Este año nos confirmó que la vida presente y futura está en nuestros campos. La agroecología es la base que ha permitido que la salud, la sostenibilidad económica y ambiental, así como la social, sean realidad. Las campesinas y campesinos se enfrentaron este año a la profundización de las dificultades para la comercialización de sus productos, no obstante, las asociaciones campesinas han demostrado la importancia de la articulación colectiva para para gestionar y permitir que durante la cuarentena se siguieran comercializando los productos del campo en la ciudad de Medellín.
El 11 de diciembre de 2020 se graduaron 14 estudiantes como técnicos en promotores en agroecologíca de la Escuela de Agroecología. Ocho mujeres y seis hombres integrantes de la modalidad B (con énfasis en jóvenes que no poseen tierra) de la Escuela, realizada en la vereda Travesías del corregimiento de San Cristóbal de Medellín, como un espacio en el que se generaron intercambios y la posibilidad de continuar en los procesos participativos que existen en la Medellín rural campesina.
Mauricio de Jesús Londoño Ortiz, integrante del programa de Soberanía alimentaria y coordinador de la escuela de agroecología, cuenta que “Iniciamos con sesiones presenciales, a mitad de año con la cuarentena tuvimos que repensar la metodología. Comenzamos a hacer sesiones virtuales y a apoyar con llamadas, correo electrónico o WhatsApp. En junio y julio, iniciamos sesiones presenciales de las prácticas que no habíamos alcanzado a hacer durante toda la cuarentena. Fue duro el proceso de adaptación a las sesiones virtuales, pero se logró”.
El objetivo era continuar el proceso de formación, así fuera de manera teórica, así como generar participación y creación de contenidos. Las y los estudiantes hicieron vídeos de las practicas que realizaban en sus fincas, además de los trabajos escritos. Los y las profesionales de la Corporación asesoraron en herramientas técnicas para que realizaran sus propios vídeos y por YouTube se apoyaron en su difusión.
Ante esto y como apuesta política, la interdisciplinariedad al interior de la Corporación ha sido un elemento integrador. La articulación para apoyar en la realización de seminarios de feminismo, de ecología política, son importantes para fortalecer la transversalidad del feminismo y el ambientalismo en los procesos formativos comunitarios de la Escuela de Agroecología.
Andrey Franco, joven graduado de la Escuela, afirmó que “mi mayor aprendizaje ha sido que a través de la agricultura convencional nos estamos alimentando muy mal, primero porque tiene venenos, moléculas tóxicas para nuestra salud y bienestar, bajas en nutrientes. A través de los métodos agroecológicos, estamos aprendiendo para mejorar y estar cada vez más conectados con la naturaleza como nuestros ancestros. Algunos de los temas que más me gustaron fueron la elaboración de abonos y fertilizantes, control de plagas y enfermedades, protección vegetal y la importancia de la defensa de los derechos campesinos, la economía solidaria, el trueque, sin intermediarios…”
Las y los participantes de la Escuela compartieron presentaciones artísticas con las personas asistentes, canciones en las que la tierra, las semillas ancestrales y criollas, el agua y los bosques eran la fuente de inspiración. Para el siguiente año, la modalidad A que se realiza en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas con campesinas y campesinos, continúa su proceso de formación que se espera culminar en los meses de abril o mayo. La modalidad B abrirá convocatoria a inicios de año para iniciar la Escuela.
La protección de los bienes comunes, la relación y participación en sus comunidades y en las asociaciones campesinas del territorio como ACAB o Campo Vivo, son parte de los propósitos del proceso formativo. La diversidad, el intercambio de experiencias y la intergeneracionalidad han posibilitado nuevas formas de organización y de relacionarse con los territorios campesinos de Medellín.
El miércoles 2 de diciembre a las 10 a.m. (Colombia), Ciudades Transformadoras 2020 realizó una ceremonia virtual en donde se dieron a conocer los ganadores en las diferentes categorías. La Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila fue la ganadora en la categoría alimentos como un reconocimiento a los aportes, la promoción y la transformación de la vida y de las comunidades campesinas de Medellín. En las categorías Agua, Vivienda y Energía, ganaron respectivamente Chile, Brasil y Bulgaria.
La humanidad se enfrenta a una crisis climática y ambiental en medio de grandes desigualdades sociales. No obstante, el Premio Ciudades Transformadoras evidencia que Sí son posibles nuevas formas de vivir y habitar los territorios, SÍ es posible un mundo mejor, SÍ es posible construir las soluciones locales para promover cambios globales.
Este premio reconoce los aportes que durante 32 años ha hecho la Corporación Penca de Sábila a la permanencia de la vida campesina en Medellín a través de la promoción de la producción agroecológica, la constitución de organizaciones campesinas, de mujeres y juveniles, la creación del Circuito Económico Solidario Colyflor que garantiza condiciones de comercio justo para las familias campesinas, la movilización social por los derechos campesinos, el impulso al Distrito Rural Campesino como figura jurídica de protección, la constitución de la Alianza por el territorio y la vida campesina con universidades públicas y privadas de la ciudad y de la Asamblea Campesina del Valle de Aburrá.
Es sin duda también un reconocimiento para las familias campesinas, organizaciones de mujeres y juveniles de los corregimientos de Medellín que han persistido en la transformación agroecológica, en la asociatividad, la economía solidaria y en la exigencia de sus derechos, en fin, en la construcción de otro mundo posible.
Video – Promoción de la Campaña
Cubrimiento en medios
Además, logramos un cubrimiento amplio en medios de comunicación tanto locales como nacionales, lo que nos sumó reconocimiento y el apoyo de diferentes personas y organizaciones.
Telemedellín: https://telemedellin.tv/corporacion-penca-sabila-nominada-al-premio-ciudades-transformadoras/417076/
Hora 13 Noticias H13N: https://h13n.com/corporacion-penca-de-sabila-capacita-a-campesinos-en-la-conversion-de-huertas-agroecologicas/
Caracol Radio: https://caracol.com.co/emisora/2020/10/29/medellin/1603991938_357424.html
¡Penca ha sido nominada al Galardón Internacional Ciudades Transformadoras! Es un reconocimiento a nuestro recorrido y aportes a la permanencia de la vida, la cultura y la economía campesina en los corregimientos de Medellín. Somos la única iniciativa colombiana que participa en este Galardón.
¡Apóyanos con tu voto en la categoría Alimentos!
Vota aquí: https://transformativecities.org/es/premio2020/
Pensar en las estrategias de adaptación a las nuevas condiciones de vida que se nos presentan por la pandemia del Covid-19 ha sido un reto. Durante años, las metodologías y las formas de construcción comunitarias las hemos realizado desde la práctica, el convite, las movilizaciones, los talleres, entre otras. Hoy, ante la emergencia sanitaria, abogamos por el autocuidado y el cuidado colectivo. El distanciamiento físico se ha vuelto una necesidad, pero el acercamiento social y organizativo también.
De esta manera, les compartimos algunas de las formas diversas de diálogo que hemos creado desde cada programa para poder continuar:
Reencontrase para tejer lazos de solidaridad: en eso se han basado los encuentros virtuales de la Escuela Comunitaria del Agua, un escenario que se ha consolidado en la lejanía de los territorios, pero en la cercanía que posibilitan las herramientas tecnológicas para contar cómo la pandemia ha llevado a los acueductos comunitarios a implementar acciones de cuidado. Y es que la preocupación de las comunidades organizadas por mejorar las condiciones de vida de las personas ha sido constante, y en medio de la pandemia se evidencia que auto gestionar el agua es también resolver comunitariamente los problemas que aquejan a los territorios, sin perder de vista la importancia de los vínculos de trabajo en redes vecinales y asociaciones municipales.
Por otro lado, continuamos con las asesorías de carácter organizativo, jurídico, administrativo y técnico a los acueductos comunitarios vía telefónica y video llamadas. Así mismo, continuamos nuestra participación en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, como espacio de articulación y de incidencia en defensa de la gestión comunitaria del agua.
La participación juvenil ha tenido retos durante el confinamiento. Se ha identificado la necesidad de mantener el vínculo con los y las jóvenes participantes de los procesos formativos y organizativos, a través de lo que permite la virtualidad. Pero nos hemos enfrentado a las dificultades de acceso a internet y a las capacidades de conectividad, presentes en la ruralidad del país, donde menos de la mitad de la población tiene acceso. Lo que ha dificultado que se mantengan los mismos niveles de participación.
Con el propósito de mantener la reflexión y el debate de los temas relacionados, se han propuesto ejercicios autónomos que se pueden realizar desde casa y ser socializados en encuentros virtuales posteriores, que tratan asuntos coyunturales en relación a la pandemia y la agudización de problemáticas en torno a los ambientalismos, los feminismos y las resistencias juveniles. Algunos de los temas tratados han sido la crisis ambiental, el consumo y generación de residuos, la división sexual del trabajo en relación a la recarga que han asumido las mujeres frente al trabajo de cuidado durante la cuarentena, y las violencias basadas en género que han aumentado durante el distanciamiento físico.
Por fortuna, justo un día antes de la cuarentena, el foro “El Futuro de la Medellín Rural” favoreció los ánimos de la comunidad, y también nuestros ánimos como programa. Sin duda, el inicio de la cuarentena fue complicado, teníamos cosas planeadas, entre ellas, la Asamblea Campesina del Valle de Aburrá. Desde el inicio de la cuarentena, y más adelante, con la participación en los debates del Plan de Desarrollo de Medellín, vimos una oportunidad para evidenciar y denunciar la situación de las veredas de los distintos corregimientos en la crisis. El teléfono, las redes sociales, los diferentes medios de comunicación, y, sobre todo, la respuesta de las comunidades, cobraron un papel muy importante para continuar con nuestro trabajo. Asumir la pandemia como posibilidad para posicionar el tema de la ruralidad y los derechos de la población campesina ha sido un motor que nos ha movilizado para afrontar esta nueva realidad.
El programa inició por implementar procesos que permitieran garantizar el funcionamiento del Circuito Económico Solidario que dinamiza la Tienda de Comercio Justo ColyFlor, logrando mantener de esta manera un ingreso económico estable para las familias campesinas y el abastecimiento permanente de alimentos agroecológicos a la red de consumidores/as, quienes de forma constante y solidaria le han apostado a esta experiencia de comercio justo y consumo responsable.
Por otra parte, se propuso entre los grupos de estudiantes de la Escuela de Agroecología un proceso de formación llevado a cabo desde la virtualidad, experiencia que ha exigido creatividad y adaptación para maestros/as y para los/as estudiantes quienes desde sus viviendas urbanas y rurales intercambian saberes y experiencias que se transmiten a través de videos y audios enviados por correo, WhatsApp y Youtube. Hemos pasado de enseñar y compartir saberes desde la metodología del aprender haciendo en terreno, a tener que usar el teléfono, el audio y la vídeo llamada como herramienta didáctica para poder explicar las cantidades de mierda, melaza, minerales y plantas que se incorporan a un biofertilizante líquido.
Desde que inició el aislamiento hemos mantenido comunicación constante vía Whatsapp, llamada telefónica y Skype con el fin de saber cómo están las mujeres de los procesos que acompañamos y para propiciar espacios de confianza, así como para acompañar casos de denuncia y activar las rutas de seguimiento a las violencias contra las mujeres. Esto ha permitido que entre ellas en los territorios se crearan redes de solidaridad de apoyo económico y alimenticio según sus necesidades.
La escritura y construcción de materiales pedagógicos también fue una alternativa significativa. Así, creamos dos cartillas pedagógicas, de un lado, sobre feminismo y derechos sexuales y reproductivos dirigida a mujeres jóvenes y de otro, una sobre participación social y política, dirigida a mujeres adultas.
Finalmente, la llegada del virus y la cuarentena se juntó con el proceso de construcción y debate de los Planes de Desarrollo Municipales, un espacio que es importante para las mujeres, puesto que es allí donde se posicionan las propuestas que están construyendo y de incidir políticamente. Los debates se realizaron de forma virtual y las mujeres buscaron las formas de adaptarse y estar allí. Lograron incidir y fueron incluidas propuestas que ellas llevaron al espacio.
Aunque hemos logrado continuar el diálogo, la formación, la articulación y la incidencia en medio de la cuarentena con el apoyo de las comunidades, organizaciones y alianzas de las que hacemos parte, esperamos paulatinamente poder volver a los territorios. Esta experiencia nos ha demostrado la importancia de encontrarnos en el cara a cara, de compartir la palabra y el gesto, la sonrisa y la preocupación; y sin duda, ha evidenciado la vigencia y necesidad de cambiar nuestra relación con nuestros ecosistemas y pensarnos en sociedades más justas y sin desigualdades.
Durante el mes de mayo de 2020, la mayoría de las administraciones municipales se encuentran en la discusión de los proyectos de acuerdos de los Planes de Desarrollo que regirán las acciones de los y las gobernantes hasta el 2023. Los grupos de mujeres de los municipios Girardota y Copacabana (Antioquia) han participado en las discusiones con las posturas y exigencias desde la perspectiva de género. Este proceso se ha dado en medio de las dificultades de lograr una participación ciudadana adecuada dado la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y las pocas garantías por parte de las administraciones para facilitar el acceso a estos espacios.
Red de Mujeres de Girardota
Durante su intervención en el Concejo Municipal, las Mujeres de Girardota resaltaron la inclusión de la política pública de equidad género pero afirman que debe ir más allá de su construcción y aprobación y debe tener presupuesto suficiente para su implementación. Algunas de sus propuestas a su vez son: a) Aumentar de manera significativa el presupuesto asignado al Programa Equidad para las Mujeres, b) la creación del Centro Integral de la Mujer, c) el reconocimiento de todas las violencias contra las mujeres, más allá de la que se da en el ámbito intrafamiliar.
Aquí el pronunciamiento completo
Red Municipal de Mujeres de Copacabana
En la intervención en el Concejo Municipal, las mujeres celebraron la inclusión de la política pública municipal de equidad de género, sin embargo, hacen un llamado para que por un lado, la adopción del plan pase de ser decenal a docenal y así dicha política pueda ser desarrollada durante 3 administraciones completas, y por otro lado, a que se le asigne un presupuesto digno para su ejecución durante este cuatrienio. Así mismo proponen aumentar las metas y el presupuesto del programa “Con seguridad velamos por la equidad de género” y señalan la importancia de tener en cuenta las interseccionalidades de las mujeres, de manera especial a las mujeres rurales y campesinas, puesto que al vivir retiradas de la centralidad se ven expuestas a la permanente vulneración de sus derechos y a múltiples dificultades para el acceso a los servicios que ofrece la administración.
Aquí el pronunciamiento completo
Mujeres en Barbosa
Aunque el grupo de Mujeres articuladas en el Municipio de Barbosa logró una representación sectorial en el Consejo Territorial de Planeación, actualmente la Alcaldía y el Concejo Municipal restringieron la participación ciudadana en los debates y suspendieron la trasmisión de los debates. Aquí la Carta Abierta denunciando la situación, suscrita por distintas organizaciones sociales y comunitarias del Municipio.
Ya en medios de comunicación aparecieron los campesinos y campesinas de Medellín, ya el municipio ha tenido que reconocer la existencia de las pequeñas parcelas y fincas campesinas del Distrito Rural Campesino que surten ventas ambulantes, las tiendas, los supermercados, la minorista, la mayorista y hasta la plaza de Urabá. Si se hacen las cuentas de los medios de comunicación: Santa Elena pasa de 320 familias campesinas, más de 600 floricultores de Santa Elena y San Cristóbal, y tan solo 200 personas de mercados campesinos, aquí mal contadas van 1.120 familias campesinas, faltan más de 6.000 personas que viven en San Sebastián de Palmitas y las más de 8.000 familias campesinas de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.
Son pequeñas parcelas de menos de 1 hectárea que producen alimentos y que no están en las cuentas municipales. Sin precedentes en América Latina hace más de 30 años que la población campesina y la de corregimientos no ha sido censada, quizá por eso el anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín tan solo consideró el 0,23 % de todo el presupuesto para corregimientos y desarrollo rural sostenible.
La pandemia está dejando al descubierto las debilidades del sistema y en medio de la crisis se evidencia la necesidad y el estado de abandono del campo, la inequidad social, territorial y de género. El 70% del territorio de Medellín es rural y se encuentra dividido en cinco corregimientos, donde habitan aproximadamente 12.000 familias campesinas, muchas de ellas desprotegidas, que producen alimentos de buena calidad, kilómetro cero, con disponibilidad inmediata y que le aportan a la sostenibilidad y al patrimonio cultural de Medellín.
Si bien la Alcaldía implementó la plataforma “Compra Local”, es desconcertante ver gente sufriendo de hambre al tiempo que en las veredas se botan alimentos. En diferentes zonas urbanas y rurales hay muchas personas que, con banderas y camisetas rojas, claman por ayudas al no tener comida, lo que evidencia que no existe una red de comercialización que les permita a campesinos y campesinas vender la producción. La falta de ingresos les genera dificultades para abastecerse de otros alimentos que complementan su canasta básica familiar, como lo dice una campesina y pequeña productora “con solo cebolla no se hace una sopa”.
Según un rastreo que hemos realizado con la comunidad campesina, a través de una red de apoyo de 150 personas de 48 veredas, se ha confirmado que en medio de esta pandemia no hay encadenamientos directos entre producción y consumo y por eso se pierde la producción de las pequeñas parcelas. La Alcaldía y los mayoristas están comprando a grandes y medianos productores y a los pequeños solo les están comprando cebolla y cilantro; hay familias en cuarentena con hambre porque la medida de pico y cédula no es apta para las personas de la ruralidad, los adultos mayores son la población más afectada en esta emergencia debido al inexistente sistema de salud en las veredas. La falta de un censo real y los errores en las bases de datos han beneficiado a personas que no necesitan las ayudas y excluyen a quienes las requieren, los estudiantes temen perder sus cursos y semestres por la limitada conexión a internet, además, la falta de acceso a la conectividad virtual y la falta de información, hace que muchas de las familias campesinas no puedan inscribirse en los subsidios que ofrece el gobierno.
Hacemos un llamado de alerta a la Administración Municipal para que reconsidere la forma de atención a la ruralidad campesina, desarrollar el “software de la montaña” para conectar la ruralidad y actuar con inteligencia de sostenibilidad; comprar a pequeñas parcelas para alimentar a quienes tienen hambre en la ciudad y así brindar doble beneficio: aliviar el hambre en la ciudad al tiempo que se brinda alimentación complementaria a fincas campesinas; es decir encadenar solidariamente los alimentos de Medellín y mitigar el impacto económico de estas poblaciones vulnerables.
21 de abril de 2020.
Comunicado. Abril de 2020.
El pasado 27 de marzo recibimos una carta de Empresas Públicas de Medellín[1]. Está dirigida a clientes, usuarios y comunidad en general. La manera como nos nombra nos anuncia el lugar desde el cual calcula los problemas y diseña las soluciones. Comienza afirmando que se deben a la gente, que su “conciencia de servicio a la comunidad adquiere una importancia mayor en un momento como este” y que son “conocedores de la importancia del agua potable (…) para proteger la vida, la salud y el bienestar de nuestras familias”.
Luego anuncian las medidas que la Empresa está dispuesta a tomar para garantizar que la venta del servicio de acceso y suministro de agua potable siga siendo posible aún en tiempos de emergencia y que además abarque a la totalidad de sus clientes, incluso a los hogares morosos.
En la carta, EPM nos explica que por Ley está obligada a seguir contabilizando los consumos durante este periodo. Por esta razón dispuso “que los clientes y usuarios puedan refinanciarlos bajo condiciones especiales”. Además, bajo su criterio de solidaridad, decidió renunciar, durante el periodo que duren las medidas de aislamiento, al cobro de intereses por mora en los que incurramos por el pago inoportuno de la factura. Asimismo, suspenderá el abono automático del 10% a la deuda pendiente de las personas en las recargas prepago de agua potable. Finalmente, se compromete a reconectar y reinstalar el servicio a petición de cada una de las personas que estaban siendo privadas del mismo.
Estas acciones dejan ver algo que no es nuevo. Desde la gestión empresarial del agua somos clientes, no ciudadanas y ciudadanos con derechos políticos, económicos, sociales y ambientales, y la garantía de nuestros derechos se supedita a la capacidad de pago de una factura. Dichas acciones igualmente reflejan la constante tendencia de la empresa de mercantilizar un bien común y un derecho humano esencial para nuestra existencia: el agua.
A pesar de ser un derecho humano existe una paradoja en cuanto a su protección se refiere, puesto que la Constitución Política de 1991 que pretendió garantizarlo, al mismo tiempo hizo que se privatizara a través de la apertura y consolidación del modelo neoliberal. En el caso de los servicios públicos autorizó a particulares a prestarlos, expidió la ley 142 de 1994 con enfoque empresarial y permitió la transformación de nuestras empresas públicas en empresas comerciales e industriales del Estado.
Sin duda, lo que nos desconcierta es que, aun en tiempos de crisis, se insista en afirmar que el agua como mercancía es compatible con el agua como derecho humano fundamental. Esta lógica empresarial, en medio de la mayor amenaza de salud pública del siglo, no puede inspirar más que otra innovación comercial: ¡Agua a crédito!
Nos preocupa pensar en la realidad que viven más de un millón de personas desconectadas, por sólo mencionar el caso de EPM en todo el territorio donde opera. Antes de que se declarara la emergencia, ¿acaso no era urgente para el Estado garantizarles el acceso al agua? ¿Se puede vivir, más que sobrevivir, sin agua, con o sin pandemia? Es claro que la lógica del mercado no está garantizando derechos fundamentales.
Las preocupaciones de EPM están orientadas sobre todo a garantizar su sostenibilidad económica. Más allá de la sostenibilidad de las empresas para sí mismas o para ampliar su portafolio de negocios, deberíamos pensar en una sostenibilidad destinada a representar el aumento de capacidades para la priorización de la vida, la dignidad y la equidad de las personas.
En este contexto, ¿qué es entonces lo público de Empresas Públicas de Medellín? Al ser estatal, el Municipio de Medellín está llamado a velar a que sus utilidades sean reinvertidas en la garantía de derechos de su propietaria final, la ciudadanía. Ofrecer agua a crédito hoy, es asegurar sed y deudas para mañana.
Tenemos la seguridad de que nuestro ordenamiento jurídico permite tomar medidas contundentes, aunque en muchas disposiciones respalde la lógica voraz de la acumulación y el lucro. Nos preguntamos entonces, ¿ni siquiera en estos tiempos de emergencia es posible pensar desde la institucionalidad otros modos, realmente creativos, de responder a los problemas y necesidades colectivas? ¿Qué tal pensar en posibilidades de gestión desde los recursos públicos en lugar de hacer malabares con el dinero que no tenemos los y las ciudadanas?
El gobierno nacional tiene que tomar las medidas necesarias para suministrar agua potable subsidiada para las personas que estén en condición de vulnerabilidad por su incapacidad de pago presente. La expedición de los decretos 512 y 513 del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público van en esa dirección al facultar a alcaldes y gobernadores para realizar operaciones presupuestales que permitan atender la emergencia y al permitir el empleo de recursos del Sistema General de Regalías en proyectos de alimentación y suministro de agua. Exigimos al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia que se ahorren los espejismos de prosperidad futura que soportan los créditos y que traduzca en acciones su responsabilidad como principales garantes de derechos fundamentales.
El Municipio de Medellín, en particular, debe garantizar en medio de la emergencia -y aún sin ella- la reinversión de las utilidades de la Empresa en la materialización al acceso y suministro de agua para su población, reconociendo que a quienes llama clientes se les debe tratar como ciudadanía, es decir, garantizarles el derecho humano fundamental al agua, en especial, a aquella población que ha sido vulnerada por nuestra enorme inequidad.
Además, ambos entes territoriales deben pensar también en su ruralidad y en los bordes urbano-rurales de sus territorios, en su mayoría beneficiados por la gestión histórica de los acueductos comunitarios. Exigimos el respaldo a estas organizaciones desde la coordinación interadministrativa y la celebración de acuerdos público-comunitarios que posibiliten el fortalecimiento de sus sistemas de agua, garanticen el acceso a los suministros y mecanismos requeridos para poder continuar su tarea, que valga recordar, realizan sin ánimo de lucro. Además, con mayor razón frente a la gestión comunitaria del agua, deberán pensarse alternativas de apoyo desde la gestión de recursos públicos a la población beneficiaria que se vea en la imposibilidad de contribuir con la cuota familiar mensual.
En últimas, instamos al Estado a proteger a los cientos de familias que actualmente están desconectadas por la gestión empresarial del agua y que a futuro se verán seriamente afectadas por las lógicas implementadas por EPM, y lo instamos también a reconocer y respaldar la labor realizada por los acueductos comunitarios. Esta crisis no puede configurarse como un escenario que propicie mayores vulneraciones a los derechos fundamentales. Resulta urgente que tanto EPM como el gobierno departamental y municipal garanticen a la ciudadanía el acceso al agua, puesto que de no ser así, se estaría atentando contra el derecho humano a la vida. La supervivencia de nuestra especie depende del agua y el suministro del agua en este contexto de pandemia mundial no puede pender de una economía rapaz y deshumanizante.
Sucriben,
Corporación Amiga Joven
Corporación Con-Vivamos
Corporación Educativa Combos
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Primavera
Corporación Vamos Mujer
Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Fundación Confiar
Instituto Popular de Capacitación
Mesa Interbarrial de Desconectad@s
Mesa de Vivienda y Servicios Públicos Domiciliarios Comuna 8
Red de Mujeres Populares
Ríos Vivos
Grupo de Estudio en Ecología Política y Justicia Hídrica, Universidad Pontificia Bolivariana
Semillero Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas, Universidad de Antioquia
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
[1] Disponible en: https://masivapp.com/ViewInBrowser/Index?idPackage=17764296&tag=MASIVBE622D5538137FC&idSend=2&utm_campaign=website&utm_source=Masiv&utm_medium=Email&idPackage=17764296&tag=MASIVBE622D5538137FC&idSend=2&utm_campaign=website&utm_source=Masiv&utm_medium=Email
¿En qué queda la participación ciudadana en la discusión del Plan de Desarrollo de Medellín
31 de marzo de 2020
Por mandato de ley los instrumentos de planificación nacionales y locales deben ser participativos, en los artículos 1, 2, 311, 318 y 342 de la Constitución Nacional y los artículos 3, 31 y 35 de la Ley 152 de 1994 se garantiza la participación representativa, libre y bien informada de la ciudadanía colombiana; en la Ley 152 se consideran entre otras cosas, las responsabilidades y funciones de los Consejos Territoriales de Planeación para garantizar la participación representativa en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo Municipales.
El 14 de marzo del año en curso, el Consejo Territorial de Planeación (CTP) comenzó la discusión participativa del anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín en los corregimientos, donde habitan más de 500.000 personas y más de 50.000 campesinas y campesinos, pero debido a la amenaza mundial del COVID-19, el proceso de participación quedó suspendido y solo se logró hacer un taller en San Cristóbal con una baja asistencia: entre 10 y 15 personas, por lo cual la comunidad en diferentes eventos y por diferentes medios, llamaron la atención del CTP para que repitiera el encuentro de San Cristóbal y garantizara los talleres participativos en los demás corregimientos de San Antonio de Prado, Altavista, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena, garantizando la legitimidad del proceso participativo.
Es importante tener en cuenta que un Plan de Desarrollo que no esté respaldado por un proceso participativo es inconstitucional y es por esto que le solicitamos al Alcalde, al Consejo Territorial de Planeación y al Concejo de Medellín que no le den curso al Plan de Desarrollo hasta que no haya un proceso de participación legítimo. La pandemia es una realidad innegable, pero no por ello se deben desconocer los derechos constitucionales de las comunidades y menos cuando se pudo constatar el interés de la comunidad por participar en la construcción del Plan de Desarrollo que regirá el futuro de Medellín en los próximos 4 años.
En varias oportunidades la Corporación Penca de Sábila ha llamado la atención sobre la necesidad de considerar con respeto y de acuerdo a la ley a la comunidad y la ciudadanía, garantizando su representatividad y la participación libre y bien informada. Nos sumamos al llamado de diferentes organizaciones sociales que piden que el Consejo Territorial de Planeación se abstenga de dar concepto sobre el Plan de Desarrollo y que la administración y el Concejo municipal amplíe los plazos, para que de esta manera exista una participación real y suficiente que legitime el Plan de Desarrollo de Medellín.
Corporación Penca de Sábila
Más información: 314 656 51 95
Les compartimos este artículo escrito por Miguel A Altieri, Clara Inés Nicholls University of California, Berkeley y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas (CELIA).
La mayoría de nuestros problemas globales: escasez de energía y de agua, degradación ambiental, cambio climático, desigualdad económica, inseguridad alimentaria y otros, no pueden abordarse de forma aislada, ya que estos problemas están interconectados y son interdependientes. Cuando uno de los problemas se agrava, los efectos se extienden por todo el sistema, exacerbando los otros problemas.
Como nunca antes, la pandemia de coronavirus nos revela la naturaleza sistémica de nuestro mundo: la salud humana, animal y ecológica están estrechamente vinculadas. Sin duda el COVID -19, e es un llamado de atención para la humanidad a repensar nuestro modo de desarrollo capitalista y altamente consumista y las formas en que nos relacionamos con la naturaleza. Los tiempos exigen una respuesta integral a la crisis actual, donde se aborden las causas profundas detrás de la ya aparente fragilidad y vulnerabilidad socio ecológica de nuestro mundo.
La agroecología representa un ejemplo inspirador de un enfoque sistémico poderoso y, en este momento de la pandemia del coronavirus, la agroecología puede ayudar a explorar los vínculos entre la agricultura y la salud, demostrando que la forma en que se practica la agricultura puede por un lado auspiciar la salud o por el contrario, si se practica mal crear como lo hace la agricultura industrial, causar grandes riesgos para la salud.
Continuación:
Comunicado 25 de marzo de 2020
La realidad que estamos viviendo hoy nos confirma este planteamiento:
“Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado, un arquitecto, pero todos los días vas a necesitar un agricultor”
En medio de la pandemia ocasionada por el nuevo Covid-19 y con las medidas de cuarentena tomadas por el gobierno departamental y el nacional, se evidencia la importancia de las actividades agropecuarias para el abastecimiento de la ciudad. En este momento de crisis son los corregimientos de San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, Santa Elena y Altavista los que están surtiendo principalmente de hortalizas y frutas a la ciudad de Medellín y a otros centros poblados. La producción campesina está abasteciendo a muchas familias de: lechuga, cebolla de rama, cebolla puerro, cebolla de huevo, col y flor, cilantro, espinaca, coles, guineo, plátanos (verdes y maduros), yuca, limón, repollo, brócoli, zanahoria, tomate de aliño, papa, bananos, fresas, naranjas y mandarinas.
Sin lugar a duda, los alimentos producidos por campesinos y campesinas de los Corregimientos de Medellín, dada la cercanía con la ciudad (alimentos 0 kilómetros), son una alternativa de soberanía alimentaria – es mejor producir alimentos en san Cristóbal y los corregimientos que traerlos de China-. En cualquier caso, la producción de cercanías, actúa como despensa para el Valle de Aburrá, siempre representan una alternativa de primer orden al riesgo de desabastecimiento, ya sea por taponamiento de vías, derrumbes o deslizamientos, problemas de clima o como en el caso actual de pandemia como la que se está presentando con el Coronavirus.
Frente al abandono estatal al cual se enfrenta la comunidad campesina, es claro que en esta situación de emergencia, los intermediarios serán los que obtengan mayores ganancias económicas debido a que pagan a muy bajo precio a quien produce las cosechas y las venden a muy alto precio en los mercados de la ciudad. Esto pasa porque el Estado, en este caso, la Alcaldía de Medellín no ha establecido políticas, canales directos de comercialización y programas de compras públicas que garanticen a la comunidad campesina el derecho a vender de forma directa la producción.
Los mercados campesinos impulsados por la Alcaldía de Medellín no favorecen a más de 200 campesinos productores, siendo que hay aproximadamente entre 10.000 a 12.000 familias campesinas en las cerca de 11.000 hectáreas que tiene el Distrito Rural Campesino del municipio. Es por lo anterior que se hace indispensable que los gobiernos locales, nacionales e internacionales volteen la mirada hacia la producción de alimentos en pequeñas parcelas y a la protección de la carta de derechos campesinos aprobada por la ONU el 18 de diciembre de 2018, hacia la implementación del Distrito Rural Campesino, la defensa de los territorios, la vida y la economía campesina como un acto político de soberanía alimentaria.
Llamamos la atención para que se generen medidas especiales de atención a los riesgos de salud generados en la actual emergencia. La comunidad campesina de las 54 veredas adolece de infraestructura, personal médico y centros de salud que canalicen el riesgo que están asumiendo al distribuir alimentos para la ciudad. Llamamos la atención sobre la situación de San Sebastián de Palmitas, las veredas más agrícolas de San Cristóbal, Santa Elena y San Antonio de Prado.
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