años se destine un presupuesto real y efectivo para el reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos de derechos, garantizando el derecho al territorio en la ciudad donde se materializa la vida y economía campesina.
También consideramos que el alcalde no incluyó en el plan algunas de sus propuestas inscritas como candidato ante la Registraduría. En su plan de gobierno presentado como candidato expresaba una preocupación: “(…) la expansión urbana no controlada ha propiciado el olvido del campo y su población rural o campesina, sumándose a esto las inadecuadas políticas rurales y las deficiencias en el reconocimiento de sus derechos.”. El plan de desarrollo que presenta no plantea los controles a dicha expansión y tampoco se lee una verdadera intencionalidad política por transformar las condiciones rurales campesinas. Además este vacío en el plan es contrario al voto programático que mayoritariamente hizo la ciudad por él.
En este contexto exigimos que las acciones encaminadas hacia la población rural campesina estén enmarcadas en la consolidación del Distrito Rural Campesino como un espacio de derechos; la reglamentación e implementación del Distrito pasa por reconocer la vida y el territorio campesino, las prácticas culturales ancestrales y el fomento de la producción agroecológica. Exigimos que en la destinación del presupuesto del Plan de Desarrollo haya claridad de cuánto dinero se invertirá estos cuatro años en la reglamentación y puesta en marcha del Distrito Rural Campesino y del Plan Agropecuario Municipal.
Hacemos un llamado para que sean retomadas las propuestas que se han venido haciendo desde la Asamblea Campesina para la ruralidad de Medellín. Son propuestas campesinas que requieren de alternativas creativas de innovación que consoliden el campo como unidad territorial, la finca campesina como unidad socioeconómica y a los ciclos de producción, distribución, comercialización y consumo de sus productos como unidad para el desarrollo integral de su sistema agroalimentario. Al tiempo que se exige el establecimiento de figuras jurídicas y de planeación que permitan activar alternativas especiales para la protección de su patrimonio, el derecho al trabajo y el libre oficio, la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a la tenencia de la tierra, a la salud, la vivienda, el transporte público, al esparcimiento y al disfrute de los espacios públicos. Y de manera especial y particular potencie el acceso de las mujeres campesinas a la propiedad, el patrimonio, al bienestar integral, a los bienes y servicios, y a los derechos sexuales y reproductivos.
Medellín, 2 de junio de 2016.
Asociación Campesina Agroecológica Campo Vivo.
Asociación Campesina Agroecológica de la Región del Boquerón, ACAB.
Corporación Campesina San Antonio de Prado.
Comité de la Asamblea Campesina Valle de Aburrá.
Red Intercorregimental de Mujeres San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas y de San Cristóbal, Medellín.
Red Ambiental y Cultural Juvenil Intercorregimental de Medellín, REDAJIC.
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
Comunidad campesina en el Plantón ciudadano “Medellín el plan no cuenta con vos”
Medellín, 07 de junio de 2014
El plan de ordenamiento territorial como instrumento de planeación, supone desde su intención de estructurar y moldear el territorio, la mejoría del entorno y con ello la calidad de vida de sus habitantes, hombres y mujeres. Sin embargo, para esta coyuntura de revisión del Plan, las mujeres nos pronunciamos expresando que no nos sentimos incluidas y acogidas en las propuestas de ajuste, al considerar que este no incorpora nuestras voces, intereses y necesidades de cara a las particularidades como mujeres campesinas.
Partiendo del reconocimiento de que existe una manera diferenciada para hombres y mujeres de vivir y habitar el territorio, y con ello el espacio de lo público y lo privado, hacemos énfasis en la necesidad de incorporar en el actual Plan de Ordenamiento Territorial una visión de género que reconozca y de respuesta a las carencias identificadas en términos de equipamientos, seguridad pública y autonomía económica para las mujeres de los corregimientos. Actualmente no contamos con espacios y equipamientos que estén al servicio de la formación, la capacitación, la recreación y el deporte para las mujeres, dado que los existentes están condicionados para el uso y disfrute directo de otros pobladores y representan por sus condiciones de infraestructura y uso, inseguridad y desconfianza para nosotras.
Requerimos de centros de atención en salud centralizados en los corregimientos, con capacidad instalada, profesionales capacitados y atención integral y diferencial para las mujeres en todos sus servicios médicos. Asimismo, consideramos la pertinencia de contar con lugares para la formación profesional y política para las mujeres, con procesos que tengan continuidad y durabilidad en el tiempo, que no estén enmarcados en los roles y estereotipos tradicionales y que permitan realmente potenciarnos y capacitarnos para estar en otros escenarios de participación y toma de decisiones.
Denunciamos los altos índices de feminicidios en la ciudad y en los corregimientos, las múltiples manifestaciones de violencia y la no garantía de seguridad para las mujeres: la falta de alumbrado público, las malas condiciones en la que permanecen los caminos veredales, la apropiación de los escenarios deportivos como espacios masculinos de dominio de los grupos armados y el expendio de drogas; y la utilización de nuestros cuerpos como botín de guerra y territorio de múltiples violencias que hacen que experimentemos miedos e intimidación permanentes en los escenarios públicos.
Por otra parte, rechazamos la privatización de los bienes comunes, los megaproyectos y los cambios de suelo rural que ponen en riesgo nuestros territorios, economía y permanencia de la vida campesina, denunciamos el riesgo eminente en el que el actual Plan de ordenamiento territorial ubica a nuestros territorios campesinos con sus políticas de expansión urbana, los cambios de vocación del suelo y en definitiva el desplazamiento de los campesinos y campesinas. Hacemos cuestionamientos tales como ¿Donde viviremos los/as campesinos/as de Medellin?, ¿Cuál será nuestro medio de subsistencia?, ¿Qué sucederá con el territorio, la economía y la vida campesina?
Frente a este panorama, la Red Intercorregimental de Mujeres de San Cristóbal, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas nos movilizamos y hacemos las siguientes propuestas:
Finalmente, exigimos un plan de ordenamiento territorial que incorpore el enfoque de género y sea capaz de encontrar un equilibrio entre lo urbano y lo rural que garantice la permanencia de la vida campesina, que propenda por un modelo de ciudad incluyente y equitativa que reconozca claramente las diversidades y desde allí se oriente a generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, un plan que propicie condiciones de seguridad para las mujeres, equipamientos y medidas afirmativas que aporten a nuestro bienestar integral y buen vivir.
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