El 19 de marzo de 2020 se decretó cuarentena nacional en todo el territorio, respondiendo a las disposiciones de la Resolución número 835 del 12 de marzo de 2020, la cual se refiere a la primera medida preventiva que consideró el Gobierno colombiano para evitar la propagación del COVID – 19. Dicha medida fue tomada sin considerar algunos sectores sociales y sin tener en cuenta que esto iba a traer como consecuencia la profundización de los conflictos sociales.
Seis meses después de la declaración del confinamiento preventivo, que tenía como fin el cuidado de las personas, la población rural campesina se vio profundamente afectada por diversos factores que, si bien ya eran una limitación en sus labores cotidianas y productivas, en este tiempo se acentuaron y sacaron a flote una realidad que parece ser ignorada por la administración municipal.
Es por lo anterior que en el marco de la Alianza por el Territorio y la Vida Campesina, de la que hacemos parte, el 19 de agosto de 2020 participamos en el segundo conversatorio virtual.En esta ocasión, moderado por Marcela Bermúdez, estuvimos conversando con diversos líderes y lideresas de la ruralidad del Valle de Aburrá, específicamente de los corregimientos de Medellín, Bello y algunas veredas del municipio de Barbosa.
Mediante la diversidad de voces pudimos enumerar y conversar acerca de esas problemáticas que están afectando a los territorios; para ello se designaron dos preguntas orientadoras: la primera de ellas se refirió a la forma en la que desde las veredas están afrontando la actual situación de crisis y la segunda procuró por interrogar a las y los participantes sobre esos requerimientos que consideran pertinentes para que las comunidades campesinas puedan resistir a la pandemia.
Las problemáticas fueron comunes en todos los territorios: la mala calidad de los servicios de telecomunicaciones, la falta de transporte público, la dificultad en la comercialización de los productos agrícolas como consecuencia de la falta de transporte, la carencia de atención en salud y en psicología, el incremento de la violencia intrafamiliar, la ineficiencia de la administración a la hora de gestionar y transportar las ayudas económicas y alimenticias para la ruralidad, la contaminación de las microcuencas, la creciente expansión urbana que trae consigo un cambio en el uso de la tierra y con ello una transformación cultural y ecológica, el alto costo de los impuestos prediales que afectan a la economía, entre otros que son consecuencias de vulneraciones históricas de los derechos de las comunidades campesinas en el país.
Por otra parte, se habló de los requerimientos que tienen las comunidades para mejorar su vida en el campo; dentro de ellas se resaltan tres temas fundamentales: el primero consiste en consolidar y proteger la cultura campesina, entendiendo lo urbano y lo rural como parte de un todo que sostiene una relación articulada para el funcionamiento integral de la ciudad. Segundo, el fortalecimiento de aquellos sistemas económicos solidarios donde se les dan garantías a quienes producen los alimentos y se incentiva a la producción y la compra consciente de productos agroecológicos. El tercero es garantizar la conectividad de la población que habita las montañas que también hacen parte del “Valle del Software”, esto genera una dinámica de inclusión a las comunidades campesinas y se previene la vulneración del derecho a la educación a los jóvenes de la ruralidad.
Como conclusión se reiteró la importancia de seguir construyendo elDistrito Rural Campesino para que estas y otras soluciones puedan ser implementadas de manera legítima y así procurar por la permanencia digna y la sostenibilidad de la ruralidad campesina en el Valle de Aburrá.
Encuentra aquí la transmisión del evento: ‘Expresiones Campesinas resistiendo en la pandemia’
Pensar en las estrategias de adaptación a las nuevas condiciones de vida que se nos presentan por la pandemia del Covid-19 ha sido un reto. Durante años, las metodologías y las formas de construcción comunitarias las hemos realizado desde la práctica, el convite, las movilizaciones, los talleres, entre otras. Hoy, ante la emergencia sanitaria, abogamos por el autocuidado y el cuidado colectivo. El distanciamiento físico se ha vuelto una necesidad, pero el acercamiento social y organizativo también.
De esta manera, les compartimos algunas de las formas diversas de diálogo que hemos creado desde cada programa para poder continuar:
Reencontrase para tejer lazos de solidaridad: en eso se han basado los encuentros virtuales de la Escuela Comunitaria del Agua, un escenario que se ha consolidado en la lejanía de los territorios, pero en la cercanía que posibilitan las herramientas tecnológicas para contar cómo la pandemia ha llevado a los acueductos comunitarios a implementar acciones de cuidado. Y es que la preocupación de las comunidades organizadas por mejorar las condiciones de vida de las personas ha sido constante, y en medio de la pandemia se evidencia que auto gestionar el agua es también resolver comunitariamente los problemas que aquejan a los territorios, sin perder de vista la importancia de los vínculos de trabajo en redes vecinales y asociaciones municipales.
Por otro lado, continuamos con las asesorías de carácter organizativo, jurídico, administrativo y técnico a los acueductos comunitarios vía telefónica y video llamadas. Así mismo, continuamos nuestra participación en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, como espacio de articulación y de incidencia en defensa de la gestión comunitaria del agua.
La participación juvenil ha tenido retos durante el confinamiento. Se ha identificado la necesidad de mantener el vínculo con los y las jóvenes participantes de los procesos formativos y organizativos, a través de lo que permite la virtualidad. Pero nos hemos enfrentado a las dificultades de acceso a internet y a las capacidades de conectividad, presentes en la ruralidad del país, donde menos de la mitad de la población tiene acceso. Lo que ha dificultado que se mantengan los mismos niveles de participación.
Con el propósito de mantener la reflexión y el debate de los temas relacionados, se han propuesto ejercicios autónomos que se pueden realizar desde casa y ser socializados en encuentros virtuales posteriores, que tratan asuntos coyunturales en relación a la pandemia y la agudización de problemáticas en torno a los ambientalismos, los feminismos y las resistencias juveniles. Algunos de los temas tratados han sido la crisis ambiental, el consumo y generación de residuos, la división sexual del trabajo en relación a la recarga que han asumido las mujeres frente al trabajo de cuidado durante la cuarentena, y las violencias basadas en género que han aumentado durante el distanciamiento físico.
Por fortuna, justo un día antes de la cuarentena, el foro “El Futuro de la Medellín Rural” favoreció los ánimos de la comunidad, y también nuestros ánimos como programa. Sin duda, el inicio de la cuarentena fue complicado, teníamos cosas planeadas, entre ellas, la Asamblea Campesina del Valle de Aburrá. Desde el inicio de la cuarentena, y más adelante, con la participación en los debates del Plan de Desarrollo de Medellín, vimos una oportunidad para evidenciar y denunciar la situación de las veredas de los distintos corregimientos en la crisis. El teléfono, las redes sociales, los diferentes medios de comunicación, y, sobre todo, la respuesta de las comunidades, cobraron un papel muy importante para continuar con nuestro trabajo. Asumir la pandemia como posibilidad para posicionar el tema de la ruralidad y los derechos de la población campesina ha sido un motor que nos ha movilizado para afrontar esta nueva realidad.
El programa inició por implementar procesos que permitieran garantizar el funcionamiento del Circuito Económico Solidario que dinamiza la Tienda de Comercio Justo ColyFlor, logrando mantener de esta manera un ingreso económico estable para las familias campesinas y el abastecimiento permanente de alimentos agroecológicos a la red de consumidores/as, quienes de forma constante y solidaria le han apostado a esta experiencia de comercio justo y consumo responsable.
Por otra parte, se propuso entre los grupos de estudiantes de la Escuela de Agroecología un proceso de formación llevado a cabo desde la virtualidad, experiencia que ha exigido creatividad y adaptación para maestros/as y para los/as estudiantes quienes desde sus viviendas urbanas y rurales intercambian saberes y experiencias que se transmiten a través de videos y audios enviados por correo, WhatsApp y Youtube. Hemos pasado de enseñar y compartir saberes desde la metodología del aprender haciendo en terreno, a tener que usar el teléfono, el audio y la vídeo llamada como herramienta didáctica para poder explicar las cantidades de mierda, melaza, minerales y plantas que se incorporan a un biofertilizante líquido.
Desde que inició el aislamiento hemos mantenido comunicación constante vía Whatsapp, llamada telefónica y Skype con el fin de saber cómo están las mujeres de los procesos que acompañamos y para propiciar espacios de confianza, así como para acompañar casos de denuncia y activar las rutas de seguimiento a las violencias contra las mujeres. Esto ha permitido que entre ellas en los territorios se crearan redes de solidaridad de apoyo económico y alimenticio según sus necesidades.
La escritura y construcción de materiales pedagógicos también fue una alternativa significativa. Así, creamos dos cartillas pedagógicas, de un lado, sobre feminismo y derechos sexuales y reproductivos dirigida a mujeres jóvenes y de otro, una sobre participación social y política, dirigida a mujeres adultas.
Finalmente, la llegada del virus y la cuarentena se juntó con el proceso de construcción y debate de los Planes de Desarrollo Municipales, un espacio que es importante para las mujeres, puesto que es allí donde se posicionan las propuestas que están construyendo y de incidir políticamente. Los debates se realizaron de forma virtual y las mujeres buscaron las formas de adaptarse y estar allí. Lograron incidir y fueron incluidas propuestas que ellas llevaron al espacio.
Aunque hemos logrado continuar el diálogo, la formación, la articulación y la incidencia en medio de la cuarentena con el apoyo de las comunidades, organizaciones y alianzas de las que hacemos parte, esperamos paulatinamente poder volver a los territorios. Esta experiencia nos ha demostrado la importancia de encontrarnos en el cara a cara, de compartir la palabra y el gesto, la sonrisa y la preocupación; y sin duda, ha evidenciado la vigencia y necesidad de cambiar nuestra relación con nuestros ecosistemas y pensarnos en sociedades más justas y sin desigualdades.
Ya en medios de comunicación aparecieron los campesinos y campesinas de Medellín, ya el municipio ha tenido que reconocer la existencia de las pequeñas parcelas y fincas campesinas del Distrito Rural Campesino que surten ventas ambulantes, las tiendas, los supermercados, la minorista, la mayorista y hasta la plaza de Urabá. Si se hacen las cuentas de los medios de comunicación: Santa Elena pasa de 320 familias campesinas, más de 600 floricultores de Santa Elena y San Cristóbal, y tan solo 200 personas de mercados campesinos, aquí mal contadas van 1.120 familias campesinas, faltan más de 6.000 personas que viven en San Sebastián de Palmitas y las más de 8.000 familias campesinas de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.
Son pequeñas parcelas de menos de 1 hectárea que producen alimentos y que no están en las cuentas municipales. Sin precedentes en América Latina hace más de 30 años que la población campesina y la de corregimientos no ha sido censada, quizá por eso el anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín tan solo consideró el 0,23 % de todo el presupuesto para corregimientos y desarrollo rural sostenible.
La pandemia está dejando al descubierto las debilidades del sistema y en medio de la crisis se evidencia la necesidad y el estado de abandono del campo, la inequidad social, territorial y de género. El 70% del territorio de Medellín es rural y se encuentra dividido en cinco corregimientos, donde habitan aproximadamente 12.000 familias campesinas, muchas de ellas desprotegidas, que producen alimentos de buena calidad, kilómetro cero, con disponibilidad inmediata y que le aportan a la sostenibilidad y al patrimonio cultural de Medellín.
Si bien la Alcaldía implementó la plataforma “Compra Local”, es desconcertante ver gente sufriendo de hambre al tiempo que en las veredas se botan alimentos. En diferentes zonas urbanas y rurales hay muchas personas que, con banderas y camisetas rojas, claman por ayudas al no tener comida, lo que evidencia que no existe una red de comercialización que les permita a campesinos y campesinas vender la producción. La falta de ingresos les genera dificultades para abastecerse de otros alimentos que complementan su canasta básica familiar, como lo dice una campesina y pequeña productora “con solo cebolla no se hace una sopa”.
Según un rastreo que hemos realizado con la comunidad campesina, a través de una red de apoyo de 150 personas de 48 veredas, se ha confirmado que en medio de esta pandemia no hay encadenamientos directos entre producción y consumo y por eso se pierde la producción de las pequeñas parcelas. La Alcaldía y los mayoristas están comprando a grandes y medianos productores y a los pequeños solo les están comprando cebolla y cilantro; hay familias en cuarentena con hambre porque la medida de pico y cédula no es apta para las personas de la ruralidad, los adultos mayores son la población más afectada en esta emergencia debido al inexistente sistema de salud en las veredas. La falta de un censo real y los errores en las bases de datos han beneficiado a personas que no necesitan las ayudas y excluyen a quienes las requieren, los estudiantes temen perder sus cursos y semestres por la limitada conexión a internet, además, la falta de acceso a la conectividad virtual y la falta de información, hace que muchas de las familias campesinas no puedan inscribirse en los subsidios que ofrece el gobierno.
Hacemos un llamado de alerta a la Administración Municipal para que reconsidere la forma de atención a la ruralidad campesina, desarrollar el “software de la montaña” para conectar la ruralidad y actuar con inteligencia de sostenibilidad; comprar a pequeñas parcelas para alimentar a quienes tienen hambre en la ciudad y así brindar doble beneficio: aliviar el hambre en la ciudad al tiempo que se brinda alimentación complementaria a fincas campesinas; es decir encadenar solidariamente los alimentos de Medellín y mitigar el impacto económico de estas poblaciones vulnerables.
21 de abril de 2020.
Comunicado 25 de marzo de 2020
La realidad que estamos viviendo hoy nos confirma este planteamiento:
“Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado, un arquitecto, pero todos los días vas a necesitar un agricultor”
En medio de la pandemia ocasionada por el nuevo Covid-19 y con las medidas de cuarentena tomadas por el gobierno departamental y el nacional, se evidencia la importancia de las actividades agropecuarias para el abastecimiento de la ciudad. En este momento de crisis son los corregimientos de San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, Santa Elena y Altavista los que están surtiendo principalmente de hortalizas y frutas a la ciudad de Medellín y a otros centros poblados. La producción campesina está abasteciendo a muchas familias de: lechuga, cebolla de rama, cebolla puerro, cebolla de huevo, col y flor, cilantro, espinaca, coles, guineo, plátanos (verdes y maduros), yuca, limón, repollo, brócoli, zanahoria, tomate de aliño, papa, bananos, fresas, naranjas y mandarinas.
Sin lugar a duda, los alimentos producidos por campesinos y campesinas de los Corregimientos de Medellín, dada la cercanía con la ciudad (alimentos 0 kilómetros), son una alternativa de soberanía alimentaria – es mejor producir alimentos en san Cristóbal y los corregimientos que traerlos de China-. En cualquier caso, la producción de cercanías, actúa como despensa para el Valle de Aburrá, siempre representan una alternativa de primer orden al riesgo de desabastecimiento, ya sea por taponamiento de vías, derrumbes o deslizamientos, problemas de clima o como en el caso actual de pandemia como la que se está presentando con el Coronavirus.
Frente al abandono estatal al cual se enfrenta la comunidad campesina, es claro que en esta situación de emergencia, los intermediarios serán los que obtengan mayores ganancias económicas debido a que pagan a muy bajo precio a quien produce las cosechas y las venden a muy alto precio en los mercados de la ciudad. Esto pasa porque el Estado, en este caso, la Alcaldía de Medellín no ha establecido políticas, canales directos de comercialización y programas de compras públicas que garanticen a la comunidad campesina el derecho a vender de forma directa la producción.
Los mercados campesinos impulsados por la Alcaldía de Medellín no favorecen a más de 200 campesinos productores, siendo que hay aproximadamente entre 10.000 a 12.000 familias campesinas en las cerca de 11.000 hectáreas que tiene el Distrito Rural Campesino del municipio. Es por lo anterior que se hace indispensable que los gobiernos locales, nacionales e internacionales volteen la mirada hacia la producción de alimentos en pequeñas parcelas y a la protección de la carta de derechos campesinos aprobada por la ONU el 18 de diciembre de 2018, hacia la implementación del Distrito Rural Campesino, la defensa de los territorios, la vida y la economía campesina como un acto político de soberanía alimentaria.
Llamamos la atención para que se generen medidas especiales de atención a los riesgos de salud generados en la actual emergencia. La comunidad campesina de las 54 veredas adolece de infraestructura, personal médico y centros de salud que canalicen el riesgo que están asumiendo al distribuir alimentos para la ciudad. Llamamos la atención sobre la situación de San Sebastián de Palmitas, las veredas más agrícolas de San Cristóbal, Santa Elena y San Antonio de Prado.
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